Cuarenta antiguos miembros de la Cuarta Brigada, y dos civiles, admitieron haber participado en asesinatos y desapariciones forzadas que el Ejército presentó como bajas en combate. En Antioquia, este patrón criminal dejó al menos 589 víctimas, según la JEP.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: JEP
Después de aceptar su responsabilidad por escrito, cuarenta exintegrantes de seis batallones de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y dos civiles, fueron convocados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reconocer públicamente su participación en asesinatos y desapariciones forzadas, crímenes que fueron presentados falsamente como muertes en combate entre 2002 y 2007.
La primera audiencia pública, realizada del 4 al 6 de diciembre en Granada, abordó los casos del Oriente antioqueño. La segunda fase, que se llevará a cabo en Medellín del 15 al 17 de diciembre, examinará los crímenes ocurridos en las subregiones del Valle de Aburrá, el Occidente y el Norte antioqueño.
Catalina Díaz Gómez, magistrada y vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), explicó que Antioquia es el departamento con el mayor número de asesinatos presentados como falsas bajas en combate: “Concentra una cuarta parte de todos los falsos positivos del país”.
Según la JEP, entre 2002 y 2007 al menos 589 personas fueron asesinadas; 228 de ellas desaparecidas forzadamente y 41 torturadas, en hechos atribuidos a seis batallones vinculados a la Cuarta Brigada.
La audiencia en Granada
En la primera parte de la audiencia en Granada se abordaron los crímenes cometidos por el BAJES y el GMJCO, en los cuales fueron imputados como máximos responsables trece miembros retirados de estas unidades militares.
La JEP determinó que fue precisamente en el Oriente antioqueño donde se implementó la política criminal del “conteo de cuerpos”, bajo la responsabilidad de estos batallones vinculados a la comandancia de la Cuarta Brigada, dirigida por el general retirado Mario Montoya Uribe entre 2002 y 2003, según la cual las muertes en combate se convirtieron en el principal indicador de éxito militar.
El BAJES fue el principal ejecutor de estos hechos, motivados por la presión por resultados, la estigmatización sobre los habitantes de zonas rurales y la disputa con los grupos insurgentes por el control territorial. En la audiencia, el soldado regular retirado Óscar Iván Mayo Marulanda, quien fue integrante del BAJES entre 2001 y 2004, reconoció su participación como guía e informante de las tropas, señalando víctimas y, en ocasiones, ejecutándolas él mismo: “Estoy aquí para limpiar los nombres de sus familiares. Eran campesinos. Nosotros nos ensañamos con ustedes”.
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Uno de los hechos que reconoció Mayo Marulanda ocurrió el 9 de marzo de 2002, en el puente Las Balsas, en el municipio de San Rafael, cuando fueron asesinadas Érika Viviana Castañeda y Deisy Carmona Usme, junto con Nelson López, John Jairo Hincapié y Giovanni Uribe Noreña. “Participé en la emboscada a una camioneta en la que creíamos que iba alias “Parmenio”. Hoy reconozco que las víctimas eran solo niños y jóvenes llenos de vida. Les quité sus sueños, les dañé la vida a sus familias”, declaró.
En su intervención, también hizo un llamado a la fuerza pública para que estos hechos no se repitan, subrayando la importancia de investigar, actuar con responsabilidad y evitar presiones indebidas que distorsionen la labor militar: “Envío un mensaje a los militares activos: antes de dar órdenes operacionales, miren a sus soldados. Que cada que haya resultados, investiguen. Que no presionen como el general Montoya, que llegó pidiendo litros de sangre”.
Por su parte, Ana Morales, hermana de Luz Stelly Morales, quien fue retenida el 18 de septiembre de 2003 y posteriormente desaparecida por integrantes del BAJES, detalló que Granada, y en particular el corregimiento de Santa Ana, fue una de las zonas más afectadas por las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por la comandancia de la Cuarta Brigada. Morales hizo un llamado a los comparecientes y al Tribunal de Paz: “Les exigimos que ayuden a establecer el paradero e identificación de todas las víctimas desaparecidas. A la JEP le pido, como sociedad y como jueces, sumar voces para acabar con la impunidad”.
Durante la audiencia, representantes de las víctimas solicitaron a la JEP que lleve a cabo un análisis riguroso sobre el impacto de los hechos violentos en el territorio: “Que exista correspondencia entre el daño causado, la magnitud del mismo y lo que se pretende lograr como medida restaurativa de ese daño colectivo”, afirmó Juan David Viveros Montoya, abogado e integrante del Grupo Jurídico de Antioquia.
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El abogado presentó además un proyecto restaurativo para Granada, que será analizado por la JEP. La propuesta incluye la mejora de las vías del municipio, la construcción de un museo al aire libre, la creación de una casa de la memoria para las víctimas del conflicto armado, un plan de retorno para las personas desplazadas, la formulación de planes educativos y turísticos, y la formalización de títulos de tierra para los campesinos afectados por la violencia.
Óscar Parra Vera, magistrado y presidente de la SRVR, señaló que se estudiará la propuesta restaurativa. Explicó que existen varios desafíos para crear y llevar a cabo los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador en beneficio de las víctimas (TOAR), como evaluar los impactos de los hechos en los territorios y el tejido social, así como asegurar la financiación de estas iniciativas: “Esperaría que este proyecto que se está impulsando acá también pueda cobijar, de alguna manera, algunos componentes del Caso 08”.
Grados altos, negaciones firmes
Pese a la amplia evidencia testimonial y documental contrastada por la SRVR, el general retirado Mario Montoya Uribe; el mayor general retirado Édgar Emilio Ávila Doria; el coronel retirado Iván Darío Pineda Recuero, y los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón no reconocieron su responsabilidad durante la investigación judicial.
La JEP remitió a estos militares a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que podría acusarlos formalmente y llevarlos a juicio. La UIA investigará y decidirá si presenta cargos ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP. De ser hallados culpables en juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Por su parte, los brigadieres generales Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández y Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo presentaron solicitud de nulidad frente a las imputaciones, las cuales están por resolverse para definir el curso que seguirán sus procesos.