Para entender la magnitud de las afectaciones del conflicto armado en Girardota, la Alcaldía, con apoyo de la Unidad para las Víctimas, realizó una caracterización que incluyó a 1072 personas, un insumo clave para orientar la atención y la reparación.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Personería de Girardota
En un esfuerzo por comprender con mayor profundidad la realidad que enfrentan quienes han vivido los impactos del conflicto armado, la Alcaldía de Girardota realizó un proceso de caracterización dirigido a las víctimas que residen en la zona rural del municipio. La iniciativa contó el acompañamiento técnico y la asesoría de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), y busca reunir información precisa sobre necesidades, condiciones actuales y afectaciones, insumo clave para orientar la oferta institucional y fortalecer los procesos de reparación integral.
Según la UARIV, Girardota cuenta con 4302 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 3324 son por desplazamiento forzado, 1079 por asesinatos, 94 por desaparición forzada y 18 por secuestro.
Patricia Martínez, líder social y directora de la Asociación de Víctimas Residentes en el Municipio de Girardota (Avrigar), destaca que el diagnóstico permitirá identificar las situaciones que hoy impiden a muchas personas acceder plenamente a sus derechos. “Hay personas que ya son elegibles para indemnización, pero aún no han recibido el pago porque no están debidamente registradas. Por eso, considero que esta caracterización es una de las partes más importantes del proceso”, afirma.
Por otra parte, Diego Fernando Riaño, integrante del Enlace de Víctimas de Girardota, cuenta que este proceso de recopilación de información se realizó en las 25 veredas del municipio, y la encuesta incluyó 256 preguntas diseñadas por la UARIV, enfocadas en las condiciones económicas, educativas, sociales y de salud de las víctimas. “En los 13 módulos, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación, se le pregunta a la persona cuántas veces come carne al día o cuántas veces la consume en la semana. La idea de estas 256 preguntas distribuidas en los 13 módulos es obtener información detallada sobre las condiciones y necesidades de las víctimas”, explica.
Agrega que esta caracterización le permitirá a la administración local orientar con mayor precisión su oferta institucional, creando programas para atender a la población víctima del conflicto armado, basados en las necesidades identificadas. “Con esta información, será posible incluir a este grupo poblacional en los programas destinados a atender sus necesidades dentro de los planes de desarrollo, las políticas públicas para las víctimas y los planes de acción territorial”, explica Riaño.
En este proceso se logró caracterizar a 1072 personas víctimas del conflicto armado, lo que permitió evidenciar necesidades en materia de acceso a vivienda, educación y salud. Las encuestas fueron realizadas por cuatro integrantes de la asociación Avrigar, quienes recibieron capacitación previa para su diligenciamiento por parte de la UARIV y la Gobernación de Antioquia.
El conflicto armado en Girardota
El conflicto armado también tuvo sus impactos en Girardota debido a la presencia de grupos ilegales como las FARC-EP, cuya influencia fue especialmente fuerte entre 1970 y 1990 y se extendió por la cordillera oriental del municipio, en las veredas Encenillos, La Meseta, El Yarumo, El Palmar, El Cano, La Calera, La Palma, Juan Cojo, Jamundí y la parte alta de La Holanda, aprovechando la ubicación estratégica que les permitía desplazarse hacia los municipios vecinos de Barbosa, San Vicente y Guarne.
Las FARC-EP obtenían recursos mediante extorsiones a familias acomodadas del municipio y zonas cercanas, sin registrar mayores confrontaciones con los campesinos hasta 1998. Durante las elecciones presidenciales de ese año, la estructura ilegal ordenó a los habitantes de las veredas a no participar de los comicios, pero el exconcejal y líder comunal José Dolores Bustamante promovió el voto a favor de Andrés Pastrana, lo que ocasionó su asesinato el 31 de mayo.
Ese mismo año ingresó a Girardota el Bloque Metro (BM) de las Autodefensas Unidas de Colombia, que tenía para ese entonces influencia en las subregiones del Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá, con el propósito de disputarle el control territorial a las FARC-EP. Esto provocó enfrentamientos que afectaron a la población civil ubicada en la zona oriental del municipio: quienes eran señalados de colaborar con la guerrilla fueron torturados y asesinados, mientras que muchas personas vendieron sus tierras a precios irrisorios o se vieron obligadas a abandonarlas definitivamente.
Los centros de operación y tortura del BM eran cuatro fincas: la primera, cerca de la vereda El Yarumo; la segunda, llamada “Casa Verde”, ubicada entre las veredas El Cano y El Yarumo; la tercera, en la vereda El Palmar; y la cuarta, era la finca de habitación del líder paramilitar Vicente Castaño, ubicada en la vereda La Calera, conocida como “Sal Sí Puedes”.
De acuerdo con sentencias de Justicia y Paz, esta estructura armada se apropió de buena parte de los terrenos de las veredas La Calera y Juan Cojo, lo que provocó el desplazamiento de sus habitantes. A través de presiones, adquirió 700 hectáreas en la segunda mitad de la década del 2000 mediante la empresa ficticia Inversiones Agropecuarias del Norte S.A., utilizada por Vicente Castaño para manejar sus finanzas.
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El BM trasladó el conflicto del ámbito rural al urbano. Impusieron toques de queda y sacaban de sus hogares a personas señaladas de ser guerrilleras, de tener una ideología de izquierda o simplemente de pensar distinto, quienes luego eran asesinadas en lo que se denominó limpieza social. Además, se implementaron controles sociales, como la prohibición para los hombres de usar aretes o llevar el cabello largo.
Entre los hechos que marcaron al municipio se encuentra el asesinato del líder social, médico y concejal Carlos Alberto Congote Ramírez, ocurrido el 29 de noviembre de 2002. Su muerte se produjo después de que, en una sesión del concejo municipal, denunciara que el paramilitarismo había infiltrado todas las esferas de la vida local, incluida la política. Fue asesinado en su consultorio mientras atendía gratuitamente a campesinos.
Riaño señala que el periodo más álgido de violencia en el municipio, debido a la presencia de grupos armados ilegales, se registró entre 1998 y 2006. Entre los hechos victimizantes más recurrentes se encuentran el desplazamiento forzado, el asesinato selectivo, la desaparición forzada, la tortura y las amenazas.
Por su parte, Martínez señala que la caracterización de las víctimas también permitirá identificar cuántas de las personas afectadas han permanecido en el territorio. “Ayudará a determinar cuántas víctimas son originarias del territorio y cuántas provienen de otras regiones y se han asentado en el municipio, para que puedan acceder de una mejor manera a los programas sociales”, puntualiza.