Acaba de ser publicado un libro de memoria sobre los jueces y funcionarios judiciales asesinados en Medellín y Colombia entre 1980 y 2010, cuando ejercían su trabajo en medio de presiones y amenazas por los procesos que llevaban contra narcotraficantes y paramilitares.
Por Margarita Isaza Velásquez
A Óscar Bustamante Hernández, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, lo angustia el olvido, no el suyo, sino el de sus estudiantes, los jóvenes abogados de la rama judicial, que no conocen ni les han contado de la victimización que padecieron jueces, fiscales y funcionarios auxiliares en todo el país a finales del siglo XX. Para él, esa historia de terror con las biografías de quienes fueron asesinados no puede dejarse atrás, porque hacerlo conlleva el riesgo de la repetición tanto como el de apartarse de los valores civiles y éticos que esas personas ejercieron a costo de su propia vida.
Bustamante, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con más de cuarenta años de experiencia en las lides de juzgados de distintas zonas de Colombia, acaba de publicar el libro Mártires de la justicia: Asesinatos contra los jueces en Colombia. Una mirada desde Medellín (1980-2010), en compañía de Sebastián Osorio Monsalve, historiador de la Universidad Nacional y abogado de la Universidad Católica Luis Amigó.
Ambos rastrearon la prensa de tres décadas para encontrar los nombres de quienes fueron asesinados por su trabajo en investigaciones contra narcotraficantes y paramilitares. La atención estaba puesta en la capital de Antioquia, donde a cada homicidio lo seguía un homenaje a los finados, una protesta de sus compañeros, un levantar la voz en el sindicato de Asonal Judicial para que no siguiera nadie más. El informe “Violencia y dolor de la justicia en Antioquia”, publicado en 2020 por la Corporación de Familiares y Amigos de Víctimas del Sector Judicial (FASOL), da cuenta de 135 funcionarios que fueron víctimas de homicidio, secuestro, amenazas, tortura, entre otros hechos, en el periodo 1980-2014.
Pero para comprender mejor las sinrazones de estos crímenes, más allá de Medellín y Antioquia, los autores del libro Mártires de la justicia fueron también al contexto nacional, a dos acontecimientos que marcaron un antes y un después para el servicio público: la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace cuarenta años, y la masacre de funcionarios judiciales en La Rochela, una vereda de Simacota, Santander, el 18 de enero de 1989.
En el Palacio de Justicia, corazón de Bogotá, por la incursión armada del M-19 y la operación de retoma del control por parte de agentes del Estado, murieron 11 magistrados: Alfonso Reyes Echandía, José Eduardo Gnecco, Fabio Calderón Botero, Manuel Gaona, Fanny González, Carlos Medellín, Alfonso Patiño Roselli, Ricardo Medina Moyano, Pedro Elías Serrano, Horacio Montoya Gil y Darío Velásquez Gaviria; los dos últimos de origen antioqueño y vastas cualidades éticas, como son descritos en Mártires de la justicia. Sobre este hecho, dice Bustamante: “El Palacio fue un punto de quiebre en la violencia contra la judicatura: si pudieron atentar contra la rama más alta, podían hacerlo contra cualquier otro juez”.
En La Rochela, en una alianza ejecutada entre paramilitares, militares y narcotraficantes, fueron asesinados 12 funcionarios judiciales que investigaban distintos delitos en el Magdalena Medio, como la masacre de 17 comerciantes y campesinos que presuntamente fueron arrojados al río en 1988. Mariela Morales, Pablo Beltrán, Virgilio Hernández y Carlos Castillo, que trabajaban en un juzgado ambulante de instrucción criminal, son algunos de los 12 de La Rochela. Tres funcionarios que sobrevivieron, cuenta el magistrado del Tribunal Superior de Medellín, fueron amenazados en adelante “para que no contaran más de lo que había pasado”.
La masacre de La Rochela, a inicios de 1989, inauguró un año de terror para la rama judicial. Si bien desde 1979 —y hasta 1991— “un promedio anual de 25 jueces y abogados fueron asesinados o sufrieron algún tipo de atentado”, como lo documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica, el periodo 1989-1990 fue de absoluto horror para los funcionarios de la rama judicial, especialmente en Antioquia, que es descrito por el informe Justicia para la justicia de la Comisión Internacional de Juristas como el departamento más crítico, y en Medellín, la ciudad más violenta para los jueces: “En su área metropolitana ocurren 13 de los 18 casos claros y 7 de los 10 atentados y homicidios registrados en el departamento”.
En la investigación liderada por el magistrado Óscar Bustamante Hernández, que parte de ese dato para reconstruir una memoria, basada en recortes de prensa, de las personas asesinadas, toman nombre y carácter las cifras de la época. En libro, recientemente publicado por el Tribunal Superior y la Alcaldía de Medellín, se afirma: “1989 fue uno de los años más difíciles para el país y para los jueces en Medellín”.
Nombres y fechas para no olvidar
El 10 de octubre de 1980, el Juez 14 Penal, Julio Marín Jaramillo fue, según el libro Mártires de la justicia, el primero asesinado en Medellín: “Horas después de su asesinato, 250 funcionarios de la rama judicial paralizaron las actividades por dos días como modo de protesta por los hechos”. Diez días después, el crimen de la Juez 50 de Instrucción Criminal, Ana Cecilia Cartagena, de 35 años, “terminó de conmocionar al sector judicial […], había solicitado protección al Estado debido a las amenazas en su persona, pero no se le brindó auxilio”. Ambos asesinatos fueron cometidos por narcotraficantes, cuando aún no se hablaba de carteles poderosos.
En 1983, el procurador Domingo Cuello Pertuz y la juez Olga Grisales Rodríguez fueron asesinados presuntamente por agentes del F2, después de haberse enfrentado a la cúpula militar por la investigación del caso de un joven estudiante, militante del ELN, que perdió la vida en custodia del Ejército.
En un hecho de connotación nacional y por haber hurgado en el prontuario de Pablo Escobar Gaviria y haber insistido en el tratado de extradición por narcotráfico, fueron asesinados el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, y el magistrado del Tribunal Superior de Medellín Gustavo Zuluaga Serna, el 30 de octubre de 1986.
El 8 de abril de 1985 fue asesinado por el Cartel de Medellín el juez Álvaro Medina Ochoa, quien, como Zuluaga Serna, afirma el libro de Bustamante, “estudiaba procesos contra el exparlamentario Pablo Escobar Gaviria, acusado de tráfico de drogas”.
En 1986 fue asesinado el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, y el juez que llevaba la investigación, Carlos Valencia García, e iba a llamar a juicio a Pablo Escobar, fue asesinado el 16 de agosto de 1989, dos días antes del magnicidio de Luis Carlos Galán. La fecha del asesinato del juez se estableció como el Día de los Mártires de la Justicia.
Como se mencionó, 1989 fue un año crítico especialmente en Medellín: “Solo en ese año se cobró la vida de María Elena Díaz Pérez, de Héctor Jiménez Rodríguez, de Mariela Espinosa de Arango y de Bernardo Jaramillo Uribe, más la masacre de La Rochela, acaecida a comienzos del año en Simacota, Santander”.
María Elena Díaz, Juez Tercera de Orden Público, fue asesinada el 28 de julio; investigaba las masacres paramilitares de las fincas La Honduras y La Negra ocurridas en 1988 en Turbo, Antioquia. Héctor Jiménez, que había sido magistrado del Tribunal Superior de Medellín por veinte años, fue asesinado el 17 de octubre. El 1 de noviembre, la muerte alcanzó a Mariela Espinosa Arango, quien había sido objeto de atentados en 1980 y 1981 cuando era Juez 13 Penal de Medellín, y que, pese a las amenazas constantes de los narcotraficantes, nunca desfalleció en los procesos que llevaba contra ellos. Finalmente, el 5 de diciembre fue asesinado Bernardo Jaramillo Uribe, Juez 13 de Instrucción Criminal, que había hecho parte del grupo especial creado en 1982 para investigar a los paramilitares de “Muerte a Secuestradores” y, entre otros casos, había tramitado parte del proceso de la desaparición de Luis Fernando Lalinde Lalinde.
En 1991, la Constitución Política de Colombia transforma aspectos de la rama judicial y especializa las labores de los funcionarios que la conformaban. “Los fiscales empiezan a tener entre sus manos la parte jurídica y por eso comienzan a enfrentar de primera mano la situación de orden público, mientras que a los jueces les corresponde la labor de juzgar, que es un poco menos conflictiva”, afirma hoy el magistrado Óscar Bustamante para explicar que con la creación de la Fiscalía General de la Nación, buena parte del “trabajo de campo” que hacían los jueces, a veces sin alguna protección, pasa a manos de esta entidad, con fiscales y auxiliares que poco a poco fueron también especializándose.
Después de esto, que se crea asimismo la figura de los “tribunales sin rostro”, para proteger a los funcionarios en casos de narcotráfico, la violencia contra los jueces pareció ser menos letal, aunque persistente, asunto que hizo manifiestas las relaciones entre fuerzas de seguridad, la clase política y los miembros de carteles de la droga. La jueza sin rostro Myriam Rocío Vélez fue asesinada junto a sus tres escoltas el 18 de septiembre de 1992; según el libro Mártires de la justicia, al parecer por llevar adelante el caso por el crimen del director de El Espectador, Guillermo Cano.
El nombre que cierra el listado del libro es Diego Fernando Escobar Múnera, juez penal de Medellín asesinado el 22 de abril de 2010.
Más allá de los nombres y fechas, el magistrado Óscar Bustamante Hernández destaca la formación, la valentía y el perfil humano de quienes perdieron la vida por ejercer su trabajo como miembros del aparato judicial. “Casi todos los jueces asesinados son de extracción humilde, campesina, personas con un sentido de superación impresionante, muy inteligentes, muy espirituales, a quienes eso tal vez les daba una mística para cumplir con su deber. Eran personas con un compromiso de estudio, de trabajo, de mantener unos valores muy claros”, expresa.
Frente a qué pasó con estos crímenes, y si la justicia investigó para alejar la impunidad, el autor sostiene en la introducción del libro: “De muchos de los jueces y funcionarios aquí mencionados no se sabe con certeza quiénes fueron sus determinadores, puesto que coetáneamente estaban recibiendo amenazas y llevando procesos de distintos actores armados que pudieron tener intereses en la muerte de aquellos”. Sobre los autores intelectuales y materiales de los homicidios, agrega: “Los intereses en las muertes de los jueces dan lugar a sospechas no solo del narcotráfico, sino de los paramilitares, los cuales tenían relaciones con la Fuerza Pública”.
El libro Mártires de la justicia: Asesinatos contra los jueces en Colombia. Una mirada desde Medellín (1980-2010), que aún no se ha publicado en formato físico, puede ser descargado de la página web del Tribunal Superior de Medellín.