El colectivo Buscadoras con Fe y Esperanza reúne a familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos en circunstancias de conflicto después de 2016, año en que se firmó el Acuerdo de Paz y se consideró que la guerra había terminado. 

Por Emmanuel Zapata Bedoya
Foto: Manuela Echavarría 

El Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP reconoció la magnitud del fenómeno de la desaparición de personas en el contexto del conflicto armado y estableció mecanismos para atenderlo, entre ellos la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Este mecanismo parte del reconocimiento de que las víctimas se encuentran en esa situación como resultado de acciones cometidas por agentes del Estado, integrantes de las FARC-EP o cualquier otra organización que haya participado en el conflicto, lo que delimita su competencia a hechos ocurridos antes de la firma del Acuerdo. 

Sin embargo, la desaparición en Colombia no ha cesado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 2144 personas han desaparecido desde 2016 sin que sus familias hayan recibido una respuesta institucional clara. De esa realidad nació Buscadoras con Fe y Esperanza, un colectivo de familiares —en su mayoría mujeres— que decidieron organizarse ante el silencio del Estado. 

El grupo se constituyó en 2021 como una respuesta ciudadana frente a la ausencia de mecanismos efectivos para atender las desapariciones que siguen ocurriendo en medio de las hostilidades entre grupos armados, pero fuera del periodo reconocido como conflicto armado. Todo comenzó cuando tres de sus fundadoras coincidieron en la Fundación Primaveral, en el barrio Lovaina de Medellín, un espacio que pronto se convirtió en su punto de encuentro y apoyo mutuo. “Ese lugar fue nuestro sostén emocional. Allí empezamos a reconocernos entre nosotras y a entender que la desaparición no había terminado con la guerra”, recuerda Patricia Zapata, una de sus fundadoras, quien busca a su sobrino Jorge Alberto Acevedo, desaparecido en 2022. 

Lo que empezó como un pequeño grupo de 15 personas creció con el tiempo: luego fueron 20, y hoy son 42 integrantes —39 mujeres y tres hombres— que buscan a sus seres queridos y representan en conjunto 42 casos de desaparición. 

La razón principal de su existencia, explican sus integrantes, es la exclusión institucional. Como señala Heidy Paola Serna Mendoza, también fundadora, “los casos de desaparición ocurridos a partir de 2016 no están reconocidos dentro del marco del conflicto armado. Eso significa que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas no tiene competencia para buscar a nuestros familiares; por eso la responsabilidad recae en la justicia ordinaria, es decir, en la Fiscalía”. 

Pero allí las respuestas también han sido escasas. Heidy Paola busca a su hijo, Javi Gonzalo Serna Mendoza, desaparecido el 6 de septiembre de 2020 en el municipio de El Peñol, Oriente antioqueño. Tenía 22 años y estaba a pocos días de cumplir 23. “La Fiscalía no hace absolutamente nada”, denuncia con indignación. 

Silencio institucional 

La historia de Heidy Paola refleja la frustración de decenas de familias que enfrentan la inacción estatal. Según ella, las respuestas institucionales son ineficaces, las declaraciones son mal registradas y los hechos terminan clasificados como “violencia ordinaria”.  

Por otra parte, Heidy Paola afirma que la UBPD tampoco asume los casos, argumentando que solo puede atender desapariciones ocurridas antes del Acuerdo de Paz, lo que ella considera un acto de revictimización. “Cuando vamos a declarar, los funcionarios muchas veces escriben lo que quieren. Así nuestros casos terminan mal clasificados, como si fueran hechos de violencia común. Además, hemos extendido solicitudes de búsqueda a la UBPD y como respuesta nos dicen que no es su competencia, ya que no hacen parte del conflicto armado”, declaró.  

El colectivo ha interpuesto tutelas y desacatos contra la Fiscalía, sin que haya avances. Las integrantes, que se reúnen todos los jueves en la Fundación Primaveral, denuncian que los investigadores suelen trasladarles la carga de la prueba, preguntando “¿qué saben ustedes?”, en lugar de asumir la búsqueda. Para ellas, se trata de una negación del derecho a la verdad y a la justicia. 

Para Patricia Zapata, la diferencia entre los casos ocurridos antes y después de 2016 radica en el trato institucional y legal: “La UBPD solo tiene competencia para buscar a los desaparecidos antes del Acuerdo de Paz, por eso quienes sufrimos desapariciones posteriores quedamos fuera de ese marco. Nuestra herida sigue abierta porque no tenemos a quién acudir”. El Plan Nacional de Búsqueda de la UBPD, en el que se enmarcan los planes regionales de búsqueda, expresa esa precisión sobre las “personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”.  

Heidy Paola Serna ha insistido en que la búsqueda debe ser un trabajo conjunto entre Estado y familias. “Nadie más conoce a nuestros familiares como nosotros. Sabemos cómo vestían, si tenían una cicatriz o les faltaba una muela. Esa información puede ser clave, pero no nos incluyen”, dice. 

Aunque oficialmente el conflicto armado con las FARC terminó en 2016, para las integrantes del colectivo la guerra continúa bajo nuevas formas. “El acuerdo de paz nunca ha existido para nosotras, porque la desaparición sigue ocurriendo todos los días”, afirma Serna Mendoza. 

Además de los desaparecidos, 17 integrantes del grupo tienen hijos que fueron reclutados por grupos armados como el Clan del Golfo. “La situación resulta profundamente paradójica: cuando alguno de esos jóvenes logra escapar y regresar a su hogar, corre el riesgo de ser capturado y judicializado por haber pertenecido a los mismos grupos que lo obligaron a vincularse. Es una injusticia doble: primero los reclutan por la fuerza y luego los tratan como criminales. Un ejemplo de ello es el caso de Wilmar Moná, hijo de Janeth Moná, una de nuestras compañeras, quien fue reclutado por un grupo armado durante un viaje a Cartagena en 2022”, dice Heidy Paola.  

Resistencia y visibilización 

Buscadoras con Fe y Esperanza ha construido su propia estrategia de búsqueda y resistencia. A través de plantones, velatones, conversatorios y acciones simbólicas, el colectivo exige verdad y reconocimiento para sus seres queridos. Su primer plantón se realizó en 2022, frente a la sede de la Fiscalía en Medellín, durante la Semana del Desaparecido, lo que marcó el inicio de su presencia pública. Desde entonces, han fortalecido sus procesos participando en talleres de liderazgo con la Corporación Jurídica Libertad y en el espacio “El cuerpo habla” de la Universidad de Antioquia, un proceso de cuatro meses en el que, a través del teatro, buscaron liberar el dolor y transformar el duelo en acción colectiva. 

Gracias a su persistencia, han logrado visibilizar su situación en Medellín y Bogotá, y hoy son reconocidas en espacios institucionales como la Mesa Departamental de Desaparición Forzada y el Comité de Articulación de la Búsqueda de la Gobernación de Antioquia. 

Mientras esperan que el Estado asuma su responsabilidad, las buscadoras se han convertido en defensoras de la memoria y la justicia. Entienden que su lucha trasciende la búsqueda individual y se convierte en una causa colectiva: garantizar que ninguna familia vuelva a vivir el mismo silencio. 

Por eso, uno de sus propósitos es llegar a las nuevas generaciones. El colectivo organiza charlas en colegios y universidades para hablar sobre el impacto de la desaparición y la importancia de no naturalizar la violencia. “Ellos son los que pueden continuar la búsqueda cuando nosotras no estemos”, afirma Patricia Zapata. 

El eco de una búsqueda persistente 

El nombre del colectivo refleja su espíritu: fe y esperanza, pero también persistencia. Son mujeres que se niegan a rendirse, que han aprendido a moverse entre tutelas, trámites y audiencias, pero también a encender velas y levantar pancartas cuando la justicia no responde. 

En un país que prometió la paz, su lucha evidencia que el conflicto sigue mutando y que la desaparición forzada no es un hecho del pasado. Según cifras de la UBPD, más de 132 000 personas continúan desaparecidas en Colombia, y cada año se reportan nuevos casos fuera del marco del conflicto armado. 

El CICR instó al Estado colombiano a crear una alternativa humanitaria para atender a las 2144 personas —en su mayoría civiles— que han desaparecido después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de julio de 2025, el CICR documentó que solo 764 casos han tenido respuesta: 574 personas fueron halladas con vida y se reencontraron con sus familias, mientras que 190 fueron encontradas sin vida y sus cuerpos recuperados e identificados. Aún permanecen sin esclarecer 1380 desapariciones, lo que mantiene a cientos de familias en la incertidumbre, advirtió el organismo en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto. 

Las Buscadoras con Fe y Esperanza representan esa otra cara de la posguerra: las víctimas sin nombre en los acuerdos, pero con historia, rostro y voz. Su exigencia es clara: que el Estado reconozca que la desaparición forzada sigue ocurriendo, que amplíe la competencia de las instituciones de búsqueda y que garantice acompañamiento real a las familias. 

“Nosotras tenemos que ser la voz de ellos, porque ellos ya no pueden hablar. Queremos que vean que esto sigue pasando y que la paz, para nosotras, todavía no ha llegado”, dice Heidy Paola Serna.