Un juzgado de Medellín halló culpable al exsubdirector del DAS José Miguel Narváez por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba. También ordenó investigar a Álvaro Uribe y Santiago Uribe como presuntos determinadores de los asesinatos de Eduardo Umaña y Jesús María Valle.
Por Fabián Uribe Betancur
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a 28 años de prisión al exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, al encontrarlo responsable como determinador del secuestro de la exsenadora liberal Piedad Córdoba. La investigación estableció que Narváez tuvo un papel clave en la planeación del crimen al sugerir su ejecución a grupos paramilitares. Además, la sentencia ordenó investigar a Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez como presuntos determinadores de los asesinatos de los defensores de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo.
La condena por secuestro
La jueza Claudia Marcela Castro Martínez, del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, declaró culpable, el 6 de octubre del presente año, a Narváez por secuestro extorsivo agravado contra la excongresista Piedad Esneda Córdoba Ruiz, fallecida en 2024.
El secuestro ocurrió el 21 de mayo de 1999, cuando Córdoba acudía a una cita médica en el barrio El Poblado de Medellín, y permaneció en cautiverio hasta el 4 de junio de ese mismo año, cuando recuperó su libertad gracias a las gestiones políticas y humanitarias de una comisión de congresistas liderada por Horacio Serpa.
El fallo judicial le impuso una multa de 3499 salarios mínimos legales mensuales vigentes —cerca de 5000 millones de pesos— y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años.
La decisión también califica el hecho como un delito de lesa humanidad, lo que refuerza la gravedad del caso y su carácter imprescriptible. Narváez deberá cumplir su condena en un centro carcelario. “No se trató de una privación de la libertad con fines económicos, sino de una acción planificada con motivación política, orientada a estigmatizar, silenciar y neutralizar a una figura pública de oposición, mediante el uso de inteligencia ilegal, interceptaciones y propaganda estigmatizante”, se lee en la sentencia.
La investigación demostró, con base en testimonios de Raúl Hasbún y Hebert Veloza, excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que Narváez instigó al jefe paramilitar Carlos Castaño, líder de esta organización criminal, a secuestrar a la entonces senadora, bajo la idea de que colaboraba con el ELN, y proporcionó información confidencial del DAS para apoyar su solicitud a este grupo armado ilegal.
El documento también señala que Narváez era el asesor ideológico de las AUC, mantenía una relación directa con el Ejército Nacional, especialmente con el B2, un cuerpo de inteligencia, lo que le permitía acceder a información privilegiada. Además, figuraba como profesor en la Escuela Superior de Guerra y como asesor de Fedegán, el gremio ganadero señalado por sus vínculos con el paramilitarismo. También era amigo personal de Castaño y dictaba conferencias en sus campamentos sobre guerra política, antisubversión y eliminación de opositores.
La condena que salpica a Álvaro Uribe
La sentencia va más allá de Narváez, pues ordena a la Fiscalía General investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe Vélez y al general retirado Germán Albeiro Ospina Arango por su presunta responsabilidad como determinadores de los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, el 27 de febrero de 1998, y Eduardo Umaña Mendoza, el 18 de abril de 1998.
El documento judicial se basa en el testimonio del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, alias ‘Cristian Barreto’, quien participó en la masacre de El Aro, en Ituango, y que en una declaración juramentada de 2008 aseguró que el expresidente Uribe, entonces gobernador del departamento de Antioquia, participó en una reunión con comandantes paramilitares de las AUC y miembros de la Fuerza Pública en la que se habrían ordenado los asesinatos de Valle y Umaña.
De acuerdo con las declaraciones de Villalba Hernández plasmadas en la sentencia, el encuentro se realizó en noviembre de 1997 en la finca La Marranera, del municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca.
Al encuentro asistieron miembros de las Autodefensas, entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Jesús Ignacio Roldán Pérez —alias ‘Monoleche’—, Isaías Montes Hernández —alias ‘Junior’— y Villalba, junto a 22 hombres. Por parte de las Fuerzas Militares estuvieron presentes el general Ospina, comandante de la Cuarta Brigada en ese entonces, “un teniente, un mayor que no recuerdo el nombre; de policías estaba el mayor Parra Niño, el acompañante de él era el patrullero Acuña, estaba José Serrano, comandante de la policía de esa época, el gobernador para esa época, Álvaro Uribe Vélez, y Santiago Uribe, y unos agentes de policía de San José de la Montaña”, aseguró en ese 2008 el exparamilitar Villaba Hernández.
El testimonio indicó que en la reunión se consideró el posible asesinato de líderes sociales que habían denunciado la masacre de El Aro, en Ituango, y que Carlos Castaño presentó una lista con sus nombres. La lista “estaba encabezada por José María Valle, estaban el doctor Umaña y Jaime Garzón y unos funcionarios de la fiscalía entre los que estaba Amparo Cereón que es la fiscal 9.ª de derechos humanos, estaban unos del CTI que estaban investigando sobre la masacre del Aro que ellos fueron asesinados en 1999”, se lee en la sentencia.
En el documento judicial, el testimonio dice que quienes tuvieron mayor responsabilidad en planear el asesinato de esas personas fueron los hermanos Uribe Vélez, Carlos Castaño —asesinado en 2004— y el general Ospina: “El que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina, ellos fueron los que dieron más bomba, la referencia que hizo Álvaro Uribe es que a esas personas tocaba callarlas”, cita la sentencia al exparamilitar.
En marzo de 2009, el exparamilitar Villalba Hernández fue asesinado por sicarios en el municipio de La Estrella, cinco meses después de haber rendido su testimonio. En ese momento cumplía una condena de 33 años bajo casa por cárcel, beneficio que obtuvo al acogerse a la Ley de Justicia y Paz.
En el caso de la masacre de El Aro, en 2015 el Tribunal Superior de Medellín abrió una investigación penal contra Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con las AUC. El 31 de mayo de 2018, en el curso de la indagación previa contra Uribe, la Corte Suprema de Justicia declaró de lesa humanidad el asesinato de Jesús María Valle y las masacres de La Granja, El Aro y San Roque. Esto significa que los hechos punibles no tienen caducidad de tiempo para ser investigados y juzgados.
Saber más: La investigación por las masacres de La Granja y El Aro continúa en la JEP
Por otro lado, el expresidente Uribe se pronunció en contra de las acusaciones y de la decisión de la jueza de vincularlo a él y a su hermano a la investigación por el asesinato de los defensores de derechos humanos. “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”, se lee una publicación en su cuenta oficial de X.
¿Quién es José Miguel Narváez Martínez?
José Miguel Narváez Martínez nació en Bogotá el 4 de octubre de 1959. Divorciado, estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad Santo Tomás y realizó una especialización en Gerencia. A lo largo de su trayectoria profesional se desempeñó como empresario, docente, jurado y director de tesis en diferentes instituciones universitarias.
Su actividad profesional estuvo estrechamente vinculada al Ejército Nacional, a instituciones de inteligencia y a entidades estatales desde 1980, como docente, asesor, conferencista y funcionario. Su formación complementaria se ligó al ámbito militar y de inteligencia.
Realizó múltiples cursos de instrucción y especialización en defensa nacional, inteligencia militar, operaciones psicológicas y relaciones entre civiles y militares. Alcanzó grados honoríficos dentro de las Fuerzas Militares y fue reconocido por su desempeño.
Fue autor de varios artículos y documentos en los que plasmó sus ideas contra quienes consideraba opositores al Estado. En junio de 1997 publicó el texto “Guerra política como concepto de guerra integral” en el tomo 2 de la revista Inteligencia Militar. En ese escrito, Narváez expuso su teoría de que el Estado no había ganado la guerra contra la “subversión” porque centraba sus esfuerzos en los actores armados y no en su brazo político.
Entre las instituciones en las que trabajó se encuentra la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia BG Charry Solano, donde fue profesor desde 1986 y dictó asignaturas como Psicología de la Subversión, Ideologías, Guerra Política y Operaciones Psicológicas. También enseñó Ideologías Políticas en la Escuela Logística del Ejército y dictó Acción Psicológica en la Escuela Militar de Cadetes entre 1985 y 1994. Además, ejerció como docente en la Escuela de Armas y Servicios y en el Centro de Entrenamiento de Inteligencia Naval.
Hasta 2002 se desempeñó como miembro de la Comisión de Empalme del gobierno del presidente electo Álvaro Uribe Vélez para el Ministerio de Defensa, la Policía y el DAS. No obstante, continuó vinculado a estas actividades incluso hasta 2005, cuando ocupó el cargo de subdirector del DAS durante la presidencia de Uribe.
Según la sentencia del 6 de octubre del presente año, esta trayectoria y su perfil profesional coinciden con el que describen múltiples testigos del proceso, quienes lo ubican como ideólogo de las AUC, proveedor de información de inteligencia, y conferencista en campamentos paramilitares. “La convergencia entre su hoja de vida y los testimonios de excomandantes como Don Berna, Mancuso y Rendón Herrera refuerza la credibilidad de estos últimos”, se detalla en el documento.
El 13 de febrero de 2012, Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, declaró bajo juramento ante la Fiscalía General que Narváez era miembro orgánico de las AUC y que lo conoció en 1997, una época en la que existía una fuerte influencia de miembros del Ejército. Según Murillo, Narváez actuaba como intermediario y era el encargado de suministrar información sobre operativos contra las Autodefensas, así como sobre personas vinculadas con la guerrilla o con la izquierda.
Agregó que en ese momento las Autodefensas estaban políticamente en formación y las ideas o aportes de personas tan radicales como Narváez, quien consideraba que toda la izquierda era peligrosa, “le hicieron mucho daño a la organización; se recuerda una de sus conferencias sobre ‘por qué es lícito matar comunistas’, las cuales dictaba en el sitio denominado la 21, ubicado entre Valencia y San Pedro de Urabá”, dice la sentencia del 13 de agosto de 2018, en la que fue condenando por el asesinato del humorista y opositor político Jaime Garzón.
Según testimonios de exparamilitares, las presuntas cátedras tenían como propósito justificar la eliminación de sectores sociales supuestamente asociados con la guerrilla, en especial sindicatos, actores políticos y antiguos combatientes desmovilizados.
Las otras condenas contra Narváez
El exfuncionario también ha sido condenado por otros delitos. Por el asesinato de Jaime Garzón, en 2018 un juzgado de Bogotá lo sentenció a 30 años de prisión como autor intelectual del crimen ocurrido el 13 de agosto de 1999. Por persecución, amenazas y tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque que investigaba el homicidio de Garzón, el 23 de agosto de 2024 recibió una condena de 12 años y 6 meses. Por las “chuzadas” del DAS, en 2016 fue condenado a 8 años por ordenar seguimientos ilegales a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos mediante el grupo ilegal G3, que él mismo creó dentro de la entidad.
Actualmente, el exfuncionario cumple su pena en el Centro de Reclusión Especial Manuel Murillo Toro, en Bogotá.