Esta semana se realizó la tercera y última audiencia pública para discutir y ajustar los términos y alcances del Proyecto de Ley 02 de 2025, sobre el “Marco jurídico para la Paz Total y la Seguridad Ciudadana”.
Por Manuela Echavarría Cuartas
Foto de portada: Valentina Arango Correa
El Proyecto de Ley 02 de 2025, que cursa en el Congreso de la República, busca establecer el marco normativo que permita un tratamiento legal diferenciado para el sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones al margen de la ley en el país. El proyecto será ajustado con base en las recomendaciones recogidas de las tres audiencias, realizadas durante agosto en Tumaco, Medellín y Bogotá, y luego será debatido en el Congreso de la República para buscar su aprobación final.
El Gobierno nacional requiere la aprobación de este proyecto para consolidar los avances de las ocho mesas de negociación en curso con grupos armados y estructuras ilegales.
En la última audiencia, realizada en el Congreso de la República, Armando Noboa, negociador nacional de la Paz Total, pidió que se estudie la posibilidad de radicar un mensaje de urgencia que acorte los términos del proyecto. Según su explicación, es necesario tener certezas sobre el futuro de las mesas de diálogos a finales de este año: “La coyuntura electoral obliga a que el país tenga certeza sobre la posibilidad de éxito o aplazamiento de los esfuerzos que se están adelantando”.
Aunque la Paz Total primero fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, mediante la Ley 2272 de 2022, para abrir las negociaciones con los grupos armados y estructuras organizadas ilegales, es necesario que se convierta en política de Estado —de ahí el proyecto de ley— para garantizar la continuidad de los avances en los próximos gobiernos.
Las tres audiencias públicas sobre el proyecto de ley se realizaron con el propósito de recoger opiniones y recomendaciones de distintos actores de la sociedad civil, como organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, la ONU y la Defensoría del Pueblo.
En Bogotá, entre las recomendaciones más destacadas se enlista la desvinculación de las personas judicializadas por su participación en las protestas del 2021, con el criterio de centralidad de las víctimas y con aclaraciones del funcionamiento judicial de la norma.
Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, valoró positivamente que se intente dar una solución jurídica a los casos de judicialización desproporcionada de quienes participaron en las protestas del paro nacional del 2021, incluyéndolos en el tratamiento penal diferenciado. Sin embargo, el delegado advirtió que hacerlo en una ley de sometimiento a grupos y estructuras armadas ilegales podría ser contraproducente: “Puede tener un enfoque estigmatizante al vincular el ejercicio del derecho humano a la protesta pacífica con quienes han cometido violaciones graves a los derechos humanos”.
Sobre la aplicación legal, el magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, manifestó la necesidad de crear una estructura judicial especializada, considerando las especificaciones de la ley y la saturación actual de procesos: “Los 115 jueces especializados del Consejo habían recibido 10 209 procesos a julio de este año, entonces si tomamos una parte de estos jueces para especializarlos en la Paz Total, estaríamos saturando más a los demás. Así que le pido desde ya al Congreso, que, de aprobarse este proyecto, se sumen aportes presupuestales para estructurar mejor esta especialidad”.
Andrés Zapata, investigador del Instituto Popular de Capacitación, también mencionó la falta de claridad sobre el presupuesto de la ley, aunque su intervención en la audiencia se centró en la inclusión más clara de las víctimas en la ley: “Es una buena propuesta para sentarnos a reflexionar sobre los futuros de los jóvenes en la legalidad, eso sí, sin desconocer la centralidad de las víctimas. Solo así podemos construir”, concluyó.
En ese mismo camino, Mariana Ardila Trujillo, a cargo de la Defensoría Delegada para la Justicia Transicional y el Derecho a la Paz de la Defensoría del Pueblo, reconoció la importancia de contar con un marco jurídico para las negociaciones, pero enfatizó en que se deben hacer ajustes de fondo con respecto a la participación de las víctimas y los pueblos étnicos, garantías de reparación integral y el fortalecimiento institucional a la Defensoría para la representación de las víctimas, el ICBF y la rama judicial: “La legitimidad de este proceso dependerá de los ajustes y de que se respete la inclusión de las víctimas”.
Aunque aún no está claro qué prioridad tendrá este debate en la agenda legislativa en el Congreso de la República, el negociador Armando Noboa anunció que en Nariño y Putumayo se realizarán tres acciones tempranas como resultado de los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), las cuales serán: la destrucción de 15 toneladas de material de guerra, la creación de dos zonas de ubicación temporal y la participación en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Otros análisis
El jueves 28 de agosto la Universidad de Antioquia fue escenario de los debates sobre la Paz Total en Medellín. Mientras en el edificio de San Ignacio se realizaba la segunda audiencia del Proyecto de Ley 02 de 2025, en el edificio de Extensión tenía lugar el panel “Paz Total en perspectiva: balance actual y desafíos hacia el futuro”, un espacio de reflexión sobre las mesas de diálogo y el papel de la sociedad en estos procesos.
El encuentro se dio en el marco del congreso “El legado de la Comisión de la Verdad: Desafíos para la paz en un contexto global de crisis”, organizado por la Universidad de Antioquia, la Comisión de la Verdad y el Instituto CAPAZ.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), abrió la conversación con un análisis sobre la capacidad económica, política y social de los grupos armados en la historia del país. Señaló que, aunque muchos han dejado de existir, han dado origen a otras estructuras: “No tenemos una fragmentación de grupos armados, sino un ciclo tradicional de violencia en Colombia, donde empiezan muchas estructuras y terminan pocas, en la medida que se van readaptando”.
Fredy Chaverra, integrante del Comité de impulso de la sociedad civil para la paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, resaltó el valor del diálogo en la región: “Ha sido importante ver el reconocimiento público de grupos como la Oficina de Envigado, que antes eran negados por la policía”.
Finalmente, Luis Fernando Martínez Vargas, asesor de la Consejería Comisionada de Paz, manifestó su preocupación por el papel de la sociedad en este proceso y la baja participación ciudadana más allá de las organizaciones y colectivos: “Yo no la vi más allá de los procesos institucionales de organización clásica para rodear dinámicas de negociación, y fue muy frustrante porque a estos espacios llegan los mismos”.
Las discusiones sobre la Paz Total seguirán mientras se espera la decisión del Congreso de la República, y el Gobierno nacional tratará de mostrar resultados inmediatos que respondan a las expectativas y recomendaciones de las víctimas, las organizaciones sociales y quienes están sentados en este momento en las ocho mesas de negociación.