Catorce municipios y más de 180.000 víctimas indígenas y afrodescendientes hacen parte del nuevo Caso Conjunto 04-09, con el que la JEP unifica investigaciones de crímenes cometidos en Chocó y Urabá.
Por Emmanuel Zapata Bedoya
Fotos: Comunicaciones JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha decidido conformar el Caso Conjunto 04-09, unificando las investigaciones de crímenes graves cometidos contra pueblos y territorios étnicos en las regiones de Chocó y Urabá. Esta articulación busca concentrar de manera eficaz crímenes representativos y severos ocurridos a lo largo de la cuenca del río Atrato.
De acuerdo con la JEP, la decisión se tomó porque ambas investigaciones abordan hechos ocurridos en el mismo territorio priorizado. Además, comparten la presencia de actores armados, patrones criminales, periodos históricos del conflicto, así como comunidades y territorios afectados.
Al consolidar el Caso 04, que prioriza la situación territorial de Urabá, con el subcaso Chocó del Caso 09, enfocado en crímenes no amnistiables contra comunidades étnicas, la JEP aspira a avanzar con mayor celeridad en el esclarecimiento de la verdad y ofrecer una respuesta más integral y restauradora a las víctimas.
Los crímenes bajo investigación en este caso conjunto, ocurridos entre 2002 y 2016, incluyen el desplazamiento forzado, el confinamiento, los asesinatos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, el reclutamiento de menores y las afectaciones ambientales.
El nuevo Caso Conjunto 04-09 priorizará 14 municipios a lo largo de la cuenca del río Atrato, agrupados en cuatro subregiones: Darién con los municipios Acandí y Unguía; Bajo Atrato con Riosucio, Carmen del Darién, Belén de Bajirá y Murindó; Medio Atrato con Bojayá, Medio Atrato, Quibdó y Vigía del Fuerte; y Alto Atrato con Atrato, Bagadó, Carmen de Atrato, Lloró y Río Quito.
Un pasado de guerra y despojo
Las regiones de Urabá y Atrato tienen una historia marcada por profundos conflictos económicos y políticos, con grandes afectaciones a los derechos humanos desde mediados de los ochenta hasta la actualidad. Esta zona, vital por su ubicación geoestratégica al conectar los océanos Pacífico y Atlántico y por su riqueza en recursos naturales, se ha convertido en un epicentro de actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de armas y las explotaciones ilícitas de oro y madera, que alimentan una sangrienta disputa territorial.
“Nosotros hemos pasado por los momentos más crudos y fuertes de la violencia en el país. Hemos visto cómo los actores armados, legales e ilegales, han ocupado nuestro territorio y han hecho salir a nuestra gente. Tenemos una tierra rica y fértil y ese es el principal atractivo para los grupos que llegan. Acá el Estado ha llegado poco, y no lo ha hecho con las oportunidades necesarias”, afirma Nilson Rentería Machado, líder social de la mesa municipal de víctimas de Bagadó, Chocó.
La presencia de los grupos armados, especialmente de las FARC, se remonta a mediados de los años ochenta, expandiéndose desde el Urabá antioqueño. Sin embargo, la brutalidad del conflicto se intensificó con la irrupción paramilitar.
Por otra parte, el profesor de la Universidad de Antioquia, Andrés García Sánchez, en su investigación Comunidades negras, paz territorial y resistencias en el río Atrato, expresa que “desde 1997, facciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) incursionaron en el Bajo y Medio Atrato, en una acción conjunta con el Ejército conocida como la ‘Operación Génesis’, que provocó el destierro forzado de miles de personas”. Tras estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado por ser cómplice en estos hechos y por revictimizar a la población desprotegida tras los desplazamientos.
El periodo entre 2000 y 2003 fue uno de los más cruentos, con enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros, y un nuevo escalamiento de violencia entre 2005 y 2007. Uno de los hitos más dolorosos y recordados a nivel nacional fue la masacre de Bojayá en mayo del 2002, en la que 119 personas murieron calcinadas en una iglesia al buscar refugio de los combates entre las FARC y el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC. Este hecho desestructuró el ordenamiento espacial de las comunidades negras y provocó el desplazamiento forzado de miles de personas.
El desplazamiento forzado ha sido uno de los hechos victimizantes y mecanismos violentos de reconfiguración socioespacial que más ha transformado este vasto territorio. De acuerdo con García Sánchez, las comunidades negras victimizadas buscaron refugio en ciudades como Quibdó, donde a menudo enfrentaron nuevas amenazas y estigmatizaciones sociales.
Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 1.270.639 personas víctimas del conflicto armado que pertenecen a comunidades negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras. Esto significa que una de cada diez víctimas es afrodescendiente, lo que evidencia el impacto desproporcionado del conflicto en sus territorios y en su tejido social. Además, esta misma entidad estima que alrededor del 85% de los chocoanos que hacen parte de sus registros sufrieron desplazamiento forzado.
“Acá el miedo es latente. La sensación de querernos ir la vivimos a diario. Hemos visto cómo se van nuestros amigos, nuestra familia. Muchos nos quedamos porque amamos el territorio, pero otros lo hacen por cuidar a sus seres queridos”, agrega Rentería Machado.
Entre la violencia persistente y la resistencia comunitaria
Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 y la salida de las FARC del territorio, y de acuerdo con el portal Verdad Abierta, el poder armado en Chocó se reconfiguró, y ha sido disputado principalmente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN.
Actualmente, el departamento enfrenta las consecuencias de su tercer paro armado impuesto por el ELN, una situación que se vivió con especial crudeza en el municipio de Lloró, donde la alcaldesa Luz Stella Serna advirtió que las comunidades se vieron obligadas a permanecer encerradas en sus viviendas por temor a represalias.
Las cifras de violencia en Chocó y la región de Urabá —con municipios de Antioquia y de Chocó— siguen encendiendo las alertas de las organizaciones sociales. Según el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, durante el primer semestre de 2025 fueron asesinados 10 líderes sociales en el Chocó y 8 más en Urabá.
“Da mucha pena ver cómo, nuestros amigos líderes y lideresas van siendo asesinados por expresarse, por tomar postura. Pero da mucha más tristeza aún que el Gobierno no haga nada. Esto fue algo que se les fue saliendo de las manos y es difícil de controlar. El Estado ya no tiene mucho poder sobre esta subregión y eso es alarmante”, manifiesta Jorge Jaramillo, líder social en el Urabá antioqueño.
La violencia actual afecta de manera diferenciada a diversas poblaciones. La falta de oportunidades, por ejemplo, ha obligado a muchos jóvenes a abandonar sus territorios o a considerar el reclutamiento por parte de grupos armados como una opción viable. En muchos casos, tanto el ingreso a estas estructuras como el trabajo en cultivos ilícitos se presentan como las únicas “salidas posibles”, así lo advierte Rentería Machado.
«Las oportunidades acá son nulas. Los jóvenes que quieren salir adelante, al ver que acá no hay cómo hacerlo, se van para las ciudades, buscan organizar su vida, pero van perdiendo su cultura. Pero no solo es eso. Muchos de los que se quedan, por ganarse un peso ven viable el entrar a los grupos armados y así, una cosa los lleva a otra, lastimosamente”, explica.
Por otro lado, las amenazas a las mujeres líderes y la violencia sexual son hechos victimizantes frecuentes en estas comunidades. De acuerdo con las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1964 y 2017, se documentaron 586 de estos casos en el marco del conflicto armado. Cerca de uno de cada tres casos de violencia sexual ocurrieron en Apartadó (208), Turbo (174) y Riosucio (76).
La población LGBTI es aún más vulnerable y desprotegida, con sus iniciativas invisibilizadas. “Con la comunidad LGTBI es mucho más compleja la situación porque sus iniciativas no logran encajar, por decirlo así, con los diferentes grupos. Además, cuentan con muy poco respaldo, por lo que son poco visibles”, dice Rentería Machado.
Otra problemática crítica es el narcotráfico, que limita la movilidad en ríos estratégicos, mientras el microtráfico golpea con fuerza las cabeceras municipales. La minería —tanto legal como ilegal—, aunque representa una fuente clave de ingresos, trae consigo graves riesgos ambientales y sociales. En este escenario, se configura una red de intereses que, como advierte Rodrigo Rogelis, investigador del Centro Sociojurídico Siembra, en entrevista con El Espectador, “beneficia a muchos: no solo a los actores armados y a quienes extraen los recursos, sino también a funcionarios de distintas instituciones”.
Con todas estas dinámicas conviven los habitantes de Chocó y Urabá. La presencia del Estado colombiano es vacía en oportunidades y opciones de desarrollo y se da a través de la fuerza pública, la cual genera porca confianza, como lo sustenta Jorge Jaramillo.
“Necesitamos que lleguen con oportunidades reales. El Estado está presente, sí, pero lo hace a través de la fuerza, y eso no genera confianza. Queremos verdaderas alternativas, algo que les permita a los jóvenes construir un proyecto de vida. Hoy, por la falta de opciones, muchos ven como único camino empuñar un arma, ganar lo que puedan y tratar de sacar adelante a sus familias, aun cuando eso les cueste la vida”, agrega quien ha liderado procesos sociales desde el sector educativo.
Reunir dos casos
El Caso Conjunto 04-09 priorizará 14 municipios de las subregiones Darién, Bajo Atrato, Medio Atrato y Alto Atrato. Por parte del Caso 04, “Situación territorial de Urabá”, han sido acreditadas más de 54.000 víctimas, en su mayoría pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas. Y por el Caso 09, “Crímenes contra pueblos étnicos”, se han acreditado más de 128.000 víctimas; no obstante, la JEP ha identificado un universo preliminar de 1,3 millones de víctimas de grupos étnicos.
La creación del Caso Conjunto 04-09 genera cierta esperanza en líderes sociales como los consultados para este artículo, quienes, desde sus territorios, trabajan en la construcción de iniciativas que no solo promuevan la paz, sino que transformen de fondo las dinámicas que por años han marcado a sus comunidades.
“Esto representa un avance significativo en los esfuerzos de justicia transicional en Colombia. Para nosotros, es buscar la verdad, esclarecer de manera íntegra los crímenes y el dolor que tanto nos ha dejado la guerra”, señaló Jorge Jaramillo.
En la misma línea, Nilson Rentería Machado reconoció la voluntad de la JEP por esclarecer lo ocurrido en su territorio, pero insistió en la necesidad de mayor prontitud: “Pedimos celeridad en los casos y verdad. Necesitamos saber por qué hemos tenido que vivir situaciones que no son nuestra culpa. Ni los pueblos indígenas ni los afrocolombianos merecemos más silencio”.