En la Institución Educativa Eduardo Santos, además de aulas, laboratorios y canchas, está el Museo Escolar de la Memoria, un espacio creado por los estudiantes y sus maestros para contar la historia no oficial del conflicto armado en la Comuna 13, honrar la memoria de las víctimas y promover acciones de paz.
Por Lina María Martínez Mejía
Foto de portada: MEMC13.org
Juan Pablo Marín Llasno se graduó en el 2011 de la Institución Educativa Eduardo Santos de la Comuna 13 de Medellín. Desde que era un niño empezó a estudiar en las aulas de este colegio; por eso, en la ceremonia de graduación recibió la mención de honor a toda una vida. En un retrato suyo, hecho a lápiz, quedó plasmado el recuerdo de ese día: un joven con toga y birrete que estaba listo para comenzar una nueva etapa de la vida. En otro dibujo, con trazos detallados, como si se tratara de una foto de carné, aparece el rostro de Sergio Esteban Arcos Solarte. Él llegó a la institución en el 2011 para cursar el grado noveno. Desde entonces, su nombre siempre estuvo en el cuadro de honor.
Los retratos de Juan Pablo, Sergio Esteban y otros estudiantes están exhibidos en la sala de reparación simbólica del Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13 —MEM C13—, un espacio creado en el 2018 para promover acciones de paz y reconciliación, y honrar la memoria de las víctimas del conflicto urbano que ha afectado a esta comunidad del occidente de Medellín.
En este salón recuerdan que a Sergio Esteban Arcos Solarte lo asesinaron el 9 de marzo de 2013 mientras jugaba fútbol al frente a su casa, en el barrio La Loma del corregimiento San Cristóbal. Tenía 16 años y cursaba el grado once. “Un joven de pocas palabras, pero con grandes expectativas en su proyecto de vida. Respetuoso y dedicado a sus actividades escolares”, son las palabras acompañan el retrato de Sergio, en el que luce el uniforme del colegio.
Veinte días después de ese crimen, la comunidad educativa de la Eduardo Santos recibió otra mala noticia: el 30 de marzo de 2013, al mediodía, desconocidos se llevaron a Juan Pablo Marín Llasno de una barbería en San Javier. Fue asesinado y su cuerpo apareció en otro sector de la Comuna 13. Estaba estudiando Ingeniería de Sistemas en el Instituto Tecnológico Metropolitano, y el 25 de abril celebraría sus 17 años. “Siempre fue un joven alegre e impetuoso. Era bastante crítico, no tragaba entero y solía argumentar con respeto. Fue un estudiante responsable y muy apreciado por sus compañeros”, así quedó registrado en el comunicado que emitió la institución para denunciar y lamentar el asesinato de este egresado.
En total la Eduardo Santos ha perdido a 28 de sus estudiantes en medio de la confrontación armada; algunos fueron asesinados y otros desaparecidos. Sus nombres están junto a los de Sergio Esteban y Juan Pablo en una línea de tiempo que recorre una de las paredes de la sala de reparación simbólica del museo. Ese recuento trágico empieza en el 2002, año en que se llevó a cabo la Operación Orión, y finaliza en el 2018, cuando se inauguró el Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13.
El año de Orión
Desde la oficina de Manuel López, rector de la Institución Educativa Eduardo Santos, se escucha la algarabía que sucede en la cancha y los salones. Los profesores y los estudiantes están preparando las canciones que presentarán en el Festival de Hip Hop Kolacho, un evento que organiza el colegio desde el 2011 para recordar el legado de Héctor Enrique Pacheco Marmolejo, más conocido como Kolacho, músico y líder juvenil, egresado de la institución, que fue asesinado el 24 de agosto del 2009. Mientras cada grupo ensaya las rimas que cantará en la edición 13 del festival, Manuel explica por qué la familia santista, como él la llama, decidió crear un museo escolar de la memoria: “Cuando nos dimos cuenta de que éramos una víctima colectiva, decidimos crear el MEM C13. Nos faltaban 28 estudiantes, jóvenes como Kolacho que fueron asesinados o desaparecidos. Nos mataron gente, nos causaron daños físicos y morales. En el momento en que fuimos conscientes de eso supimos que teníamos que contarlo”.
Para narrar esa historia, Manuel empieza con una descripción de la escuela que encontró en febrero de 1999, año en el que fue nombrado rector de una institución que solo ofrecía educación básica primaria. Era una casa vieja con un par de salones, ubicada a un costado de la parroquia de Todos los Santos. Su primera experiencia como docente fue en Urabá y había dejado la rectoría en la Institución Educativa La Asunción del barrio Santa Cruz, en Medellín, para asumir el reto de convertir la escuelita del barrio Eduardo Santos en un colegio con bachillerato.
“En ese entonces la escuelita estaba rodeada de laderas enmontadas, de zonas verdes, era muy tranquilo. A esas laderas fueron llegando los desplazados, familias que venían, principalmente, del Chocó, pero también del Bajo Cauca, el Magdalena Medio y el Urabá”, recuerda Manuel.
La escuela del barrio era muy pequeña para atender a los niños y jóvenes que no paraban de llegar en busca de una comunidad que los acogiera. Manuel expuso la situación en una sesión del Concejo de Medellín, pues había recursos disponibles para la construcción de diez colegios en distintos sectores de la ciudad. Las obras comenzaron en enero del 2000 y en noviembre se abrieron las puertas de la Institución Educativa Eduardo Santos. En el 2001 llegaron nuevos maestros y los estudiantes tenían aulas y espacios adecuados para estudiar, jugar y practicar deportes. Se suponía que la estadía de Manuel en el barrio era temporal; después de cumplir su misión podía solicitar un traslado, como se lo habían prometido en la Secretaría de Educación, pero decidió quedarse: “Me amañé porque vi la posibilidad de hacer cosas. La gente le ve a uno ganas y empieza a trabajar”.
Ese mismo año, mientras el nuevo colegio se integraba a la comunidad del barrio Eduardo Santos, el conflicto armado se agudizó en Medellín y la Comuna 13 empezó a sentir el rigor de la violencia. En agosto, en una de las reuniones habituales de los rectores de las instituciones educativas de la zona, el director de la escuela El Refugio del Niño denunció que grupos paramilitares entraron en camiones por El Tejar, en el barrio Belencito. En sus recorridos intimidaban a la gente, reclutaban muchachos y se enfrentaban a los miembros de los Comandos Armados del Pueblo —CAP—, que ejercían control social y territorial en varios sectores de la comuna desde 1995. “Le dijimos que se tranquilizara, que esa situación se debía a la presencia del Bloque Cacique Nutibara en la ciudad y que sería algo pasajero, pero no fue así. Él estaba muy alarmado y en todas las reuniones nos decía lo mismo: que su escuela y la comunidad estaban en medio de ese conflicto”, recuerda Manuel.
A comienzos del 2002 las quejas ya no eran solo del director de El Refugio del Niño; el rector de la Institución Educativa Pedro J. Gómez les dijo a sus compañeros que los grupos armados estaban acorralando a la comunidad. Además del cerco paramilitar, en la comuna se desplegó una ofensiva militar para expulsar por la fuerza a los grupos insurgentes, una estrategia que se puso en marcha cuando Álvaro Uribe asumió la presidencia, y que contó con el apoyo de Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de la ciudad en ese entonces. “La guerra comenzó en febrero del 2002. Los paramilitares ya estaban instalados en Belencito, en San Cristóbal. Empezaron a descender hasta que llegaron a Guadarrama, a unos 200 metros del colegio. Los directores de las instituciones educativas de la zona alertamos a la Secretaría de Educación: ‘¡Pilas! Las confrontaciones entre los grupos armados están afectando a la comunidad y las escuelas están en medio de ese fuego cruzado’. No nos escucharon”, cuenta Manuel.
Las incursiones militares aumentaron la zozobra. A cualquier hora del día se escuchaban ráfagas de fusil y se veían hombres uniformados. Los niños no podían ir a los colegios y los profesores, aterrorizados, empezaron a pedir que los trasladaran.
En marzo, después de la Operación Marfil, los miembros de la comunidad educativa organizaron las Jornadas por la Vida y la Educación. Profesores y estudiantes marcharon por las calles y se reunieron en San Javier para exigir un cese al fuego. Los reclamos de la comunidad no fueron escuchados. El 21 de mayo se llevó a cabo la Operación Mariscal, una de las más violentas. Los habitantes de la Comuna 13 sacaron trapos y sábanas blancas para pedirles a los actores del conflicto que detuvieran el enfrentamiento armado, que empezó en la madrugada y duro cerca de doce horas.
Después de la operación Mariscal solo se quedaron los profesores de las instituciones educativas Eduardo Santos y Las Independencias. En otros colegios, las plazas que estaban vacantes fueron cubiertas por maestros de una corporación privada, que dictaban clases cuando se podía. “A mitad de año paralizamos las actividades académicas por completo. El secretario de Gobierno nos decía: ‘Regresan a clase o los trasladamos a todos’. No hicimos caso y empezamos a redactar manifiestos por la vida”, cuenta Manuel, mientras busca en los cajones de su escritorio algunas carpetas y una agenda del 2002 en la que anotaba, día a día, lo que pasaba con las instituciones educativas en la Comuna 13.
“No reiniciamos actividades escolares hasta que se generen las garantías necesarias de protección a la vida de la población y se manifieste explícita y públicamente el respeto por las instituciones educativas, sus docentes y la comunidad por parte de todos los actores armados”, lee Manuel en uno de los manifiestos por la vida y la dignidad que conserva en su archivo.
Esas exigencias, finalmente, fueron atendidas por la administración municipal. Los rectores y los maestros pedían la intervención de un mediador que ayudara a ponerle fin a la confrontación armada en la comuna, labor que asumió José Luis Arroyave Restrepo, un sacerdote que lideraba procesos sociales y humanitarios en Medellín. Todos los días los directores de las escuelas y los rectores de la Eduardo Santos y Las Independencias se reunían con el padre en la Secretaría de Educación. En la agenda de Manuel, como si se tratara de un acta, quedaron registrados los temas que se abordaron en esos encuentros; por ejemplo, en la página del 28 agosto del 2002, escribió las denuncias y las solicitudes que hizo el director de El Refugio del Niño:
“Ayer tuvimos enfrentamientos muy fuertes de ocho a doce. Hay un éxodo de la población vecina. Los niños necesitan atención psicológica”.
Cuando salían de las reuniones en la Secretaría de Educación, los rectores y directores, si era posible, asistían a sus colegios. Manuel y los profesores de la Eduardo Santos diseñaron un protocolo para compartir información, encontrarse en puntos estratégicos y llegar juntos a la institución. Las clases se dictaban en medio de la zozobra. En cualquier momento se escuchaban los disparos. Los maestros, siguiendo la recomendación que les había hecho el Comité Internacional de la Cruz Roja, daban la instrucción de “pecho a tierra” y los estudiantes se acostaban en el piso boca abajo; algunos lograban distraerse con juegos de mesa mientras paraban los enfrentamientos.
Así lo recuerda Manuel: “Para ese momento vivíamos en medio de una guerra abierta. Los paramilitares atacaban por todos lados, y los operativos militares del ejército, la fuerza pública y la inteligencia del Estado no paraban. Todos estaban juntos, porque es innegable que se aliaron para atacar a las milicias. Lo grave era que todo ciudadano de la Comuna 13 era sospechoso de ser guerrillero”, dice.
Manuel sigue hojeando su agenda y se detiene en la página del 20 de septiembre del 2002. Ese día, como de costumbre, los rectores y directores se reunieron con el padre José Luis Arroyave en la Secretaría de Educación: “Nos dijo que se sentía con los brazos atados, porque los paramilitares y los milicianos estaban dispuestos a permitir que la población civil pudiera ir tranquila a los colegios o a sus trabajos, pero que no había podido convencer al general Mario Montoya —comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2001 y 2006—. Nos propuso que nos reuniéramos con ‘Don Berna’ porque a él sí lo escuchaba el gobierno”. Cuando terminó la reunión, Manuel se fue para el colegio y antes de llegar recibió un mensaje en su beeper:
“Asesinaron al padre José Luis Arroyave cerca de la iglesia del barrio Juan XXIII”.
Las reuniones en la Secretaría de Educación continuaron. Casi un mes después del asesinato del padre, entre el 16 y el 17 de octubre, se llevó a cabo la Operación Orión, la acción militar urbana de mayor impacto del conflicto armado en Colombia. Más de 1500 efectivos de la fuerza pública y organismos judiciales, junto a informantes encapuchados, participaron de esta intervención contra presuntos colaboradores de las guerrillas, una incursión que dejó como resultado desapariciones, detenciones arbitrarias, allanamientos, civiles heridos y por lo menos diez personas asesinadas.
Aunque la Operación Orión significó la derrota de las guerrillas, no fue el fin del conflicto armado en la Comuna 13. El Bloque Cacique Nutibara copó los espacios que dejaron las milicias urbanas hasta su desmovilización, en diciembre de 2003. “La guerra era más silenciosa, pero no paró. Cuando extraditaron a los jefes paramilitares, el poder se atomizó en los barrios”, dice Manuel.
En medio de esas disputas y de las fronteras invisibles que se trazaron en la Comuna 13, los profesores y estudiantes de la Institución Educativa Eduardo Santos continuaron con sus labores. En muchas ocasiones, Manuel y sus compañeros hicieron todo lo posible para proteger a los jóvenes que estaban en riesgo: los sacaban del colegio en el baúl de un carro y los llevaban hasta la estación del metro de San Javier para que salieran de la comuna; sin embargo, 28 estudiantes, entre ellos Juan Pablo y Sergio Esteban, perdieron la vida.
Un espacio para la memoria
Francis Gallo, estudiante de la Institución Educativa Eduardo Santos, sale del salón antes de que termine la clase. Es una de las integrantes del equipo juvenil del Museo Escolar de la Memoria de la Comuna 13 y debe cumplir una cita. Al mediodía llega un grupo de la Institución Universitaria de Envigado que programó un recorrido por el MEM C13. Mientras espera a los invitados, revisa junto a dos de sus profesores el guion museográfico para definir qué parte del relato les corresponde narrar.
Unos quince estudiantes de Derecho se reúnen al lado de Francis. Después de darles la bienvenida, les muestra un mapa de la Comuna 13 dibujado en una cartelera. Les explica dónde está ubicado el colegio y les señala la Pedro J. Gómez, que después de la Operación Orión se convirtió en una sede de la Eduardo Santos. También les muestra otros lugares de la comuna: San Cristóbal, El Salado, Belencito y La Escombrera.
Después de la introducción, la profesora Luisa Pérez le pide al grupo que ingrese al MEM C13. La puerta de acceso está al frente de la tienda escolar y es la misma que lleva a la oficina del rector. En el primer piso, antes de iniciar el recorrido, explica por qué es importante reconstruir la memoria del conflicto armado en un colegio de la Comuna 13: “El museo nació con el propósito de construir procesos de recuperación y conservación de la memoria sobre el conflicto armado que ha vivido la comuna; además, es una apuesta de formación pedagógica que busca crear escenarios de reconciliación, paz y transformación social”.
Las palabras con las que la profesora Luisa presenta el MEM C13 son las mismas que discutieron Manuel y otros dos maestros de la institución cuando viajaron a la Universidad de La Plata, en Argentina, a estudiar un doctorado. Manuel ya había presentado en varios escenarios la propuesta pedagógica alternativa que implementó la Eduardo Santos en el 2002 para atender a sus estudiantes en medio de la confrontación armada, un paquete de módulos que permitían que los alumnos estudiaran desde sus casas cuando no podían ir al colegio. Manuel sabía que la institución debía hacer algo con toda la información que tenían: “Cuando empezamos a estudiar el doctorado nos dimos cuenta de que en Argentina los estudiantes de bachillerato tenían muy claro que la dictadura no se podía repetir. Eso nos impactó mucho y nos llevó a concluir que en el colegio teníamos que hacer algo con la memoria”.
Después de muchas conversaciones concluyeron que un museo les permitiría contar la historia “no oficial” del conflicto armado en la Comuna 13; sobre todo, porque los estudiantes —los hijos y nietos de Orión, como les dice Manuel— no sabían lo que había pasado en sus barrios, no les habían contado de los vecinos que tuvieron que dejar sus casas, de las familias que siguen buscando a sus seres queridos ni de los jóvenes que fueron asesinados: “Nos dimos cuenta de que la única información que tenían la veían en televisión o en esos recorridos turísticos que solo explotan y venden un estigma de la comuna. Lo que nosotros queríamos era construir un relato con las voces de las víctimas, un espacio para honrar la memoria de los 28 estudiantes y egresados que perdimos, una apuesta pedagógica enfocada en la memoria”, explica Manuel.
En el 2018 presentaron la propuesta y otros maestros se sumaron al proyecto. Lo primero fue definir el espacio y hacer un guion que trazara el recorrido por el museo. La exposición permanente es un mural que cuenta la historia de la Comuna 13: los primeros pobladores, la diversidad cultural del territorio, el costumbrismo paisa, la vieja política, la sombra de Orión y el poder de la educación son algunas de las escenas que pintó un grupo de estudiantes con el acompañamiento del artista ibaguereño Germán Niño Gualdrón. Los visitantes pueden ver cada uno de estos cuadros mientras suben las escaleras que llevan al tercer piso, donde está la rectoría.
El grupo de la Institución Universitaria de Envigado observa una de las pinturas del mural: una pared de ladrillos protege la escuela; de un lado están los jóvenes y los niños en un ambiente tranquilo, algunos leen y otros elevan cometas; atrás están las escenas que muestran el horror del conflicto: las ráfagas de fusil que caían de los helicópteros en medio de la Operación Orión, los hombres encapuchados que recorrían las calles y algunos símbolos de la corrupción política. El profesor Pablo Henao, que acompaña a Luisa y a Francis en la mediación, explica que ese cuadro representa el compromiso que la Institución Educativa Eduardo Santos tiene con las nuevas generaciones de la Comuna 13: “Esa pared que ustedes ven dibujada es una barrera que separa a nuestros estudiantes de la violencia; además, nos muestra que la educación es una herramienta para promover acciones paz. Desde nuestras aulas, queremos construir una comuna diferente”.
El recorrido por el MEM C13 finaliza en la sala de reparación simbólica, una muestra temporal que se renueva cada año desde su inauguración en el 2018. El 16 octubre —Día Distrital de la Memoria y fecha en la que se conmemora a las víctimas de la Operación Orión— la comunidad educativa de la Eduardo Santos se reúne para presentarle a la ciudad los resultados de los proyectos que desarrollan en los distintos cursos. En esta sala exhiben testimonios, muestras artísticas, fotografías y mensajes que reiteran el propósito del Museo Escolar de la Memoria: “Que la violencia no saque de las aulas a los niños y jóvenes, y que ni uno más pierda la vida por la guerra”.