La JEP está investigando la victimización de miembros de la Unión Patriótica en el marco del caso 06. Las víctimas solicitan mayor avance en las investigaciones y que se evalúen correctamente las medidas restaurativas.
Por Fabián Uribe Betancur
Fotos: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Caso 06 investiga la violencia, los homicidios y las desapariciones forzadas cometidas contra los integrantes de la Unión Patriótica, UP, por agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares, en su mayoría por motivos e intereses políticos o ideológicos.
Entre los antecedentes para la apertura de esta investigación está la expedición de dos medidas cautelares sobre el Archivo General de la Nación por parte la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, SRVR, de la JEP, el 13 de diciembre de 2018: la primera fue una solicitud de acceso a los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS; la segunda, una solicitud de información a la Dirección Especializada contra las Violaciones de Derechos Humanos, la Dirección de Políticas y Estrategia y la Dirección Seccional del Meta de la Fiscalía General de la Nación.
Oficialmente el caso comenzó el 6 de febrero de 2019 a través del Auto 027, a partir de tres informes recolectados por la JEP: Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado de la Fiscalía General de la Nación; ¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional de la Corporación Reiniciar; y Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002 del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En rueda de prensa, la magistrada Catalina Díaz dijo, el 4 de marzo de 2019, que los tres informes anotan que los crímenes cometidos contra la UP constituyeron una práctica generalizada que buscaba el exterminio del partido político y de sus integrantes. “Fueron víctimas de violencia sistemática, padecieron conductas que atentaron contra su derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física, sexual y psicológica”, expresó la magistrada, y agregó que los perfiles de las víctimas eran líderes sociales, dirigentes, activistas y campesinos.
En particular, el informe de la Fiscalía establece que las investigaciones en la justicia ordinaria han sido insuficientes para establecer la responsabilidad de los autores de los hechos victimizantes. En las 246 sentencias emitidas por la Justicia, han sido condenados 2 agentes del DAS, 16 miembros del Ejército Nacional y 10 agentes de la Policía.
En el Auto 027, de apertura del caso, la SRVR identificó entre los responsables a un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia, que se acogieron a la JEP por víctimas de miembros de la UP. La Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas decide el acogimiento de un mayor y un sargento mayor.
Luz Stella Aponte, directora de la Corporación Reiniciar, en entrevista con Hacemos Memoria, destacó la apertura y existencia del Caso 06 de la JEP y la investigación inicial de la SRVR, porque permite comprender cómo fueron vulnerados el partido político y su base social, que “también afectó a la democracia”, expresó.
No obstante, según Aponte, aún hay una deuda pendiente en este trámite por parte de la jurisdicción: “Esperamos que en el transcurso de las definiciones del caso salga a flote y se declare que esto fue un genocidio”, puntualizó.
En mayo de 2018, la Corporación Reiniciar lanzó el informe «¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional», centrado en las víctimas de la Unión Patriótica (UP).
Los pormenores del caso
La Unión Patriótica, UP, surgió como partido político en 1985, fruto de los diálogos de paz de La Uribe, Meta, entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, “como parte de un acuerdo para ampliar la participación política a sectores marginados y a la vez como mecanismo de transición —de las armas a la política— de las FARC”, explica el informe citado del CNMH.
Según datos del informe de la Fiscalía General de la Nación, 1620 dirigentes, militantes y simpatizantes de esta organización política fueron víctimas de desaparición forzada o asesinados. Sin embargo, la JEP logró identificar un universo de 5733 personas afectadas en 2019.
Según la SRVR, el Caso 06 tiene, hasta la fecha, 297 víctimas individuales acreditadas de las cuales 4 son colectivas, entre las que se destacan: el Partido Unión Patriótica, UP; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera Petroquímica y Agrocombustible y Energética, Sintramienergética; el Partido Comunista Colombiano, PCC, y la agremiación Central Nacional Provivienda, Cenaprov.
Una de las primeras acciones de la JEP en este caso ocurrió el 22 de marzo de 2019, cuando la SRVR le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas una solicitud de acogimiento del general retirado de la Policía Miguel Alfredo Maza Márquez, quien fue director del DAS entre 1985 y 1999. Esta diligencia tenía como propósito determinar qué alcance e impacto tuvieron los vínculos probados por la Corte Suprema de Justicia entre el general retirado y los paramilitares del Magdalena Medio, al mando de Henry Pérez, y cómo esta alianza criminal fue funcional al aparato que desató la violencia contra los miembros de la Unión Patriótica.
Sin embargo, Maza Márquez aceptó que no tenía información relevante que aportar a las investigaciones adelantadas por la JEP, por lo que la Sala de Definición rechazó en el 2022 su sometimiento a la jurisdicción. Ya en el 2016, la Corte Suprema de Justicia había sentenciado al general retirado a 30 años de prisión y 10 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, por considerarlo coautor de los asesinatos del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y el concejal de Soacha Julio César Peñaloza.
A pesar del rechazo de la Sala de Definición, la JEP precisó que ello no sería impedimento para procesarlo como máximo responsable en el Caso 06, donde está siendo investigado y ha sido convocado a declarar en varias ocasiones. Al respecto, la directora de Reiniciar expresó: “Nosotros alegamos que Maza en su condición de general retirado de la Policía y exdirector del DAS debió de ser un compareciente obligado, pero esa pelea jurídica la perdimos”.
También es relevante dentro del Caso 06 que la SRVR desarrolló audiencias con víctimas de la UP en el exilio, para conocer de viva voz lo que habían padecido. Según Aponte, personas que debieron refugiarse en Buenos Aires, Madrid, Toronto y Ginebra, entre otras ciudades extranjeras, aportaron sus versiones que permitirán a la magistratura “ahondar en ciertos elementos que luego van a ser contrastados con las versiones de comparecientes”.
Entre las consecuencias sufridas por miembros de la UP, se encuentra que los proyectos colectivos y las formas de organización se vieron afectadas, principalmente a raíz del homicidio de sus integrantes y de otras conductas violentas en contra de sus militantes.
Por todo ello, los miembros directivos renunciaron a sus cargos, así como el partido se vio forzado a buscar coaliciones electorales en vez de participar a nombre propio en la contienda democrática y decidió marginarse de la participación política por falta de garantías, lo que se opone al espíritu que lo originó. La Unión Patriótica pasó de ser el partido político con la mayor votación histórica en 1986 por la izquierda democrática del país a perder su personería jurídica en 2002. Esta personería fue recuperada en 2013 gracias a un fallo del Consejo de Estado.
En julio de 2021, la SRVR le solicitó a la Registraduría Nacional que enviara las bases de datos oficiales con los resultados y las tarjetas electorales de las elecciones locales (Gobernación, Asamblea, Alcaldía, Concejo) y del Congreso realizadas entre 1986 y 1992, así como la lista de candidatos de la UP para evaluar las afectaciones al partido. La recopilación de estos datos es crucial para evaluar posibles irregularidades o afectaciones que hayan podido influir en los resultados electorales y en la participación del partido en la política nacional y local durante ese periodo.
Las víctimas de la Unión Patriótica entrevistadas en octubre de 2019 y actualmente en exilio, tuvieron que salir de Colombia entre 1987 y 2004.
De la priorización a la restauración
Luego de todas estas acciones de investigación, el 7 de julio de 2022, la SRVR determinó y caracterizó el universo provisional de hechos y adoptó la priorización interna del caso. Según el Auto 075, “La Sala identificó 5733 víctimas únicas de violencia letal (homicidio o desaparición forzada), principalmente hombres. La magnitud de la victimización permite afirmar que se trató de una violencia masiva y generalizada”, y que los principales ataques contra miembros de la Unión Patriótica ocurrieron en regiones como Magdalena Medio, Urabá, Meta, la costa Caribe, el noreste y nordeste de Antioquia, y el sur del país.
Por ello la investigación en el Caso 06 se desarrolla siguiendo cinco zonas de afectación: Magdalena Medio y Nordeste antioqueño; Ariari – Guayabero y piedemonte llanero; Cundinamarca y Sumapaz; el municipio de Apartadó en Urabá; y Tolima (entre 2003 y 2006).
Aponte insistió en que es necesario que haya mayor celeridad en los procesos dentro del Caso 06, porque hay demoras o dilatación en las versiones libres de los comparecientes, lo que conlleva a que no se expidan otras medidas como la determinación de hechos y conductas o la resolución de conclusiones. “Buena parte de los expedientes que están en la jurisdicción provienen de la justicia ordinaria. Lo que la JEP evidencia hoy en día es la falta de trabajo y compromiso de la justicia ordinaria”, señaló.
De momento, este caso se encuentra en la etapa dialógica, en la que se han recibido versiones de los comparecientes y testimonios de las víctimas, y se han rendido jornadas de ampliación de informe mixto.
En esta fase los comparecientes han propuesto varios proyectos restaurativos, pero, según la representante de las víctimas, la Unión Patriótica no se ve representada ni en estos proyectos ni en las siete líneas del sistema restaurativo de la JEP. “Lo que han ofrecido los militares es hacer un curso de derechos humanos, emitir cuñas radiales o crear un bosque en homenaje a las víctimas. Sin embargo, nosotros no nos sentimos representados ahí, y consideramos que estas acciones no son transformadoras ni reparan a las víctimas”, aclaró Aponte.
Se espera que la fase dialógica continúe a lo largo de este año. Hasta la fecha, el Caso 06 cuenta con 45 comparecientes vinculados mediante providencia y se han acreditado 332 víctimas.