El reclutamiento y la utilización de niños y niñas en el conflicto armado hacen parte de las investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el Caso 07. Este caso se subdivide entre las acciones de la fuerza pública y las de las FARC. Las organizaciones de víctimas piden que se avance en ambos subcasos.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: JEP
El Caso 07: Reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se abrió el 1 de marzo de 2019, a través del Auto 029 de 2019.
Para su apertura, la Sala de Reconocimiento de Verdad, SRVR, de la JEP recogió 31 bases de datos de 45 informes de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Organización Indígena de Colombia, el Centro de Cooperación Indígena y la Coalición contra la Vinculación de Niñas, Niños y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia, Coalico.
En el caso se priorizó el periodo de 1996 a 2016, ya que concentra el mayor número de hechos investigados en el caso, y esto permite evidenciar con mayor claridad la gravedad y representatividad de estos crímenes. Además de la temporalidad, se priorizaron tres grupos de hechos victimizantes relacionadas con el reclutamiento de menores: la violencia sexual y basada en género; la desaparición forzada y el homicidio; la tortura, los tratos crueles, humillantes y degradantes, y otros actos inhumanos.
Después de cruzar los datos iniciales de las bases de datos, la SRVR definió que era necesario diseñar una estrategia de investigación para poder determinar la responsabilidad de los perpetradores: la división en dos subcasos: uno relacionado con las violaciones cometidas por las FARC-EP y el otro que observa la responsabilidad de los miembros de la fuerza pública.
Para Hilda Molano, abogada y coordinadora de la secretaría técnica de Coalico, así como comisionada del sector de niños, niñas y adolescentes de la comisión asesora de Derechos Humanos y Paz de la Defensoría del Pueblo, la apertura del Caso 07 es significativa porque abarca los hechos victimizantes cometidos por grupos armados tanto ilegales como legales. “Este tipo de posiciones contribuyen, sobre todo, a la no repetición. Era entrar a comprender cómo un fenómeno o una violación, que en principio se adscribe a lo ilegal, sí tenía una responsabilidad directa en la cotidianidad del conflicto, como el nuestro, y que no podíamos negar que la fuerza pública también cometía estos actos”, dijo al ser consultada para este artículo.
Basándose en la información recopilada en los informes, la JEP expidió el Auto 159 del 4 de agosto de 2021, donde se recoge el universo provisional de hechos del subcaso FARC, en el que hasta entonces había 274 víctimas acreditadas. Año y medio después, el 23 de febrero de 2023, expidió también el Auto 046 que presenta el universo provisional de hechos en los casos relacionados con agentes de la fuerza pública.
Entre ambos autos, en febrero de 2022, la Sala de Reconocimiento abrió la línea de investigación: “Discriminación y violencias en contra de niños y niñas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el marco del reclutamiento”; para entonces ya se habían acreditado 400 víctimas en el Caso 07, de las cuales 68 sufrieron diferentes tipos de violencia sexual y de género.
La apertura de esta línea se anunció durante la entrega del informe elaborado por la organización Caribe Afirmativo, titulado A nadie le deseo lo que viví: informe sobre reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas en el conflicto armado en Colombia, el 10 de febrero de 2022.
En ese evento, la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, relatora en el Caso 07, expresó: “La Sala ha encontrado un llamado concreto a visibilizar las experiencias de vida, las demandas de justicia y las afectaciones sufridas, y hasta hoy silenciadas, de víctimas de reclutamiento que tienen una orientación sexual diversa”.
El Caso 07 investiga también la violencia y esclavitud sexual; la planificación y realización de abortos forzados; la imposición de trabajos incompatibles con la condición de niños, así como trabajos forzados y fusilamientos, entre otros aspectos. Foto: JEP.
Hasta el momento, el subcaso FARC sobre el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado ha experimentado mayores progresos en comparación con el subcaso de responsabilidades de la fuerza pública. En el primer subcaso se han expedido autos con identificación de hechos victimizantes, se ha avanzado en la acreditación de víctimas y se ha llamado a rendir versiones a los comparecientes.
Juan Manuel Martínez, abogado y líder del equipo de representación de víctimas por parte de la secretaría técnica de Coalico, explicó que en el subcaso de la fuerza pública hasta la fecha solo se ha expedido el Auto 046, en febrero de 2023, relacionado con la construcción del universo provisional de hechos. “El subcaso de la fuerza pública no tiene ninguna persona vinculada como compareciente, no hay ni una solo versión voluntaria rendida, tampoco hay una estrategia delimitada de investigación, lo que nos da un panorama muy oscuro del futuro del subcaso”, dijo.
El abogado de las víctimas agregó que ese Auto 046 tiene poca investigación, pues está sustentado en hechos o informaciones que provienen del Caso 03 de la JEP, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. “El universo provisional de hechos es muy pobre: solo da 90 casos, y la mayoría viene del caso de los mal llamados falsos positivos. Porque muchos de los muchachos fueron presentados como bajas de forma ilegítima o fueron reclutados por el Ejército. Este auto es muy pobre de investigación. A la Sala le falta una actitud más seria en el subcaso fuerza pública”, señaló Martínez.
¿En qué va el subcaso FARC?
En agosto del 2021, la JEP estimó que 18 677 personas fueron reclutadas siendo niños, niñas y adolescentes por las FARC, a lo largo del conflicto armado. Casi la mitad de estos reclutamientos han sido atribuidos al bloque Oriental en los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés.
Los bloques Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe reclutaron al 52% de estas personas. Por ello, la Sala decidió priorizar la investigación de forma territorial en los departamentos de Arauca, Cundinamarca, Meta, Caquetá, Boyacá y Guaviare, donde se encuentran 166 resguardos de 60 pueblos indígenas.
En el 2021, la SRVR llamó a 47 exintegrantes de estos bloques guerrilleros a rendir versión. Entre los comparecientes se encuentran: Rodrigo Granda Escobar (alias Ricardo Téllez), Victoria Sandino (senadora en 2018-2022), Jairo Reinaldo Cala (representante a la Cámara en 2018-2022) y Guillermo Enrique Torres (alias Julián Conrado, alcalde de Turbaco en 2020-2023).
Además, la JEP se ha articulado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, para coordinar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes reclutados. La JEP ha compartido información sobre 135 casos y trabaja junto a la UBPD y Medicina Legal en la identificación de 47 cuerpos recuperados en La Unión Peneya, en Montañita, Caquetá.
Dificultades
En el 2023, la defensa nacional de los firmantes del Acuerdo de Paz radicó un documento en el que solicitó, en segunda instancia, la remoción de la magistrada Lily Rueda en el Caso 07, argumentando falta de imparcialidad.
De acuerdo con Martínez, abogado líder del equipo de representación de las víctimas por parte de Coalico, este caso se vio afectado por la solicitud de recusación que elevaron los comparecientes de las antiguas FARC contra la magistrada relatora del caso en octubre del 2023.
“Los comparecientes de las FARC han cuestionado la idoneidad de la magistrada Rueda como relatora o como persona que dirige el caso, y en ese sentido han cuestionado también las metodologías que se han usado especialmente en materia de violencia sexual, no de determinación de hechos de violencia sexual”, expresó el abogado Martínez.
¿Qué sigue ahora?
La SRVR negó la recusación presentada por la defensa de varios comparecientes contra la magistrada Lily Rueda, el 24 de enero de 2024. En su decisión, mediante el Auto 1592, indica que no se demostró la existencia de un interés personal, especial y actuar por parte de la magistrada al haber abrazado a varias víctimas.
La JEP reanudó en marzo de 2024 el caso mediante la acreditación de víctimas individuales y colectivas, entre ellos el reconocimiento como víctimas al Resguardo Motilón del Pueblo Barí, en Norte de Santander, que incluye a más de 2400 habitantes.
El abogado Martínez espera que el subcaso FARC avance en las diligencias, pero también señala que existe un cuestionamiento por parte de las víctimas por las demoras en las expediciones de los autos, en comparación con otras investigaciones desarrolladas por la JEP.
“El Caso 01 se acerca a las sentencias de los mismos sujetos (FARC) que están siendo investigados en el Caso 07. Sin embargo, en el Caso 07, no hay un auto importante en materia de determinación de la responsabilidad de carácter individual: la expedición del auto que determina los hechos y conductas. Estas demoras están siendo objeto de críticas por parte de las víctimas”, puntualizó Martínez, integrante de Coalico.
La JEP está reprogramando todas las citas postergadas, para fijar nuevas fechas y continuar con la investigación, el juicio y la imposición de sanciones por estos crímenes. Hasta ahora, la Jurisdicción ha informado que 3973 víctimas están acreditadas por hechos relacionados con reclutamiento de menores.