El Caso 04 investiga las masacres, la desaparición forzada, los antes denominados “falsos positivos”, el reclutamiento de menores y los asesinatos selectivos, entre otros hechos violentos, ocurridos durante el conflicto armado en diez municipios de Antioquia y Chocó, en la región de Urabá, de los que hasta ahora se han acreditado 46 709 víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz ha vinculado a 327 personas, principalmente de las extintas FARC y del Ejército, como comparecientes.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: JEP
La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, SRVR, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, abrió el Caso 04 a través del Auto 040, el 11 de septiembre de 2018, que denominó “Situación territorial de la región de Urabá”, a partir del análisis de 29 informes, entre cuyas fuentes están la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), la Corporación Reiniciar, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Ruta Pacífica de las Mujeres.
Este caso prioriza la situación territorial de la región de Urabá a partir de los hechos del conflicto armado ocurridos entre 1986 y 2016, en diez municipios: Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en Antioquia, y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí en Chocó.
Según el Auto 040, la delimitación de este territorio obedece a su importancia en el conflicto armado, “por su ubicación geoestratégica determinada por su conexión con el golfo de Urabá”. Estos municipios, por una parte, “son polos de desarrollo en infraestructura de conexión intercontinental e interoceánica por sus rutas de acceso y corredores estrechamente asociados al puerto de Urabá”, y por otra, “son concebidos como potencia económica de Antioquia y puerta de desarrollo nacional, con actividades económicas en expansión, entre ellas el comercio internacional, el turismo, la explotación de recursos naturales, los proyectos agroindustriales de banano, maderables y palma de aceite, la extracción minera y de recursos hídricos, a los que se suma una economía ilegal sumergida, caracterizada por el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, todo lo cual genera profundas tensiones y conflictos por la disputa y control territorial”, agrega el documento.
Este es uno de los tres casos territoriales que ha abierto la JEP, por la gravedad de la victimización que padecieron sus habitantes a lo largo del conflicto; además de Urabá, están los casos del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca (Caso 05), y el de los municipios de Barbacoas, Ricaurte y Tumaco en Nariño (Caso 02).
Entre los hechos victimizantes que afectaron a la población de esta zona del Noroccidente colombiano se encuentran: el desplazamiento forzado, los daños ambientales, la desaparición forzada, los homicidios múltiples, el reclutamiento, la privación grave de la libertad física, las violencias basadas en género, la violencia sexual y la tortura.
A través de 27 autos emitidos por la SRVR en el Caso 04, se han acreditado 46 709 víctimas, habitantes de consejos comunitarios, organizaciones étnicas afrodescendientes, organizaciones campesinas y sindicales, pueblos y territorios indígenas (Emberá, Wounaan, Sinú y Guna Dule).
A la fecha, han comparecido como responsables integrantes de los frentes 5, 34 y 57 del Bloque José María Córdova de las FARC y sus respectivas unidades móviles, así como miembros de la Brigada XVII del Ejército Nacional.
En total, 153 exmiembros de las extintas FARC, 165 miembros activos e inactivos de la fuerza pública y 9 terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública están formalmente vinculados en el Caso 04 de la JEP.
En sus diligencias, presididas por la magistrada relatora Nadiezhda Henríquez, la JEP ha hallado que en el territorio del Caso 04 “comenzaron a diseñarse e implementarse muchos de los modelos criminales que luego fueron llevados a otros territorios de Colombia, como las masacres, la desaparición forzada, los antiguamente denominados ‘falsos positivos’ y los asesinatos selectivos, entre otras formas de violencia”, razón por la cual algunos de sus hechos han merecido investigación aparte y han formado nuevos casos en el tribunal. Así, por ejemplo, surgió el Caso Conjunto 03 y 04, que abarca información procedente del Caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales, y del Caso 04, por su ocurrencia en la región de Urabá.
Avances del Caso Conjunto 03 y 04
En el Caso Conjunto 03 y 04 confluyen las investigaciones alrededor de los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado y los hechos victimizantes de la región de Urabá, especialmente vinculados al cementerio Las Mercedes de Dabeiba, entre 1997 y 2007.
Al respecto, el 20 de marzo de 2024, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas profirió la Resolución de Conclusiones, en la que declara cerrada la etapa de reconocimiento de verdad y de responsabilidad por parte de los comparecientes que fueron identificados como máximos responsables en el Auto 01 del 11 de julio de 2022. Ocho de ellos, considera el tribunal, han aportado verdad completa, detallada y exhaustiva, así como han reconocido su responsabilidad penal individual.
En este Caso Conjunto, 18 comparecientes —algunos de los cuales también aportan información al Caso 04— hacen parte del proyecto restaurativo “Horizontes seguros”, que apoya la búsqueda de desaparecidos en Urabá y promueve la educación sobre riesgo de minas antipersonal.
¿En qué va el Caso 04?
Para el 30 de julio de 2019, la SRVR, mediante el Auto 175, decretó medidas cautelares en favor de las comunidades del pueblo indígena del Alto Guayabal-Corredorcito, del Resguardo Urada-Jiguamiandó, que fueron solicitadas por las Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Las medidas estaban dirigidas a evitar daños irreparables que pudieran sufrir las personas y colectivos de estas comunidades indígenas, que se encontraban en medio de hostigamientos entre grupos armados. También se buscaba asegurar su participación ante la JEP, que se pudieran acreditar como víctimas y así acceder a la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Asimismo, la JEP ordenó medidas cautelares sobre los cementerios de Mutatá y Carepa, el 11 de julio de 2023, con el fin de proteger posibles cuerpos de víctimas de desaparición forzada que fueron dispuestos allí tras ser asesinadas por el Batallón de Contraguerrillas 79 del Ejército, como en acciones armadas de otros grupos.
Hasta febrero de este año, los comparecientes y las pesquisas adelantadas por la JEP habían señalado 32 puntos de interés forense, 27 de ellos en Carepa. Allí, la jurisdicción trabaja de la mano con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Medicina Legal y la Unidad de Víctimas, para avanzar en el hallazgo de los desaparecidos en el contexto del conflicto armado.
Entre el 19 y el 23 de febrero, la Unidad de Investigación y Acusación realizó las actividades de caracterización del cementerio de Mutatá, donde los expertos hallaron 8 nuevos puntos de interés forense. En paralelo a esta intervención, la JEP atendió a 45 familias de personas desaparecidas, entre ellas 12 de pertenencia indígena.
Hasta la fecha, el Caso 04 se encuentra en fase de investigación y contrastación de la información. Están en espera de iniciarse las versiones libres de los comparecientes y la expedición del auto que determina y califica los hechos y conductas.