El Gobierno actualmente tiene dos mesas de diálogo abiertas con dos estructuras armadas, que buscan una salida negociada al remanente conflicto armado colombiano, luego de la desmovilización de las AUC en el 2005 y el Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC-EP en el 2016. Hacemos Memoria consultó a los expertos Germán Valencia y Fernando Hernández acerca de cómo las experiencias de procesos de paz previos en el país pueden contribuir al avance de las negociaciones actuales.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Corporación Nuevo Arco Iris
El Gobierno colombiano adelanta, en el contexto de la Paz Total, diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Estado Mayor Central, EMC, dos organizaciones guerrilleras; la primera surgida al final de la década de 1960, y la segunda, disidente de las FARC-EP. El 1 de febrero de 2024, se conoció que se instalará formalmente una mesa de conversaciones con la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las extintas FARC-EP. A este proceso se quieren sumar las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, quienes el 19 de marzo anunciaron, a través de un comunicado, que aceptaban la invitación del presidente Gustavo Petro para iniciar una mesa de diálogos.
Desde la década de 1980, el Estado colombiano ha establecido diversos acuerdos de paz y mesas de negociación con organizaciones insurgentes. Algunos de los más destacados son: los acuerdos de La Uribe, con las FARC, en 1984; el proceso de paz con el EPL, el Quintín Lame y el PRT, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991; el proceso de paz con la Corriente de Renovación Socialista, en 1994, y el Acuerdo de Paz de La Habana, con las FARC-EP, en 2016.
Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT), organización que apoya a países y comunidades contra la impunidad en los conflictos armados, los procesos de paz plantean cuestiones en torno a qué tipo de justicia se puede lograr; cuál es el trato que debe dárseles a las víctimas; cómo deben ser los procesos penales de quienes participaron en el conflicto, y cómo puede lograrse equilibrio y complementariedad entre justicia, seguridad y paz duradera.
Los procesos de paz en el país han permitido la desmovilización de diferentes grupos armados: Ejército Popular de Liberación, EPL; Quintín Lame, Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT; Corriente de Renovación Socialista, CRS; Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Durante el proceso de negociación de los Acuerdos de La Uribe, el 28 de mayo de 1984, las FARC-EP ordenaron el cese al fuego a sus 27 frentes guerrilleros, mientras que el presidente Betancur también ordenó lo mismo a todas las autoridades civiles y militares del país. Foto: FARC-EP.
Además de las estructuras desarticuladas, estos procesos han dejado un amplio número de combatientes desmovilizados, así como diversas iniciativas de participación y de reincorporación a la sociedad civil. Se destacan entre lo logrado los Acuerdos de La Uribe, fruto de un proceso de paz entre el Gobierno encabezado por Belisario Betancur y las FARC; estos acuerdos se firmaron el 28 de marzo de 1984, e incluyeron la creación del partido Unión Patriótica, UP, como forma de incorporación de este grupo insurgente a la vida política nacional.
Después de la primera participación electoral de la UP, se llevó a cabo en el país un plan de exterminio contra sus militantes, familiares y simpatizantes. Dos candidatos presidenciales fueron asesinados: Jaime Pardo Leal, el 11 de octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990.
Para el 9 de marzo de 1990, el Gobierno, con el presidente Virgilio Barco, y el M-19 firman un acuerdo de paz que culminó con la desmovilización de esta organización armada, que se convirtió posteriormente en el movimiento político Alianza Democrática M-19 (AD-M-19), que tuvo una participación activa en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. El actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue integrante de aquel grupo guerrillero que atravesó por este proceso de paz.
Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se firmaron varios acuerdos de paz: con el EPL, el 1 de marzo de 1991, que dejó aproximadamente 2200 combatientes desmovilizados y su transformación en partido político denominado Esperanza, Paz y Libertad, con las mismas siglas; y con el CRS, el 9 de abril de 1994, cuya fuerza se convirtió en movimiento político y conformó la Corporación Nuevo Arco Iris como un destacado centro de pensamiento enfocado en temas sociales y construcción de paz.
El proceso de paz con las AUC logró la desmovilización de más de 30 000 hombres y mujeres. Este se llevó a cabo durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006). Dichas negociaciones quedaron consagradas en los decretos reglamentarios de la Ley 975 de 2005, más conocida como ley de Justicia y Paz.
El objetivo de esta norma fue la facilitación de los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados ilegales. También buscó garantizarles a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. La agenda de estas negociaciones giró alrededor del proceso de desmovilización, pues no hubo planteamientos respecto a reformas del Estado o determinadas políticas públicas.
En tiempos más recientes, el 23 de junio de 2016, el Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y las FARC-EP suscribieron uno de los acuerdos más ambiciosos en términos de las transformaciones sociales a largo plazo en diferentes ámbitos, que buscaba acabar con las denominadas causas estructurales del conflicto armado. El Acuerdo de La Habana incluyó la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, al igual que la participación política de los miembros de las extintas FARC, quienes hoy conforman el partido político Comunes.
¿Cuáles han sido las experiencias y aprendizajes de esta larga historia de procesos? ¿Qué se puede aplicar hoy en las conversaciones que se están desarrollando con las disidencias de las FARC y el ELN? Para entender un poco más sobre esta situación, Hacemos Memoria conversó Germán Valencia, profesor e integrante del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos, IEP, de la Universidad de Antioquia, y con Fernando Hernández, exnegociador de paz, exdirector de la Corporación Nuevo Arco Iris y exdirigente de la Corriente de Renovación Socialista, CRS, estructura insurgente que se había formado como disidencia del ELN después de 1991.
EL 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cuaca, combatientes del M-19 en un acto de dejación de armas. Foto: Zoraida Díaz.
De acuerdo con Valencia, estos procesos han dejado diferentes experiencias y aprendizajes, sea que se lograran acuerdos de paz definitivos, acercamientos, o se discutieran algunos puntos para la resolución del conflicto, o incluso no se llegara a nada.
Explica el profesor Valencia: “Los primeros procesos de paz que tuvimos en la década de los ochenta tenían como finalidad cesar el fuego y durante un tiempo pacificar el país. Los años ochenta nos enseñaron que es posible sentarnos con una agrupación armada como las FARC, el M-19 o el EPL, y conseguir pactos de no agresión entre el Gobierno y el grupo armado”. Los diálogos de esta década se caracterizaron por la implementación de ceses al fuego y a veces de hostilidades; “había en el país una relativa paz con los grupos armados”, agrega.
Cabe señalar que los acuerdos de paz firmados entre el Estado y los grupos armados, como el M-19, el EPL, el Quintín Lame, el PRT y la CRS, se caracterizaron por la reincorporación de los desmovilizados a la vida política y democrática, el fortalecimiento de organizaciones sociales, la rehabilitación de zonas afectadas por el conflicto y los beneficios jurídicos, económicos y sociales otorgados a los desmovilizados.
Para el exnegociador de paz del CRS, Fernando Hernández, hay que entender cuáles son las motivaciones de los sectores sociales y políticos del país para iniciar un proceso de paz. En los que han sucedido en Colombia, muchos han dependido del contexto político y económico por el que estaba atravesando el territorio nacional, de las ideologías de cada grupo insurgente que buscaban una transformación del sistema, y de las visiones que cada gobierno tenía frente al conflicto y los actores armados.
“El Estado colombiano siempre tuvo una visión contrainsurgente de los diálogos de movilización política; es decir: ‘acabemos con la guerrilla mediante diálogos, pero no cambiemos nada. Que no cambien el Estado, la injusticia social, la estructura social económica y política del país. Desmovilicemos a estos guerrilleros y mandémoslos para la casa con sus familias’. No olvidemos que todas estas guerrillas que nacimos en los años sesenta y setenta surgimos con espíritu de transformación social y política”, resalta Hernández.
Hacer parte de la política
El acuerdo final con el M-19, que consistió en diez puntos, tuvo como aspecto central la apertura a espacios democráticos, como la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para acordar una nueva Carta Política, que actualizaría la Constitución de 1886. Mediante esa apertura, el Gobierno permitió la inscripción de una lista de los desmovilizados de esta organización, quienes tomaron el nombre de Alianza Democrática (AD-M19) y obtuvieron 19 curules, equivalentes al 27% de la asamblea, lo que significaba la segunda fuerza política del país para esa época.
“La gente quería participar en política. Entonces aprendimos que hay que dejarlos participar. Por ejemplo, formarles un partido. También es importante la reincorporación, desde 1990 hasta el 2024 aprendimos que el tratamiento de este fenómeno es fundamental; en un principio dejábamos a las agrupaciones casi a la deriva, porque lo único que le importaba al Gobierno era que la gente entregara el arma y se perdiera. Para ello, es necesario llegar a una reincorporación económica, política, social y comunitaria”, destaca Valencia.
Unos de los aspectos destacables del acuerdo de paz con la CRS, estructura disidente del ELN, fueron el abordaje de la reincorporación a la vida política y democrática, la rehabilitación de las zonas afectadas por el conflicto y los beneficios jurídicos, económicos y sociales para los desmovilizados.
Según Hernández, para realizar la transición de lucha armada a la participación en política del grupo insurgente, “se negoció la dejación de las armas, parar llevar a la transformación urgente del grupo armado a movimiento social o político. También los beneficios jurídicos para nuestros combatientes: amnistías o indultos de acuerdo con la legalidad de aquel momento del país”, señala.
El 1 de marzo de 1991, mediante un acto simbólico, miembros del ELP entregaron sus armas. Foto: Fundación Cultura Democrática.
Por su parte, el investigador del IEP Valencia agrega que un principio la dejación de armas lo único que buscaba era que se concediera perdón y olvido a los desmovilizados, “pero a partir del 94 se dieron cuenta de que ese perdón y olvido no era posible si no había justicia, debido a que el país se acogió a convenios internacionales. Entonces los primeros que se firmaron hasta el 94 eran muy sencillos, porque el Gobierno hacía una amnistía o un indulto, lo llevaba al Congreso y sacaba una ley donde perdonaba todos los problemas y permitía a toda la gente regresar a la vida civil”, comenta.
Cabe resaltar que el Acuerdo de Paz de La Habana, denominado oficialmente “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, es uno de los más complejos firmados hasta la fecha, porque abarca diferentes transformaciones sociales como una reforma agraria integral, la participación en política no solo de las extintas FARC sino de los miembros tradicionalmente silenciados en la sociedad, el fin del conflicto como oportunidad de reincorporación a la vida civil, el solución al problema de las drogas ilícitas y la reparación a las víctimas.
“En ese sentido pasamos de dos páginas de acuerdo con el M-19 a 312 con las FARC, páginas llenas de transformaciones; este es un acuerdo comprensivo que trata de atacar las causas que originaron el conflicto armado. Pasamos de causas subjetivas, donde se pensaba solo en dar participación política, a causas objetivas, donde se abordan temas como el sufrimiento producido por el conflicto, aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, con el propósito de desescalar el conflicto”, resalta Valencia.
Por su parte, Hernández resalta que esta negociación fue larga y difícil, “pero fue un éxito porque puso en el debate público temas muy agudos de la sociedad colombiana, como lo son las víctimas, el narcotráfico y todos los tipos de violencias. Por eso hay que cuidarlo y apoyar el acuerdo de paz”.
Los aprendizajes
El profesor Valencia, autor del libro Organizarse para negociar la paz: Gobernanza de la paz negociada en Colombia, 1981-2016 (Editorial Universidad de Antioquia, 2019), señala que estos procesos de paz han dejado experiencias como que es necesario reconocer a los grupos armado dándoles un estatus político para poder iniciar un diálogo con ellos, ganar confianza en los acercamientos, permitir la estructuración de una agenda para poner en común qué temas se van a discutir, y hacer todo lo posible por lograr la legitimidad de los procesos a la vista de las comunidades, que han sido las más afectadas por la confrontación y quienes esperan tener una voz dentro de los diálogos.
“Durante estos 40 años hemos aprendido a hacer acuerdos efectivos que contemplan tres etapas: una fase de acercamientos, una de negociación y otra de implementación. Pero hay que tener en cuenta muchos aspectos, en puntos como el cese de hostilidades o al fuego, quién lo va a vigilar, cuáles son los castigos, qué son los mecanismos de verificación y cómo va a ponérsele punto final a la desmovilización”, destaca Valencia.
El 9 de abril de 1994, guerrilleros de la CRS firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Cesar Gaviria. Un total de 650 combatientes, tanto mujeres como hombres, entregaron sus armas ese día en la plaza de Flor del Monte, ubicada en el municipio de Ovejas, Sucre. Foto: Corporación Nuevo Arco Iris.
Para el profesor de la Universidad de Antioquia, estas experiencias se ven reflejadas de algún modo en las conversaciones que adelanta el Gobierno colombiano con el Estado Mayor Central, EMC, disidencia de las extintas FARC. “Aprendimos que tenemos que tener clara la agenda de negociaciones y el acuerdo final, que diga claramente la dejación de armas para que evitemos que sigan grupos insurgentes en el país”, comenta Valencia.
Los procesos de paz que se han desarrollado en Colombia, más allá de desarticular a una estructura armada ilegal o mejorar los índices de seguridad, han permitido la participación política, la promoción de garantías jurídicas y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. También a través de las negociaciones han surgido leyes que han reconocido la voz y trascendencia de las víctimas del conflicto armado colombiano, y sus derechos a la memoria histórica, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Así mismo, se han impulsado alianzas con países amigos que han apoyado la construcción de paz en el país, al igual que la discusión de temas coyunturales para lograr las transformaciones sociales que requiere el Estado colombiano en un escenario de paz a largo plazo.