Hasta el momento no hay una agenda de negociación clara entre el Gobierno y el EMC, pero han acordado tratar temas como el narcotráfico, para lograr transformaciones en las regiones, y la participación de las comunidades, especialmente las campesinas. Además, no se tiene claridad sobre qué hacer con los miembros del EMC que firmaron el Acuerdo de Paz en 2016 y lo incumplieron.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz
Actualmente el Gobierno colombiano adelanta diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Estado Mayor Central, EMC, disidencias de las FARC. El 1 de febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz compartió una declaración conjunta con la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las extintas FARC, para anunciar formalmente que se instalará una mesa de conversaciones de paz, tras un año y medio de acercamientos.
Desde el 16 de octubre de 2023, el Gobierno y el EMC vienen desarrollando diálogos de paz de forma oficial con el propósito de llegar a un acuerdo de paz. Según las partes, este tendría como objetivo proteger y respetar a la población civil con justicia social, económica y ambiental, en el marco del derecho internacional humanitario.
¿Cómo surgió esta disidencia?
El EMC está compuesto por frentes disidentes de la antigua guerrilla de las FARC y por nuevos combatientes. Es liderada por Néstor Gregorio Bera, alias Iván Mordisco, quien era el comandante del Frente Primero, que se apartó del proceso de negociación de La Habana en 2016, antes de la firma del Acuerdo de Paz.
Desde entonces, junto al fallecido Gentil Duarte, empezaron un proyecto armado para refundar las extintas FARC en alianza con disidencias de otros frentes, algunas de las cuales sí se habían acogido al Acuerdo de Paz.
Según el informe El proyecto Estado Mayor Central: un intento de unificación disidente, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, esta estructura ilegal es el grupo disidente más consolidado y con mayor presencia territorial en 173 municipios de 22 departamentos, aunque aún está lejos de tener el poder que lograron las antiguas FARC. “Según el conteo de la Fuerza Pública, para 2023 el EMC cuenta con 3545 integrantes: 2186 en armas y 1359 en la red de apoyo”, indica el documento.
De acuerdo con la fundación InSight Crime las facciones disidentes que responden al EMC tienen presencia en el Sur, Oriente y Occidente de Colombia. “Los bastiones principales de esta disidencia son los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía. Desde allí la estructura se ha expandido a Amazonas, en la frontera con Brasil y Perú; Putumayo, frontera con Ecuador; Casanare, Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela”.
El informe de la FIP señala que esta organización ilegal, a pesar de haber logrado articular a 27 de las aproximadamente 40 estructuras disidentes surgidas del proceso de paz con las FARC en cinco bloques regionales, “sigue siendo una amalgama de estructuras con diferentes intereses y modos de operar. Hay coordinación y comunicación pero no se percibe un mando y control unificado en su organización ni directrices conjuntas en todas sus estructuras. El EMC se asemeja, más bien, a una federación de grupos con diversos grados de articulación y una gran autonomía en su funcionamiento a nivel territorial”.
Para Paula Tobo, politóloga, investigadora del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, y coautora del informe mencionado, esta organización ilegal alberga disidencias que cuentan con diversa formación y propósitos dependiendo de cada región.
Tobo añade que el EMC está integrado por “personas que nunca firmaron el Acuerdo de Paz y por otras que sí lo hicieron, luego, ya sea porque estaban interesadas en economías ilegales o porque estaban decepcionados con la implementación, terminaron por retomar las armas. También hay personas que nunca tuvieron una relación con las FARC y terminaron vinculados a esta disidencia”.
A su vez, el informe El proyecto Estado Mayor Central: un intento de unificación disidente de la FIP resalta que esta estructura no es del todo homogénea y cambia dependiendo de los territorios. Además, dice que sus fuerzas están influenciadas por la ideología política y el entrenamiento militar de las extintas FARC, pues han procurado aplicar los manuales de conducta y los métodos de control social que las caracterizaron.
La politóloga Tobo señala que esta organización ilegal no está del todo unificada, pero tiene la intención de lograrlo y de buscar un fortalecimiento. “Hasta el momento no hay una centralización; las unidades dentro de las disidencias actúan con cierta independencia. Durante los ceses al fuego las estructuras del Suroccidente son las que más se han enfrentado con la fuerza pública en comparación de otras que tratan de cumplirlos”.
El informe de la FIP destaca que las disidencias ejercen un fuerte control social “a través de censos y carnetización de la población, además de imponer normas que regulan la vida comunitaria, restringen la movilidad de la población y controlan la entrada y salida de personas. También regulan las actividades económicas e imponen impuestos forzados sobre esas transacciones”.
¿Cómo van los diálogos de paz?
Los diálogos de paz con el EMC se encuentran en su cuarto ciclo de conversaciones. Hasta febrero de 2024, las partes han pactado cinco acuerdos y protocolos, con dos ceses al fuego bilateral. También han surgido algunos tropiezos dentro de los diálogos: el 5 de noviembre de 2023 el EMC suspendió las conversaciones debido a la presencia de la fuerza pública en el municipio de El Plateado, Cauca, zona en la que militares llegaron para garantizar la seguridad durante las elecciones regionales (ocurridas el 29 de octubre).
En un comunicado, las disidencias pertenecientes al EMC dijeron no estar de acuerdo con la militarización de los territorios; para ellos, esto evidencia que “el Estado no quiere un acuerdo de paz, sino una acción de sometimiento”, se resalta en el documento.
Entre los acuerdos concertados por las partes hasta el momento están: la implementación del cese al fuego bilateral, el acuerdo sobre el componente internacional y de acompañamiento a la mesa de diálogos de paz, los lineamientos base para la elaboración de la agenda de diálogos, la transformación de territorios y superación de la dependencia de economías consideradas ilícitas, y la participación social.
Hasta la fecha no hay una agenda de negociaciones clara y definitiva, pero se han acordado algunas temáticas que serán la base para su construcción, entre ellas: tierras, territorio, ambiente, seguridad, educación, despojo, desarrollo sostenible, poder local, modelos de gobernanza, víctimas del conflicto armado y social, economías consideradas ilícitas, territorialidades étnicas y campesinas, y garantías para las partes durante y después del acuerdo.
A lo largo de los diálogos de paz, el EMC se ha comprometido a abandonar el secuestro con fines extorsivos. También se ha acordado la instalación del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego que se encuentra vigente y que va hasta el 15 de julio de 2024.
Dentro de las conclusiones del informe de la FIP, se destaca que el EMC está inmerso en el 87% de las disputas territoriales que se viven en Colombia. Este escenario presenta diversos retos para las conversaciones de paz. “Uno de ellos es cómo implementar lo que se acuerde con el EMC en zonas donde hay disputas territoriales, algo que limita y dificulta el cumplimiento de los posibles acuerdos. Esto también va a ser determinante a la hora de cumplir un posible cese al fuego”, advierte el documento.
La investigadora Paula Tobo comenta que estas regiones en disputa no deben recaer solamente en las estrategias o acuerdos desarrollados dentro de las mesas de conversaciones de paz que adelanta el Gobierno con el ELN y con el EMC, en el marco de la política de Paz Total. “También es responsabilidad de las políticas de seguridad, pero ninguna de las dos ha sido efectiva para mitigar los impactos humanitarios en las regiones y detener las disputas de los actores armados y su expansión”, explica al respecto.
El 3 de marzo de 2024 se instaló el cuarto ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC. Estos diálogos se realizan en San José del Guaviare, con la participación de las Naciones Unidas y los países garantes. Las conversaciones se desarrollarán hasta el próximo 9 de marzo en este municipio, y las delegaciones han acordado una agenda en la que se incluyen temas como la discusión y aprobación de acuerdos sobre transformaciones territoriales, participación social, pedagogía y comunicaciones.