La Fundación Social Córdoba Controversial —Cordoberxia— promueve los derechos humanos, la defensa del territorio y la protección de los líderes sociales en el departamento de Córdoba, a través del empoderamiento de los ciudadanos de sus derechos y la prevención de la violencia.

Por Lizet Cuartas Echeverry
Foto: Ascsucor

Andrés Chica Durango es el director de Cordoberxia. Su rostro y sus convicciones son bastante conocidos en el departamento de Córdoba debido a su labor como defensor de los derechos humanos. Tiene puesta una camiseta blanca con algunos logos, entre ellos el de Cordoberxia, la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, Redepaz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.

Cuenta sin rastros de miedo, los hechos de violencia que suceden en su región y señala a los perpetradores, a pesar de que sabe que a muchas personas las han asesinado por menos. “Como dijo la compañera Cristina Bautista, gobernadora indígena del Cauca: si nos quedamos callados, nos matan, y si hablamos, también. Entonces que nos maten hablando”, comenta Andrés, nacido en Tierralta, Córdoba, municipio donde se convive con la muerte desde la infancia.

Lo que dice o denuncia Cordoberxia sobre defender el territorio, los asesinatos de líderes sociales o la vulneración de derechos en Córdoba incomoda la autoridad de unos y la clandestinidad de otros. Sus planteamientos les han permitido construir legitimidad con actores populares de la región a partir del conocimiento del territorio, del diálogo con el otro y lo que ellos llaman una visión de paz compartida.

Sus raíces como organización están hundidas en una historia de resistencia y de alma campesina. En el 2010 emergió el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, del cual algunos de los miembros de Cordoberxia hicieron parte. Entonces, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor) de Puerto Libertador y la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) de Tierralta soñaron con la creación de una organización que recogiera el sentir de todos, formara a las personas en los barrios de Montería sobre el conflicto y lo que significaría la posible firma de un acuerdo de paz entre las FARC y el Gobierno. Tal ilusión se consolidó el miércoles 8 de abril del 2015, día en que Cordoberxia adquirió personería jurídica.

Reclamar derechos territoriales: una tarea peligrosa

La operación de los grupos armados en Córdoba obstaculiza los procesos organizativos como los que lidera Cordoberxia. Según los últimos informes de Somos Defensores, entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y finales de diciembre del 2021 asesinaron en el departamento a 20 líderes sociales y defensoras de derechos humanos.

Una de esas luchas que los hace vulnerables tiene que ver con el apoyo a los campesinos para el acceso a la tierra y el reconocimiento de su territorialidad. Según las estadísticas de la Unidad de Restitución de Tierras, hasta el 26 de enero del 2022 en Córdoba se han recibido 4575 solicitudes de restitución, que corresponden a 378 347 hectáreas. Del total de solicitudes, solo se ha resuelto el 23 %, es decir, 1095 demandas que deben aclarar la situación jurídica de 365 782 hectáreas.

Esta situación se agudiza en municipios cordobeses como Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, y antioqueños como Ituango, Dabeiba y Peque, donde muchos de los reclamantes tienen sus tierras en el Parque Natural Nacional Paramillo, un área protegida que no puede ser adjudicada y en la que están prohibidas actividades económicas como la ganadería, la minería y la agricultura.

“El primer punto del Acuerdo de Paz contempla la implementación de proyectos productivos, pero ¿cómo lo vamos a hacer, si más de 45 veredas de Tierralta están dentro del Parque Nacional Natural Paramillo o en zonas de Ley Segunda de 1959 (reserva forestal)? Es por eso que aquí la implementación no avanza”, afirma Luis Carlos Suárez, integrante de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas.

Según algunos líderes sociales de la región, este marco normativo ambiental, con el que se imponen restricciones al uso del suelo, obedece más a un discurso burocrático que a uno de conservación, que se cumple con los campesinos, pero que se flexibiliza con las élites económicas.

“Aquí a los campesinos en zona amortiguadora del Parque no se les reconoce ni el título de propiedad, los tratan como ilegales porque ponen a producir la tierra. Pero lo que sí se puede hacer es inundar las tierras como lo hicieron con Hidroituango y Urrá I o darles concesión minera a Cerro Matoso, Gecelca o Minerales de Córdoba, para que exploten y le hagan daño a nuestra agua y terminen desplazándonos”, explica Andrés Chica, en el parque Santiago Canabal de Tierralta.

En cuanto a la minería, es importante mencionar que hasta el 2015 el departamento de Córdoba tenía 25 títulos mineros vigentes para la explotación de oro u otros minerales. De estos títulos, en Puerto Libertador tres se superponen con zonas de protección ambiental, uno de ellos con el Parque Nacional Natural Paramillo —título de Minerales Córdoba—, los otros dos títulos se superponen con las llamadas zonas de importancia ambiental, que por lo general son áreas de protección regional.

Juntarse para protegerse

En el 2017, sobre los campos del sur de Córdoba, la fundación Cordoberxia extendió una red de solidaridad que cobija a más de 136 organizaciones sociales y productivas. Las juntanzas les permiten hablar, denunciar y actuar colectivamente para proteger los derechos humanos en la región.

Cordoberxia participó en la formulación de la Política Pública Integral de Derechos Humanos para el departamento en el 2018. Igualmente, la fundación apoyó la creación del Consejo Departamental de Paz y de cinco consejos municipales de paz, instituciones que actualmente acompañan a las entidades gubernamentales en el cumplimiento de los compromisos que tienen con la implementación del Acuerdo de Paz. A través de esta labor, logran que las víctimas establezcan diálogos con diferentes actores del conflicto armado.

También se crearon las plataformas municipales y departamentales de Derechos Humanos y la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, espacios desde los que hacen control político, denuncian y dan a conocer alertas tempranas.

Una iniciativa que surgió en medio de estas articulaciones es la campaña La palabra es nuestra única arma. A través de ella Cordoberxia capacita a los defensores de derechos humanos en rutas de protección, para que sepan a quién acudir en caso de vulneración.

En los campos del sur de Córdoba se han conformado diversas organizaciones que buscan facilitar el diálogo y emprender acciones colectivas para proteger los derechos humanos en la región. Foto: Ascsucor.

Mina El Alacrán

La noche no terminaba de caer sobre la serranía de San Jerónimo cuando el silencio de la comunidad de la mina El Alacrán, en Puerto Libertador, Córdoba, se interrumpió por el aleteo de tres helicópteros de la policía y los agitados pasos de 15 escuadrones de carabineros y del Esmad, que llegaron a cumplir con la operación San Gabriel.

En un parpadeo, los 250 efectivos de la fuerza pública controlaron todas las entradas del poblado; mientras tanto, los habitantes se agolparon en la cancha de arena. Ese domingo 14 de marzo del 2021, había miedo e incertidumbre, pero rápidamente se fue transformando en ira, más allá de los límites posibles, al ser testigos de la destrucción de los entables mineros que durante años habían sido el sustento de más de 320 familias, y que eran incinerados ante la mirada de niños y mujeres suplicantes, pues según la policía estaban al servicio del Clan del Golfo.

Los mineros llegaron al corregimiento San Juan con sus picas y sus barras para triturar la piedra hace más de cincuenta años. Desde entonces extraen minerales sobre 400 hectáreas, las mismas que se han peleado con grandes multinacionales, entre ellas la compañía canadiense Minerales Córdoba S. A. S., que desde el 2017 tiene un título minero en El Alacrán que le permite la explotación de minerales durante treinta años en aproximadamente 22 000 hectáreas.

Cuentan testigos del operativo policial que las camionetas de Minerales Córdoba llegaron escoltando la caravana de la policía, que llevaba una orden impartida por un juez de Bucaramanga, con la cual se autorizó el desalojo de una comunidad que ha buscado, desde 1995, ser reconocida como población minera tradicional, pero a cambio de eso ha encontrado la estigmatización.

Los líderes tuvieron que controlar a algunas personas enardecidas que querían luchar, porque no solo era renunciar a su trabajo, sino a su hogar: en las faldas de la montaña se alza un asentamiento de 1200 habitantes.

Luego del 14 de marzo del 2021, el comandante de policía de Córdoba, coronel Gabriel Bonilla, dijo en un comunicado que gracias al operativo “se ven afectadas las rentas criminales, y se interrumpe la instrumentalización de la población civil por parte del grupo armado organizado Clan del Golfo”.

Debido a estas declaraciones, los líderes se han visto más amenazados. Esta problemática se volvió visible e inquietante para la opinión pública cuando la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba, en cabeza de Cordoberxia, declaró a la vereda Mina El Alacrán como refugio humanitario un día después de la operación San Gabriel. Situación especial, amparada bajo el derecho internacional humanitario, y con la cual se busca proteger a la comunidad dentro de su mismo territorio, rechazando el uso de las armas y la presencia de actores armados dentro del campamento, sean de un grupo legal o ilegal.

 

La versión extendida de esta historia puede leerse en el libro Defender la vida, publicado por Hacemos Memoria y el Programa Somos Defensores. Descargue el e-book, aquí.