En cumplimiento del deber de memoria del Estado, consagrado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica presentó la Política Pública nacional que conduce a la protección, conformación, apropiación y uso social de los archivos de derechos humanos y conflicto armado en Colombia.
Por Natalia Maya Llano
Foto de portada: Álvaro Cardona para el Centro Nacional de Memoria Histórica / Cortesía CNMH
A principios de 2014 doña Fabiola Lalinde, madre del estudiante de derecho Luis Fernando Lalinde Lalinde –desaparecido y ejecutado extrajudicialmente por el Ejército en 1984–, le abrió las puertas de su casa a los miembros del equipo de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, quienes se encontraron con 25 kilogramos de verdad recopilados instintiva pero sistemáticamente durante más de 30 años.
Las fotografías familiares, los documentos de identificación de Luis Fernando, las cartas y solicitudes enviadas por doña Fabiola a funcionarios del Estado, a miembros de la fuerza pública y a organismos internacionales –con fecha, firma y sello de quien las recibía–, las respuestas en su mayoría displicentes que minaban su esperanza y las escasas comunicaciones que le ayudaban a recuperarla, las copias del expediente judicial y los cientos de recortes de periódico que documentaban el caso de su hijo, su lucha por encontrarlo y su resistencia frente a las amenazas y persecuciones que recibía, conforman los archivos de la Operación Sirirí, como doña Fabiola decidió nombrar su lucha sin descanso para hallar la verdad del paradero de Luis Fernando y exigir justicia.
Su experiencia como empleada de los extintos Almacenes Ley en el área de bienestar laboral la llevó, sin proponérselo en un principio, a archivar en acetas cada documento que la acercaba a conocer la verdad en el caso de su hijo, y su “insistencia, persistencia e incomodidad” dieron resultado doce años después, cuando encontró los restos de Luis Fernando en la vereda Verdún del municipio de Jardín.
Fabiola Lalinde y la Hermana Rosa Cadavid, reconocidas defensoras de derechos humanos de Medellín, en la socialización de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado.
“Yo guardaba todo con la esperanza de que eso me ayudara a encontrarlo –cuenta doña Fabiola– pero cuándo me iba a imaginar que eso iba a servir, no solo para que me entregaran 69 huesos, sino para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera en 1998 la primera resolución que responsabilizaba al Estado colombiano en un caso de desaparición forzada”.
Margoth Guerrero, Directora del Archivo de los Derechos Humanos del CNMH, le agradece a doña Fabiola haber sido la primera víctima en permitir que ella y su equipo de trabajo tomaran copias fidedignas de los 141 documentos de la Operación Sirirí, que desde abril de 2016 se encuentran disponibles para su consulta en el Archivo Virtual de Derechos Humanos y Memoria Histórica de Colombia, y que fueron incluidos por la Unesco en su “Registro Regional del Programa Memoria del Mundo”.
Siguiendo el ejemplo de doña Fabiola, Jenny Castañeda, hija de Damaris Mejía –líder del municipio de Puerto Triunfo asesinada por las Autodefensas del Magdalena Medio–, y Raúl Ruiz, hermano del teniente de la Fuerza Aérea Alfonso William Ruiz –secuestrado por el EPL–, decidieron que los registros que han recopilado durante 15 y 45 años respectivamente, integren el Archivo Virtual de Derechos Humanos, pues ven que es una gran oportunidad para que sus historias personales hagan parte de la memoria histórica del conflicto y sean conocidas por muchos colombianos.
Para Jenny, que su baúl repleto de registros sea incluido en el Archivo de Derechos Humanos, es un acto de reconocimiento y reparación simbólica que no tiene precio: “cuando uno tiene una verdad, hay una justicia y hay una reparación, quizás no económica, pero sí de esas que reivindican la dignidad de las víctimas. Y yo me siento feliz y satisfecha porque la historia de mi madre está siendo tenida en cuenta”.
“Hoy las condiciones están dadas para que nuestros casos se visibilicen –asegura Raúl–. Por muchos años guardábamos cada pista en silencio, pues vivíamos con miedo de hablar, aunque algunas veces nos atrevíamos. Por eso yo quiero que mis documentos hagan parte del Archivo de Derechos Humanos y celebro la Política Pública, porque siento que estando allí la información, me pueden ayudar a encontrar la verdad de lo que ocurrió con mi hermano”.
Conformación del Archivo Virtual de DDHH y construcción de la Política Pública
Los archivos de derechos humanos y conflicto armado son piezas esenciales para los procesos de justicia transicional en cualquier país, debido a que permiten la recuperación de la memoria histórica, la determinación de responsabilidades judiciales y el acceso de las víctimas a la reparación integral.
¿Dónde están los archivos de derechos humanos?
El Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos READH, busca identificar, localizar y caracterizar los archivos de derechos humanos y memoria histórica con el objetivo de promover la protección, salvaguardia y divulgación de la información que poseen, en cumplimiento del deber de memoria del Estado en Colombia. Esta labor inició en 2015 y logró registrar 547 archivos que documentan casos de desplazamiento forzado (344), desaparición forzada (300), despojo y extorsión (178), violencia sexual (140), minas antipersonal (140), atentados terroristas (125), acciones bélicas (125), reclutamiento ilícito (122), secuestro (116) y masacres (105).
Si bien Colombia no ha concluido su conflicto armado, ha adelantado esfuerzos de transición hacia la paz reglamentados principalmente por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).
Esta Ley consagra en sus artículos 143, 144 y 145, el deber de memoria del Estado y su obligación de conformar un archivo sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que garantice la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas y la no repetición de los hechos violentos.
Para cumplir con este mandato, el Centro Nacional de Memoria Histórica creó la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos, que viene trabajando desde hace cuatro años de forma simultánea en la construcción del Archivo Virtual de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto armado de Colombia, y en la formulación de una Política Pública nacional que conduzca a la protección, conformación, apropiación y uso social de estos archivos.
El Archivo Virtual de los Derechos Humanos cuenta con 190.191 documentos que contienen información proporcionada por organizaciones sociales y de víctimas, sobre graves violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH y procesos de resistencia en el marco del conflicto armado colombiano. (Desde abril de 2016 está disponible para su consulta en esta página)
Los archivos registrados por la Dirección de Archivos de DDHH están en manos de organizaciones sociales y de víctimas, personas naturales y defensores de derechos humanos, quienes participaron en la formulación de la Política Pública.
Según César Osorio, asesor pedagógico de la Dirección de Archivos de Derechos Humanos, el reto del próximo año será trabajar con los registros del Estado. “En esta primera etapa nos concentramos en los archivos de las víctimas, archivos que se constituyen o se configuran por reivindicaciones muy prácticas: recordar a un ser querido, exigir justicia, saber qué fue lo que pasó, demandar las reparaciones por parte del Estado y desvirtuar las estigmatizaciones que en muchas ocasiones recaen sobre quienes sufrieron hechos de violencia, entre otros, por eso no llegábamos a decirles que un archivo se hacía de esta u otra manera, porque en su caso estos registros existían por aspiraciones prácticas y lo que queríamos era enseñarles cómo conservarlos y ofrecerles la protección de su información”.
En cuanto a la construcción de la Política Pública, esta contó con el apoyo del Fondo de Justicia Transicional del PNUD y con la participación de organizaciones sociales y de víctimas, y de funcionarios del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv).
De acuerdo con Margoth Guerrero, directora del Archivo de los Derechos Humanos, la formulación participativa de la Política Pública permitió que su equipo conociera las propuestas, inquietudes y temores de más de 400 víctimas e integrantes de organizaciones sociales referentes a la protección y uso de la información.
Margoth Guerrero, directora del Archivo de Derechos Humanos del CNMH, en la socialización de la Política Pública en Medellín, a la que asistieron integrantes de organizaciones sociales y de víctimas de la región Andina.
“Las víctimas y los funcionarios manifestaban todo el tiempo el miedo que tenían de perder sus registros –cuenta Margoth–, pues en muchas oportunidades había ocurrido que se los robaban o se los quemaban para que no se conociera la verdad. Por eso entendimos que era necesario, además de conformar el archivo virtual con copias fidedignas –dejando los originales en los territorios–, construir esta Política basada en la normativa nacional e internacional de lucha contra la impunidad, que proteja esta información convertida en botín de guerra por la prolongación de nuestro conflicto”.
Frente a la pregunta por las víctimas que no están organizadas ni participan de las socializaciones de la Política Pública, César Osorio asegura que lo que encuentra más efectivo para que se atrevan a dar a conocer sus archivos y reciban la asesoría del CNMH, es que se les presenten los ejemplos de otras personas que ya lo hayan hecho y que consiguieron verdad, justicia o reparación en sus casos.
“Pensemos en una señora como Fabiola Lalinde –dice Osorio–, ella es una mujer que arrancó su lucha sola pero que se convirtió en una inspiración para muchas víctimas del país. La tarea que tenemos desde lo pedagógico es tratar de visibilizar esos casos, esas experiencias para que la gente se llene también de valor y saque sus historias de la oscuridad”.
A finales de 2016 se depositará una copia de todo el archivo en Suiza, gracias a un ofrecimiento del gobierno de este país, y en los primeros meses de 2017 finalizarán las socializaciones de la Política Pública, en las que se recogerán las últimas recomendaciones para su implementación y para la conformación de una Red Nacional de Archivos de DDHH, Memoria Histórica y Conflicto.