El próximo 28 de junio se cumple un año de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad, en el que se encuentran las recomendaciones que proponen una agenda de futuro en Colombia. Los obstáculos para su implementación son la falta de voluntad política y el desconocimiento del Informe Final por parte de la sociedad en general.
Por: Valentina Chavarría
Foto: Cortesía de la página web de Caribe Afirmativo
Se acerca el primer aniversario de la presentación del Informe Final de 11 volúmenes, titulado Hay futuro si hay verdad de la Comisión de la Verdad (CEV), y preocupa el tiempo estipulado por la Comisión para la implementación de las recomendaciones que dejó el Informe. “La Comisión pretende que las recomendaciones estén listan en siete años y, siendo honestos, no lo vamos a lograr», expresó Wilson Castañeda, integrante del comité de Seguimiento y Monitoreo. luego de haber participado en Medellín en el congreso “Identidades ausentes”, sobre desaparición y búsqueda de personas LGBTIQ+.
“Necesitamos rápidamente ponerle ruta a eso, porque se medirá su éxito en que las recomendaciones efectivamente sean aplicadas, y el tiempo juega en nuestra contra”, dijo Castañeda a Hacemos Memoria, que lo consultó acerca de los avances y retos de la implementación de estas recomendaciones de la CEV.
El Comité de Seguimiento y Monitoreo fue creado por el artículo 32 del Decreto Ley 588 de 2017. Está compuesto por 7 personas que trabajan en el campo de la construcción de paz, y fueron escogidas por la Comisión de la Verdad. Su objetivo es velar por la implementación de las recomendaciones del Informe Final.
En este momento, el comité está integrado por: Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes; Dorys Ardila Muñoz, miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia; Ester Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres; Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo; Julia Eva Cogollo Cabarcas, líder afro de la Ruta Cimarrona del Caribe; Marco Alberto Romero Silva, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), y Armando Wouriyu Valbuena, secretario de la Instancia Especial del Alto Nivel de los Pueblos Étnicos.
Si bien este comité no tiene la obligación de que las recomendaciones se cumplan, sí tiene el deber de hacer incidencia ante las entidades del Estado y la sociedad civil, para que se lleve a cabo la implementación, así mismo, el de hacer pedagogía de estas recomendaciones.
De acuerdo con Max Yuri Gil, quien fue coordinador de la CEV en la región Antioquia y Eje Cafetero, hay que tener muy claro las funciones del comité. “Hay muchas personas que tienen muchas expectativas sobre lo que el comité ha hecho o ha conseguido, pero deben saber que ellos solo tienen la tarea de monitorear la implementación de las recomendaciones”, aclaró.
Por su parte, el excomisionado de la Verdad Saúl Franco Agudelo, quien estuvo este miércoles 21 de junio en la Universidad de Antioquia, haciendo entrega simbólica del Informe Final a la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, reiteró al respecto de las recomendaciones: “Es importante resaltar que las recomendaciones no son vinculantes. No obligan ni al Estado ni a la sociedad a cumplir lo que la Comisión plantea”. Puntualmente sobre el Comité de Seguimiento y Monitoreo opinó: “Tiene un papel muy importante, pero también mucha impotencia, porque la única forma en que se cumplan las recomendaciones es que haya voluntad política por parte de todos los actores”.
Saúl Franco, excomisionado de la Comisión de la Verdad Foto: Cortesía de la Facultad Nacional de Salud Pública
Las 74 recomendaciones, agrupadas en 9 temas o grandes objetivos, tienen unos periodos de implementación que van del corto al largo plazo. Las más cercanas estarían siendo acogidas antes de los 3 primeros años (hasta 2025) y las más lejanas, en el 2030. El excomisionado Saúl Franco sintetizó las recomendaciones en la cartilla Un resumen ejecutivo del Informe Final de la Comisión de la Verdad. Estas son:
- Aceptar la realidad y gravedad de lo sucedido, y asumir las respectivas responsabilidades por parte de los actores armados, el Estado, los civiles y otras instituciones.
- Anteponer la vida, su dignidad y calidad a cualquier otro proyecto e interés, con especial atención al reconocimiento de la dignidad de las víctimas y su reparación integral.
- Reconocer que definitivamente la guerra no es el camino y, en consecuencia, sacar las armas de la política y convertir la paz en un propósito nacional.
- Fortalecer la democracia dando vigencia a la Constitución de 1991, poniendo efectivamente en marcha el Acuerdo Final de 2016, negociando con el ELN y sometiendo a los grupos criminales organizados.
- Resolver de fondo el problema del narcotráfico mediante un cambio de enfoque y de estrategias para enfrentarlo, regulando su cultivo, comercialización y consumo.
- Transformar la doctrina y la estructura de la seguridad hacia una concepción de seguridad humana, que elimine la práctica del enemigo interno, ponga las Fuerzas Armadas al servicio de la paz y la Policía al servicio de la convivencia y la ciudadanía.
- Reconocer que en Colombia la paz es territorial o no es posible, y, por tanto garantizar la participación de las regiones, dignificar al campesinado y replantear las relaciones entre campo y ciudad.
- Reconocer el grave daño causado a la naturaleza, repararla y restablecer las relaciones de las comunidades con ella.
- Combatir con decisión la impunidad y la corrupción
Estos 9 grandes temas que reúnen las 74 recomendaciones requieren en buena medida de decisiones políticas y burocráticas, así como de la creación e implementación de políticas públicas, programas y proyectos, desde los órdenes locales hasta el orden nacional, en donde tienen incidencia y participación los mandatarios municipales y regionales, los partidos y organizaciones políticas, las bancadas legislativas y, en general, todos los ciudadanos que puedan influir en la agenda pública.
Wilson Castañeda se refirió al primer informe de los avances de la implementación de las recomendaciones, que será publicado por el comité a finales de julio. “Hemos hecho un mapeo tanto en el período legislativo como en otras entidades del Estado sobre qué decisiones han tomado que tienen que ver con las recomendaciones”, dijo.
Allí se dará cuenta, por ejemplo, de los avances relacionados con los temas que deben pasar por el Congreso de la República, como el progreso de la propuesta que daría fin al servicio militar obligatorio; la protección medioambiental que implica la suscripción del Acuerdo Escazú, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental. También de las decisiones de la JEP con los macrocasos.
Así mismo, el director de Caribe Afirmativo resaltó que el comité empezó un diálogo con algunos de los ministerios sobre cómo van a asumir las recomendaciones. “Desde el Ministerio de Justicia, se ha empezado a hacer implementaciones en términos territoriales y de acceso a la justicia con enfoque diferencial; el Ministerio de Defensa ha comenzado a organizar cosas tanto de la doctrina como la formación de la policía; el Ministerio de Educación está profundizando la estrategia de ‘La escuela abraza la verdad’ que entra en una cuarta etapa, y el Ministerio de Agricultura ha presentado un fortalecimiento en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial y la reforma rural integral”, expresó.
En la tarea pedagógica y divulgativa del Comité de Seguimiento y Monitoreo, Castañeda dijo que unas de las dificultades que enfrentan es el poco tiempo que ha habido entre la publicación del Informe Final y su socialización, pues esto ha influido en que los gobernantes locales, por ejemplo, puedan incluir alguna decisión vinculada a las recomendaciones expresadas por la CEV. “A mi modo de ver, la Comisión de la Verdad tuvo un problema en su diseño, porque dejó muy poco tiempo a la socialización del Informe. Desde la sociedad civil solicitan mucho su socialización, pero es complicado llegar a un lugar a hablar de las recomendaciones de un informe que las personas no conocen”, agregó.
A pesar de las preocupaciones del Comité de Seguimiento y Monitoreo y del limitado avance que hasta el momento pueda tener la implementación de las recomendaciones de la CEV, voces como las del excomisionado Saúl Franco expresan su esperanza de que en Colombia se pueda lograr en el largo plazo, con el decidido apoyo de la sociedad civil —como ha sucedido en otros países que han pasado por procesos de transicionalidad—, un cambio cultural y social que afirme el título del Informe Final: Hay futuro si hay verdad.