Ha pasado más de un año desde que a las víctimas y habitantes de San Carlos les prometieron entregarles el CARE, su espacio de memoria histórica. El trámite para que las instancias del Gobierno les cumplan se encuentra estancado en los complejos caminos de los entes públicos como la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El 20 de enero del 2022 se canceló el desalojo del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación (CARE), del municipio de San Carlos, Oriente antioqueño. Cuatro días después, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Gobernación de Antioquia se comprometieron a adjudicar el inmueble al Municipio, para que este lo entregara en comodato a las víctimas con fines de adelantar procesos de memoria.
Según Pastora Mira, lideresa de las víctimas de San Carlos: “Hasta la fecha no se adelanta nada. Y los recursos que la Gobernación había asignado en la Jornada de Acuerdos Territoriales se van a perder, pues se les ha escrito a la SAE y a la Unidad para las Víctimas y no tenemos respuesta”, aseguró. La jornada a la que se refiere la lideresa fue el 22 de noviembre de 2022; en ella se establecen espacios de participación entre el gobierno departamental, municipal y la sociedad para llegar a acuerdos y definir proyectos que la comunidad necesita.
Este trámite de adjudicación de un espacio que beneficiará a las víctimas del conflicto debe pasar por la SAE, porque esta entidad del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene entre sus funciones la de «velar por la correcta administración y disposición de los bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio», expresa en su página web.
Según Isaac Buitrago, coordinador jurídico de la regional Occidente de la SAE, la institución tiene la voluntad de entregar el inmueble, pero hay alto flujo de trabajo: “Actualmente tenemos 58 solicitudes de destinación provisional de diferentes categorías y tipos de inmuebles, pero como son derechos de petición, se deben atender a medida que llegan”. Agregó que la SAE sí está trabajando para procesar la solicitud de las víctimas de San Carlos: “La idea de nosotros es resolver pronto la manera más efectiva de hacer la entrega para el uso y el goce del bien inmueble”. Sin embargo, aún no hay una fecha concreta para ello.
El funcionario explicó también algunas de las razones para esta demora administrativa en la entrega del CARE: “El inmueble estuvo en un proceso de venta, y esta se frenó cuando advirtieron qué clase de bien inmueble era y qué actividades se estaban ejerciendo ahí; luego la Alcaldía hizo la declaratoria de utilidad pública”, dijo Buitrago.
La Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia afirma que el proceso de adjudicación del inmueble depende por completo de la SAE, ya que la Gobernación no tiene injerencia sobre una entidad de orden nacional; esta solo intervino para que desde la SAE no les quitaran el inmueble a la comunidad y a las víctimas.
El CARE es el espacio en San Carlos donde se agrupan organizaciones que son en su mayoría víctimas del conflicto armado. En el 2008, las víctimas se asentaron en este lugar a manera de resignificación, pues ese predio, donde quedaba el hotel Punchiná, a finales de los noventa fue tomado como un centro de operaciones y tortura del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.