Pese a que la Fiscalía identificó a Liberto Antonio Pineda Godoy y lo enterró en el lugar del combate, aduciendo falta de recursos para trasladarlo a un cementerio, no regresó por él, incurriendo en una violación a los convenios internacionales sobre el trato que debe darse a los muertos en hostilidades.
Por Patricia Nieto
Fotos archivo particular
Liberto Antonio Pineda Godoy murió el 31 de julio del 2001. Perdió la vida combatiendo contra un grupo paramilitar en Alejandría, Antioquia. De este hecho se enteraron los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que realizaron la inspección del cadáver cinco días después del suceso. Supieron el nombre del guerrillero a través del cotejo de sus huellas dactilares con las del documento que portaba, anotaron ese dato en el informe oficial y lo enterraron en el mismo lugar donde murió. Han pasado veintiún años y los restos de Liberto no han sido entregados a su familia ni enterrados dignamente. Ver: www.hacemosmemoria.org/liberto
La historia de Liberto es la de un hombre despreciado. No de otra manera se le puede considerar si fue abandonado por sus compañeros de las Farc una vez murió en la batalla, quemado por el enemigo apenas terminó el combate, olvidado por el Estado que lo identificó, lo enterró en una tumba provisional y no regresó por él, y buscado por su familia solo trece años después de la última vez que se comunicó con su madre.
Si entendemos que despreciar a una persona es negarle el respeto al que tiene derecho como ser humano y, en consecuencia, habilitarse para infringirle humillaciones que la aniquilen y la degraden aun después de la muerte, aceptaremos que Liberto fue sujeto de desprecio por la sociedad colombiana. Una comunidad que no solo ha permitido la consolidación de la infame maquinaria de destrucción de vidas vinculada a macroeconomías ilícitas, sino que la promueve a través de discursos tendientes a justificarla.
Evidencia de la destrucción son las cifras que la Comisión de la Verdad acaba de publicar con respecto a medio siglo de conflicto armado interno: 50 mil 776 personas secuestradas, 121 mil 768 reportadas como desaparecidas, 450 mil 664 asesinadas y 7.7 millones desplazadas de sus lugares de residencia.
Muestra de la promoción de la violencia son las expresiones de odio dichas por personajes públicos y amplificadas por los medios de comunicación. El 31 de marzo de este año la Misión de Observación Electoral, MOE, manifestó su rechazo ante los mensajes sexistas, racistas y clasistas con los que fue calificada una candidata a la Vicepresidencia de la República. La historia demuestra que las expresiones de odio son dañinas y que en muchas ocasiones preparan el terreno para que los delitos de lesa humanidad sean tolerados y en muchos casos vistos como necesarios.
Liberto entró muy temprano en el engranaje destructor de la guerra. Hijo mayor de una familia de campesinos pobres, donde el padre imponía su autoridad a los golpes, se vio obligado a trabajar desde niño. No ir a la escuela fue quizá una de las pruebas de exclusión que determinó su futuro. Antes de cumplir veinte años, y sin más experiencia que trabajar por días en cultivos familiares y ajenos, fue reclutado por las Farc con la promesa de pagarle un salario mensual. En la guerrilla se hizo experto en el manejo de ametralladoras y cinco años después ya enseñaba a otros a dispararlas. También murió muy pronto, recién cumplidos los 25 años Liberto se expuso de frente a las balas cuando vio a su novia desplomarse por el impacto de una ráfaga en el combate de Alejandría.
En el 2001, año de la muerte de Liberto, la confrontación armada en Colombia alcanzó altos niveles de intensidad y degradación pese a que el gobierno del presidente Andrés Pastrana adelantaba diálogos de paz. Al mismo tiempo que las Farc negociaban violentaban poblaciones, atacaban a la Fuerza Pública y se enfrentaban ferozmente contra los grupos paramilitares que extendían su presencia en amplios territorios. En ese contexto ocurrió el combate de La Inmaculada, vereda de Alejandría, ubicada en una región de interés para los grupos armados: paso entre el centro de Antioquia y el río Magdalena que da acceso al mar Caribe; clima privilegiado para el descanso después de largas campañas de guerra; fácil acceso a extensas tierras aptas para el cultivo de coca, y lugar de gran riqueza hídrica donde hace décadas el Estado, pese a la oposición de un fuerte movimiento cívico que buscaba proteger a los campesinos propietarios de las tierras, construyó plantas que producen el 35 por ciento de la energía que consume país.
Liberto murió en el Alto del Chocho cerca de la zona de embalses de agua que alimentan las hidroeléctricas. Boca abajo, con los brazos extendidos y las piernas semiflexionadas fue encontrado por los funcionarios de la Fiscalía cinco días después. Las descripciones del escenario, incluidas por los forenses en el texto titulado Inspección judicial con fines de identificación No. 178 de 2001, evidencian la rudeza del combate, la crueldad con la que fueron tratados los cadáveres y los estragos del abandono de los cuerpos a campo abierto; las mismas dan cuenta del desacato por parte de los actores armados de los límites impuestos a las guerras por el Derecho Internacional Humanitario.
Despreciado por los comandantes de las Farc que lo enviaron al frente desconociendo la capacidad de reacción de los paramilitares y que no cumplieron con el deber ético y jurídico de recoger los cuerpos de quienes perdieron la vida en nombre de su causa, despreciado por el enemigo que intentó destruir su cuerpo al rociarle gasolina y prenderle fuego, el cadáver de Liberto, y los de al menos dieciséis guerrilleros más, quedó abandonado a la intemperie y, en esas condiciones, se redujo a esqueleto en cuestión de horas.
Así lo encontraron los funcionarios del Grupo de Identificación Humana de la Fiscalía General de la Nación que llegaron a la Inmaculada con la misión de saber quiénes eran los muertos y entregarlos a sus familias. Pese a que los forenses, representantes del Estado en la escena judicial, identificaron el cuerpo No. 01 como Liberto Antonio Pineda Godoy y lo enterraron en el lugar del combate aduciendo falta de recursos para trasladarlo a un cementerio, la Fiscalía no regresó por él incurriendo en una clara violación a los convenios internacionales sobre el trato que debe darse a los muertos en hostilidades.
¿Por qué actuó así la Fiscalía? Las explicaciones referidas a una burocracia judicial atorada en trampas procedimentales, atascada por carencias económicas y acorralada por la intensidad de la confrontación armada resultan engañosas. No hay explicación aceptable para que el nombre de Liberto Antonio Pineda Godoy pasara inadvertido para los funcionarios que tuvieron acceso al caso durante dos décadas, pues ellos, profesionales dedicados a la identificación de personas, conocen el profundo significado moral y jurídico de asociar un nombre a un cuerpo.
El desprecio al que ha sido sometido Liberto se extiende a su familia a la que se le ha negado el derecho a saber qué paso con él. Gladys Godoy, madre de Liberto, intentó comunicarse con los comandantes de las Farc para que le contaran de su hijo, pero no obtuvo respuesta. También denunció la desaparición de Liberto ante la Fiscalía con el mismo resultado. En ambos casos fallaron las bases de datos. Las de la Fiscalía no sirvieron para evidenciar la coincidencia entre los datos incluidos en la denuncia interpuesta por Gladys y los reportados por los forenses en su informe de doce años atrás. Las que las Farc tenían disponibles contenían, por razones de seguridad, solo los nombres de guerra de los combatientes y por eso fueron inútiles en este caso. Gladys Godoy pasó los últimos años de su vida exhibiendo un cartel con la foto de su hijo en el que escribió: Te amamos hijo… Necesitamos saber de ti.
La entrega de los restos de Liberto significará un alivio para los hermanos Pineda Godoy que reclaman sus derechos a la verdad y a honrar el cuerpo de quien una vez fue arrancado de sus vidas. Será una oportunidad para que la Fiscalía General de la Nación repare el daño causado por olvidar el nombre de Liberto entre los 1.616 folios que se ocupan de concierto para delinquir, desplazamientos, homicidios y poco atiende la búsqueda de personas desaparecidas en hostilidades como fue el caso de Liberto y sus dieciséis compañeros.
Se convertirá, también, en una oportunidad para que los firmantes del Acuerdo de Paz que pertenecieron a las Farc se comprometan a trabajar en serio, esto es con rigor, para encontrar a sus compañeros desaparecidos en medio de la guerra y a las personas que desaparecieron.
Será una ocasión para que las personas que dirigen las instituciones implicadas en la búsqueda de personas desaparecidas se hagan cargo de la tarea encomendada y encuentren los mecanismos para responder en equipo, sin recelos entre ellas, y con eficiencia frente al derecho de los cientos de familias que hoy esperan saber qué pasó con aquellos que se fueron a la guerra y perdieron la vida en batallas libradas en montañas y selvas.
Será un buen momento para que los colombianos reconozcamos que el camino hacia la convivencia solo es posible si aceptamos que los combatientes también nos conciernen, pues son frutos de la sociedad que hemos construido. Tal vez un día Colombia acepte como consigna que todos desaparecidos deben ser buscados. Solo entonces a Liberto, y a los miles de Libertos cuyos cuerpos no han sido dignamente enterrados, les será plenamente restituida la dignidad, condición necesaria del aprecio que les fue negada en vida.
