En Ituango, Antioquia, el Estado colombiano ha sido incapaz de evitar que se repita la vulneración de los derechos humanos de sus habitantes. Amenazas, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados masivos siguen ocurriendo.
Por: Jose David Chalarca Suescum
El 1 de julio de 2006, mediante la sentencia “Las Masacres de Ituango VS. Colombia”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por las masacres y desplazamientos forzados cometidos en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango, en 1996 y 1997. La impunidad, el silencio y los desplazamientos forzados por la presencia de grupos armados ilegales persisten en ese municipio del Norte antioqueño.
La Granja
Pese a las advertencias que en su momento hizo el defensor de derechos humanos Jesús María Valle, sobre la presencia de grupos paramilitares, la primera masacre en el corregimiento de La Granja se registró el 11 de junio de 1996. Allí, entre veinte y treinta hombres enviados por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, torturaron y asesinaron a cuatro campesinos: William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García.
Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz el asedio fue promovido y patrocinado por un grupo de comerciantes y ganaderos, presuntas víctimas de las FARC, quienes aseguraron que el corregimiento era un bastión guerrillero. Las alertas de una posible incursión paramilitar fueron remitidas a las Fuerzas Armadas que, pese a conocerlas, decidieron no actuar en defensa de la población civil.
Dentro de los implicados en la masacre se vinculó al entonces comandante de la IV Brigada del Ejército, el general Carlos Alberto Ospina, al excomandante de la policía, Carlos Emilio Gañán, al exsecretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno, y al ex Mayor de la policía José Vicente Castro; este último condenado a 38 años de prisión y remitido desde la Corte Suprema de Justicia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien le dio el beneficio de la libertad transitoria. Varios testimonios de paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz también apuntaron a Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. Sin embargo, el proceso de investigación contra Uribe Vélez sigue su curso en la Fiscalía.
Según la sentencia de la CIDH, «a pesar de los recursos judiciales interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables» por los hechos ocurridos.
Pero en La Granja, la masacre de junio de 1996 no fue la única. El 27 de agosto de 2001, el rumor del regreso de “los paras” volvió a atemorizar a la población. A las seis de la tarde de ese día, el enfrentamiento entre paramilitares y la guerrilla de las FARC provocó que buena parte de la población civil huyera a bordo de chivas, mientras que otros se encerraron en la parroquia y en la casa cural. Menos suerte tuvieron los seis campesinos que fueron asesinados de forma selectiva.
Pocos días después, el 5 de septiembre de 2001, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de la población del corregimiento de La Granja, que “se encontraba sitiado por las AUC sin que las autoridades hubiesen emprendido acciones tendientes a proteger a la población civil. En consecuencia, la Comisión solicitó al Gobierno de Colombia adoptar de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la población civil y asegurar la presencia de la Fuerza Pública en el lugar; investigar los hechos denunciados y juzgar y sancionar a los responsables”.
La violencia persiste
Han pasado más de dos décadas, pero la situación no ha cambiado en corregimientos y veredas del Ituango, pues pese a las desmovilizaciones y al acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, aún hay presencia de disidencias de esa guerrillera y de estructuras paramilitares. Denuncias de “reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, abusos contra mujeres y niñas, y desplazamientos masivos” se siguen reportando.
Como lo informo UdeA Noticias, «en 2020 la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), dependencia del Secretariado General de las Naciones Unidas, reportó cuatro desplazamientos en o desde Ituango, producto de amenazas o enfrentamientos entre grupos. En 2021 reportaron cinco eventos de desplazamiento, entre estos, el del 19 de julio, con 4099 personas afectadas”.
Por su parte, el Banco de Datos de DD.HH. y Violencia Política, del Cinep, reportó entre 2020 y 2021 más de veinte hechos en los que la población civil fue víctima de los grupos armados ilegales en el municipio de Ituango, por ejemplo, el asesinato de un funcionario del hospital San Juan de Dios, el 2 de 2020; el desplazamiento forzado de más de 800 campesinos de doce veredas, el 23 de febrero de 2020; el desplazamiento forzado de 90 campesinos de la vereda Santa Lucía, el 19 de mayo de 2020; las amenazas contra miembros de juntas de acción comunal en las veredas Las Flechas, Villegas y Conguital; la masacre de tres personas en la vereda Quebrada del Medio, el 6 de junio de 2020; o el desplazamiento masivo de 196 familias campesinas de las veredas Las Arañas, Alto del Limón, Quebrada del Medio y Quindío, e indígenas del resguardo Jaidukamá, el 14 de febrero de 2021.
Si bien la situación del municipio del Norte antioqueño no es comparable a la de finales de los noventa, cuando ocurrió la masacre de La Granja, las estadísticas demuestran que la violencia allí pervive; además del temor de la sociedad civil a unos grupos armados ilegales que siguen ocupando el territorio; a las Fuerzas Armadas que en ocasiones fueron cómplices; y al Estado que muchas veces hizo caso omiso a sus llamados de socorro.