El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó en Medellín los puntos principales del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”; e instó a los ciudadanos a votar el próximo 2 de octubre por la refrendación de lo pactado en La Habana entre las Farc y el Gobierno Nacional. En sus palabras, este acuerdo no solo significa el silencio de los fusiles sino también la oportunidad de “echar adelante a Colombia”.
Por Margarita Isaza
Según De la Calle, el acuerdo es el fin del conflicto y el principio de un verdadero proceso de paz, en el que a lo largo de 10 años, las instituciones del Estado se transformarán para solucionar problemas como la tenencia de la tierra, la pobreza e inequidad en el campo colombiano, la falta de garantías para la participación política y los cultivos ilícitos, entre otros.
El jefe negociador presentó los mecanismos principales que contempla cada punto del acuerdo, y se refirió a algunos mitos, dudas y reproches asociados a ellos. Por ejemplo, mencionó el alcance de la jurisdicción especial incluida en el punto de Víctimas, que podrá ser aplicada no solo a miembros de las Farc sino también a agentes del Estado que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones y a terceros financiadores que hayan tenido un papel determinante en la comisión de delitos. Así mismo, negó que las tierras que conformarán el fondo de 3 millones de hectáreas, que es el corazón de la Reforma Rural Integral, vayan a resultar como producto de la expropiación arbitraria por parte del Estado.
Humberto de la Calle, ovacionado al empezar y terminar su discurso ante unas 200 personas en Plaza Mayor, declaró que los resultados del plebiscito del 2 de octubre serán respetados, como corresponde a un marco democrático, aunque de ganar el no, ve muy difícil que la guerrilla se siente de nuevo a negociar un acuerdo. Dijo, en los primeros apartes de su intervención, que el voto por el sí implica una certidumbre: “Logramos el mejor acuerdo posible”.
Consciente de la discusión que desde el 25 de agosto, fecha de anuncio del plebiscito, se vive en distintas esferas entre los ciudadanos del país, el jefe negociador del Gobierno concluyó que para el día siguiente de la votación, “tenemos que buscar un reencuentro nacional, pues no podemos vivir en la polarización”.
A continuación presentamos el discurso de Humberto de la Calle en el evento “Antioquia en el posconflicto”, realizado el martes 20 de septiembre en las comisiones 5 y 6 de Plaza Mayor en Medellín. Este evento fue organizado por DC Comunicaciones.
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Venimos a conversar, compartir y aprender. Yo no vengo a hacer propaganda. Sé que hay personas que están por el sí, otros por el no, y otros no han tomado una decisión. Se trata de reflexionar para que cada quien se movilice el próximo 2 de octubre en función de sus convicciones y de su conciencia. Por eso siempre trato de ahorrar adjetivos, ser muy franco, austero y absolutamente genuino. Lo que digo está ligado a lo que se acordó en La Habana. Cada quien tomará sus decisiones. Lo que me parecería muy malo es que haya quien piense que no tiene la obligación de salir a votar el 2 de octubre; creo que hay que salir y votar. En Colombia a veces exageramos en la retórica y a todo lo llamamos histórico. Pero lo que va a ocurrir el 2 de octubre es realmente histórico pues marca dos caminos. Esas opciones son legítimas porque una democracia se basa en el disenso. La base de la democracia no es que la mayoría destruya a las minorías; es al contrario: es la posibilidad de disentir racionalmente.
Pero la democracia tiene dos caras. Una es la de la discusión, la del disenso que a veces es dura, y por eso estamos viviendo un momento de polarización. Esto es natural porque las decisiones que hay que tomar ofenden o ilusionan, y se tocan fibras muy sensibles del ser humano, de los colombianos. La otra cara es que las sociedades no pueden quedarse estancadas en la discusión. Y ahí sí opera la regla de la mayoría, que es justamente lo que hizo el presidente Santos, en un acto de arrojo y de valentía, al decir: “Bueno, yo hablo con las Farc pero que resuelvan los colombianos”. Lo que ocurrirá el 2 de octubre es que son ustedes los que decidirán. La paz no es de Santos ni de las Farc, ni del grupo negociador ni de nadie; la paz es de ustedes. El fin del conflicto, lo que logramos en La Habana con las Farc, abre expectativas de implantación de una paz firme, si es refrendado por ustedes, por los colombianos.
El primer llamado que yo hago es a que discutamos de aquí al 2 de octubre, duramente, porque hay polarización. Ese día todos debemos reconocer el resultado de la mayoría, que es la que marca el camino de la nación. Yo creo que va a ganar el sí, pero es una convicción personal. Si llegara a ganar el no, uno tiene que entender que no lo logró, que lo que hicimos en La Habana no quedó bien hecho y que los colombianos no se convencieron de lo que logramos allá.
Por eso a veces yo me siento como un estudiante que estuvo cuatro años en La Habana haciendo un curso de solución de conflictos. Y ahora estamos presentando la tesis de grado, a ver si ustedes, que son los jurados, nos permiten ganar el curso y obtener el diploma o no. Todo está realmente en manos de ustedes.
Pero ¿hay más caminos? Esa es una pregunta importante: ¿Hay más caminos? Yo, con todo respeto, señalo que hay dos personas que sostienen la tesis de que si gana el no, volvemos a sentarnos a negociar, y eso suena como chévere: “votemos no y ahí vamos viendo”. Yo creo que eso es un error histórico, de verdad. Después de estar cuatro años, mirando a los ojos a la guerrilla, yo quiero decirles a ustedes con toda honestidad: eso es una ilusión. Después de cada ruptura transcurre por lo menos una década para iniciar conversaciones de nuevo. Recordemos: yo estuve en Caracas; como ministro de César Gaviria instalé esa Mesa. Vino Tlaxcala, una ruptura, y el siguiente paso fue con Andrés Pastrana en El Caguán. Se acabó El Caguán y sólo ahora hemos logrado una conversación exitosa.
Y no solo en Colombia. Hay un asesor nuestro que se llama Shlomo Ben Ami, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Israel y negociador de los acuerdos de Camp David entre árabes e israelitas. Cada que había una ruptura, las partes regresaban a sus posiciones iniciales. Entonces, no es cierta la idea de que si el 2 gana el no, el 3 estamos en La Habana y el 4 las Farc dicen: “Está bien, nos vamos para la cárcel. Es una buena idea. ¿En qué cárcel nos toca?”; o que digan: “No queremos participar en política, realmente hemos entendido que no”. Eso no funciona así.
Lo que vendrá si llegase a ganar el no es que se termina el proceso. Quien vote por el no lo hace con pleno respeto nuestro, pero que tenga claras las consecuencias. Lo segundo: tenemos una misión ya, copando el territorio colombiano proveniente de las Naciones Unidas, por designación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es como el gobierno del mundo. Es una misión enorme: va a haber alrededor de 600 o 700 verificadores del cese del fuego; es una de las misiones más grandes de verificación en el mundo, por la topografía de Colombia, la dispersión de los grupos, las zonas de acantonamiento temporal, en fin. Esa misión se basa en que hay un acuerdo y un cese del fuego bilateral. Si gana el no, la misión se cae por fuerza de los hechos, porque es insostenible, porque no tiene sentido el costo y el esfuerzo político de Naciones Unidas para una situación donde el acuerdo ya no existe, se ha diluido. Luego, hay que pensar bien. Y en ese momento, supongamos que el cese del fuego se mantenga, pero queda en una enorme fragilidad. Es un cese sin verificación, que no funciona en un país como Colombia porque hay otras fuentes de violencia: hay Bacrim, hay ELN. Luego, la base central y esencial de un cese definitivo es: zonas, presencia allí de la guerrilla, protección incluso del Ejército colombiano, y monitoreo internacional y verificación. De tal manera que si hay un incidente en otro lugar, esté claro que no fue una violación del cese del fuego de ninguna de las dos partes. Eso se nos cae.
Hace poco el general Mejía [Comandante del Ejército Nacional, Alberto José Mejía] anunció la nueva doctrina militar para el posconflicto. Una decisión unilateral del Estado colombiano, no negociada en La Habana, que demuestra cómo imaginamos en el posconflicto el papel de la Fuerza Pública. Entonces se cae el acuerdo, gana el no, y hay que coger esa nueva doctrina de seguridad, llevarla al congelador y esperar a ver qué ocurre en medio de la fragilidad del cese.
Recordemos lo siguiente: las Farc decretaron dos ceses unilaterales en el transcurso de las conversaciones. En cada ruptura, y particularmente en la última, el incremento de las operaciones militares fue del 400% en pocos días. Y vino la tragedia ecológica del Putumayo; ustedes recuerdan cómo se inundaron los ríos de crudo. Ese es un riesgo, no es una amenaza. Hay quienes se molestan y dicen: “Usted está presionando al votante”. No. Seamos realistas. Si uno vota no, tiene que entender las consecuencias de ese voto.
El sí, me parece, tiene una ventaja: la certidumbre. Nosotros entendemos que el acuerdo ha sido objeto de críticas, y no nos molesta. Hay que tener humildad republicana. Lo que hicimos allá puede no ser el paradigma de acuerdo óptimo imaginable, platoniano, no, pero es lo que hay. Tenemos la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Renegociar la idea, cambiar las características principales de ese acuerdo, es imposible.
Me parece, entonces, que la opción que tenemos es uno u otro camino. Pero además, quiero insistir en que aún con las críticas que se le formulan, y como mejor acuerdo posible, no es solo un acuerdo de carácter militar. Esto no es un problema de que los fusiles dejen de disparar, es mucho más que eso.
En efecto, hay un punto que llamamos Fin del Conflicto, el punto 3 de la agenda de La Habana, que se negoció de manera extraordinariamente cuidadosa, con militares nuestros: cinco oficiales de alta graduación de las Fuerzas Militares y de Policía establecieron qué ocurrirá día tras día, detalle por detalle, con alrededor de 27 protocolos para la dejación de las armas y la reincorporacion a la vida civil. ¿Qué es lo que ocurre? Movilización de las Farc, entran a las zonas temporales, monitoreo y verificación de Naciones Unidas, un anillo de seguridad, la garantía de que quien sale lo hace sin uniforme y sin armas; hay un grupo específico de miembros de las Farc que pueden salir a cooperar con el proceso de paz, y un cronograma de dejación de armas claro, de tal manera que para el día 180 no hay una pistola en poder de las Farc. Hay un contenedor de Naciones Unidas donde se depositan las armas, luego Naciones Unidas se lleva ese contenedor para la disposición final de las mismas. Ese es el punto 3, que está lleno de garantías para los colombianos y también para las Farc, claro, porque hay que garantizar que dejen las armas y que no haya luego una masacre; pues ellos también temen por su supervivencia. Pero el acuerdo no es solo eso.
A mí me parece que el acuerdo es una oportunidad de transformación, de futuro, de cambio. Por ejemplo, el punto 1 lo llamamos de Reforma Rural. ¿Qué es lo que ha estado pasando en Colombia? El campo se está quedando atrás, ni siquiera está estancado. La vida urbana, a pesar de las insatisfacciones que todos tengamos, ha ido mejorando. En Colombia hay estadísticas que muestran el ingreso de millones de colombianos a la clase media, así que con todas las dificultades en la vida urbana, se ha ido buscando un mejor estar de la población. El campo, mientras tanto, no solo se ha estancado, se ha deteriorado. Hay zonas de intenso microfundio, donde la familia campesina no tiene acceso a la tierra y no puede vivir de lo que tiene. La propiedad campesina se ha ido fraccionado, por litigios, por desplazamientos, por sucesiones, y hoy no ofrece un modo de vida digno porque la tierra no es productiva.
El primer propósito de la Reforma Rural Integral es recuperar el campo, a través de infraestructura, acceso a la tierra, también mecanismos de fomento que existían en el pasado y ahora no, por ejemplo crédito, asistencia técnica. Tuvimos instituciones como el ICA y otras que se fueron deteriorando. Hay que recuperar la situación de la familia campesina. Lo importante del acuerdo, que se hizo con extremo rigor y dentro del Estado de Derecho (allí no hay nada estalinista ni expropiación, ni confiscación de la tierra ni expropiaciones con pago de bonos a 20 años), es que hay una aplicación de normas que ya existen para brindarle 3 millones de hectáreas a un fondo de tierras, que en un plazo de 10 años permitan el acceso a la tierra.
De otro lado se abre la posibilidad de grandes explotaciones agroindustriales, en aquellos sitios donde prácticamente no hay campesinos: la Altillanura, por ejemplo. Porque tampoco nos podemos quedar rezagados. Hay una escasez mundial de alimentos y Colombia tiene que prepararse. Antes esto era impensable. Las Farc siempre sostenían que la tierra debía constituirse en pequeñas parcelas para campesinos, que el latifundio era una especie de delito y que no podía haber inversión masiva y agroindustrial en el campo. Este es un acuerdo que se logró, en el cual cabemos todos. Las dos formas de explotación de la tierra son importantes, pero en términos de los campesinos, hay una ruta para el futuro, que es posible sin conflicto.
Los esfuerzos del pasado muchas veces fracasaron, como es el caso de la sustitución de cultivos ilícitos, por el conflicto mismo, porque ahí estaba la bala, estaban las Farc atravesadas. Y eso era lo que realmente impedía que lo lográramos. De tal manera que hay en el punto 1 un proceso de recuperación del campo, que es una agenda nacional, es matar dos pájaros de un solo tiro: logramos un acuerdo con las Farc, pero sobre todo logramos un propósito para Colombia.
El segundo punto es el mejoramiento de la política. No creo que en Colombia haya alguien que no quiera que tengamos una política más limpia. La gente está cansada del clientelismo, de la corrupción. Eso hay que corregirlo, eso no es por las Farc, eso es por Colombia. ¿Pero cómo lo hicimos? No negociando la democracia colombiana con las Farc, a espaldas del país, no. Se establecieron una serie de acuerdos para que después de la dejación de armas y con las demás fuerzas políticas, se corrija el rumbo del ejercicio político, en un esfuerzo de higiene, de limpieza, de inclusión, de una democracia más abierta. Pero eso se hace aquí con todos, eso no se hace en La Habana. En La Habana se estableció el compromiso de las herramientas que vamos a aplicar si el sí gana el 2 de octubre.
De la mano del punto 1, ya lo mencioné tangencialmente, está el problema del narcotráfico. La verdad es que allí se diseñó una política que se basa más en sustitución de cultivos, en apoyo al pequeño campesino, en decisiones de las comunidades, de las pequeñas comunidades voluntarias para proceder a la sustitución, basado en la voluntad de los pobladores de esa pequeña comunidad. Si la comunidad se niega, mantenemos la posibilidad de la erradicación forzada, pero dándole preponderancia a la erradicación manual. Quedó como última instancia la fumigación.
Ahí hay una mentira y un mito: que nosotros entregamos la fumigación en La Habana. No es cierto, basta leer los acuerdos. Pero después, simultáneamente, sobre todo por decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el Gobierno ha pensado que el tema de las fumigaciones exige una reflexión entre los colombianos en términos de salud pública, de qué ocurre con la fumigación; pero estando como quedó, viva la fumigación, sí le dimos mayor importancia a la erradicación voluntaria o forzada manual, dependiendo del comportamiento de esa pequeña comunidad. Todo el acuerdo está basado en la participación de esas comunidades pequeñas. Los programas con enfoque territorial tienen ese propósito: cada comunidad va tomando sus decisiones. Y revivimos de esa manera el viejo anhelo de la participación comunitaria que nació en el 91, con la Constitución, que ha caminado bien, pero al que hay que imprimirle más ánimo, más empuje.
Luego hay una solución de justicia. Yo sé que muchos la critican. La solución de justicia para nosotros es equilibrada, y voy a explicarla en tres pinceladas. Primero, en el mundo de hoy las amnistías generales no son viables; hace poco se cayó una amnistía en El Salvador y entonces nuestros opositores dijeron: “Mire cómo lo están haciendo de mal en La Habana que ahora en El Salvador se cayó la amnistía”. Es absolutamente falso. Aquí estamos haciendo todo lo contrario a lo que se hizo allá. Allá decretaron una amnistía sin condiciones y para todo el mundo. Aquí lo que prometimos es que no habrá amnistía general, y lo cumplimos. Los delitos más graves, los remito al punto 40 de la jurisdicción, no son amnistiables: estamos hablando de delitos de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, genocidio, violencia sexual, privación injusta de la libertad, sustracción de menores; hay un núcleo de delitos que no son amnistiables.
Imaginémonos una pirámide: en la punta de la pirámide están los delitos que no van a ser amnistiados; en la base están los delitos comunes que por su propia naturaleza no tienen conexión con el conflicto; y en el centro, sí, hay un proyecto de ley de amnistía que se incluyó para conocimiento público, aun cuando no era obligatorio hacerlo, porque ese es un proyecto que irá al Congreso cuando tengamos el procedimiento legislativo especial. Y qué dice ese proyecto de ley de amnistía: que hay unos factores incluyentes a la amnistía y otros excluyentes. Y en particular, retoma una tradición colombiana de conexidad del delito con el delito político, y de buscar una solución equilibrada.
Lo interesante es que una arquitectura semejante se aplica a los agentes del Estado que han cometido delitos en cumplimiento de sus funciones, no por una decisión del Estado colombiano o por una política del Ejército o de la Policía, sino porque individualmente personas tomaron el camino del delito y tienen que responder también. Y la estructura es igual: los delitos más graves tienen el mismo tipo de sanciones, equivalentes a las de las Farc, y a los demás se les aplicará la renuncia de la acción penal, lo mismo que ocurre con los terceros financiadores, que es un tema supremamente sensible.
Los terceros financiadores, quienes se hayan mezclado en particular con las Autodefensas, hoy tienen un problema. El Fiscal General de la Nación dijo que tenía 16 mil compulsas de copias. ¿Qué son compulsas de copias? Menciones de personas y empresas, particularmente en la jurisdicción de Justicia y Paz. El Fiscal dijo: “No todas son serias, ahí hay menciones”. Probablemente ni el 1% sean serias, pero esas menciones hoy existen. Se ha tratado de crear un mito, totalmente falso; la jurisdicción especial es la salida y la solución para esos terceros, no es la que crea el problema, sino la que lo soluciona. De una manera equivalente a lo dispuesto para agentes del Estado y para las Farc, los que hayan sido actores determinantes —ojo a las palabras: actores determinantes—, o sea, el que sea orgánico de las AUC y financió una masacre, tiene que responderle a la Justicia. Actores determinantes o habituales. Los demás, es decir los que simplemente financiaron, pues tienen una solución equivalente, que es la renuncia a la acción penal. Y quien haya sido coaccionado no tiene responsabilidad: el coaccionado es víctima, no es victimario, no tiene por qué estar dando explicaciones. Es una arquitectura semejante para todos.
Y ahí nos hicieron una crítica, nos dijeron: “Pero si estaban hablando con las Farc, ¿por qué resolvieron involucrar a militares y a terceros financiadores?”. Pues porque es el fin del conflicto. Si usted no resuelve la situación jurídica de todos, de una manera intangible, con una especie de cosa juzgada universal, que no le ocurra a una persona que esté el resto de su vida esperando a que le toquen allá en la puerta de la casa y le digan “Venga, señor, yo vengo del CTI, quiero que me acompañe a la Fiscalía, porque tenemos una conversación pendiente”; no, eso no puede pasar, para ninguno. Entonces, cuando se habla de seguridad jurídica no es solo para las Farc, es para todos los involucrados en el conflicto, por eso se tomó la decisión de buscar una solución integral. Es el acuerdo el que les da mayor seguridad a los militares y a los terceros financiadores; si usted los saca de ahí, arma una jurisdicción distinta o los lleva a una jurisdicción ordinaria, ahí crea es una vulnerabilidad.
Este acuerdo no se basa en la impunidad, sino en una solución jurídica equilibrada para todos, sobre todo pensando en las víctimas. La justicia transicional como se pactó es para las víctimas. Por eso las acciones son reparadoras. Para la víctima es mejor que venga el guerrillero y reconstruya la escuela que dañó, a que pase 8 años en La Picota. Esta es la orientación: pensar en qué repara a la víctima. Y ahí hay un tema crucial: la verdad. Por eso creamos una Comisión de la Verdad; si no afrontamos las distintas verdades en Colombia y no aprendemos a convivir con otras verdades, no vamos a lograr paz.
El resultado de esto es que no hay violencia buena. Nadie puede albergar la idea de que usa la justicia privada para atacar al que lo atacó; yo disculpo la violencia mía con una violencia tuya. Y no. Después de 7 millones de víctimas, esa no es la discusión en Colombia. 220 mil muertos, el 80% de ellos civiles… Ya no más. No más a la guerra, hay que acabar la guerra. Y eso es lo que justamente se logró en La Habana.
Entonces la pregunta es: ¿Qué sigue? Pensemos en el futuro de Colombia. Esto no tiene dueño. La paz no es de nadie: ni del presidente Santos, ni de los opositores, ni de los expresidentes, ni de los negociadores, ni de las Farc. El 3 de octubre, yo creo que, transcurrida la faena democrática, sobre la base de que aceptamos el resultado, tenemos que buscar un reencuentro nacional. Me parece que no podemos vivir en la polarización, eso sería fatal. Ese día termina algo muy importante: el conflicto; y comienza algo aún más importante: el cumplimiento de los acuerdos y la utilización de estas oportunidades que he señalado: más inversión, más empleo, más seguridad.
El 3 de octubre debemos recomponer la nación, ponernos de acuerdo en lo elemental, en lo básico; es para echar adelante a Colombia, no para que no haya balas ni fusiles. Yo termino invitándolos a reflexionar y diciendo: sí es posible, sí se puede, preparémonos para la paz.