Durante la entrega del informe, la Mesa de Víctimas de Antioquia pidió medidas cautelares para el cementerio de Puerto Triunfo y el sector conocido como La Isla, donde los cuerpos de víctimas del paramilitarismo habrían sido usados como abono en cultivos de plátano.
Por: Pompilio Peña Montoya
Imagen de portada: Yhobán Hernández
En cajas de madera bellamente talladas y encabezadas con el título Rayo de luz, sobre las sombras de la impunidad, la Mesa de Víctimas de Antioquia, en conjunto con otros colectivos, entregó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición un informe que recopiló 517 casos de violencia asociada al conflicto armado, de los cuales 408 corresponden a víctimas de desaparición forzada, 101 a desplazamiento forzado y ocho a hechos victimizantes contra personas de la comunidad LGBTI.
Adriana Patricia Pérez, integrante del primer Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, quien dirigió la elaboración del informe Rayo de luz, manifestó que “los casos recogidos aquí fueron un ejercicio de liderazgo de nosotras las víctimas que sin recursos y aun temiendo por nuestra seguridad, documentamos cada caso, no solo a través de entrevistas telefónicas, sino también arriesgándonos al llegar a territorio”. Por eso enfatizó en que este trabajo se desarrolló gracias a los esfuerzos de la Mesa de Víctimas de Puerto Triunfo (Antioquia) y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
La lideresa de víctimas agregó que la búsqueda de personas dadas por desaparecidas debe darse prontamente porque existen sectores sociales que no quieren que se conozca la verdad de los hechos, porque la impunidad ante este delito supera el 95 por ciento y porque Antioquia es el territorio con el mayor número de casos de desaparición. Según la Unidad de Búsqueda, entre 1958 y el 2016, se registraron en el departamento 30 mil 607 desapariciones de personas; de estas 20 mil 279 fueron víctimas de desaparición forzada, 2 mil 710 fueron desapariciones por reclutamiento y 7 mil 618 por secuestro. Se calcula que en el país existen, al menos, 120 mil personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto.
Luz Mery Velázquez, representante de la Mesa de Víctimas de Antioquia, en su intervención, enfatizó la importancia de que la Unidad de Búsqueda se articule eficazmente con la Fiscalía y Medicina Legal con el fin de determinar el universo de personas no identificadas en los cementerios del país, en donde se calcula, según la lideresa, que hay al menos 27 mil personas inhumadas como no identificadas (NN).
Asimismo, en nombre de las víctimas del departamento, Luz Mery medidas cautelares para dos lugares en Puerto Triunfo que fueron foco de operaciones paramilitares a finales de los noventa y principios del milenio, en donde se cree, según testimonios recolectados, fueron asesinados y enterrados los cuerpos de más de cien personas. Estos lugares son: el cementerio central, donde hay 42 cuerpos sin identificar y al menos seis fosas comunes; y La Isla, un islote en medio del río Magdalena a 30 minutos en lancha desde Puerto Triunfo, donde miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio ‘castigaban’ a personas de la región que supuestamente se comportaban mal. En este lugar, indica el informe, había cultivos de plátano y yuca en los que a las personas que eran secuestradas o retenidas por los paramilitares se les obligaba a trabajar. Lea también: Las cifras de la desaparición: un crimen que pervive en Colombia
Según Luz Mery, de acuerdo con los testimonios recogidos en el territorio para la realización del informe, en este islote, que estaba bajo las órdenes del entonces jefe paramilitar Ramón Isaza, habría cuerpos de personas desaparecidas, ya que en La Isla los paramilitares asesinaban a las personas y picaban sus cuerpos para luego usarlos como abono para la tierra, “e irónicamente luego vendían el plátano sembrado allá en las poblaciones vecinas del Magdalena Medio”.
La entrega del informe Rayo de luz fue realizada el 30 de agosto del 2021 en el auditorio del Museo Casa de la Memoria de Medellín, a donde asistieron víctimas del conflicto armado, representantes del Sistema Integral de Verdad y funcionarios de la Alcaldía, la Gobernación, la Defensoría, la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, entre otros organismos del Estado, que escucharon las peticiones de las víctimas, quienes hicieron hincapié en cuatro líneas: la importancia de que los planes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas se desarrollen de la mano de las organizaciones de víctimas, la articulación de organizaciones e instituciones involucradas en los procesos de búsqueda, el deber que tienen las instituciones en la pedagogía para la paz y la necesidad de que la Unidad de Víctimas pueda concretar las diligencias para que las víctimas del conflicto puedan reportar su hecho victimizante y acceder a los beneficios que les otorga la ley. Lea también La chica del circo, un viaje y una pregunta por la desaparición forzada
Desaparición: una violencia priorizada en el sistema transicional
Entrega del informe Rayo de luz en el Museo Casa de la Memoria. Foto: Pompilio Peña, Hacemos Memoria.
En su intervención a los asistentes al evento, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, resaltó la importancia del informe como complemento a la información que se analiza para los planes regionales de búsqueda que se están llevando en el Oriente, Valle de Aburrá, Norte, Nordeste, Suroeste y Occidente de Antioquia. De paso se comprometió a que el 10 de septiembre llevaría a cabo un primer acercamiento del Pacto por la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en Antioquia, acuerdo que fue firmado por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el pasado 11 de marzo, y que pretende ahondar esfuerzos institucionales. «Ese día la unidad convocará esta mesa y esperamos contar con la participación de todos para jalonar el decreto y abrir ese espacio que las organizaciones valoran como importante en la búsqueda de sus seres queridos», manifestó la funcionaria. Lea también: Los retos que deberá superar el pacto por la búsqueda de desaparecidos en Antioquia
Las magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz María del Pilar Valencia y Reinere Jaramillo también se manifestaron. “Este informe nos ayuda a fortalecer aquellos datos para llamar a la rendición de cuentas a los máximos responsables de los crímenes cometidos en el conflicto. Nuestra tarea es juzgar aquellos máximos responsables que cometieron tan graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, manifestó Reinere, quien refiriéndose al esfuerzo de las mujeres buscadoras añadió: “Las mujeres sufrimos el impacto más desproporcionado de la guerra, por eso también mi reconocimiento a las mujeres buscadoras, a ustedes, que han ido mucho más allá de lo posible por encontrar a sus seres queridos, desde buscarlos en medio de la selva, hasta desenterrarlos con sus propias manos”.
Por su parte, María del Pilar Valencia indicó que los delitos alrededor de las desapariciones “no son amnistiables, no son indultables, por lo tanto, la JEP se asegurará que los comparecientes que concurran a nuestra jurisdicción no sean indultados”. Y añadió: “En este momento tenemos varios casos territoriales abiertos que no están investigando una sumatoria, están identificando patrones de macrocriminalidad para que vengan a responder los responsables por ese conjunto de delitos. Para Antioquia debo rescatar el caso 04 sobre Urabá, en el que se están investigando hechos desde Dabeiba hasta Turbo, haciendo énfasis en el Eje Bananero y en el Bajo Atrato. Este mismo ejercicio se está haciendo en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, porque un delito cometido en el marco del conflicto armado no viene solo; el desplazamiento forzado, por ejemplo, está precedido de asesinatos selectivos, desaparición forzada y violencia sexual”.
Entre tanto, Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad en Antioquia y el Eje Cafetero, manifestó que en el informe final que su entidad está elaborando y que será de dominio público a finales de noviembre de este año, se resaltará como el delito de la desaparición “ha operado dentro de una enorme impunidad, y esto tiene una intención, una en la que la maquinaria de la justicia no dé cuenta de responsabilidades ni materiales ni mucho menos intelectuales”. Por esta razón, agregó: “Vamos a reconocer [en el informe] las resistencias organizativas desarrolladas por diferentes colectivos en el territorio, que en el caso de la desaparición han constituido un componente fundamental para comprender la violencia”.
Max Yuri añadió que en el informe final que entregará la Comisión se incluirán una serie de recomendaciones acerca de “qué debe hacer la sociedad colombiana para construir un pacto en el cual la violencia no tenga espacio y en la cual la desaparición forzada nunca sea tolerada como una conducta aceptada en la sociedad”.
Al final del evento, la Mesa de Víctimas de Antioquia se comprometió a convocar un segundo evento en el que entregará al Sistema una segunda sistematización de casos que van desde la desaparición hasta el desplazamiento, la violencia sexual, la tortura y la persecución.