Es común hablar de Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, pero ¿qué ha pasado con los pueblos indígenas desde la Constitución de 1991, cuando fueron reconocidos por primera vez? El presente análisis comprende dos posturas sobre el asunto y señala algunas brechas entre el texto y la realidad. 

 

Por: Yenifer Aristizábal – Periodista Alma Mater

Foto: cortesía Juan Diego Restrepo

La Constitución de 1991 rompió paradigmas de participación política en Colombia en términos electorales, grupos religiosos, derechos para la mujer e, incluso, pueblos indígenas, cuya población está cercana al 3.4 por ciento del total de los colombianos.

En la Asamblea Nacional Constituyente hubo dos representantes indígenas, el emberá Francisco Rojas Birri y el guambiano Lorenzo Muelas Hurtado, quienes estuvieron al frente de una nueva Carta en la que, por primera vez, aparecieron los grupos étnicos integrados plenamente a la población colombiana y reconociendo al país como una nación pluriétnica y multicultural.

La influencia de los constituyentes se manifestó en aspectos esenciales como el reconocimiento de 65 lenguas indígenas, un ordenamiento territorial específico para ellos, la garantía de derechos culturales y la apertura de espacios políticos como la circunscripción especial indígena para el Senado.

De acuerdo con el Sistema Único de Información Normativa, desde 1991 se han dictado más de 70 decretos  y leyes que iluminan los vacíos jurídicos y reglamentan las disposiciones de la Constitución frente a los derechos de los pueblos indígenas.

Pese a esto, la población étnica sigue siendo vulnerable. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha señalado en sus informes, por lo menos desde 2010, que entre las principales amenazas que viven los pueblos indígenas está la violencia y sus efectos directos: el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, la prostitución forzada, la instalación de minas antipersona, los asesinatos selectivos a sus autoridades, promotores de salud y  maestros, y el confinamiento.

Avances pendientes

Para el exconstituyente Lorenzo Muelas Hurtado, quien representó hace 30 años a las Autoridades Indígenas de Colombia, la evaluación de estos años de vigencia de la Constitución es poco optimista, pues lo ganado no compensa los valores culturales perdidos.

«Nosotros hemos sufrido la pérdida de valores desde el mismo momento en que entró el “hombre extraño” a este continente con la única intención de apoderarse de los bienes de los indios, pero también a despojarnos de nuestro pensamiento y filosofía, las lenguas propias que hablábamos», dijo Lorenzo Muelas en su más reciente participación en un evento público, el pasado 28 de mayo, en el marco del conversatorio La Constitución está viva, convocado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia. «No quiero parecer ingrato, he visto 1991 como el año del reconocimiento del derecho indígena. Pero cuando la Constitución nos reconoció, ya habíamos perdido mucho», dijo.

Entre las principales amenazas que viven los pueblos indígenas está el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, la prostitución forzada, la instalación de minas antipersona y el confinamiento. Foto: cortesía Juan Diego Restrepo.

Los pueblos indígenas ya venían liderando movilizaciones para exigir sus derechos antes de la Constitución, muestra de ello es la consolidación de organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1970 y la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en 1985, que unificaron las demandas de esta población  principalmente en cuanto a la autonomía territorial y etnoeducativa.

El profesor Abadio Green Stocel, coordinador del Programa de Educación Indígena de la UdeA, expresó que desde la nueva y multicultural Carta Magna no se ha dado un avance categórico para los pueblos indígenas: «La Constitución de 1991 trata de hacer un nuevo acuerdo: reconocer a Colombia como un país diverso, en esto hay un avance respecto a las lenguas originarias que son reconocidas como oficiales, pero siento que avanzamos mucho más rápido antes de la Constituyente», indicó, al agregar, por ejemplo, que la creación de los resguardos —reconocidos  como territorios indígenas autónomos y colectivos, con sistema normativo propio— se expandió en el país entre 1970 y 1980, antes de la Constitución del 91.

Un tímido avance

Para Luis Javier Contreras, abogado de la Universidad de Antioquia, el hecho de que la Constitución incluyera por primera vez a estos pueblos sí representa un reconocimiento normativo importante: «Al reconocerlos, ya se les dignifica, se les da un argumento para pelear y luchar sus derechos», expresó.

Según este asesor de comunidades indígenas, si bien el movimiento indígena desde 1970 se daba de forma importante, este era aislado y no contaba con un alto nivel de comunicación y diálogo entre el Estado y los gobiernos indígenas: «Al darles reconocimiento, se abren estos espacios, aparecen ante la opinión pública todas las etnias que existen. Y la Corte Constitucional fue muy clara al decir que, al existir la diversidad, no se podían tomar medidas que fueran en contra de los pueblos indígenas. Eso, por ejemplo, fue un paso adelante».

Entre los pendientes, el abogado señala que son muy diferentes las conquistas que han tenido los indígenas de la Orinoquía y de la Amazonía frente a los de la región Andina. En las dos primeras el ejercicio de los derechos se encuentra rezagado: «Es como si el Gobierno fuera regalando los derechos allá, habría una realidad muy distinta de los derechos entre unos y otros». Para él, es determinante que mientras las comunidades de las dos primeras regiones pueden rondar entre las 200 y las 500 personas, las de la Andina son grandes pueblos con 25 mil o 50 mil habitantes.

En la Universidad de Antioquia

La Alma Máter se ha adaptado a los logros de la apertura normativa de la Constitución para las comunidades indígenas. Primero la existencia del Programa de Educación Indígena, hoy coordinado por el profesor Green. Además de la investigación que se realiza desde el Grupo Diverser, que nació en 1999 como una apuesta por la pedagogía y diversidad cultural.

También está la apuesta académica de la Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, que apuesta por la creación de conocimiento al margen de la visión occidental y más centrado en la cosmovisión de los pueblos originarios. A este programa académico pueden ingresar, por cohorte, alrededor de 100 indígenas de todo el país.

 

Este artículo fue publicado originalmente el 4 de julio del 2021, aquí.