El periodista e investigador del conflicto manifiesta que el silencio de estas entidades es un error si lo que se quiere es la paz, y teme que el relato del informe final de la Comisión no esté lo suficientemente equilibrado.

 

Por: Pompilio Peña Montoya

Se espera que en noviembre de este año la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición dé a conocer su informe final que, de acuerdo con su mandato, deberá dar cuenta de los diferentes contextos de violencia que ha tenido el país, así como de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión, incluyendo garantías de no repetición. Aunque este informe sigue en construcción, desde ya existen gran expectativa y múltiples preguntas sobre su contenido, en parte debido a la fuerte polarización política que experimenta el país. El periodista Juan Diego Restrepo, director del portal Verdad Abierta, es una de las personas que tiene inquietudes acerca de este legado que dejará la Comisión, como lo dejó claro en el conversatorio Archivos como garantes de derechos, realizado el 7 de julio del 2021.

En entrevista con Hacemos Memoria, Juan Diego Restrepo, quien desde hace más de una década viene desarrollando investigaciones sobre el conflicto armado y sus economías criminales, habló acerca del legado que representa el informe de la Comisión para el país, de las inquietudes y tensiones que enfrentará, y de la labor que deberían cumplir los medios de comunicación tras su publicación.

 

¿Por qué ha dicho usted que el informe final de la Comisión tendrá vacíos?

Ante la imposibilidad de acceder a una información estatal que puede llegar a ser sensible, como la que podría poseer el Ministerio de la Defensa, y por experiencia que he tenido participando en procesos de investigación con la Comisión de la Verdad, lo que se puede deducir es que el informe final de la Comisión va a quedar incompleto. Es decir, si no se tiene información del Ministerio de Defensa, referente a actuaciones específicas de la policía, del ejército y de la armada, lo que se intente esclarecer va a quedar fragmentado. Algo parecido pasa con las empresas privadas, pues estas no están obligadas a declarar o a dar informes sobre hechos del pasado en los que posiblemente incidieron. De esto se puede deducir que habrá una deficiencia en la tarea que tiene la Comisión en términos de esclarecimiento. Uno se pregunta ¿Cómo esclarecer un hecho donde faltan fichas?

Por otra parte, y partiendo también de las investigaciones que hemos llevado a cabo desde Verdad Abierta, algunas entidades tienen la costumbre de suministrar información mala. Nos hemos encontrado con datos errados, imprecisos, con grandes equívocos en cosas como nombres, fechas y relaciones entre actores, datos relativamente fáciles de corroborar. Así pues, lo que uno deduce es que al informe final de la Comisión le harán falta versiones tanto de entidades del Estado como de empresas privadas, y la poca información que logre adquirir de estos actores quizá esté mal o incompleta.

En este sentido me preocupa el tema del esclarecimiento porque va a carecer de elementos que permitirían ser precisos con algunos hechos que han ocurrido y que están siendo investigados por la Comisión.

La contrastación de datos será clave en la construcción del informe de la Comisión, ¿qué hacer ante la falta de información de estamentos militares y entidades privadas?

El informe va a tener vacíos, de eso no hay duda y es una realidad a la que tendremos que enfrentarnos cuando tengamos el informe en la mano. En todo caso, en la construcción de ese informe, debe haber una contrastación con la que habrá dificultades. Si se necesita esclarecer la masacre de El Aro, en Ituango, por ejemplo, y tomamos las declaraciones de paramilitares de que hubo un sector del ejército acantonado en la zona el día del hecho y que colaboró con la entrada y salida de los paramilitares sin ninguna contención, para reconstruir de manera clara lo sucedido es necesario saber cuál fue la unidad militar implicada y todos los pormenores de sus operaciones. Esta información podría levantarse de diferentes maneras, por declaraciones o investigaciones judiciales previas, pero en realidad la información debe suministrarla el Ministerio de Defensa. Esta entidad debería poder responder a las preguntas: qué brigada tuvo jurisdicción en Ituango en la fecha de la masacre, cuántos hombres estaban en el lugar, quién comandó al grupo, qué unidades militares rondaban también en la zona y qué órdenes operativas tuvieron ese día, que es lo que generalmente no dan.  Todo esto es importante porque toda actuación de tropas en terreno sigue unas órdenes. Así pues, cuando uno va y pregunta por este tipo de datos, el Ministerio de Defensa sale con que son reservados.

Como ya dije, esta información sería posible conseguirla de alguna manera, pero hacen falta los soportes oficiales que contengan qué fue lo que reportaron realmente a sus superiores las tropas el día de la masacre, y no lo que dijeron solamente de cara a los medios de comunicación.

Por otra parte, digamos, si uno tiene información de que tal desplazamiento masivo obedeció a que se necesitaba vaciar el territorio para desarrollar un megaproyecto, lo lógico sería acudir a la empresa señalada y pedirle su versión de los hechos, esto por supuesto para contrastar las versiones. Pero aquí pasa algo: las empresas privadas no están obligadas a declarar. Entonces, ¿uno qué hace en tal situación? Reitero, es necesario tener todas las versiones sobre un suceso, de otro modo será difícil esclarecerlo.

Ahora, hay que reconocer que este tipo de actuaciones de parte del Estado y de empresas privadas parecen ser normales en este contexto. Recuerdo que hace algunos años colaboré en una investigación de la Universidad Nacional en Bogotá sobre la comisión de la verdad de Guatemala, y allá pasó exactamente lo mismo: los militares se negaron a dar archivos, lo que provocó que el peso del relato recayera sobre cierto tipo de fuentes, como está pasando con nosotros, y a mi juicio eso es un error de parte del Estado y de las empresas si lo que buscamos es la paz.

¿De qué sectores privados le gustaría conocer su versión sobre hechos victimizantes durante el conflicto y por qué cree que permanecen en silencio frente a estos casos?

Uno quisiera que las empresas privadas dieran su versión sobre algunos hechos ocurridos durante el conflicto armado debido a su magnitud. Por ejemplo, que declararan algunas empresas petroleras, entre otras cosas porque siempre se les ha señalado de, presuntamente, haber participado en el conflicto financiando grupos armado ilegales. Y no solo empresas nacionales, también extranjeras.

Por otra parte, en el tema del despojo sería importante tener la versión del sector de la agroindustria, por ejemplo, en el Urabá. Sería interesante conocer la versión de las carboneras del César y la Guajira, empresas que de hecho ya están investigadas por presuntos delitos contra la población civil. Uno quisiera también conocer la versión de las bananeras, entre otras cosas porque algunas ya fueron enjuiciadas en Estados Unidos; conocemos el caso de la Chiquita Brands, empresa bananera a la que le pusieron una multa por haber impulsado grupos ilegales en Colombia, y cuya investigación aquí parece que se va a hundir, a pesar de que hay investigaciones que corroboran que esta empresa sí dio plata para financiar la guerra, en Verdad Abierta tenemos varias investigaciones al respecto.

También se sabe que el sector comercial financió a los paramilitares y que en el conflicto el sector del transporte también está implicado. Ellos participaron del conflicto, ya sea de forma voluntaria o coaccionada. Uno quisiera conocer su versión de los hechos, pero como no están obligados a declarar ni por la Comisión de la Verdad ni por la Jurisdicción Especial para la Paz, prefieren el silencio.

Ahora, ¿cuál puede ser la posible causa de este silencio? Digamos que si representantes de empresas como Coca-cola o Postobón dieran su versión sobre hechos, entre otras cosas porque están acusadas de dar muchas vacunas, ¿qué pasaría con la marca? La marca perdería valor y las empresas no están dispuestas a darse esa pela. Así vayan a la Comisión a decir: ‘nosotros fuimos coaccionados a pagar vacunas’, la noticia en los medios de comunicación será ‘Coca-Cola reconoce que pagó vacunas a la guerrilla’. El desprestigio corporativo es uno de los mayores temores de las grandes empresas.

Podríamos decir que el informe de la Comisión tendrá una narrativa donde las víctimas serán las protagonistas. ¿Esto sumará tensión entre algunos sectores del país?

Eso es claro y también acarrea un problema. Se reconoce que hay deficiencias de información, por lo que el relato estará apoyado sobre información que sí ha sido suministrada por organizaciones de víctimas, ONG´s, estamentos académicos y algunas entidades del Estado, etc. Pero también hay un temor de cierto sector de las víctimas en que no sean bien interpretadas, porque aquí se vive una tensión muy fuerte con las Circunscripciones Especiales para la Paz, acordadas con las Farc en el proceso de paz para que, en la Cámara de Representantes, haya representación política de las zonas más afectadas por el conflicto, pero las víctimas de las Farc parece que no contaran mucho.

La pregunta con la que uno debe leer el informe final de la Comisión es cuál es el relato que se va a imponer. En nuestro país hay una pulsión por cómo narrar la guerra y sus consecuencias, y el informe quizá refleje esas tensiones debido a que unos quieren participar en él y otros no. Yo particularmente quisiera un relato equilibrado, pero obviamente tendrá vacíos que van a generar ampolla en algunos sectores, puesto que incluso unos se verán representados y otros no; otros irán a decir que aportaron información que no fue nombrada o reseñada. Pero todo esto es propio de cualquier informe de una comisión de la verdad en cualquier parte del mundo. Lea también: Recomendaciones de la Comisión de la Verdad tendrán comité de seguimiento

¿Cree que en el país hay valor por los archivos, sabiendo que la Comisión dejará un gran legado en este sentido?

En Colombia no existe valor por los archivos y esto lo podemos evidenciar cuando desarrollamos trabajos periodísticos y vamos en la búsqueda de documentos, ya sea a instituciones o municipios, y los encontramos guardados de cualquier manera, descuidados, maltratados, incompletos, mal catalogados y clasificados, sin los cuidados ambientales que requiere el papel para su conservación.

Alguna vez asesoré y cooperé en un trabajo sobre el despojo de tierras en Mutatá y decidí ir a este municipio a buscar unas actas específicas para completar la investigación. Mutatá está en el sur del Eje Bananero en Urabá, en una zona selvática, húmeda y muy bella. Al llegar descubrimos que estos documentos no estaban en la alcaldía, estaban en un local alquilado y al entrar solo vimos cajas sobre cajas y nos dijeron, ‘lo que buscan, está ahí’. Esto presupuso organizar cientos de papeles maltratados por la humedad.

En términos generales, lo que quiero señalar es que hay mucha información sobre el conflicto armado, el desplazamiento y el despojo que, por falta de cultura, de normas y demás, se está perdiendo en las alcaldías y demás instituciones.

Por otra parte, una vez me contó una persona que conoce muy bien lo que es el estamento militar, que las brigadas, que a su vez tienen batallones dentro y fuera de ellas, suelen manejar mucho papeleo, y quien se encarga de su mantenimiento y archivo suele ser un soldado regular que van cambiado cada año. Así que cada vez que hay una persona nueva en esa oficina, esta lo que hace es organizar la documentación como mejor le parece. Entonces en ocasiones pienso que el ejército no es que no tenga voluntad de entregar información, sino que el descuido de sus archivos es de tal magnitud, que realmente no es que tengan mucha cosa para ofrecer. Uno solo piensa en la manera como han tratado esos documentos en batallones, muchas veces alejados. Esta podría ser otra lectura de lo que en realidad pasa.

¿Por qué los archivos que ha acopiado la Comisión en su proceso son tan importantes como el informe mismo?

Hay que entender algo. Una cosa es el informe y otra cosa son los archivos que fueron necesarios para el informe. La Comisión hasta donde sé posee al menos 15 mil documentos de archivo de todo tipo, entre entrevistas, documentos entregados por grupos de víctimas, académicos, entidades del Estado, entre otros. Esto es lo que uno podría denominar como legado. Ahí hay demasiada información que puede llegar a servir a muchas personas, para investigadores, periodistas, organizaciones y, en general, para la gente interesada en conocer aspectos del conflicto. Sobre este material hay que hacer pedagogía. Lea también: Colombia tiene la primera comisión de la verdad nativa digital del mundo

También van a quedar unos archivos, unos insumos, que serán muy útiles. Ahí la Comisión debe indicar a la gente cómo acceder a ellos, dónde van a estar alojados, quién va a tener la custodia y por cuánto tiempo, qué tanta reserva tendrá algunos documentos. Todo esto para uno poder decir, bueno, cuáles fueron los insumos utilizados para escribir el capítulo dedicado al paramilitarismo, porque quiero tener una lectura más profunda de ciertos aspectos del informe final. Por eso es importante preguntarle a la Comisión cuál será el proceso para acceder a los insumos. Lea también: Colombia tiene la primera comisión de la verdad nativa digital del mundo

¿Cómo debería el periodismo apropiarse de este material?

El legado de la Comisión será a largo plazo y cada medio de comunicación, dependiendo de su enfoque, tendrá preguntas para hacer. Habría que ver cuál es el interés de cada investigador.

Creo que habrá dos momentos una vez el informe final salga a la luz. El primero tendrá que ver con que en los medios se comenzará a hacer pedagogía sobre éste. Y posiblemente algunos medios se van a enfocar en lo que dice el informe y van a buscar casos fijos para decir que la Comisión se equivocó en tal cosa. Pero esto hace parte de la tensión que genera un informe con estas características. Y el segundo momento tiene que ver con los archivos y la utilidad que le dará cada medio.

El mensaje para los periodistas es que hay un legado muy importante que va a ser fuente de consulta documental por muchos años y que habrá allí unos documentos y testimonios sobre los cuales se podrá profundizar cuando se quieran abordar ciertos temas. Lo importante es que esa información será un gran insumo para elaborar contextos muy buenos. Los periodistas deben saber que la Comisión dejará una gran biblioteca del conflicto armado que no hay que desestimar, y ese es el llamado, a valorar el legado y tenerlo en cuenta en sus trabajos.

A propósito de la entrevista a Juan Diego Restrepo recomendamos el conversatorio Archivos como garantes de derechos.