En este territorio los actores armados, legales e ilegales, han ocasionado más de 400 mil hechos victimizantes que afectan principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas, reveló una investigación entregada al sistema transicional.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto: Flickr Sol Robayo – Licencia Creative Commons 2.0
Los habitantes del Pacífico nariñense, en el extremo suroeste de Colombia en límites con el Ecuador, están rodeados de la más exuberante naturaleza y de la riqueza de recursos que puede ofrecer el mar, pero viven en condiciones de penuria y violencia fuertemente arraigados. El constante de deterioro social en este territorio, según una investigación realizada por el Colectivo Orlando Fals Borda (OFB) y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, tiene sus orígenes en la época de la colonia y fue enraizándose en aspectos sociales, económicos, políticos y militares que hoy desencadenan en “un abandono estatal casi completo, afectando principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas”, afirmó Naya Parra, responsable de incidencia de dicho colectivo en el departamento de Nariño.
La investigación, titulada Racismo y violencia estatal en los territorios étnicos del Pacífico nariñense, fue entregada en junio del 2021 al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado a partir del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, con el propósito de aportar al entendimiento de la crisis humanitaria que vive hoy este territorio, no solo como una consecuencia del conflicto armado, sino como una problemática con un contexto histórico ligado a un racismo estructural de parte de los gobiernos central y regional que, en las últimas décadas, generó desplazamientos forzados, masacres, asesinato de líderes sociales, amenazas y desapariciones forzadas.
El Pacífico nariñense está conformado por los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara, El Charco, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Magui, Barbacoas, Ricauter, Mallama y Tumaco. Allí habitan cerca de 467 mil personas, de las cuales el 60 por ciento sobreviven con necesidades básicas insatisfechas y el 36 por ciento están reportadas como víctimas del conflicto armado, según datos recopilados en el informe con corte a junio del 2020, los cuales también indican que los habitantes de esta región fueron víctimas de 432 mil 919 hechos victimizantes, entre ellos, 320 mil 908 casos de desplazamiento forzado, 22 mil 93 amenazas y 18 mil 243 homicidios.
Ubicación de Tumaco en el mapa de Colombia. Foto: Comisión de la Verdad.
Para la construcción de este informe, explicó Naya Parra, más allá de los datos recogidos en instituciones como la Unidad de Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la prensa e investigaciones previas de organizaciones independientes, fue primordial un diálogo constante con las distintas comunidades del territorio, quienes brindaron una radiografía desde el corazón mismo de la población marginada: “En diálogo con las comunidades advertimos que hasta que no se cambie el modo en que se considera el territorio, en este caso de explotación de los recursos y como paso de mercancías, y no se considere que aquí viven comunidades principalmente étnicas, 90 por ciento población afro y seis por ciento de población indígena, el pacífico nariñense seguirá siendo foco de violencia y desigualdad; un territorio en donde al parecer los únicos que se benefician son las empresas palmeras y las mineras”, afirmó la investigadora a Hacemos Memoria.
Abandono histórico
En términos generales, la investigación realizada por el Colectivo Orlando Fals Borda identificó fenómenos sociales que fueron tomando fuerza a lo largo de los años como consecuencia de los planes que el Estado implementó en el territorio, en medio de modelos económicos impuestos y actores armados legales e ilegales que llegaron al Pacífico nariñense alentados por el gobierno o por particulares.
El informe hizo énfasis, entre otras cosas, en una evidente exclusión social que comienza con una ausencia de carreteras óptimas. A pesar de ser un territorio extenso y en el cual podrían desarrollarse economías hacia el interior de país en beneficio de las poblaciones afro e indígenas, solo existen dos carreteras que desembocan en la costa: la primera desde Cali a Buenaventura, y la segunda de Pasto a Tumaco. Así, la falta de mecanismos para la consolidación de actividades económicas sostenibles e interregionales, constituye, según este documento, una segregación geográfica que ha mantenido a la población en condiciones de pobreza, de falta de servicios públicos y de cobertura gubernamental.
En términos generales, expone el informe, los índices de empobrecimiento en los que vive la mayoría de la población en el Pacífico nariñense son de los peores del país, teniendo por ejemplo que en poblaciones como La Tola y Magüi, el 82 por ciento de las personas sobreviven con Necesidades Básicas Insatisfechas. Con base en este tipo de estadísticas, la investigación concluyó que la falta de acceso a derechos básicos para niños y adultos permite explicar parte de la violencia estructural racista que vive en la actualidad este territorio.
La discriminación racial se da a pesar de que esta zona del país es rica en recursos naturales y minerales, hoy explorados sin control y, en la mayoría de los casos, sin el consentimiento de las comunidades que históricamente han habitado allí. De hecho, este tipo de agresiones están registradas desde el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles en su afán por acaparar tierras señalaron a los pobladores indígenas como salvajes, señalando sus prácticas culturales como herejía, lo que provocó enfrentamientos que se extendieron a lo largo del litoral pacífico. Por otra parte, a este territorio que era habitado por pueblos indígenas, los españoles trajeron esclavos africanos en el siglo XVII, cuya descendencia constituye hoy la mayoría de la población afrocolombiana en la región.
Acerca de estas formas de organizar el territorio en cabeza de los españoles y, posteriormente, de los gobernantes y líderes políticos de Colombia, la investigación concluyó que “a lo largo de los últimos siglos el poder centralizado en élites blancas (mestizas) se empeñó en moldear un espacio natural, histórico y cultural profundamente excluyente, en el que los pueblos sometidos son tratados como mercancía y sus identidades disminuidas y subvaloradas”.
La arremetida de la violencia y el impacto de la desaparición
Si bien a lo largo de los últimos 200 años la violencia en el pacífico nariñense pasó por diferentes etapas, entre ellas la denominada violencia bipartidista entre 1925 y 1958, el informe Racismo y violencia estatal, según Naya Parra, señaló que el estallido del conflicto vivido entre los años 90 y la primera década del milenio, determinó los intereses económicos sobre un territorio dividido en grandes haciendas en expansión, defendidas por grupos armados legales e ilegales que no tuvieron ningún reparo en cometer toda clase de vejámenes contra la población étnica, que obtuvo el reconocimiento de derechos colectivos de territorios gracias a la Constitución de 1991, sin que esto garantice hoy una autonomía de sus tierras.
Los intereses sobre este territorio ocasionaron que en la región se dieran grandes desplazamientos a causa de la minería, los monocultivos de palma de aceite y la aspersión con glifosato para erradicar cultivos de coca promovidos por grupos ilegales. A lo cual se suman hechos de victimización vividos por las comunidades éticas como las masacres, el asesinato de líderes sociales, la tortura, la intimidación, el despojo de tierras, la amenaza y la desaparición forzada.
De hecho, la desaparición fue uno de los tópicos más documentados por el informe entregado al sistema de justicia transicional. Según Naya, “la desaparición es un tema que parecía escondido, como si no ocurriera, no había conciencia sobre este tipo de crimen ni se llevaba un registro juicioso, por eso no nos cabe duda de que debe haber un subregistro grande. Muchos tumaqueños se acostumbraron a que la gente se perdía y se quedaron esperando”, explicó la investigadora, quien agregó que entre los datos recolectados se descubrió que solo en el cementerio de Tumaco hay por lo menos 700 personas no identificadas.
Para la elaboración de este apartado dedicado a la desaparición, fue consultado, entre otras grupos sociales y culturales, el colectivo Esperanza y Paz, mujeres cantaoras y buscadores de Tumaco, que reúne a veinte mujeres afrodescendientes con familiares desaparecidos en medio del conflicto armado quienes, a través del canto y la divulgación del folclor, quieren transmitir un mensaje de esperanza, pero también de denuncia frente a un gobierno “indiferente del negro y del indígena que solo beneficia a los dueños de tierras adquiridas por el despojo”, señaló María Presentación Estacio Alegría, de 71 años, perteneciente al grupo de cantaoras, quien busca a su sobrino Piper Estacio Ayala, desaparecido desde 1988 cuando salió de Tumaco con cinco amigos hacia una hacienda a las afueras de la ciudad con el fin de encontrar trabajo como jornalero.
Cantaoras. Foto: Colectivo Orlando Fals Borda.
Según Nury Cabezas, coordinadora del colectivo de cantaoras Esperanza y Paz, la consolidación del grupo, conformado por otros colectivos de víctimas de la violencia, se dio como respuesta a un afán por visibilizar el crimen de la desaparición, un fenómeno que por muchos años estuvo invisibilizado por el miedo a denunciar y por la falta de garantías estatales. Con el paso del tiempo este colectivo se volvió un referente cultural en la región y, además, se convirtió en un espacio de terapia y sanación que ha traído buenos resultados para sus integrantes: “El pacífico nariñense es canto, cultura, folclor en medio de las carencias y el abandono, y el cantar juntas nos ha llenado de fuerzas en medio de la crisis”, explicó Nury, quien busca a su tía Elida Cabezas, desaparecida en Tumaco desde hace 20 años.
De acuerdo a datos del Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre 1985 y hasta el 31 de octubre del 2020, en los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, Santa Bárbara, El Charco, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Magui, Barbacoas, Ricauter, Mallama y Tumaco, se reportaron mil 310 personas desaparecidas, equivalente al 42 por ciento de todos los casos de Nariño. Esta base datos asegura que en Tumaco hay 701 desaparecidos, en Barbacoas 230, en El Charco 109 y en Ricaute 86. El año 2002, periodo en el paramilitarismo ingresó al territorio entrando en confrontación con la guerrilla de las Farc, fue el más crítico.
Peticiones al Sistema
Finalmente, el informe propuso una serie de recomendaciones y peticiones, entre las que se encuentran las dirigidas a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entidad a la cual se le solicitó que incluya en las acciones de búsqueda a las autoridades étnicas de la región y le pidió que comience la búsqueda lo más pronto posible, ya que se identificaron lugares en riesgo de ser manipulados, como cementerios municipales, posibles fosas comunes y cuerpos de agua en donde la comunidad aseguró que fueron arrojaron cadáveres.
A la Comisión de la Verdad se le solicitó tener en cuenta para su informe final, que debe entregar a finales de noviembre de este año, la violencia estructural basada en el racismo y el abandono estatal como columna vertebral del conflicto que tiene a esta región del país como una de las más empobrecidas y desiguales. La comunidad del pacífico nariñense, según consignó el documento, también le solicitó a la Comisión establecer “la relación temporal y causal que existe entre la llegada de economías agroindustriales y extractivas en el territorio, con el aumento desbordado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos individuales y colectivos”.
A la Jurisdicción Especial de Paz, se le pidió tener en cuenta las variables de violencia reseñadas en el informe, al momento de definir patrones del conflicto, para así establecer los máximos responsables de la violencia en el territorio. Y como medida de reparación y no repetición, el informe solicitó una reconfiguración en la definición de políticas en torno a las denominadas Áreas Estratégicas Mineras y el no retorno de las fumigaciones con glifosato, así como la creación de programas de atención social para todos los niveles de la población.