Este colectivo del Urabá antioqueño afirma que la alcaldía de Apartadó y la Brigada XVII del Ejército estaría prometiendo en veredas la construcción de infraestructura a cambio de desmantelar algunos lugares de memoria.
Por: Hacemos Memoria
Imagen de portada: blog Comunidad de Paz
Todos los años, cada Viernes Santo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, lleva a cabo un viacrucis que comienza con los primeros rayos de sol y se extiende hasta el atardecer. Decenas de personas salen en peregrinación por caminos rurales en cabeza del padre Javier Giraldo y recorren aquellas veredas del municipio de Apartadó donde fueron asesinados miembros de este colectivo. De esta manera, la comunidad honra la memoria de sus víctimas. En el recorrido se detienen en altares permanentes, algunos de ellos con más de 15 años, rezan y recuerdan los modos de resistencia de sus seres queridos en medio del conflicto armado, en un trabajo de reconstrucción de memoria que hoy, denuncia la propia comunidad, está siendo borrado por actores armados e, incluso, por instituciones del Estado, en una estrategia que los líderes denominan con el término “memoricidio”.
Según la Comunidad de Paz, este “memoricidio”, denunciado desde finales del 2019 a través de su página web, involucra a grupos paramilitares que, en presunta connivencia con la fuerza pública, presionan a las Juntas de Acción Comunal de veredas de San José de Apartadó que han estado vinculadas en procesos comunitarios alrededor la paz y la convivencia, para que desmantelen algunos lugares de memoria de la Comunidad de Paz y permitan, según esta denuncia, la construcción de infraestructura nueva dentro de las localidades, representada en vías, casetas comunitarias, placas deportivas, etc. Así aparece denunciado en un artículo del 2019 publicado en la página web de la Comunidad de Paz, titulado El Paramilitarismo busca servirse de las juntas comunales e implantar el “Memoricidio”, que dice: «Dentro de esta nueva estrategia, a las juntas de acción comunal se les ha encargado gestionar el MEMORICIDIO, o sea el exterminio de la memoria histórica. Nuestra Comunidad está sufriendo ahora las amenazas de destrucción de los monumentos de memoria que señalan los lugares sagrados donde fueron sacrificados nuestros líderes con altos grados de sevicia por parte de militares y paramilitares. Ahora son, pues, las juntas comunales las que bloquean o quieren exterminar la memoria, cumpliendo órdenes perversas de los poderes vigentes. Era difícil imaginar que se podría llegar a esa ignominia, pero lamentablemente ya es un hecho».
Para la lideresa y cofundadora de la Comunidad de Paz, María Brígida González, uno de los primeros actos de “memoricidio” en contra de la Comunidad de Paz se dio en el 2005, luego de la masacre de tres niños y cinco adultos cometida por paramilitares y soldados del Ejército colombiano el 21 de febrero de ese año en la vereda Mulatos Medios del corregimiento de San José de Apartadó (donde estaba asentada la comunidad desde su fundación el 23 de marzo del 1997), y en la vereda La Resbalosa del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba. Tras estos hechos, relató la lideresa, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez ubicó, en contra de la voluntad de la comunidad, una estación de policía dentro del caserío, por lo que esta población decidió desplazarse a la finca La Holandita, llamando a su nuevo centro San Josecito de la Dignidad. La decisión de desplazarse del territorio, según María Brígida, obedeció a que la presencia de la policía cerca de la comunidad ponía en riesgo la vida de los integrantes de este colectivo y violaba uno de los principios fundantes de la Comunidad de Paz: mantenerse neutral frente a los actores del conflicto armado.
Brígida añadió que este desplazamiento, ocurrido en abril del 2005, fue aprovechado por las autoridades y los grupos paramilitares para destruir el altar de memoria ubicado en el casco urbano del corregimiento de San José, en el que se rendía tributo a cerca de 250 víctimas fatales del conflicto armado en este territorio. “Allí había una fuente de agua hecha en piedras donde teníamos representadas las tres cordilleras de la serranía y en las piedras pintadas de colores estaban escritos los nombres de las víctimas de masacres, de asesinatos, de todo. Cuando salimos de allá nos tocó traernos las piedras y el resto del parque lo derrumbaron. Aún conservamos las piedras del monumento y las tenemos aquí, en La Holandita, en un monumento”, afirmó a Hacemos Memoria María Brígida el pasado 9 de marzo. Ella ha sepultado a 26 familiares y amigos desde que comenzó la arremetida paramilitar en contra de esta comunidad que ha perdido hasta hoy cerca de 300 integrantes desde los años 90, según cifras que lleva la misma comunidad en sus archivos.
Víctimas de la masacre del 21 de febrero del 2005. Imagen: blog de la Comunidad de paz.
“Para nosotros pensar en la memoria es pensar en la construcción. Pero quiere el mismo gobierno, el mismo Estado colombiano, acabar con los centros de memoria para que la gente no recuerde nada de lo que pasó, y para que la gente olvide. Sin embargo, nosotros nunca olvidaremos lo que nos ha pasado, lo recordamos, no con odio ni venganza sino como la construcción de una vida mejor, en armonía con la naturaleza y toda la gente, sin que haya guerra ni más muertos”, expresó María Brígida.
Según la líder de 69 años, desde el 2005 las cruces y los pequeños altares que la comunidad fue ubicando en los lugares donde cayeron muertos sus seres queridos, han sido arrancados y destruidos. Situación que confirmaron en los días posteriores al Viernes Santo del año mencionado cuando, después del recorrido de la comunidad por los lugares de memoria, advierten que algunos fueron ultrajados y quemados.
La opinión de un líder campesino
Hacemos Memoria se comunicó con un líder campesino de la región que por protección pidió mantener oculto su nombre y que en este caso llamaremos Epifanio*. El líder manifestó que, si bien los pobladores más antiguos de este territorio reconocen la labor de resistencia de la Comunidad de Paz frente a la violencia vivida en el territorio durante los últimos 30 años, en algunas veredas existe apatía frente a la postura que la Comunidad de Paz tiene con algunos procesos organizativos y comunitarios. “Estamos viviendo ahora una fuerte tensión. Para nadie es un secreto que la figura paramilitar continúa vigente y, conociendo la violencia de años pasados, muchos líderes de Juntas de Acción Comunal prefieren ser prudentes frente a ciertos liderazgos, sin abandonar su comunidad. Esto ha creado una división que cada quien va llevando como puede porque existe el miedo y una enorme desconfianza justificada en el pasado que hemos vivido y en quienes sabemos cómo responsables de la violencia”, expresó Epifanio.
Acerca del “memoricidio” denunciado por la Comunidad de Paz, Epifanio reconoció que sí existe una tensión sobre el destino final que tendrán algunos lugares que por años han recordado hechos violentos y precisó que eso ocurre en las veredas Mulatos Medio y La Unión, pero él atribuye dicha tensión a puntos de vista diferentes frente a la disposición que tendrán estos sitios, sin que eso quiera decir que se busca desmantelar paulatinamente la memoria, “por ejemplo, al territorio en los últimos años y sobre todo tras la firma del acuerdo de paz, han vuelto muchas personas que en su momento fueron desplazadas, estas personas se fueron muy jóvenes y regresaron con ideas nuevas que han chocado con el punto de vista de la Comunidad de Paz. Pero no creo que la idea última sea desaparecer la memoria, eso no se olvida y es algo que seguiremos contando a las generaciones futuras”.
Cada año, los Viernes Santos, integrantes de la Comunidad de Paz recorren los lugares en donde fueron asesinados sus líderes y allí ponen cruces que luego son quitadas por desconocidos. Imagen: blog de la Comunidad de paz.
Epifanio finalmente añadió que desconoce si la Alcaldía de Apartadó o la Brigada XVII están ofreciendo proyectos de infraestructura a cambio de desmantelar algunos lugares de memoria, “lo cierto es que somos un territorio abandonado por el Estado, con mala seguridad y casi nulo acceso a servicios como salud”. Pero reconoció que sí se dan convenios entre campesinos, la Alcaldía y la Brigada XVII en temas relacionados con la habilitación de vías. “Este es un territorio bastante agreste y extenso y en los últimos dos años ha llovido mucho, así que los campesinos a veces traen maquinaria para arreglar vías y eso a veces lo hacen con ayuda de estas instituciones. Por este tema hay hoy un problema con una carretera que se está abriendo entre Nueva Antioquia y la vereda La Esperanza, pues para continuar es necesario atravesar un predio de la Comunidad de Paz y no dejan pasar. Ellos argumentan que por allí se va a filtrar la gran minería y, en parte tienen razón, estos proyectos se dan sin consultas previas: aquí es más fácil titular una mina a empresas extranjeras que titularle un pequeño predio a un campesino despojado”.
Borrar el recuerdo de los muertos
Por su parte, el también líder de esta población, Bladimir Arteaga Guerra, afirmó que, si bien la mayoría de los lugares de memoria están en peligro, existen aún tres sitios de vital importancia que recuerdan dos de las masacres que ha soportado esta comunidad, hoy conformada por poco más de doscientas familias que viven mayoritariamente de la agricultura.
El primero de estos es el lugar de memoria ubicado en la vereda La Unión, ubicada a dos horas en carro desde Apartadó, que conmemora la masacre del 8 de julio del 2000. Según recopiló sobre esta masacre la publicación especializada en derechos humanos Noche y Niebla, (posible gracias a datos recopilados por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), de julio – diciembre del 2004, “cuando el 8 de julio de 2000 fueron masacrados 6 líderes de la vereda La Unión, los 20 encapuchados, supuestos paramilitares que perpetraron el crimen, entraron, a la vista de todo el mundo, por el lugar donde las tropas del ejército estaban acantonadas y por allí mismo salieron, mientras un helicóptero de la Brigada 17 sobrevolaba el escenario del crimen”.
Bladimir Arteaga afirmó que “en el mismo lugar en donde cayeron los cuerpos en La Unión se levantaron unos murales en cemento con las fotografías de las personas que murieron. Ese lugar, que justo fue parque central del pueblito, hoy lo quieren eliminar entre la Brigada XVII y la Alcaldía de Apartadó, prometiéndoles a las Juntas de Acción Comunal de la vereda que realizarán allí una placa polideportiva si la comunidad derriba esos murales”.
Los otros dos lugares de memoria que están en peligro se ubican en las veredas Mulatos y La Resbalosa, construidos tras la mencionada masacre del 21 de febrero del 2005, en la que fue asesinado uno de los líderes históricos de la Comunidad: Luis Eduardo Guerra, ejecutado con su compañera Bellanira Areiza y su hijo de 10 años Deiner Andrés Guerra, así como el coordinador de la Zona Humanitaria de La Resbalosa, Alfonso Bolívar Tuberquia Graciano, asesinado con su esposa Sandra Milena Muñoz Posso y sus hijos Natalia, de 5 años y medio, y Santiago, de 18 meses. Junto con estos últimos murió Alejandro Pérez Castaño, quien no era miembro de la Comunidad de Paz.
Fuente: Colombia Plural.
Sobre este caso, en su libro Fusil o toga, toga o fusil, el padre Javier Giraldo denunció cómo el gobierno de Álvaro Uribe quiso en su momento desviar la investigación sobre lo sucedido culpando de estas muertas a las Farc. Sin embargo, en junio del 2012, el Tribunal Superior de Antioquia por esta masacre finalmente ratificó como coautores de este crimen a cuatro militares. Se trata del teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, al subteniente Jorge Humberto Milanes Vega, el sargento Darío José Brango Agamez y al subteniente Édgar García Estupiñán, quien en su momento hacía parte de la Brigada XVII. Estos fueron condenados a 408 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.
Hoy los lugares de memoria construidos en las veredas Mulatos y La Resbalosa para honrar el recuerdo de las personas que cayeron en la masacre, están en peligro de ser derribados. Según Bladimir Arteaga, en conversación con Hacemos Memoria el pasado 9 de marzo, a las Juntas de Acción Comunal de estos sectores les están prometiendo la construcción de una escuela y una caseta comunal siempre y cuando desaparezcan los altares de memoria. Detrás de estas promesas estarían la alcaldía de Apartadó y la Brigada XVII, aseguró el abogado.
Frente a estas acusaciones, desde el mes de marzo, Hacemos Memoria intentó comunicarse tanto con el alcalde de Apartadó, Eliécer Arteaga, como con representantes de la Brigada VXII para conocer su opinión alrededor del supuesto “memoricidio” que se estaría promoviendo desde estas entidades, hasta la publicación de este artículo no fue posible obtener declaraciones de su parte, pese a que se intercambiaron mensajes, llamadas y correos electrónicos con los comunicadores de ambas instituciones.
El propósito del “memoricidio”
El abogado defensor de Derechos Humano Jorge Molano, quien representa a la Comunidad de Paz en procesos judiciales, manifestó que sectores políticos y militares de Urabá están buscando no solo eliminar los lugares de memoria, sino también callar las continuas denuncias que hace la Comunidad de Paz frente a la presunta alianza entre paramilitares y la fuerza pública en el territorio. De hecho, por este tema, el pasado 13 de mayo la Corte Constitucional emitió un fallo de última instancia a favor de una tutela interpuesta por la Brigada VXII en el que se le prohibió a la Comunidad de Paz emitir cualquier tipo de acusación que vinculara a militares de este batallón con paramilitares. Básicamente se acusó a esta comunidad de vulnerar el buen nombre de dicha brigada.
Así pues, según Molano, a “las estrategias de exterminio y amenazas” contra esta comunidad, así como al plan de poner a las Juntas de Acción Comunal de diferentes veredas en contra de la Comunidad de Paz, se sumó el fallo de la Corte que le exigió a este colectivo no emitir ninguna acusación a menos de que haya una sentencia de por medio. “A pesar de que la Corte dice que aquí no se afecta la libertad de expresión de la Comunidad de Paz, evidentemente sí se afecta y no permite que ella ejerza la defensa de sus Derechos Humanos. Es un fallo que es abiertamente antidemocrático y que tiende es a fortalecer opciones de autoritarismo, de militarismo y de criminalización”, señaló el abogado. Y añadió: “Hemos conocido el caso de la vereda La Unión en donde existe un propósito de acabar con los monumentos que se construyeron en memoria de los líderes e integrantes asesinados en acciones de la fuerza pública o los paramilitares. Aquí se está buscando exterminar a una comunidad, pero además acabar la memoria con ese exterminio. Se quiere que las generaciones futuras no conozcan ni recuerden lo que pasó en San José de Apartadó, y creemos que esa es una práctica peligrosa porque puede resultar a la vez incentivadora de actos de violencia contra la integridad y la vida de la Comunidad de Paz”.
Por su parte, al ser consultada sobre este tema, la docente de la Universidad de Antioquia y estudiosa de la memoria Judith Nieto manifestó que los elementos de recordación que estarían siendo borrados o en peligro de ser desmantelados, son expresiones que dan cuenta que allí, en el lugar señalado, pasó algo grave y doloroso, como una masacre, por lo que se instalan como una manera de denunciar al Estado, ya sea porque omitió su deber de proteger a la población o porque de una u otra forma participó para que el hecho victimizante se desarrollara.
Así pues, señaló Nieto, las placas, los recordatorios, las cruces, los museos o los archivos de memoria dan cuenta de la materialidad de un significado sobre un hecho ocurrido, generalmente violento. “Y fuera de ello, hay otro aspecto a resaltar y es que estas manifestaciones de memoria son producto de un trabajo político, colectivo y público que busca, como afirma la teórica de la memoria Elizabeth Jelin, reafirmar unas memorias colectivas que marcan identidades que buscan impedir que hechos de violencia se presenten de nuevo”. En ese sentido Nieto planteó que el gesto de borrar la memoria de un hecho violento va en contravía de lo que en algunos países se viene haciendo, que es seguir instalando y conmemorando sucesos de guerra para sembrar conciencia sobre la importancia de la “no repetición”.
Frente al concepto “memoricidio”, utilizado por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para designar la supuesta intención de diferentes actores para eliminar sus lugares de memoria, Nieto manifestó que, si bien el término hasta el momento no ha sido utilizado por los grandes teóricos del tema, es evidente que quiere designar un ‘abuso de la memoria’, que en este caso es la pretensión de unos por borrar elementos de recordación colectiva de otros.