El mandato de la Comisión termina en noviembre de este año con la entrega de su informe final, a partir de ese momento se creará un comité que vigilará el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en dicho informe.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto: Comisión de la Verdad
En enero del 2022 comenzará a funcionar el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad, un organismo que buscará, entre otras cosas, mantener un contacto directo con las instituciones del Estado encargadas de dar cumplimiento a las recomendaciones que se darán a conocer una vez la Comisión entregue su informe final en noviembre de 2021.
El comisionado Leyner Palacios Asprilla, una de las personas detrás de este proceso, habló con Hacemos Memoria y dio más detalles acerca de este comité que espera tener un gran apoyo del sector universitario y que se creará en cumplimiento del decreto 588 del 2017 “Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.
¿En qué consistirá este comité de seguimiento?
El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad será una instancia que desde nuestro entender está creada a partir del nacimiento del decreto 588 del 2017 en el que se nos pide que, además de aportar al esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado, la Comisión deje en funcionamiento una instancia que permita hacerle seguimiento a la implementación de las recomendaciones que se hagan en el informe final.
Este es un organismo que en el momento estamos estructurando. Hemos venido definiendo su composición y las personas que lo deben integrar, dado que sus funciones ya están determinadas en el decreto. Son funciones que indican básicamente que dicho comité debe hacer seguimiento a las recomendaciones. Además, estamos analizando en estos momentos cuál sería la entidad que se encargaría de operativizar los asuntos administrativos para su fruncimiento.
Esta es una discusión que hemos venido hablando en el interior del plenario de la Comisión. Hemos llegado a algunos consensos y en la actualidad estamos proyectándonos hacia la definición del acto administrativo para la creación de esta instancia.
¿Cómo trabajaría este comité de seguimiento?
En la Comisión hemos podido dar esta reflexión en varios sentidos. Para nosotros es supremamente claro que el decreto define las funcionen que debe cumplir el comité. La primera tiene que ver con rendir informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones, que pueden ser de orden nacional o territorial, incluso con perspectiva diferencial y de género. Estas recomendaciones están siendo construidas y se le entregarán al comité.
Así que digamos que los tiempos, o periodos de seguimiento y rendición de ese comité, dependerán de la lógica en que se plantee las recomendaciones. A su vez, la aplicación de las recomendaciones dependerá de las dinámicas en los departamentos y los municipios, lo que implicará t hacer un cronograma de cara a la evaluación.
Otra de las funciones que debe cumplir el comité es facilitar la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos, en una lógica de diálogo con las autoridades que tengan las competencias y las funciones en la implementación de esas recomendaciones, dado que el comité no es una instancia que por sí implementa las recomendaciones. En ese sentido, el decreto es claro y dice que el comité hace seguimiento al cumplimiento de las instituciones que se interpelan en las recomendaciones. Eso implica un diálogo muy fluido con las instituciones y por eso estamos pensado en la calidad que deben tener las personas que integrarán el comité.
Otra función es la difusión amplia de los informes en los medios de comunicación nacionales, regionales e internacionales. Esto implica que hay que aprovechar la capacidad comunicativa con el fin de que la sociedad conozca y esté informada sobre cómo se están cumpliendo las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
Así mismo, el comité debe comenzar a funcionar a partir de enero del 2022 y esperamos que tenga un término de entre cinco y siete años. Pensamos que es un tiempo más o menos razonable para hacerle seguimiento a la calidad y al tipo de recomendaciones que queremos plantearle al país. Pero además consideramos que este comité debe estar conformado por un número reducido de personas, no más de siete, y estas, como lo plantea el decreto, deben ser elegidas por la Comisión de la Verdad. Ellas estarán bajo unos lineamientos y orientaciones que da el mismo decreto, como que haya, por decir, un representante de la sociedad civil, un representante de víctimas, un encargado del enfoque diferencial, otro del enfoque étnico y uno de género, entre otros.
Por otra parte, en la Comisión pensamos que el comité debe tener una secretaría técnica que se encargue de la evaluación rigurosa del trabajo dirigido a cumplir las recomendaciones. También creemos pertinente que este comité esté inscrito a una entidad del Estado. Hay una reflexión profunda sobre que debe ser un organismo del mecanismo de control interno que tiene el país, como la Defensoría o la Procuraduría. Aunque consideramos que dado que el Acuerdo de Paz generó unas instancias que hacen parte del sistema de justicia transicional, el comité debe alojarse administrativamente en alguna de esas instancias con el fin de no desnaturalizar el sentido mismo del acuerdo, precisamente con el propósito de garantizar a las víctimas su centralidad.
¿Cuáles van a ser las primeras acciones del comité?
Creemos que en sus primeros meses el comité deberá adecuar muchas cosas propias, entre otras comenzar a relacionarse con las entidades del Estado, y deberá desarrollar sus primeras reuniones con la secretaría técnica. Esta secretaría debe estar conformada por personas, que pueden ser de universidades, con una alta capacidad técnica para hacer seguimiento a una serie recomendaciones que serán de orden nacional o regional. En todo caso creemos que ese soporte técnico lo puede ejercer el sector académico, aunque esto está por definirse.
Algo muy importante es que pensamos que este comité debe evitar los asuntos de la burocracia y la política. Por eso pensamos que las personas que estarán allí no recibirán un salario, aunque quizá se les garanticen elementos de sostenimiento para las sesiones que requieran realizar. Ese miso carácter lo tendrán los comisionados que en algún momento estén haciendo acompañamiento en el proceso.
¿Cuáles son las líneas gruesas de seguimiento que tendrá el comité?
El proceso de la investigación que llevamos hasta ahora nos permite asegurar que las recomendaciones que se van a formular quieren contrarrestar cosas que hemos encontrado como factores de persistencia del conflicto armado, lo que se mantiene y no permite que Colombia avance en una solución de la problemática de la diferencia.
Una de las conclusiones centrales indica que en Colombia existe un entramado de la guerra que se enmarca en una dinámica en la que no solo participan las personas que disparan; sino que detrás de ellas hay una serie de factores y elementos que se unen, se atan y provocan el conflicto. Por ejemplo, no podemos hablar de una solución de conflicto armado si no se ataca el fenómeno del narcotráfico, cierta minería y la disputa de la tierra y su uso. Y ahí inciden muchos actores, en ocasiones políticos, e incluso con capital internacional.
Además, consideramos que otro elemento que hace posible la guerra es que en el país hemos avivado el fenómeno de la estigmatización, que nos hace ver al otro como un enemigo interno, lo que hace posible el exterminio. Incluso en estos días lo estamos viendo con la estigmatización a la protesta social, por ejemplo. Y este modelo lo hemos repetido en los 60 años de violencia que llevamos. Lo que queremos plantearle al país es que esta fórmula está errada y proponemos las rutas del diálogo a pesar de la diferencia. Estas son algunas de las reflexiones que hemos hecho hasta ahora.
Ahora, estos factores mencionados han generado una degradación en la sociedad como la aparición del paramilitarismo y las guerrillas; y esta disputa se da en la democracia. Así pues, querer el poder es querer coactar las instancias del gobierno, del congreso, los ministerios y las distintas instancias y organismos de control, y esto debe solucionarse en la democracia. Para ello debe haber una apertura en la participación de sectores que históricamente han sido excluidos. En nuestro país existe gente que vive un goce pleno de derechos y privilegios. Entonces uno se pregunta ¿cómo un estado de derecho puede ser tan mezquino con una gran cantidad de la población sin oportunidades? Y otra cosa es la impunidad de los delitos, otro asunto que hay que atacar.
¿Cómo garantizar que el seguimiento a las recomendaciones se haga efectivo?
El decreto no le da una facultad al comité de seguimiento para que sus actuaciones puedan ser de carácter coercitivo. Por eso creo que el carácter de exigencia social es muy importante. El momento que vamos a vivir con la aparición del informe final y sus recomendaciones va a ser otra oportunidad y otra prueba de fuego para medir la disposición del país y dar el salto a una paz concreta y estable. Por eso desde ya hay que prepararnos y ahí las universidades y sus aliados juegan un papel importante con el fin de formar, para que la gente no le tenga miedo a la paz.