Aún en medio del aislamiento obligatorio, decretado entre marzo y junio del 2020 para prevenir el contagio de la COVID-19, Medellín continuó reportando casos de desplazamiento intraurbano. En ese periodo 467 personas fueron desplazadas en la ciudad, según datos de la Personería.
Por: Juan José Díez – Estudiante de Periodismo de la Universidad de Antioquia*
Foto: Julián Roldán
El desplazamiento forzado intraurbano podría definirse como una tipología del desplazamiento forzado que se presenta dentro de los límites de una misma ciudad y, a veces, incluso dentro de un mismo barrio o comuna. En Medellín, este crimen viene presentándose de forma permanente desde hace por lo menos 20 años y, aunque ha tenido altibajos en su intensidad, resulta preocupante la continuidad silenciosa de este tipo de violencia que, por sus propias dinámicas, frecuentemente pasa inadvertida.
Como hecho victimizante, el desplazamiento forzado intraurbano fue reconocido por el Estado colombiano a partir del caso de desplazamiento masivo ocurrido entre el 29 y el 30 de junio de 2002, en la parte alta del barrio El Salado, en el occidente de Medellín, que generó una disputa jurídica debido a que la Red de Solidaridad se negó a reconocer a las víctimas como personas desplazadas. El caso fue resuelto por la Corte Constitucional que emitió la Sentencia T-268 de 2003, mediante la cual se reconoció por primera vez la existencia del desplazamiento forzado intraurbano y declaró a las víctimas de este crimen como sujetos de atención y protección.
Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) La huella invisible de la guerra: Desplazamiento forzado en la comuna 13, en aquella ocasión, en el barrio El Salado, fueron desplazadas 170 de las 200 familias que habitaban el sector. Aunque este caso puede resultar paradigmático e ilustrativo, frente a la forma en que se presenta el desplazamiento en un contexto urbano, lo cierto es que en los últimos años la mayor parte de los casos se presentaron de manera individual.
En esta entrevista, Luz Amparo Sánchez, antropóloga y magíster en Filosofía de la Universidad de Antioquia, coordinadora del programa Derecho a la Ciudad de la Corporación Región, y relatora del informe sobre desplazamiento en la comuna 13, elaborado por el CNMH, habló sobre las dinámicas y características del desplazamiento forzado intraurbano, en adelante DFI. En su trayectoria, Luz Amparo ha realizado investigaciones sobre la memoria cultural, el miedo, el conflicto armado y del desplazamiento forzado intraurbano.
Empezando por lo más reciente, algo que se puede destacar de manera lamentable es que, incluso durante la cuarentena más estricta impuesta por el gobierno en 2020, se siguieron presentando casos de DFI, ¿Cómo se puede explicar esto?
El desplazamiento forzado disminuyó —en un 64 por ciento según la Personería de Medellín— durante la primera cuarentena. Sin embargo, es una violencia que continuó presentándose, y eso está muy asociado a que en los barrios hay unos controles [criminales] muy fuertes. O sea, no desaparecen esos controles y hay una entrega de ese poder, por ejemplo, frente a las disputas familiares y el tema de las extorsiones que tampoco para así haya confinamiento.
En los barrios hay un control directo de los grupos armados y se han reciclado muchas formas de control. Eso es tan contundente como que el desplazamiento rebajó durante el aislamiento por la pandemia, pero tan contundente como que no se detuvo. Yo creo que el desplazamiento es un termómetro: te pueden decir que la ciudad está perfecta, pero si hay desplazamiento es porque hay un problema muy agudo. Es un termómetro que está indicando que hay situaciones muy graves que tienden a presentarse en los mismos territorios en los que tenemos unas características: una economía ilegal y unos actores históricos.
Algo notorio es que el DFI no puede entenderse si no se mira en relación con otro tipo de violencias, ¿por qué?
El desplazamiento forzado está muy vinculado como experiencia al miedo. Y el miedo es un sentimiento que en última instancia está indicando, aunque yo no lo nombre, que yo temo morir. Eso es el miedo, yo temo morir. Porque aquí hay enfrentamientos todo el día, porque aquí amenazan y al que amenazan lo asesinan efectivamente, porque a los niños se los llevan los grupos armados, porque tengo una hija y esa hija puede ser violentada sexualmente. En esos temores lo que hay en últimas, porque así se define el miedo, es la posibilidad de que si no me pongo a salvo voy a morir. Por ejemplo, en el desplazamiento, cuando hacemos el análisis de quiénes se van, encontramos personas mayores que no se van. ¿Por qué no se van? Porque no tienen hijos menores que están en riesgo, ellos pueden permanecer en su casa, en cambio cuando hay hijos esto mueve muchísimo a proteger el núcleo.
Lo anterior quiere decir que la vida o la integridad de los jóvenes están en juego, porque aunque vivan en el mismo territorio donde hay actores que están amenazando, los ancianos no tienen mucho que temer, ellos no sienten que están en riesgo porque ya son mayores. En cambio, los padres de familia que tienen hijos jóvenes saben que ellos están en riesgo y por eso se van.
Algo que menciona en sus publicaciones es que las víctimas de desplazamiento sufren de cierta forma una pérdida de la certeza, ¿Cómo ocurre eso y cómo pueden recuperarla?
Resulta que si mañana hay un desplazamiento forzado, entonces no vas a poder dormir dónde creías que ibas a dormir, no vas a poder comer lo que creías que ibas a comer, no vas a poder tener el estudio, o a lo mejor vas a tener que coger otro camino porque este camino no puede ser y es interrumpido abruptamente. Porque esto es una cosa que ocurre por fuera de la planeación, por fuera de la certeza, sí eso me ocurre entonces abro un campo muy grande en el que van a caber todas las posibilidades, así como nunca me imaginé que iba a ser desplazada, pues entonces también puede ser que mañana me muero, es decir, ya todo puede ser.
Eso en un primer momento llena de inseguridades, la persona siente que no puede gobernar su vida, que lo que tenía más seguro ya no está, que otros planes que estaban ya no van a soñarse. La persona empieza anteponer la posibilidad de que nada se puede definir. Eso va a crear unos problemas de desorientación, unos problemas que tienen que ver con la incertidumbre.
Hay personas que a raíz de eso empezaron a reconocer sus derechos. Entonces incorporaron un nuevo lenguaje, empezaron a liderar una serie de procesos, dicen: “yo era un ama de casa común y corriente, esto me pasó y yo me encontré con gente que estaba entendiendo el problema, trabajando por ese problema, reivindicando sus derechos y me volvió una líder, o sea que salí de la vida cotidiana y hoy estoy aquí cumpliendo otro rol social”. Eso ya no necesariamente se convierte en muerte, sino que también, como decía Beatriz Restrepo, hay una dimensión política del dolor que se puede convertir en un discurso, en una fuerza que hace que a la persona no se le haya acabado su vida allí, sino que trascienda. Eso siempre va a depender de la historia de las personas, ni todas las personas van a quedar en ese ciclo de repetición ni todas las personas se vuelven agentes de esto. Va a depender del hecho, va a depender de la historia, va a depender de los recursos sociales e institucionales que la persona tiene.
Más allá de lo cuantitativo, ¿Qué condiciones diferencian al desplazamiento masivo del desplazamiento individual o gota a gota?
Cuando es individual, digamos que es casi imperceptible, entonces puede ser que una comunidad está viviendo una situación compleja, pero como el desplazamiento es individual casi no nos enteramos. De hecho, puede haber muchos desplazamientos individuales que nunca se van a registrar, por eso en los datos siempre hay un subregistro.
Lo otro es que los desplazamientos individuales no tienen la espectacularidad de los masivos. Cuando hablamos del masivo, hablamos en un mismo evento de la salida de 50 o más personas. Esos desplazamientos masivos son generalmente acciones que se dirigen a poblaciones que están señaladas por algo, porque pertenece a un territorio bajo la influencia de tal grupo, o porque están conectados, o porque hacen parte de ese núcleo al que perteneció un actor preponderante que está en la disputa, entonces casi siempre nos van a hablar de ese asunto tan fuerte que tiene que ver con el control del territorio, con el control de población. Cuando eso ocurre las personas salen huyendo de diferente forma. Yo recuerdo el desplazamiento de la comuna 13, en la parte alta del Salado, en el cual precisamente la intención —de los paramilitares— era decir: “bueno, es que como esta zona fue de influencia del ELN, entonces vamos a castigarlos”. Por eso, de manera casi indiscriminada, se dio la quema de los ranchos que provocó la huida, la desocupación de todo un territorio. Pero además hay otro propósito, y es que la salida de una población implica colonizarla por quienes llegan en esa lógica de desplazar, desterritorializar y volver a territoriorializar, a ocupar el territorio.
Pero también puede ocurrir que la misma comunidad sea la que se reapropie el territorio después, como ocurrió en el caso de La Loma, en 2013, ¿Cómo funcionan ese tipo de procesos?
El caso de La Loma es muy interesante porque precisamente fue la experiencia de servidores públicos que en Medellín le querían apostar a otra manera de atender el desplazamiento intraurbano. Por ejemplo, Luz Patricia Correa y toda la Unidad de Atención a Víctimas en Medellín, en ese periodo, dijeron: “nosotros lo que vamos a apostar no es a estar aquí listos para hacer el registro del que salió desplazado corriendo, sino que nos vamos a ir todos como institucionalidad para La Loma. Todos vamos a atender allá y lo que vamos a hacer es acompañar y llevarnos elementos de tipo simbólico, material y social para hacer presencia institucional y proteger a las personas”. Allí hubo un acompañamiento a la población hasta el punto que se toma en consideración quienes eran los niños, quienes eran los jóvenes, quienes eran los adultos. Esto sirvió cuando se habló del retorno, que fue facilitado por la institucionalidad que se comprometió, cosa que sirvió para demostrar que sí puede haber muchos más retornos acompañados en lo urbano.
En el caso de La Loma, la Unidad Municipal de Atención a las Víctimas le pidió a la Corporación Región que atendiera a los jóvenes, porque en Región se estaba trabajando con jóvenes hacía mucho tiempo. Hoy todavía hay un proyecto financiado por una agencia de cooperación, orientado por Región, atendiendo a jóvenes de La Loma que vienen desde ese proceso de retorno atendido por la unidad de víctimas, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y una serie de instituciones. Lo que quiero concluir es que esto no puede verse como un asunto individual, tiene que haber un compromiso decidido en la institucionalidad pública, entender que si las personas fueron desplazadas fue porque el Estado no tuvo capacidad para protegerlas, entonces tendrá que tener la capacidad para garantizar su retorno y, con este, garantizar el arraigo social y lo demás.
Tampoco ayuda mucho que el DFI, relacionado con el conflicto armado, esté en una especie de limbo, lo que implica incertidumbres respecto a muchas políticas que trajo consigo el Acuerdo de Paz. ¿Qué impacto puede tener eso en las víctimas?
Eso tiene un impacto muy fuerte en las víctimas que son como invisibles. Incluso creo que fue muy fuerte para las víctimas de desplazamiento el hecho de que la JEP tuviera primero como casos priorizados al secuestro y otros crímenes, y no al desplazamiento forzado. Este ha sido un golpe muy fuerte, pero por fortuna hoy muchos investigadores desde la academia, por ejemplo en la Universidad de Antioquia desde el Instituto de Estudios Políticos, y desde las mismas comunidades, están hablando de que es necesario volver a poner en el debate público el desplazamiento forzado y el desplazamiento forzado intraurbano. De hecho el presidente de la JEP dice que está casi seguro de que ese tribunal transicional va a abrir el macro caso de desplazamiento forzado.
¿Se incluirá el DFI en el macro caso?
Ahí existe un debate, hay que hacer fuerza. Ahora, el macro caso de desplazamiento en Antioquia y Medellín creo que puede ser muy importante porque no hay duda de que en términos cuantitativos Antioquia es uno de los departamentos que tienen más víctimas, pero también Medellín por el desplazamiento intraurbano. Además, no solo se trata de si es desplazamiento de un tipo o de otro, porque muchas veces a la misma persona que llega desplazada desde lo rural en la ciudad le toca la tragedia de seguir desplazándose de un lado a otro. Entonces sería muy potente si el macro caso reconociera que el desplazamiento forzado fue el primer punto para que se diera luego ese desencadenamiento del intraurbano.
En el artículo titulado El desplazamiento forzado intraurbano: negación del derecho a la ciudad, usted argumenta que quienes se desplazan del campo a la ciudad son más vulnerables ante el DFI ¿Por qué ocurre eso?
Cuando las personas recorren una larga distancia, salen por ejemplo del campo a la ciudad, es muy difícil que se devuelvan, porque cuando están en la ciudad las personas desplazadas llegan sin condiciones económicas que les permitan incluso decidir dónde vivir. Les toca ir a esos espacios donde se puede hacer un rancho, tener una vivienda más barata, pero eso implica riesgos, porque son personas que van a estar en altas pendientes o a la orilla de quebradas o ríos.
Además de esas situaciones de riesgo, sucede que en nuestra ciudad, particularmente, casi todos estos territorios donde se asientan los desplazados tienen un control por parte de actores ilegales. Hay varias situaciones, es posible que quién ha llegado proveniente de alguna zona en la que se dio una confrontación entre grupos armados se encuentre esos mismos actores aquí. Cuando eso sucede, fácilmente la persona está expuesta a continuar siendo objeto de persecución o de amenazas, e inmediatamente se va porque aquí la lógica es que si hay amenaza ésta se ejecuta. Entonces a la persona la vuelven a expulsar. Pero puede que no sea esa la situación, puede que ya haya una confrontación al sitio al que esa persona llegó, o puede que haya extorsión, o cualquiera de los otros motivos por los cuales a las personas se les obliga a salir. Lo que esto implica, también, es que con cada desplazamiento hay una situación económica más difícil para la persona, hay un descenso socioeconómico, tiene menores condiciones para vivir.
* Esta entrevista fue realizada en diciembre de 2020 como parte de las actividades del curso Periodismo y Memoria, de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.