Durante el encuentro «La verdad del pueblo negro», empresarios y excombatientes reconocieron sus responsabilidades y pidieron perdón a las comunidades negras por hechos de violencia como la masacre de Punta Coquitos, en Urabá.
Por: Pompilio Peña Montoya
Imágenes: cortesía Comisión de la Verdad
Colombia es, en gran parte, un país afrodescendiente, es decir, desciende de población negra, palenquera y raizal, proveniente originalmente de África, secuestrada y traída a las Américas en la época del colonialismo. Desde ese momento, el pueblo negro ha desarrollado ejercicios de libertad, resistencia y ha aportado a la construcción de nuestra nación. Por ello, también, ha sido una de las principales víctimas del conflicto armado. De acuerdo a la Red Nacional de Información, con corte al 31 de octubre de 2020, un millón 144 mil 486 personas de estas comunidades aparecen registradas como víctimas en el país. Es por esto que la Comisión de la Verdad llevó a cabo un reconocimiento a su lucha y empeño en medio de la adversidad de la guerra, en un encuentro en el que se escucharon las voces de las víctimas y de sus victimarios, quienes reconocieron responsabilidades.
En el Encuentro por la verdad del pueblo negro, al comisionado Leyner Palacios, de la Comisión de la Verdad, le fue conferido el bastón de mando del pueblo cimarrón de San Basilio de Palenque, tras lo que Palacios manifestó: “Como representante hoy de estas comunidades y como comisionado, quiero manifestar mi preocupación por el abandono estatal que vive el pueblo negro en Colombia. La pandemia mundial y el paso del huracán Iota evidenciaron la fragilidad en la que se encuentra el pueblo raizal. Nos solidarizamos con todas las víctimas y quiero manifestar que esto es evidencia de la desatención e invisibilización histórica del pueblo negro”. Además reiteró que es preocupante que en la actualidad persistan las masacres, los desplazamientos y las acciones violentas contra su comunidad.
De los 217 líderes sociales asesinados entre 2015 y 2019, solo en 2017 se reportó que 77 eran afrodescendientes, según la información recopilada por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, siguiendo el pensamiento de Palacios, destacó la fortaleza de esta población por sobrevivir desde la época esclavista hasta nuestros días, sin dejar de lado su alegría y sus enriquecedoras costumbres que han hecho de Colombia un país diverso y alegre. Pero también llamó la atención sobre la falta de compromiso de parte del Estado con sus obligaciones para con una comunidad que solo le ha traído orgullo al país.
Refiriéndose a la comunidad afro, De Roux dijo: “La verdad que ustedes entregan en sus testimonios de hoy es la revelación de una verdad de ignominia y de crímenes que ha estado silenciada, negada y enterrada por la cultura racista, y ante la cual tenemos un desafío que no da espera”. Y advirtió que mientras no cambie la visión segregacionista de quienes se encuentran en el poder, no habrá un cambio real hacia la igualdad en este país.
Dionisia Herrera Torres, víctima de la violencia en San Basilio de Palenque, en Bolívar, contó en este encuentro por la verdad cómo su hermano Julián fue asesinado, luego de que hombres vestidos con prendas militares, que se desplazaban en una camioneta sin placas, ingresaran al billar del pueblo y, sin mediar palabra, dispararan, dejando sin vida a cuatro personas. “En San Basilio en el 99 hubo mucho miedo, terror. La gente compraba todo antes de las cuatro de la tarde, cuando las calles quedaban solas. Gente caminaba las calles sin que se supiera quienes eran”.
Acerca de la manera como su comunidad resistió a la violencia, Moraima María Simarra, residente de San Basilio, expresó: «los palenqueros resistimos todo este conflicto, toda esta problemática porque eso lo llevamos en la sangre, sabemos que somos guerreros”. Y añadió que es necesario, para llegar a una paz, que se le reconozcan a la población negra sus derechos frente al territorio, ya que gran parte de él fue despojado o vendido por el miedo. “Pero hay que hacer esa restitución con proyectos”, afirmó Moraima, quien recalcó que las indemnizaciones ofrecidas por el gobierno son “pañitos de agua tibia”, y dijo que todos los habitantes de San Basilio son víctimas.
Entre 2001 y 2016 se generaron 4.208 alertas tempranas por parte de comunidades negras y afrocolombianas. Las principales razones fueron: desplazamiento forzado, homicidios selectivos, amenazas, masacres y reclutamiento forzado, según datos entregados por la Comisión de la Verdad.
Por su parte, Harrison Moreno Ramos, líder del Palenque Congal en la ciudad de Buenaventura, en el Valle del Cauca, manifestó que la violencia en este territorio comenzó a finales de los años sesenta, al empezar la planeación del puerto. Ya en los años noventa la guerrilla hizo presencia en esta ciudad. Pero no fue hasta la llegada del paramilitarismo que la violencia se hizo insostenible. “Cuando llega a Buenaventura ‘Carlitos el fusilero’, comenzamos a ver hombres armados y uniformados, llamados AUC, que comienzan a hacer masacres”, afirmó Harrison Moreno. Sumado a ello, a la población se le prohibió ir a ciertos lugares, como balnearios, y aquellos que no cumplían la regla eran encontrados sin vida en los manglares.
En este encuentro también participó el empresario bananero Mario Zuluaga, quien reconoció que a finales de los años ochenta permitió, en connivencia con otros empresarios del Urabá antioqueño, la llegada de grupos paramilitares con el fin de repeler el hostigamiento y las extorsiones de la guerrilla. Sin embargo, la llegada de estos hombres armados desproporcionó la violencia y se dieron masacres como la ocurrida el 11 de abril de 1988, cuando al menos 30 paramilitares al servicio de Fidel Castaño, vestidos como soldados, llegaron a la vereda Punta Coquitos, en Turbo, se llevaron a 26 campesinos, asesinaron a algunos de ellos en la playa, y embarcaron al resto en lanchas. En los días siguientes, los cuerpos sin vida de quienes fueron embarcados aparecieron en la arena luego de que el mar los sacara a la playa. Por estos hechos, Mario Zuluaga, ya condenado, asumió frente a la Comisión de la Verdad su responsabilidad y pidió perdón a las víctimas.
La voz de Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy preso en Estados Unidos, también se escuchó en el encuentro. A través de un audio que envío a la Comisión de la Verdad, Mancuso reconoció la crueldad e injusticia de la violencia paramilitar, y dijo que muchas personas inocentes, que nada tenían que ver con el conflicto, cayeron en matanzas. También afirmó que gran parte de las incursiones que hicieron los bloques paramilitares que él comandó en diferentes territorios, fueron posibles gracias al apoyo y la venia del Estado colombiano. Y resaltó que el racismo y la discriminación fueron elementos que contribuyeron a sacar de proporciones el conflicto, en el cual el Estado, según Mancuso, no ha querido reconocer su responsabilidad.
Entre tanto, Pastor Alape Lascarro, exintegrante del secretariado de las Farc, también pidió perdón y manifestó que los errores de ese grupo insurgente se debieron, más que todo, a la complejidad del conflicto y a la falta de entender los verdaderos intereses de las comunidades: “Porque de alguna manera ejercimos un liderazgo más desde una visión occidental que desde las propias realidades de estas poblaciones, es decir, falto un acompañamiento a su propia resistencia a partir del respeto de sus realidades”.