Según el informe El virus de la violencia, entre enero y junio de 2020 ocurrieron 463 agresiones contra líderes sociales en 28 de los 32 departamentos del país. El documento critica las acciones del gobierno para enfrentar este problema.
Por: Pompilio Peña Montoya
Foto de portada: Estefanny Sandoval
Un aumento del 61 por ciento en el asesinato de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia reportó el programa Somos Defensores, al revelar que entre enero y junio de 2020 ocurrieron en el país 95 casos, lo que representa 36 asesinatos más que en 2019 cuando se reportaron 59 casos. Estos crímenes, sumados al repunte de agresiones como el atentado, la desaparición, la detención arbitraria y el robo de información, están detallados en el informe El virus de la violencia, presentado este martes 3 de noviembre por esa organización.
De acuerdo con los datos provenientes del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) de Somos Defensores, en el primer semestre de 2020 ocurrieron 463 agresiones a líderes y defensores que comprenden: amenazas, asesinatos, atentados, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas y robos de información.
Fuente: informe El virus de la violencia, Somos Defensores.
Las 463 agresiones registradas por Somos Defensores afectaron a 452 líderes, de los cuales 327 eran hombres y125 mujeres. Pero esta cifra podría ser mayor, advirtió el informe, porque la presencia de la pandemia impidió un monitoreo más exacto debido a la imposibilidad de ir a los lugares con mayores problemáticas.
Comparado con años anteriores, el registro de 463 agresiones en el primer semestre de 2020 representa un aumento frente a 2017, cuando en igual periodo se registraron 336 casos, y a 2018, cuando fueron 397 casos. Pero, denota una disminución frente a 2019 cuando ocurrieron 591 casos.
En relación con el tipo de liderazgos, los más afectados por las agresiones en el primer semestre de 2020 fueron los líderes comunales, seguidos de campesinos, indígenas y comunitarios; siendo el respaldo a la implementación del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, pactado en el Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC, uno de los principales factores de riesgo.
Fuente: informe El virus de la violencia, Somos Defensores.
Según el informe, este año ha sido particular, ya que en el país se ha dado una reconfiguración de los grupos armados que han optado por tercerizar sus acciones de violencia a través de estructuras criminales o bandas delincuenciales, lo que dificulta la identificación plena de los responsables de las agresiones a líderes.
De acuerdo con Somos Defensores: “La información registrada sobre presuntos responsables evidencia que de las 463 agresiones ocurridas, el 37 por ciento sería responsabilidad de autores desconocidos, el 30 por ciento de grupos paramilitares, el 12 por ciento de la Fuerza Pública, el 10 por ciento de las disidencias de las FARC, el 6 por ciento del ELN y el 5 por ciento de la Fiscalía (entidad encargada de las acciones de judicialización)”. En este punto, el informe anota que se puede apreciar una variación en relación con el mismo período del 2019, cuando el primer lugar en agresiones fue ocupado por los paramilitares. Lea también: La Ceguera, el informe que desvela el abandono del Estado a los líderes sociales
Catatumbo, Bajo Cauca, Cauca y Valle, las zonas de mayor riesgo
En relación con las zonas de ocurrencia de las agresiones, el informe detalla que éstas se dieron en 28 de los 32 departamentos de Colombia. El departamento con el mayor número de registros fue el Cauca con 90 casos, seguido de Antioquia con 65, Cundinamarca con 48, La Guajira con 40, Norte de Santander con 28 casos, Valle del Cauca con 26, Cesar con 23, Arauca con 20 y Putumayo 20.
Según Somos Defensores, las regiones donde son más frecuentes las agresiones contra líderes sociales conjugan factores de conflicto armado y violencias no solo por la presencia de grupos ilegales sino por una inadecuada política social y militar de parte del gobierno de Iván Duque, siendo las zonas más conflictivas el Catatumbo en Norte de Santander, el Bajo Cauca en Antioquia, el Cauca y el Valle del Cauca.
Frente a esta situación, el informe advirtió: “Mientras el horror se esparce por los territorios, el Gobierno guarda silencio e insiste en negar el recrudecimiento del conflicto y la sistematicidad de las agresiones. Aunque todos los días los liderazgos sociales exponen sus vidas y se enfrentan a múltiples amenazas, las instituciones y los funcionarios no reconocen la gravedad de lo que ocurre y, por el contrario, tratan de imponer una versión paralela de la realidad en la que nada es tan grave como parece”.
Para combatir la insurgencia, describió el informe, el gobierno optó por aumentar el pie de fuerzas en algunas de las regiones más violentas, que a su vez son las más empobrecidas por el despojo y el abandono histórico de parte del Estado, lo que ha dado pie a que el monopolio de la fuerza sea ejercido por grupos ilegales que han adoptado el narcotráfico como fuente de financiamiento, sometiendo a sus reglas a la población civil. “Lamentablemente, como hemos señalado en varias ocasiones, el problema radica en que la violencia es el indicador que se mantiene estable y en ascenso en los lugares con mayor despliegue de Fuerza Pública. Las regiones del Sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño y el Pacífico nariñense, así como el departamento del Cauca, son prueba de esta incongruencia”, señaló el documento, que añadió que la estrategia militar que se aplica allí es una “reedición” de la política de seguridad desarrollada durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.
Duque evade el Acuerdo de Paz y avanza en un enfoque militarista
Un aspecto sobre el cual llamó la atención Somos Defensores, en relación con la situación de violencia contra líderes sociales, es el poco esfuerzo que ha invertido el gobierno del presiente Iván Duque para llevar a buen término la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC, principalmente en relación con el acceso a tierras para los campesinos y los excombatientes, la reparación integral a la población víctima del conflicto y las garantías de seguridad a las persona que están en proceso de reincorporación a la vida civil.
La falta de voluntad para implementar el Acuerdo, advirtió el informe, se evidencia en la creación del llamado Plan de Acción Oportuna, que ha poco de cumplir dos años desde su expedición “no ha contribuido en lo más mínimo a proteger la vida de las personas defensoras de derechos humanos, ni de las personas involucradas en el posacuerdo, como el campesinado inscrito en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos o la población excombatiente en proceso de reincorporación, por poner un par de ejemplos”.
Agregó el informe que “lo mismo sucede con el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), cuyos municipios beneficiarios son testigos de un tímido avance y una poca ejecución, tergiversada por otras iniciativas paralelas del actual gobierno. Sus fines ahora han sido plegados a la creación de las nuevas figuras territoriales que tienen un fuerte componente militar y destruyen la integralidad del Acuerdo”.
El enfoque militarista del actual gobierno fue duramente criticado por Somos Defensores en su informe, que cuestionó una serie de actividades de la fuerza pública que serían de dudosa legalidad como “la directiva que auspiciaba el regreso de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’”; las labores de persecución, vigilancia y perfilamientos a periodistas, políticos opositores, defensores de derechos humanos y figuras públicas, que se hicieron públicas a través de los medios de comunicación; y las comprobadas agresiones sexuales a mujeres y niñas por parte de algunos uniformados del Ejército y la Policía.
Así mismo, el informe llamó la atención acerca de la cuestionada presencia de militares norteamericanos en Colombia, cuya llegada al país se dio a conocer por un comunicado de la embajada de Estados Unidos y no por voz del mismo gobierno colombiano. Recalcó el documento que esta presencia en territorio nacional no garantiza una eficiente lucha contra las drogas y amenaza la seguridad de la población civil, si se tienen en cuenta los reprochables antecedentes que se dieron en años pasados con militares estadounidenses.
Por último, en este campo, el informe reprochó la forma cómo el gobierno manejó la pandemia del coronavirus, mediante la expedición de decretos dirigidos a rescatar al sector empresarial y financiero. “De esta manera, el Gobierno continuó desnaturalizando lo público para beneficiar el lucro privado, mientras se socava el interés común y se evidencia una clara regresividad en materia de derechos humanos”.