El traslado de 73 excombatientes de las Farc, desde Ituango a Mutatá, no solo refleja los temores de los firmantes de paz, sino también la incertidumbre por las garantías para su reincorporación. Las reflexiones académicas sobre este desplazamiento recalcan vacíos en la implementación del acuerdo y la urgencia de vincular a las comunidades vecinas.
Por: Leonardo Álvarez Arango, Periodista – Comunicaciones Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Publicado por Alma Mater
Fotos: cortesía Jennifer Rueda
La firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc-EP representó el comienzo de un complejo proceso de construcción de paz territorial. La cruenta historia del conflicto armado, sumada a esa complejidad, tiene hoy a muchos excombatientes que firmaron la paz, dejaron la armas y han sostenido su propósito de mantenerse en la vida civil, ante un difícil camino para construir una nueva vida a partir de lo pactado.
La presión y agresión de grupos armados ilegales y los retrasos en el cumplimiento de los acuerdos son potentes elementos que afectan el desarrollo de este proceso. La Misión de Verificación de la ONU reportó, en su último informe trimestral del 2020, que desde la firma del acuerdo han sido asesinados 210 firmantes, 37 el presente año. En Argelia, departamento del Cauca, 16 excombatientes tuvieron que abandonar sus hogares y proyectos productivos debido a las amenazas de los grupos armados ilegales; y en junio, 17 más, en compañía de sus familias, tuvieron que dejar la nueva zona de reincorporación colectiva de El Diamante, en La Uribe, Meta.
Antioquia no ha quedado exenta de situaciones semejantes: el 15 de julio, 74 excombatientes y 19 de sus familiares salieron del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Ituango y se trasladaron a Mutatá, debido al asesinato de 12 de sus miembros desde la firma del acuerdo y a las amenazas de los grupos armados, dirigidas también contra las comunidades locales.
Un viaje para garantizar la vida
El traslado, desde la vereda Santa Lucía, de Ituango, hacia San José de León, en Mutatá, estuvo impulsado por el asesinato, el 28 de enero, de César Darío Herrera Gómez, excombatiente de las Farc. Según John Taborda, firmante del acuerdo, la falta de garantías de seguridad para la reinserción efectiva los obligó «a comenzar de cero en otra región, dejando atrás arraigos familiares y sociales para salvaguardar sus vidas».
«Esta es una razón para categorizar esta reubicación como un desplazamiento forzado», señaló Martha Valderrama Barrera, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y una de las docentes que ha participado en el acompañamiento que la Universidad de Antioquia ha brindado a los procesos de reincorporación de los excombatientes en diferentes entornos de reincorporación en el departamento.
Sin embargo, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), contextualizó desde el análisis gubernamental esta reubicación, al explicar que solo 13 zonas de las 24 preexistentes reúnen las condiciones de acceso a tierras, bienes y servicios públicos, seguridad en todas sus esferas, creación de infraestructura y capacidad receptora de los municipios. Entre estas se encuentra Mutatá.
Foto: cortesía Jennifer Rueda.
Sin embargo, las condiciones de vivienda y acceso a servicios para esta nueva población no están garantizadas todavía en ese municipio de la subregión de Urabá. Para Valderrama Barrera, este tipo de circunstancias altera lo definido por el acuerdo de paz, «que no está planteado como un pacto simple de reincorporación que genere cosas materiales, sino que también permita resignificar los proyectos de vida de los excombatientes y la sociedad civil campesina. En la tensión entre la vida en armas, el desarme, la reincorporación y la paz, dijo Valderrama, se debate el día a día de múltiples hombres, mujeres, niños y adolescentes que se encontraban ubicados en este espacio territorial, dispuestos a participar activamente de aquellas condiciones de oportunidad que se deberían desprender de los acuerdos pactados con el Gobierno».
Por ahora, el grupo que se trasladó a Mutatá está recibiendo el apoyo de otro grupo de excombatientes que se encontraba previamente en San José de León, provenientes de Tierra Alta, Córdoba. Joverman Sánchez Arroyave, el líder de la reincorporación de más de 100 excombatientes en este lugar, relató que le dieron la mano a sus compañeros de Ituango bajo el principio de solidaridad, pero recalcó la importancia del cumplimiento de las promesas en acceso a tierra y vida productiva.
El Gobierno nacional firmó por un año el contrato de arrendamiento de los predios El Porvenir y Becuarandó, a los que llegaron los excombatientes de Ituango, que suman 137 hectáreas. Además, la solicitud de compra de estos ya fue radicada ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que los desmovilizados puedan tener mayores garantías para emprender de nuevo sus proyectos productivos.
El compromiso de la ARN plantea dos fases. La primera, de carácter transitorio, proyecta construir la vía de acceso y asegurar 50 viviendas transitorias para finales del mes de octubre. La segunda tiene un carácter definitivo, pues considera la compra de tierras y la construcción de las viviendas, proyectadas a un año debido a las etapas de estudio de títulos, linderos, estudios técnicos y avalúos.
Estas promesas constituyen una nueva esperanza, tanto para quienes ya estaban allí como para quienes se trasladaron desde Ituango. La experiencia de reincorporación en este último municipio, ubicado en el Norte antioqueño, según la lectura de Valderrama Barrera, constata que las acciones del Estado han sido tibias e insuficientes para alcanzar un proyecto cooperado entre el Gobierno, los excombatientes y la sociedad civil. Tal proyecto, dijo, debe continuar «desde la profunda y necesaria trasformación del campo y de la vida de millones de campesinos que han experimentado a lo largo de su historia la ausencia del Estado, los efectos de las inequidades y desigualdades sociales, económicas y políticas, así como el empobrecimiento paulatino, la vulneración sistemática de sus derechos y los efectos del conflicto armado».
Deisy Patricia Hurtado Galeano, docente e investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, coincide con lo anterior al advertir que, si bien, es fundamental garantizar la reincorporación de estos firmantes, es igualmente importante construir la paz con los campesinos de la ruralidad dispersa, que históricamente ha estado excluida del desarrollo y de la participación política. «El proceso de paz no podrá ser exitoso si no se reconoce la dignidad de la labor de los campesinos y sus condiciones políticas, económicas, culturales y de seguridad».
Por su parte, Alix Bibiana Gómez Vargas, coordinadora del Semillero de Estudios Políticos Rurales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, señaló que «las promesas incumplidas no han sido excusa para que estos excombatientes retrocedan en su decisión de dejar atrás la vida en armas. Al contrario —recalcó—, siguen firmes en esta apuesta colectiva, en la idea de construir un proyecto común que logre transformar sus vidas y las vidas de las comunidades vecinas, esperando que sus realidades cambien tras una verdadera reforma y transformación del campo».
La Universidad de Antioquia, a través de la Unidad Especial de Paz y de varias unidades académicas, viene realizando proyectos en nueve entornos de reincorporación —ETCR y NAR—, en los cuales tiene lugar la implementación del punto tres del acuerdo de paz —fin del conflicto—. Tales proyectos, con la participación de 35 docentes de la institución y la vinculación de 450 excombatientes y sus familias en 2019, se han enfocado en aspectos como el empoderamiento económico, educación, fortalecimiento comunitario, infraestructura, arte, cultura, ocio, deporte, recreación, salud y medio ambiente.
En el marco de estas experiencias, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia realizó, el 5 de agosto, el conversatorio «De Ituango a Mutatá: un viaje para garantizar la vida». Aquí se recogen las reflexiones expresadas allí, en el que las tres docentes citadas reiteraron el llamado al Gobierno nacional para que aporte su voluntad política en la implementación de los acuerdos, en especial para salvaguardar la vida, no solo de los firmantes de paz sino también de los campesinos, pues son ellos quienes, desde su labor ancestral del trabajo de la tierra, han resistido la guerra y construido la paz.