La implementación del Acuerdo de Paz con las Farc y acuerdos regionales humanitarios son algunos aspectos que, según expertos consultados por Hacemos Memoria, debería reforzar el gobierno del presidente Iván Duque ante el recrudecimiento del conflicto armado en Colombia.
Por: Daniela Jiménez González
Foto de portada: Juan Camilo Castañeda, Hacemos Memoria
En un intento por bajarle el tono a la agudización del conflicto armado en Colombia, marcado recientemente por la seguidilla de masacres cometidas en diferentes regiones del país, el pasado 22 de agosto el presidente Iván Duque Márquez se refirió a las masacres como “homicidios colectivos”. La declaración del primer mandatario, realizada durante un consejo de seguridad en el departamento de Nariño, tras el asesinato de nueve jóvenes en el municipio de Samaniego, desató una ola de críticas contra Duque quien posteriormente, ante la innegable realidad, fue cambiando su discurso.
Solo hasta el 31 de agosto, cuando tres soldados fueron asesinados en Norte de Santander, Duque pronunció la expresión “execrable masacre”. Al día siguiente, en una de sus alocuciones presidenciales en Arauca, transmitida por sus redes sociales el 1 de septiembre, dijo que había que “llamar las cosas por su nombre” y habló de “estructuras criminales que están masacrando jóvenes en muchos lugares del territorio, las que están asesinando líderes sociales”.
Frente a este panorama y el intento de Duque por escudarse en el lenguaje, Hacemos Memoria consultó a académicos y líderes de organizaciones sociales para conocer cómo perciben la respuesta estatal frente a la actual agudización de la violencia en Colombia.
Nombrar las cosas por su nombre
La primera carta que se juega el Estado como respuesta a los problemas del país es la del discurso en la opinión pública. Así lo explicó el sociólogo y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, Andrés Suárez, quien agregó que por estos días el discurso del Gobierno vuelve a centrarse en el narcotráfico y que el miedo a nombrar las masacres —y lo que eso cuestiona, es decir, la incapacidad del Estado para brindar seguridad— esconde un temor político.
Duque, apuntó Suárez, le apuesta a minimizar los hechos desde el eufemismo de “homicidios colectivos” y le traslada la responsabilidad a otros en un repertorio de reacciones prefabricadas.
Para Suárez, hay una resistencia del Estado a reconocer que puede haber elementos pendientes de la implementación del acuerdo de paz o rezagos del conflicto armado que se están saliendo de las manos, que se están reconfigurando rápidamente y que no se pueden controlar. Ese reconocimiento, para un Gobierno cuya bandera es la seguridad, no es rentable, comentó.
En este contexto, “la masacre implica exhibir la violencia. Cuando un actor armado comete varias, lo que está diciendo es: ‘estoy listo para el desafío, para apuntalar órdenes sociales, apostarle a controles territoriales más fuertes’. Es una declaratoria de poder y de guerra”, explicó Suárez, quien recalcó que si bien para un actor armado hacer una masacre tiene un gran costo económico y político, al servirse de la memoria traumática de la guerra este tipo de actuaciones logra enviar un mensaje a las sociedades regionales.
Considerando lo anterior, Suárez planteó que una respuesta más contundente del Estado es reconocer que esta agudización de la violencia no es solo un problema militar, sino un asunto que implica para el Estado llegar a los territorios con inversión social, lo que no se trata únicamente de dotar las regiones de bienes públicos e infraestructura, sino de fortalecer los procesos de organización comunitaria y de justicia, así como de descentralización política y administrativa.
“Esos son los puntos con los que se le disputa el liderazgo a un actor armado. Por eso a estos actores les incomodan tanto los líderes sociales, porque ellos son el puente para tratar presencia estatal o porque organizan a los habitantes para gestionar y conseguir cosas”, concluyó Suárez.
Un Estado que todavía improvisa ante la crisis
Angelika Rettberg, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, opinó que el gobierno del presidente Duque parece no entender muy bien cuál es el fenómeno y tampoco parece comprender bien lo que está ocurriendo, a pesar de tener acceso a las fuentes de inteligencia nacional que, durante décadas, han tenido las Fuerzas Armadas o la Policía.
«Siento que están atrapados entre la perplejidad y la inexperiencia todavía. No parecen estar bien asesorados, no entiendo dónde están todos los genios de la seguridad democrática. Los veo como perdidos», apuntó Rettberg.
El Estado, añadió Rettberg, debería promover la seguridad de las regiones al máximo posible y eso terminaría traduciéndose en mayor presencia estatal, junto a una estrategia militar y policial que permita que, en esos territorios, los habitantes tengan mejores alternativas de vida que vincularse a economías ilícitas.
Al respecto, Gloria Gallego, directora del grupo de investigación Justicia & Conflicto de la Universidad Eafit, expresó: “este gobierno me parece cómico. Uno ir a un territorio que está bajo fuego como Nariño a sacarle estadísticas a las víctimas y hablar de homicidios colectivos es una ofensa grave”.
Para Gallego, la pobre respuesta del Gobierno a lo que ocurre hoy en el país pasa por un problema que ha sido sobrediagnosticado: la fragmentación y la precariedad del Estado, la ausencia de infraestructura y las necesidades básicas no atendidas. Según ella, la guerra es más intensa en las zonas donde la institucionalidad es casi ausente y donde los habitantes no tienen a quién acudir, ni para un servicio de salud ni para encontrar un espacio de resolución pacífica de conflictos.
Esta precariedad estatal, explicó Gallego, hace de estos territorios un “terreno fértil para clientelismos y para la irrupción de grupos armados que van organizando las condiciones de vida de la población en torno al narcotráfico”.
Lo que concluyó Gallego es que esta situación pervive porque «cuando llegan los gobiernos, dirigen el país pensando en la Colombia que está integrada en la institucionalidad: las dos zonas andinas, la Costa Atlántica, un núcleo pequeño de la Costa Pacífica. En realidad gobiernan para un pedazo pequeño del territorio y olvidan a la Colombia de las veredas y el campo, en donde hay que andar incluso 18 horas para encontrar un puesto de salud».
Escenario propicio para diálogos y acuerdos locales
Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), una organización no gubernamental, mencionó que el reto fundamental en el contexto actual del país es lograr que alcaldes y gobernadores se pongan al frente de la tarea y acompañen mucho a sus comunidades. En ese sentido, dijo, el gobierno Duque aún no se ha arriesgado a propiciar escenarios de acuerdos locales.
“No hay consensos regionales en este momento. Hay que atender a las comunidades. El Chocó viene pidiendo un acuerdo humanitario, lleva pidiendo un acuerdo local de paz desde hace 12 años. El Catatumbo está pidiendo un acuerdo regional. Aún no los escuchan”, indicó Jiménez.
Por su parte, Néstor Rosanía, analista político y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, manifestó que el gobierno Duque aún no tiene una estrategia clara definida y señaló que aunque su estandarte ha sido la defensa de las Zonas Futuro, como el gran programa presidencial, “allí no hay un plan de choque en términos militares y policiales”.
Rosanía agregó que “la aversión que le tiene el gobierno al proceso de paz, hizo que no implementara los PDET, cuando esa es la respuesta que tanto se le ha pedido al Estado, y es que llegue a las regiones con una oferta clara y modelos económicos legales”.
Entre tanto, para Joe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una medida urgente para enfrentar la agudización del conflicto es culminar lo que, en sus palabras, nunca se cerró: los diálogos de paz con grupos como ELN. La ruta, dijo, es partir del acuerdo con las Farc. “Eso terminaría de consolidar un escenario de paz”, concluyó.