Con un homenaje académico y artístico, la Universidad de Antioquia buscó reconocer y dignificar a las víctimas de violencia política vinculadas a la institución, en el marco de la Semana Universitaria por la Paz.
Por Emmanuel Zapata Bedoya
Foto de portada: @jhojanm.m
Con claveles rojos evocando la marcha del silencio de 1987, miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Antioquia recorrieron el trayecto desde la conocida Plazoleta Barrientos hasta los cimientos del antiguo puente peatonal de la calle Barranquilla, frente a la portería principal de la Alma Máter. Allí, en el acto central de la Semana Universitaria por la Paz, se realizó la intervención del lugar.
El acto fue concebido como una forma de hacer visible esa memoria en el sitio donde muchos hechos han ocurrido desde la inauguración del campus en 1968. En la intervención de los cimientos del puente, que fue desmontado durante la pandemia de 2020, se instalaron piezas cerámicas con nombres, fechas, símbolos y fragmentos de historias personales de miembros de la UdeA.
La artista Ana María Guzmán, quien realizó un performance, explicó que la intención fue “crear un espacio donde la memoria no quede encerrada en un libro, sino que pueda ser vista, tocada y habitada por la comunidad universitaria”. El acto incluyó lectura colectiva, música, y también momentos de silencio para aludir a la presencia ausente de quienes no regresaron, así como a la necesidad de sostener el duelo, la denuncia y el aprendizaje histórico.
La jornada no solo estuvo marcada por la intervención simbólica del puente. También abrió espacio para destacar las investigaciones que buscan reconstruir el pasado violento de la Universidad.
La Universidad frente a su historia de violencia
Ese 21 de noviembre también se realizó el relanzamiento del libro Violencia y conflicto en la Universidad de Antioquia: una apuesta por la verdad y el esclarecimiento (1958–2018), editado por los profesores Orlando Arroyave Álvarez y Fredy Chaverra. Se trata de un trabajo construido a partir de ocho informes entregados a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y que se nutre de archivos institucionales, testimonios, entrevistas, análisis documentales y bases de datos consolidadas durante varios años.
El libro ayuda a comprender el impacto del conflicto armado y la violencia política sobre la comunidad universitaria. El profesor Arroyave, durante la presentación, explicó que la investigación documentó preliminarmente 724 hechos de violencia política ocurridos entre 1958 y 2018, entre ellos 91 homicidios y 24 desapariciones forzadas, además de innumerables casos de amenazas, torturas, exilios, detenciones arbitrarias, atentados, hostigamientos y persecuciones contra estudiantes, profesores, trabajadores y egresados.
Juan Correa Mejía, director de la Unidad Especial de Paz, señaló que la construcción de estos informes parte del principio de que la memoria no es únicamente un acto conmemorativo, “sino también una tarea institucional de reparación simbólica y de prevención de nuevas violencias. El trabajo de investigación busca establecer un registro histórico riguroso centrado en la violencia sociopolítica”. La idea, según explicó, es que la Universidad pueda asumir su pasado como un componente activo en la construcción de garantías de no repetición.
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Una parte importante del acto estuvo dedicada a reconocer a las personas y entidades que contribuyeron al trabajo de recopilación, análisis y construcción del informe. “Entre ellas se destacó la labor de Luis Carlos Bañol Muñoz, quien durante su paso por el pregrado en Antropología participó en la depuración y fortalecimiento de la base de datos que permitió estructurar y validar los casos registrados. Su trabajo permitió mejorar la clasificación de hechos, identificar patrones y fortalecer la consistencia documental de la investigación”, explicó Arroyave.
La publicación también reconoció el papel de Hacemos Memoria, cuyas investigaciones fueron uno de los insumos fundamentales del proceso. De acuerdo con Arroyave, “desde su creación, esta iniciativa de periodismo universitario ha documentado testimonios de familiares, ha recuperado archivos históricos y ha acompañado procesos comunitarios que permitieron dar voz a quienes, durante años, no tuvieron espacio institucional para contar sus historias. Su trabajo ayudó a reconstruir el contexto de los años más críticos del conflicto armado en Medellín y a devolverles a las víctimas un lugar de reconocimiento público”.
Entre los muchos hechos documentados, el profesor Arroyave recordó el caso de Martha Nieves Ochoa, estudiante de sexto semestre de Economía de la Universidad de Antioquia y hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa, narcotraficantes del Cartel de Medellín. Ella fue secuestrada por guerrilleros del M-19 la mañana del 12 de noviembre de 1981. Según el profesor, este hecho “fue crucial para la comprensión del fenómeno de victimización sostenida contra familias completas. La investigación evidenció que, a raíz de ese caso, se encontraron al menos 16 familias afectadas por desapariciones, torturas o secuestros perpetrados por agentes estatales y paraestatales, muchas de ellas vinculadas a estudiantes o profesores señalados, sin pruebas, de participar en el secuestro. El caso se convirtió en un punto clave para comprender cómo la estigmatización académica derivó en persecuciones, retaliaciones y efectos transgeneracionales”.
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Finalmente, Arroyave subrayó que la base de datos sigue incompleta debido a la limitada información sobre estudiantes y profesores exiliados o desplazados que, ante las amenazas o agresiones, abandonaron sus estudios, renunciaron a sus cargos o se vieron obligados a salir del país. “Muchos de ellos no regresaron nunca a la institución y, en algunos casos, su destino aún se desconoce. Registrar sus historias es uno de los desafíos pendientes de la investigación y una tarea que requiere mayor apoyo institucional y coordinación con organizaciones de víctimas”.