La violencia de grupos armados en el Nordeste antioqueño mantiene la crisis humanitaria. Hasta ahora se han registrado 19 812 hechos violentos, que incluyen desplazamientos, secuestros, amenazas y minas. Anorí, el municipio más afectado.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: CJL
En el Nordeste antioqueño, la población enfrenta una profunda crisis humanitaria debido a la violencia. Los hostigamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y social han generado 19 812 hechos violentos este año, como desplazamientos forzados, amenazas, secuestros y la instalación de minas antipersonal. Anorí, Segovia y Remedios son los municipios más afectados, donde la vida cotidiana se ve constantemente alterada por el miedo y la inseguridad.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año en el Nordeste antioqueño han sido asesinados cinco líderes sociales, quienes se dedicaban a la docencia, el liderazgo indígena, la actividad política de izquierda y la gestión cultural: Margarita Enith Gonzales Gil, el 5 de enero; Jorge Enrique Cano Jaramillo, el 7 de febrero; Jaime Gallego, el 9 de marzo; Dayistón Correa Meneses, el 12 junio, e Iván Causil, el 5 julio.
La denuncia de Indepaz agrega que las comunidades étnicas y campesinas ven restringida su movilidad, su vida cultural y su acceso a servicios básicos, en medio de la disputa territorial y económica entre los grupos armados, la presión sobre las juntas de acción comunal y la falta de presencia estatal, factores que perpetúan el ciclo de desplazamiento, revictimización y desprotección.
Asimismo, según el Monitor humanitario de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia (OCHA), entre el 14 de enero al 3 de noviembre de 2025, en esta subregión de Antioquia se registraron 19 812 hechos victimizantes contra la población civil, entre ellos 757 desplazamientos forzados, 1800 restricciones al acceso humanitario y 878 confinamientos.
Las minas antipersonal en Anorí
Desde octubre de 2024, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han intensificado su expansión en zonas rurales de Anorí, con el objetivo de controlar áreas con presencia anterior del Ejército Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las extintas FARC-EP. Esto ha provocado enfrentamientos que han obligado a las comunidades campesinas a abandonar sus hogares debido a la instalación de minas antipersonal y las amenazas a líderes sociales.
Entre los hechos recientes se registra que el 1 de noviembre, en la vereda Tacamocho de Anorí, dos hombres resultaron gravemente heridos por la explosión de una mina antipersonal mientras realizaban sus labores en el campo. Uno de ellos, de 38 años, sufrió la amputación de la pierna izquierda, y el otro, un joven de 22 años, presentó lesiones oculares, de acuerdo con información de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
La Séptima División del Ejército Nacional informó que los artefactos explosivos que hirieron a los campesinos habrían sido instalados por integrantes del Frente 36 del EMBF, al mando de alias “Manuel Guaricho”, tercer jefe de esta organización.
OCHA recoge que entre el 16 febrero y el 3 noviembre de 2025 se registraron solo en Anorí 20 hechos violentos contra la población, entre ellos 4 desplazamientos masivos, 5 restricciones al acceso humanitario, 3 secuestros y una masacre.
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José David Hernández, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia (ASNA), dice que las zonas más afectadas por la instalación de minas antipersonal son las veredas Los Trozos, Tenche, Tacamocho, La Florida, Moreno Cano, El Tesoro de Anorí y el corregimiento de Liberia Charcón. “Todos estos territorios presentan una afectación por la siembra de minas, lo que preocupa a la población”, afirma.
El líder social agrega que las comunidades de estos sectores se vieron obligadas a desplazarse al sector urbano del municipio y se tomaron desde el 29 de septiembre un predio de la alcaldía para instalar un refugio humanitario. “Aproximadamente 500 familias han sido desplazadas del territorio; muchas no han podido regresar, y las que sí han retornado no pueden trabajar en sus campos, que están afectados por minas antipersona, explosivos y otros peligros”, denuncia Hernández.
La violencia en el Nordeste antioqueño
Por su ubicación geográfica y su riqueza minera, el Nordeste antioqueño, conformado por diez municipios, se ha convertido en un escenario histórico de violencia. Según Laura Villamizar, politóloga e integrante de la Corporación Jurídica Libertad (CJL) que acompaña a estas comunidades, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y con la salida de las FARC-EP de la región, varios grupos armados ilegales llegaron a reconfigurar las dinámicas de violencia: “Esto se debe también a la falta de implementación del Acuerdo de Paz por parte del Estado; desde el 2020 venimos alertando sobre la escalada del conflicto en la subregión y, con ello, el agravamiento de la situación humanitaria”, explica.
En junio de 2020, las organizaciones sociales CJL, el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos denunciaron una estrategia militar de las AGC, denominada “Plan Mil”, que tenía como objetivo el control de la zona rural entre el Nudo de Paramillo y Urabá —un área que implica las subregiones del Norte, Bajo Cauca y Nordeste en Antioquia—, como corredor estratégico para transportar armas y drogas.
El “Plan Mil” continúa vigente en la actualidad. Sergio Alejandro Sanz, abogado, defensor de derechos humanos e integrante de la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, explica que esa estrategia de las AGC se vincula con la búsqueda de recursos, los intereses políticos y la connivencia con la Fuerza Pública. “El incremento en el precio del oro ha generado nuevos intereses en la explotación de este recurso mineral en Antioquia. Este es un factor que contribuye al cambio en la estrategia paramilitar, además de los factores militares y políticos”, afirma.
Según la Defensoría del Pueblo, en el Nordeste hacen presencia varios grupos armados ilegales. El ELN actúa en Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí a través del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro. También, el EMBF opera con el Frente 36 en Amalfi, Anorí y Vegachí, y el Frente 4.º del Bloque Magdalena Medio en Remedios y Segovia. Asimismo, las AGC mantienen presencia mediante el Frente Jorge Iván Arboleda Garcés, el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez y, más recientemente, el Bloque Virgilio Peralta Arenas, identificado por la Fuerza Pública como “los Caparros”.
Laura Villamizar detalla que en la región se vive una grave crisis humanitaria, marcada por los enfrentamientos entre grupos armados, el desplazamiento forzado, el confinamiento y las restricciones a la movilidad, agravadas por la presencia de minas antipersona que afectan la vida, el trabajo y los bienes de las comunidades en municipios como Anorí, Segovia y El Bagre. “Particularmente, el municipio de Anorí ha sido uno de los más afectados: este año ha habido al menos 18 personas víctimas de incidentes con minas antipersona”, dice.
La politóloga enfatiza que los líderes sociales enfrentan amenazas, vigilancia, estigmatización y desplazamientos: “Es una situación muy compleja, porque cuando un presidente de junta de acción comunal, que ha dedicado su vida al trabajo comunitario y al liderazgo en su territorio, se ve obligado a desplazarse, pierde la posibilidad de continuar ejerciendo ese rol. Además, no existen garantías reales para su protección ni para el desarrollo seguro de su labor”.
Como respuesta a esta situación, organizaciones de la Mesa Humanitaria y de Paz realizaron los días 28 y 29 de septiembre una caravana por la paz y la dignidad por las veredas Sanlino, Tenche Sanlino, Tacamocho y Madre Seca de Anorí, cargada de color y cultura, para exigir el cumplimiento de los trece mínimos humanitarios, entre ellos el cese del fuego, el respeto a la población, la protección de bienes civiles, el fin del reclutamiento de menores, el cese del desplazamiento forzado, el respeto a la autonomía de las comunidades y el fin de la violencia contra las mujeres.
El líder social José David Hernández hizo un llamado al Estado a dar una respuesta clara a esta situación para garantizar la vida, la dignidad y los derechos de la población civil. Pide que se atiendan de manera efectiva las alertas tempranas y la crisis humanitaria que atraviesa Anorí, uno de los municipios más afectados del Nordeste antioqueño.