Al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Estado le pidió perdón por tres décadas de persecución, hostigamientos y amenazas. En ese acto, el presidente Petro anunció la desclasificación de los archivos de inteligencia del DAS.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: Presidencia de la República
Por tres décadas de persecución, hostigamientos, amenazas, intimidación, violencia de género, estigmatización, desplazamiento y acciones de inteligencia ilegal, el Estado colombiano aceptó su responsabilidad públicamente y pidió perdón a integrantes y familiares del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar. Este acto se realizó el viernes 17 octubre, en cumplimiento de una de las órdenes de la sentencia de la Corte IDH emitida el 18 de octubre de 2023, primera decisión internacional que reconoció el derecho a defender derechos.
Este evento se realizó en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en Bogotá. Fue dirigido por el presidente Gustavo Petro y contó la participación de representantes del Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fiscalía General, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, organizaciones sociales, así como integrantes y familiares del Cajar.
Allí, el presidente anunció la firma del decreto de desclasificación de los archivos de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, entidad que fue suprimida en 2011 luego de comprobarse que durante años realizó interceptaciones ilegales a opositores del Gobierno, funcionarios de las altas Cortes del Estado, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
La ceremonia de reconocimiento y perdón al Cajar inició con la intervención de la presidente de la organzación, Yessika Hoyos Morales, quien resaltó la lucha de los defensores frente a la persecución sistemática por parte del Estado. “Este acto no tendría por qué haber ocurrido, pues un Estado que se proclama democrático jamás debió cometer amenazas, hostigamientos, torturas psicológicas ni realizar actividades ilegales de inteligencia en contra de quienes trabajamos por la paz, defendemos la vida y los derechos humanos y ambientales”, afirmó.
Agregó que estos ataques obligaron a los integrantes del colectivo de abogados a exiliarse con sus familias, dejar su país y vivir con miedo. Recordó que debieron acudir a la Corte IDH para defender sus derechos. “Probamos que, durante más de 30 años, es decir, cinco gobiernos presidenciales, integrantes del Cajar y nuestras familias vimos cómo quienes tenían el deber de protegernos, por sus obligaciones internacionales, fueron en realidad quienes nos declararon enemigos internos”, detalló la abogada.
El caso Cajar vs. Colombia llegó a la Corte Interamericana después de veintidós años de haberse presentado la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de que, en 2002, esta decretara medidas cautelares en favor de los integrantes del Colectivo y sus familias. En 2019, la CIDH presentó a la Corte el informe de fondo para que el caso ingresará al órgano de justicia de las Américas.
Las agresiones documentadas entre 1990 y 2002 incluyen seguimientos, amenazas, atentados e inclusión ilegal en informes de inteligencia, que llevaron a varios de los abogados y abogadas al exilio. Entre 2002 y 2010, durante los dos gobiernos de Seguridad Democrática, la violencia se caracteriza por la estigmatización realizada por altos funcionarios y la puesta en marcha de campañas de desprestigio, además de la continuidad de las amenazas y los seguimientos ilegales de inteligencia.
En 2023 la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló al Estado colombiano responsable de violar los derechos del colectivo de abogados. Hoyos señaló en la ceremonia que esta sentencia que, por primera vez, se condena a un Estado por violar el derecho a defender los derechos humanos.
Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Cajar, detalló que el Estado colombiano sigue incumpliendo las dieciséis órdenes emitidas en la sentencia proferida por la Corte IDH, entre las que se incluyen, que el mando de las fuerzas militares debe estar a cargo de un civil para garantizar control democrático, mientras que la ley de inteligencia y contrainteligencia debe ajustarse a estándares internacionales, para que el Estado “sea respetuoso de los derechos humanos y avance de manera decidida en hacer efectivos los derechos autónomos a la paz, la democracia y a defender derechos”.
El presidente Gustavo Petro ofreció disculpas al Cajar en nombre del Estado colombiano por los hechos de los que fue víctima la organización. “A nombre del Estado democrático, a nombre de la Constitución de 1991 que nos rige y no de la gobernanza paramilitar que rigió, a nombre del presidente de la república como jefe de Estado, les ofrezco disculpas por el crimen cometido por el Estado con víctimas mortales dentro del Cajar, la oficina de José Alvear Restrepo. Que entonces ustedes queden dignificados”.
Este acto de reconocimiento fue celebrado por otras organizaciones defensoras de los derechos humanos que también han sido objeto de estigmatización por su labor.
“Recordamos el valioso papel que cumple el movimiento de derechos humanos en este país, un movimiento que ha apoyado a las víctimas por sus derechos, la lucha contra la impunidad, la lucha por transformar este país para que haya garantías de vida y dignidad. Esto es un reconocimiento a todo el movimiento de derechos humanos”, afirmó en un comunicado en redes sociales Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad. También, Sergio Arboleda, subdirector de la misma organización, expresó que esta es una oportunidad para exigir “que esto no se vuelva a repetir, que no se vuelva a perseguir a los defensores y defensoras de derechos humanos y que se reconozca esta labor tan importante para fortalecer la democracia y el Estado social de derecho en el país”.
El Cajar fue fundado en 1978 como una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover una sociedad justa y equitativa, fomentando la inclusión política, económica, social y cultural. Su nombre rinde homenaje al abogado y político José Alvear Restrepo. A lo largo de su trayectoria, el colectivo ha brindado acompañamiento jurídico a miles de líderes sociales, sindicales y estudiantiles, así como a comunidades campesinas y pueblos étnicos en todo el país.
Desclasificación de los archivos del DAS
En medio del acto público de reconocimiento de responsabilidad, el presidente Petro anunció la desclasificación de los archivos de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
El decreto de desclasificación llega tras años de reclamos de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Cajar, con el objetivo de conocer la verdad sobre los hechos de violencia y la persecución a líderes sociales, sindicales, políticos y organizaciones ordenadas por esta entidad.
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El presidente señaló que este decreto es un acto de justicia y memoria frente a las violaciones cometidas por los aparatos de seguridad del Estado. “Tiene que ver con la verdad. La verdad es, en primer lugar, lo que puede garantizar la no repetición”, dijo.
En 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz JEP había identificado más de 57 000 unidades físicas de conservación y 47 800 soportes digitales del fondo documental del DAS, almacenados en el Archivo General de la Nación.
Este proceso de desclasificación implica garantizar protocolos de seguridad, preservar la cadena de custodia y crear rutas institucionales de consulta para las víctimas. Hasta ahora, buena parte de esa información permanece bajo reserva o en procesos de clasificación incompletos.
Finalmente, durante el acto de perdón, integrantes del Cajar hicieron un llamado al Gobierno para que este año se adopte una política pública que garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos.