En Ituango, Antioquia, la guerra no ha cesado: 16 firmantes de paz han sido asesinados desde 2017 y los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC generan desplazamientos; sin embargo, la comunidad resiste con memoria y dignidad. 

Por Emmanuel Zapata Bedoya
Foto: Archivo particular

En el Norte de Antioquia, Ituango sigue siendo uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la violencia no ha cesado: según Indepaz, en 2025 ya son 16 los firmantes asesinados allí; así, es uno de los municipios más riesgosos para quienes apostaron a dejar las armas. A ello se suman los constantes enfrentamientos entre disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, desplazamientos masivos como el de 2024 que obligó a más de 400 personas a huir, y nuevas amenazas contra campesinos en las veredas. 

Sin embargo, la comunidad resiste haciendo ejercicios de memoria: la Casa de la Memoria, inaugurada en noviembre de 2024, y los trabajos forenses de búsqueda de desaparecidos liderados por la Fiscalía se han convertido en símbolos de dignidad frente a la guerra. 

El recrudecimiento del conflicto en Ituango responde a su posición estratégica en la subregión Norte de Antioquia, corredor clave para el narcotráfico hacia el Bajo Cauca y la costa Caribe. Allí hacen presencia el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, especialmente los frentes 18 y 36.  

En octubre de 2024, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) advirtió que en varias veredas los grupos armados imponen control social mediante la “carnetización” de la población, el cobro de extorsiones y restricciones de movilidad. Según la agencia, estas medidas amenazan con nuevos desplazamientos y afectan la seguridad alimentaria de cientos de familias campesinas. Aunque el Estado ha implementado estrategias como la Operación Cóndor y restricciones a la movilidad y al comercio nocturno, la percepción comunitaria es que estas acciones no reducen el riesgo para los civiles. 

La violencia también golpea a los firmantes del Acuerdo de Paz. El 1 de mayo de 2025 fueron asesinados Elkin de Jesús Oquendo Graciano y Fredy de Jesús David Giraldo, excombatientes en reincorporación del ETCR Román Ruiz. Con ellos ya son 16 los firmantes asesinados en Ituango desde 2017, cifra que Indepaz calificó como “el peor golpe para la implementación del acuerdo en el norte del país”. 

Emergencias humanitarias

A la presión de los grupos armados se suman otras crisis humanitarias. En 2024, la Gobernación de Antioquia declaró la emergencia en Ituango debido a los desplazamientos forzados y a las fuertes lluvias que dejaron incomunicadas varias veredas. La medida permitió activar ayudas alimentarias y de salud, además de ofrecer recompensas por información sobre cabecillas de estructuras ilegales. 

En el casco urbano, el temor aumenta a raíz de las recientes intimidaciones de los grupos armados. El 1 de octubre de 2025, el Frente 36 de las disidencias de las Farc, que se hace llamar “Yeferson Martínez”, emitió un comunicado en el que prohíbe la entrada de personas ajenas a los municipios del norte de Antioquia, incluyendo a Ituango en esa lista. 

El documento advierte que cualquier individuo que no sea reconocido por la comunidad y se encuentre en el área será capturado y, si no se identifica o alguien responde por él, pasará a ser considerado un “objetivo militar”. La medida también abarca a personas vinculadas con los habitantes —como empleados, familiares, amistades o parejas—, cuyo ingreso solo será permitido con el visto bueno de la estructura armada. “Vivir en Ituango es despertar cada día con la incertidumbre de si habrá orden de confinamiento o si tocará salir huyendo”, relata César Bustamante, habitante de la vereda Santa Lucía. 

En paralelo al asedio de la guerra, Ituango también ha construido caminos de resistencia desde la memoria y la identidad. Uno de ellos es la Casa de la Memoria, inaugurada en noviembre de 2024, como fruto del trabajo colectivo de víctimas, firmantes de paz, organizaciones sociales y líderes comunitarios. 

Lina Marín, lideresa del proceso, explica que “a partir de encuentros colectivos se definió qué iba a tener este espacio de memoria y qué alianzas se podían hacer con entes institucionales. Para la Mesa de Víctimas era una deuda con el territorio, y qué mejor forma de saldarla que con un espacio que hable de reconciliación y tejido social”.  

El sostenimiento de la iniciativa depende de la Mesa de la Memoria, colectivo que busca mantener la autonomía del proyecto, aunque Marín advierte que falta incorporar más voces rurales: “La Casa ha sido muy pensada desde el casco urbano, pero Ituango tiene tres corregimientos enormes: Santa Rita, La Granja y El Aro. Nuestro objetivo es recoger más las voces de la ruralidad, que son las que más han cargado con la violencia”. 

Para la lideresa campesina Teresita Jaramillo, la memoria debe ir más allá del dolor: “No nos vamos a cimentar únicamente en esos tiempos tristes. También en los que nos hicieron grandes: nuestra creatividad, nuestras tradiciones y nuestra lucha por salir adelante”. 

Jaramillo insiste en que la guerra fue un factor impuesto desde afuera y que su pujanza es la que ha permitido resistir. “Esa guerra, siempre lo he dicho, es ajena a nosotros. Somos campesinos honrados, trabajadores, respetuosos de la vida y de los bienes del otro”, agrega.  

Además, vincula la resistencia con la defensa del territorio frente a las diferentes amenazas que produce la minería: “Ituango es fuente de recursos ecológicos que hay que salvaguardar. Tenemos el peligro de la explotación minera; no queremos ser mineros, queremos cuidar nuestras aguas y nuestras tierras”. 

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La búsqueda de los desaparecidos 

La Fiscalía General de la Nación también ha tenido presencia en Ituango a través del Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE). La fiscal Paola Betancourt recuerda que las primeras exhumaciones en el municipio comenzaron en 2008, debido a la fuerte presencia del Bloque Mineros de las AUC y de los frentes 18 y 36 de las extintas FARC. 

No obstante, uno de los procesos más significativos de búsqueda se desarrolló entre 2021 y 2022 en cuatro fases que permitieron la recuperación de 119 cuerpos, de los cuales nueve ya han sido identificados y entregados a sus familias. 

“Aplicamos el protocolo de intervención a cementerios, en particular al camposanto parroquial Jardín de Paz, donde había gran cantidad de cuerpos no identificados, tanto en osarios como en fosas comunes”, explica la fiscal. 

La Fase Uno, realizada entre el 31 de enero y el 10 de febrero de 2022, se centró en la exhumación de 20 cuerpos no identificados que permanecían en bóvedas del cementerio.  

“Gracias a la trazabilidad mediante actas de levantamiento, protocolos de necropsia y certificados de defunción, fue posible recuperar esos cuerpos, de los cuales cuatro ya fueron identificados y entregados”, detalla la fiscal. 

Entre el 22 de marzo y el 4 de abril de 2022 se desarrolló la Fase Dos de exhumaciones en Ituango, centrada en la Fosa Común Número Tres. Según Betancourt, “el hallazgo fue complejo porque encontramos numerosos restos dentro de bolsas plásticas negras, sin marcación, y, en algunos casos, amarrados”.  

De acuerdo con el registro histórico, la mayoría correspondía a víctimas de tres combates entre las AUC y las FARC: en la vereda Santa Rita, el 22 de febrero de 2001, con cerca de 30 cuerpos; en la vereda Canoas, el 8 de julio de 2001, con unos 8 cuerpos; y nuevamente en Santa Rita, el 11 de agosto de 2002, con alrededor de 15 cuerpos. Muchos eran jóvenes combatientes paramilitares reclutados en Córdoba o Turbo, cuyos cuerpos, tras ser recogidos y enterrados como “cadáveres no identificados”, eran posteriormente trasladados a la fosa común. En esta fase se recuperaron 38 cuerpos, de los cuales cinco ya fueron identificados y entregados. 

La Fase Tres se realizó entre el 12 y el 16 de julio de 2022 en la Fosa Común Número Uno, conocida como El Templete. La Fiscalía reportó un alto nivel de complejidad, pues en bolsas plásticas y costales de fique se hallaron mezclados entre uno y cuatro cuerpos, lo que dificultó la individualización. Durante esta intervención fueron exhumados 27 cuerpos. 

La Fase Cuatro se desarrolló entre el 26 de septiembre y el 27 de octubre de 2022, centrada en los restos pendientes de la etapa anterior y en los denominados “misceláneos”, es decir, fragmentos óseos disgregados. El balance fue de 34 cuerpos adicionales, que junto con los misceláneos siguen en análisis de laboratorio.  

Para la fiscal Betancourt, más allá de los resultados técnicos, lo esencial es la dignificación de las víctimas: “Se trata de visibilizarlos y que las familias vean que su ser querido es importante, que nunca debió pasar por todo ese dolor. Me parece que la gente de Ituango es demasiado resiliente a pesar de todo lo que han vivido y lo que siguen viviendo, porque es un municipio muy golpeado por la violencia”. 

Aunque los esfuerzos comunitarios en Ituango son visibles, los desafíos siguen siendo enormes. Uno de los principales es la inclusión rural, “pues los proyectos de memoria, la atención humanitaria y el acompañamiento institucional deben llegar con más fuerza a las veredas y corregimientos, donde el conflicto dejó la huella más profunda”, señala la lideresa Lina Marín. También persiste la urgencia de proteger a líderes sociales y firmantes de paz, cuya seguridad sigue siendo mínima. 

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Otro reto está en la sostenibilidad de los espacios de memoria: “La Casa de la Memoria requiere apoyo constante, pero también garantías de autonomía que le permitan no convertirse en un simple proyecto institucional”, explica Teresita Jaramillo. La comunidad insiste, además, en soluciones ambientales y económicas que ofrezcan alternativas frente a la minería y promuevan un desarrollo rural sostenible, respetuoso con la tierra y los recursos hídricos. 

En este contexto, la memoria en Ituango se proyecta como futuro. Este municipio sigue siendo un territorio en disputa, donde la violencia marca la cotidianidad, pero también un lugar en el que la memoria se ha convertido en escudo contra el olvido y la repetición. Como lo expresa la Jaramillo, “la memoria no busca quedarse atrapada en el dolor. Queremos que se reconozca nuestra historia de campesinos trabajadores y nuestra resistencia, que es también la defensa de la vida y de la tierra”.