Tras los Acuerdos de Paz, las disidencias de las FARC-EP se dividieron en cuatro estructuras. El Gobierno mantiene negociaciones con dos de ellas, en medio de disputas internas, nuevas dinámicas de violencia y retos jurídicos que ponen a prueba la Paz Total.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto de portada: CCP
El Gobierno nacional avanza en la implementación de la política de Paz Total a través de nueve espacios de diálogos con diversos actores armados. Hasta la fecha, mantiene dos mesas activas de cuatro grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Esta apuesta ha enfrentado tropiezos debido a la fragmentación de estas estructuras, lo que ha ocasionado cambios en las dinámicas de violencia y rupturas en los diálogos.
Los expertos consultados coinciden en que se trata de grupos al margen de la ley con lógicas diferentes e incluso opuestas, que operan de manera fragmentada, con agendas propias y que en diversas zonas se enfrentan entre sí, respondiendo más a dinámicas regionales que a órdenes y políticas nacionales, como pasaba con las extintas FARC.
La fragmentación
Tras nueve años del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, las disidencias se han mantenido, han evolucionado, se han expandido, se han estancado y se han fragmentado. Hasta finales del 2024 existían dos grandes estructuras: el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco y conformado por combatientes que nunca firmaron el acuerdo; y la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez e integrada por combatientes que lo suscribieron y luego se apartaron.
Estas estructuras armadas instalaron mesas de diálogo de paz con el gobierno de Gustavo Petro: la Segunda Marquetalia, el 24 de junio de 2024 en Caracas, Venezuela, y el EMC, el 16 de octubre de 2023 en Tibú, Norte de Santander.
Germán Valencia, profesor e investigador del grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos de la Universidad de Antioquia, explica que las diferencias entre sus liderazgos frente a la participación en los procesos de paz, junto con los intereses políticos y económicos en disputa, derivaron en la fragmentación de cada una de estas estructuras. “Intentaron unirse, pero se dieron cuenta de que no compartían intereses, lo que llevó a enfrentamientos”, dice.
Agregó que tanto la ruptura en el EMC como las tensiones en la Segunda Marquetalia muestran que los procesos de paz impulsados por el Gobierno no solo generan oportunidades de diálogo, sino también fracturas internas en las disidencias.
En el caso del EMC, la división dio origen al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), motivada por diferencias frente al cese al fuego y la estrategia de negociación. En la Segunda Marquetalia, las pugnas entre Iván Márquez y liderazgos emergentes como Walter Mendoza o alias “Araña” dieron lugar a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB).
La separación de los grupos armados y sus liderazgos se dio a conocer al público: con el EMBF abril de 2024, quedando bajo el liderazgo de Alexander Díaz, alias “Calarcá Córdoba”; mientras que la CNEB, en noviembre de 2024, quedando al mando de José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza”. Estas nuevas estructuras se quedaron en las mesas de negociación con el Gobierno.
Eduardo Pizarro Leongómez, sociólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, explica que la influencia de estas estructuras disidentes de las FARC en las regiones está ligada a la débil presencia del Estado en zonas apartadas y de frontera, que son lugares estratégicos para los grupos armados. “Tenemos un gran desarrollo industrial y poblacional en las regiones Andina y Caribe, pero enfrentamos grandes dificultades de control territorial en otras zonas del país. Esto ha facilitado que los grupos armados puedan controlar fronteras, tanto marítimas como terrestres”.
El EMBF tiene presencia en 111 municipios de 8 departamentos y cuenta con aproximadamente 2700 combatientes; y la CNEB hace presencia en 23 municipios de 5 departamentos y cuenta con cerca de 2000 combatientes, según el Informe: La paz ¿cómo vamos? Radiografía de los procesos de diálogo de paz en Colombia entre 2022-2025, elaborado por la Fundación Pares y Vivamos.
Los diálogos de paz
Con el EMBF, el Gobierno se encuentra en el sexto ciclo de negociaciones. Este proceso se caracteriza por su apuesta a una paz integral, estable y duradera, que incluye justicia social y ambiental, junto con la sustitución de cultivos ilícitos, asuntos que quedaron por fuera de los Acuerdos de La Habana.
Según Francisco Daza, antropólogo y coordinador de la línea de paz territorial y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), por estar ubicada en regiones como la Orinoquía y la Amazonía, esta estructura les da importancia a los temas ambientales en el proceso de negociación. “En este aspecto hay claros y oscuros: por un lado, se muestran preocupados por el medioambiente, pero por otro promueven ejercicios de deforestación bajo su control”, detalla.
Hasta la fecha, las delegaciones han firmado 11 protocolos, que incluyen el cese al fuego temporal, el seguimiento y verificación de su cumplimiento; la participación de la sociedad civil y organizaciones sociales; y la pedagogía sobre cómo dar a conocer los avances y promover la paz en los territorios.
Además, se han firmado 15 acuerdo, se encuentran: la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Catatumbo para el reagrupamiento de tropas; los compromisos sobre el reordenamiento territorial, el manejo de problemáticas socioambientales, la implementación de zonas de reserva campesina en Caquetá, Meta y Guaviare; y las garantías de participación para las comunidades y las rutas para la implementación del cese al fuego.
Por otra parte, la negociación con la CNEB se ha orientado hacia la construcción de paz con enfoque territorial, en la que se buscan transformaciones en las regiones donde tiene presencia. También se plantea el fortalecimiento de la autonomía de las comunidades y avanzar en procesos de sustitución de cultivos ilícitos como parte de las alternativas económicas para la población.
Los acuerdos alcanzados hasta ahora con esta estructura incluyen la sustitución de 30 mil hectáreas de cultivos de uso ilícito en territorios de Nariño y Putumayo. El compromiso de no reclutar niños, niñas ni adolescentes. La entrega de información sobre la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explosionar. La reubicación de 120 combatientes en Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Nariño y Putumayo, con el fin de prepararlos para su reincorporación a la vida civil y convertirlos en agentes de transformación territorial.
En la última semana de septiembre del presente año se realizó el sexto ciclo de conversaciones en La Hormiga, Putumayo, con el objetivo de destrabar las negociaciones tras la captura de Giovanni Andrés Rojas, alias “La Araña”, por parte de la Fiscalía. El miércoles 12 de febrero del 2025, tras la finalización del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la CNEB.
Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, comentó a medios locales que en este encuentro se acordó avanzar en los acuerdos firmados previamente, se abordó la situación jurídica de Rojas e indicó que se están realizando todas las consultas necesarias para que pueda estar presente en la Zona de Ubicación Integral Temporal del Putumayo, siempre que cuente con el concepto favorable de la Fiscalía General de la Nación y del presidente Gustavo Petro.
Para el jefe negociador, este ciclo de conversaciones fue positivo porque se logró destrabar el proceso y se acordaron fechas como el 11 de octubre para la destrucción de más de 14 toneladas de material de guerra y explosivos, evento que se realizará en el municipio de Puerto Asís, en el Putumayo, y contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, dijo Novoa.
Por otra parte, el antropólogo Daza señala que, en ambas mesas de conversación, los grupos armados buscan impulsar en las regiones donde hacen presencia transformaciones territoriales que estén basadas en la autonomía de las comunidades, la cual está ligada a procesos como la restitución de tierras y la sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, “esa autonomía la conciben con ellos como puente, es decir, manteniéndose como parte activa en esos procesos”, dice.
Agrega que los grupos armados que están en negociación tienen esta condición: avanzar hacia la paz no significa simplemente firmar un acuerdo, sino obtener garantías para permanecer en sus territorios. Por ello, la agenda de negociación se centra en cambios y transformaciones locales, pero siempre con la participación de ellos, quienes buscan mantener influencia y control sobre cómo se implementan esos cambios.
Los retos de las negaciones de paz
Según el informe de las fundaciones Pares y Vivamos Humanos, tanto en el proceso de negociación con el EMBF como con la CNEB se evidencian avances en la definición de acuerdos. Sin embargo, los mayores retos siguen concentrados en el cumplimiento y funcionamiento del cese al fuego, pues en ambos casos se mantiene la afectación a la población civil a través de acciones armadas, amenazas a liderazgos sociales y coerción a comunidades.
Entre las acciones recurrentes de los grupos armados está el control territorial, incluyendo el uso de organizaciones sociales para legitimar sus acciones, la persecución a Juntas de Acción Comunal (amenazas, cambios forzosos, carnetización y pago de cuotas), confrontaciones territoriales, control social mediante retenes y restricciones comunitarias, amenazas a liderazgos sociales y defensores de derechos humanos y medio ambiente, y múltiples casos de reclutamiento de menores.
El documento detalla que los hechos violentos afectan la implementación real de los acuerdos logrados, porque muestran dificultades para materializarse en alivios humanitarios concretos. Además, el desafío central radica en garantizar condiciones mínimas de seguridad y protección para las comunidades, ya que su confianza y participación son fundamentales para consolidar los procesos de diálogo y avanzar hacia transformaciones territoriales sostenibles.
El profesor Pizarro analiza al respecto que el país está entrando en una fase compleja con relación a las dinámicas de violencia, “porque la fragmentación de estos grupos multiplica al infinito el número de equipos de negociación y, al mismo tiempo, genera un fuerte conflicto tanto entre estas organizaciones como con la Fuerza Pública”.
Por otra parte, el profesor Valencia agrega que la fragmentación de los grupos armados permite que la confrontación se extienda, ya que los escenarios y territorios podrían cambiar si algunos grupos se ven obligados a desplazarse a otras zonas. “Otra posibilidad es su debilitamiento: cuanto más divididos estén, más fácil será para el Estado localizarlos y atacarlos en el territorio. También podría darse una degradación del conflicto, en la que dejen de usar uniformes y comiencen a operar con ropa civil”, dice.
Además, estas dinámicas de la violencia han permitido un intercambio de combatientes entre distintos grupos, lo que complica, en términos de justicia, la individualización de quienes firmaron el acuerdo de La Habana y de quienes no lo hicieron. “Ahí el Gobierno debe definir cuáles serán los mecanismos o las vías para vincular a estos grupos al proceso de paz, especialmente en lo relacionado con la justicia”, señala Daza.
Saber más: Paz Total: análisis y recomendaciones a la espera del marco jurídico
Con relación al tema de justicia, el sociólogo Pizarro explica que existe un vacío jurídico con la CNEB y la Segunda Marquetalia, pues al abandonar el Acuerdo de Paz perdieron sus beneficios y volvieron a ser considerados grupos armados ilegales. Su estatus es incierto: se debaten entre desertores o actores con capacidad de negociar. “Tenemos esa muralla jurídica que no será fácil de superar, a menos que en el Congreso se apruebe un proyecto de ley exitoso que cambie lo aprobado en La Habana”, dice.
El antropólogo Daza agrega que los grupos armados atraviesan un momento de calma relativa: “no buscan grandes avances, pero tampoco se retiran. Más bien parecen esperar a que termine el gobierno de Petro, actuando de manera limitada y provisional, como quien se mantiene a la expectativa hasta que el contexto cambie después de las elecciones”, puntualiza.
El Gobierno está a la espera de que el Congreso de la República discuta el Proyecto de ley para la consolidación de la Paz Total en los próximos meses, el cual le brindaría herramientas legales sólidas y humanitarias para avanzar en los procesos de desmovilización, diálogo y justicia frente a los actores armados ilegales.