La historia de Arley Darío Rojas, presentado como baja en combate por el Ejército, fue contada en la muestra fotográfica “Memorias vivas de nuestro territorio”. La masacre en la que murió Arley es uno de los diez hechos por los que será juzgado el excoronel David Herley Guzmán Ramírez.
Texto y fotos por Manuela Echavarría Cuartas
Arley Darío Rojas Graciano, campesino de 26 años, fue asesinado el 8 de diciembre del 2004 en zona rural de Santa Rita, corregimiento de Ituango, por soldados de la compañía Brasil del Batallón Contraguerilla N.° 79 del Ejército, para ser presentado como baja en combate, junto con otros tres campesinos: Ricardo Antonio Úsuga Oquendo, de 21 años; Pacífico Sucerquia García y Roberto de Jesús García Barrera, ambos de 34 años.
La historia de estas cuatro víctimas de falsos positivos hace parte de la muestra fotográfica “Memorias vivas de nuestro territorio”, que estará abierta al público en el Edificio San Ignacio de la Universidad de Antioquia durante todo julio. Esta muestra es una medida restaurativa impuesta a 12 comparecientes, antiguos miembros del Ejército Nacional que aceptaron responsabilidades dentro del caso 03, subcaso Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga “asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
La familia de Arley Darío Rojas Graciano no conoció la verdad por el excoronel David Herley Guzmán Ramírez, pero sí por el relato y reconocimiento de verdad de Alfonso Romero Buitrago, compareciente de la Fuerza Pública, quien no es máximo responsable en el caso 03 de la JEP.
La masacre hace parte de las investigaciones del subcaso Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, porque el máximo responsable determinado por la JEP es el coronel retirado David Herley Guzmán Ramírez, quien fue comandante del Batallón de Contraguerrilla N.° 79, en Dabeiba e Ituango, municipios limítrofes, entre el 31 de agosto del 2004 y el 30 del noviembre de 2005, periodo en el que participó de al menos diez hechos vinculados a crímenes de guerra y de lesa humanidad, en los que 17 personas fueron asesinadas y una sobrevivió.
El proceso adversarial del excoronel
David Herley Guzmán Ramírez fue acusado el 19 de diciembre del 2024 y enfrenta un proceso adversarial transicional, camino que siguen los comparecientes cuando no aportan verdad ni reconocen su responsabilidad ante la JEP. Esta etapa tiene similitudes con un proceso judicial de la justicia ordinaria: presentación de pruebas, testigos, alegatos y una decisión judicial. La primera sesión del juicio se realizará en Medellín los días 9, 10 y 11 de septiembre; y la segunda el 29, 30 y 1 de octubre en Bogotá.
Para este proceso judicial, se tendrán en cuenta 1060 pruebas documentales y 94 testimonios. Antes de la sentencia, el acusado puede reconocer responsabilidad para obtener una sanción alternativa que implicaría una pena de entre 5 y 8 años de restricción de derechos y libertades. De lo contrario, si Guzmán Ramírez es declarado culpable tendría la sanción ordinaria, máxima de la JEP, que implica una condena de entre 15 y 20 años de cárcel. En caso de ser hallado inocente en la sentencia, sería absuelto.
De los diez máximos responsables por falsos positivos en Antioquia, ocho aceptaron responsabilidad y aportaron verdad ante la JEP, por lo que enfrentan una sanción propia, que implica el trabajo en acciones restaurativas hasta por ocho años con restricción de derechos y libertades. Los dos que no aceptaron responsabilidad fueron David Herley Guzmán Ramírez y Jorge Alberto Amor Páez, excomandante de la Brigada Móvil 11 del Ejército, quien también deberá enfrentar un juicio adversarial.
La masacre del 8 de diciembre del 2004
Según el relato del compareciente Alfonso Romero Buitrago, leído en voz alta por el magistrado Alejandro Ramelli en la audiencia de definición de situaciones jurídicas de no máximos responsables del subcaso Dabeiba, realizada el 27 de marzo del 2023, la noche del 8 de diciembre del 2004, quince soldados entraron en la escuela de la vereda San Luis de Ituango disparando e insultando a las personas presentes, quienes estaban celebrando una fiesta decembrina, después de la noche de las velitas. Uno de ellos entró sin taparse la cara, con sombrero, botas de caucho, camuflado y con la culata del fusil guardada en un bolso para simular que era un paramilitar. Pararon la música y separaron a los hombres de las mujeres. Todas las personas tuvieron que desvestirse y algunas quedaron en ropa interior. Inspeccionaron y dañaron las instalaciones del lugar buscando caletas de armas de las FARC y se llevaron el dinero recolectado en la fiesta.
Por información de un supuesto colaborador del Ejército, separaron del resto de personas a Arley, a Pacífico, a Roberto y a Ricardo, a quienes les pusieron algunas prendas que otras personas se habían quitado, pero los dejaron sin zapatos. Posteriormente, los amarraron y se los llevaron caminando en medio de la noche. El comandante del batallón, David Herley Guzmán Ramírez, dio la orden de dispararles y después dijo a través de la radio: “Ahora sí, que comience la fiesta”. Con ello les indicó a los soldados que simularan un combate. Por unos diez minutos hubo disparos.
Horas después, con la escena en silencio, les pusieron dos revólveres, una radio y una mina, para hacerlos pasar por guerrilleros. Quemaron sus documentos personales y aquello que podía decir quiénes eran ellos, y los trasladaron luego a Ituango, donde los enterraron en el cementerio municipal como personas no identificadas, sin que se hubiera realizado el levantamiento ni el procedimiento forense adecuado. Según el Auto SVRV 01 del 11 de julio de 2022, por el que se imputa a los diez máximos responsables de los falsos positivos en Antioquia, Guzmán Ramírez tuvo participación directa en la elaboración del plan, la elección de los soldados y las víctimas, así como su transporte e inhumación sin ser identificados.
La hermana de Arley Darío Rojas Graciano, María Leonarda, quien junto a su mamá decidió acreditarse en el caso 03 para conocer qué le pasó a su ser querido, cuenta que los rumores sobre el combate en la escuela llegaron hasta la vereda Pená, donde vivía la familia. Según María Leonarda, Arley era el mayor de nueve hermanos y se había ido a trabajar a otra vereda ocho meses antes, porque los cultivos en la finca familiar aún no se podían cosechar.
Como no se había comunicado con su familia, el presidente de la Junta de Acción Comunal le dijo a Leonarda Graciano, la mamá de Arley, que fuera al pueblo a ver si él era uno de los muertos. Ella, sabiendo que su hijo no era guerrillero, dudó en dirigirse al pueblo de inmediato. Tres días después se convenció y fue, pero ya los habían sepultado.
Al recordar a su hermano, María Leonarda habla como si contuviera las lágrimas. Arley Darío Rojas Graciano era alto, de cabello claro, tez blanca y ojos cafés. Trabajaba cultivando maíz, caña y café para ayudar en el sostenimiento de la casa. Ella lo recuerda como un papá para todos: “Nos enseñaba a peinarnos, vestirnos, lavar la ropa y organizar la cocina”. Además, les enseñaba a leer y escribir porque la escuela les quedaba muy lejos.
Dos meses después del combate y la desaparición de Arley, Leonarda y su familia salieron desplazados hacia Medellín. Ella, que ya había puesto en Ituango la denuncia por la desaparición de su hijo, la hizo de nuevo en la ciudad, alegando que los responsables habían sido unos paramilitares, hombres vestidos de negro, como lo señalaban los relatos de los testigos, narra María Leonarda.
Diez años después de la masacre, en el 2015, los cuerpos de Arley Darío Rojas Graciano y otras personas masacradas en varios hechos fueron identificados y entregados a sus familiares. A Arley Darío lo enterraron en el cementerio Campos de Paz, en Medellín; en su tumba está el único retrato que hoy conserva su familia: la foto a blanco y negro de su cédula de ciudadanía.
La búsqueda por la verdad
María Leonarda Rojas Graciano, hermana de Arley, cuenta que, por desinformación y desconfianza en la justicia transicional, rechazaron en varias ocasiones la oferta de la JEP para acreditarse como víctimas en el caso 03, que investiga la desaparición forzada y el asesinato de civiles por parte de la Fuerza Pública para ser presentados como bajas en combate.
Una parte de su familia no cree en la JEP, pero a ella y a su mamá les dio curiosidad y se acreditaron como víctimas. “Al principio una está reacia por tener que reunirnos con los responsables del asesinato de mi hermano y ha sido muy difícil, pero supimos qué pasó con él y hemos tenido espacios de reconciliación con los comparecientes”, cuenta María Leonarda, quien participó el 3 de julio del 2025 en Medellín, de la audiencia de verificación del componente restaurativo de 12 comparecientes de la Fuerza Pública por el daño causado a las víctimas de desaparición forzada y de asesinatos presentados como bajas en combate en Dabeiba e Ituango.
Los relatos de vida de Ricardo Antonio Úsuga Oquendo, Pacífico Sucerquia García y Roberto de Jesús García Barrera también hacen parte de la muestra fotográfica.
La muestra fotográfica “Memorias vivas de nuestro territorio”, ideada y construida por comparecientes y víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el subcaso Dabeiba, es una galería móvil, que fue curada por Clara Lopera Peroni, curadora y docente en Medellín. La familia de Arley Darío Rojas participó de su elaboración.
En la parte superior hay un collage. María Leonarda explica que el fondo son unas manos que sostienen un sombrero vueltiao porque es símbolo del trabajo campesino. Y alrededor hay cuatro imágenes representativas: la única foto que ella y su mamá conservan de Arley Darío, la iglesia de Ituango, la represa de Hidroituango y una mano sosteniendo un rosario, porque él era un fiel creyente.
Los retratos y testimonios de las víctimas cuentan con una representación visual y un testimonio. María Leonarda escribió el relato de su hermano:
“Quiero que mi hermano sea recordado por su carisma, trabajo, liderazgo, por ser un buen hijo y hermano y por ser un hombre conocedor y temeroso de Dios, porque fue y será un campesino trabajador que fue víctima de ejecución extrajudicial”.
El día de la audiencia de verificación de la medida restaurativa, el jueves 3 de julio, ella estuvo siempre al lado de su mamá, Leonarda, quien sufre varias enfermedades, entre ellas depresión. Para su hija, Leonarda se enfermó de tanto ocultar la tristeza: “Se dedicó a no llorar para que sus hijos y su esposo no la vieran débil por ser la fortaleza de la familia. Por algún lado tenía que salir el dolor que estaba sintiendo” enfatiza.
Para María Leonarda, lo más importante de este acto simbólico y de su participación en la JEP es la posibilidad de dignificar el buen nombre de su hermano y también el de su familia, porque fueron estigmatizados en distintos territorios como guerrilleros o paramilitares.