Aunque el plan de búsqueda en el Oriente antioqueño ha logrado avances, cientos de familias siguen buscando en soledad a sus desaparecidos; expresan que esta situación prolonga la incertidumbre y mina la confianza en las instituciones. 

Por Emmanuel Zapata Bedoya
Foto: Comunicaciones UBPD

En el Oriente antioqueño, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, hay más de 3200 personas desaparecidas. Aunque el Plan Regional de Búsqueda, liderado por la UBPD, ha permitido avances forenses y fortaleció la articulación con organizaciones sociales, las víctimas denuncian que la lentitud en los procesos, la falta de personal en las entidades y la escasa respuesta institucional prolongan su dolor.  

A pesar de los avances que ha traído el Plan Regional de Búsqueda del Oriente Antioqueño, promovido y puesto en marcha por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), muchas familias siguen esperando.  

A la fecha, este plan regional ha recuperado 229 cuerpos de personas desaparecidas: 216 en cementerios y 13 en campo abierto. A esto se suman 7 cuerpos recuperados en el cementerio de San Roque —en el Nordeste antioqueño— en febrero de este año, que podrían corresponder a personas desaparecidas en el Oriente. Por otro lado, hasta ahora, solo 18 cuerpos han sido entregados de manera digna a sus familias, mientras la mayoría están en proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal.  

Desde la creación de la UBPD como parte del Sistema Integral para la Paz, se reconoció oficialmente que en esta subregión de Antioquia hay cerca de 3200 personas desaparecidas. Para enfrentar esta crisis humanitaria, la entidad diseñó e implementó desde 2021 un plan regional de búsqueda que se desarrolla en municipios como Rionegro, Cocorná, Granada, San Carlos, San Luis, San Rafael, Nariño y Sonsón, zonas profundamente marcadas por la violencia, con flagelos como la desaparición y el desplazamiento forzado. 

El abismo entre la cifra de desaparecidos y la cifra de cuerpos entregados dignamente tiene que ver con las dificultades intrínsecas del proceso de búsqueda, la limitada capacidad operativa de la UBPD y Medicina Legal y la falta de respuesta ágil en todos los niveles de la institucionalidad, algo que señalan como preocupación las víctimas y los líderes sociales que jalonan y participan de la búsqueda.  

“La Unidad está haciendo un trabajo importante, pero los tiempos son inhumanos”, afirma Nelson Duque, líder social, hombre buscador y víctima de desplazamiento en San Luis. “Hay cuerpos que fueron exhumados hace más de un año y todavía no se sabe a quién pertenecen. Para una madre, eso es una nueva tortura”, agrega. 

Uno de los principales cuellos de botella es la limitada capacidad operativa. El equipo de la UBPD en la región debe cubrir un territorio vasto y con alta dispersión geográfica, lo que ralentiza cada fase del proceso: desde la recolección de información hasta la recuperación, identificación y entrega de cuerpos. A eso se suma la falta de personal suficiente en entidades como el Instituto Nacional de Medicina Legal, que asume el proceso técnico de identificación. Las víctimas expresan que esta situación prolonga el dolor, alimenta la incertidumbre y mina la confianza en un proceso que debería ser reparador. 

“Cada esfuerzo que hace la UBPD, que hace Medicina Legal e incluso la Fiscalía, son valorados, pero sentimos que el foco debería estar en las víctimas, en los desaparecidos. En el Oriente este es un flagelo del que venimos hablando hace más de veinte años”, expresa Beatriz Montoya, lideresa perteneciente a la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR).

Unidos por el comité 

En el 2018, por iniciativa de AMOR y con el apoyo de la Procuraduría regional, se conformó el Comité de Impulso a la Búsqueda de Desaparecidos del Oriente Antioqueño, un espacio de articulación entre víctimas, organizaciones sociales e instituciones como la UBPD, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Víctimas y la Procuraduría. Desde entonces, este comité ha sido vital para coordinar esfuerzos, planear acciones y mantener viva la exigencia del derecho a la verdad. 

Hoy, el comité está integrado por 44 personas de distintas entidades públicas y sociales, representantes de víctimas de zonas de la subregión —embalses, bosques, páramo y altiplano— y ocasionalmente por personeros y líderes locales. Ha promovido la creación de comités municipales de búsqueda, la elaboración de inventarios georreferenciados de desaparecidos, la documentación de casos, y ha acompañado procesos psicosociales y formativos en municipios especialmente afectados por el conflicto armado como San Francisco, Nariño, San Carlos, Argelia y Cocorná. 

Además, el comité ha impulsado espacios de reparación simbólica, actividades de memoria y procesos de encuentro entre víctimas y excombatientes de grupos armados como las FARC, el ELN y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Aunque estos encuentros han enfrentado obstáculos por parte de instancias judiciales como la Fiscalía de Justicia y Paz por la protección a las víctimas, han demostrado su valor para aportar a la verdad y a la sanación.  

“A nivel nacional, encontramos que una de las subregiones más organizadas en términos de articulación entre asociaciones de víctimas y liderazgos sociales es el Oriente antioqueño. Allí, las propias organizaciones ya habían establecido planes de trabajo y rutas de búsqueda mucho antes de la creación de la UBPD. Por eso decidimos comenzar nuestro trabajo desde esa región. Fue precisamente gracias a esa articulación sólida que logramos consolidar el primer plan subregional de búsqueda en el país, el del Oriente”, explica Dairo Correa, investigador de la UBPD. 

Por los aportes de organizaciones del territorio, la UBPD ha recibido cientos de casos de desaparición ya documentados: 174 del proyecto Memorias de la Ausencia de la Corporación Región, 167 de AMOR, 102 de Argelia, 96 del informe Rayo de Luz de la Mesa de Víctimas de Antioquia, 29 de la Corporación Jurídica Libertad, 12 de la comunidad de La Esperanza y 122 de firmantes del Acuerdo de Paz. 

“El trabajo de las organizaciones ha sido fundamental para el hallazgo, la identificación y la entrega de los restos de personas que fueron desaparecidas. Uno de los mayores retos siempre será el tiempo. Hacemos nuestros mayores esfuerzos, pero sabemos que nos falta y reconocemos que no contamos con equipos tan grandes para atender zonas tan complejas como la del Oriente. El clima, la humedad, el acceso a los territorios son algunos de esos desafíos”, afirma Gloria Araque, coordinadora regional de la UBPD en Antioquia.   

Intervenciones recientes 

Entre las intervenciones destacadas se encuentran las realizadas en el cementerio de San Rafael y Cocorná en el 2024 y en el cementerio La Colina de Rionegro en su tercera fase que inició en abril del 2025. En todos los casos, la UBPD ha actuado de forma articulada con autoridades locales, organizaciones y comités de apoyo. Las familias han contado con acompañamiento psicosocial y medidas de protección. 

“Acá es donde las organizaciones aportan de manera significativa a los procesos. Por medio de la Corporación Región, se logró darles apoyo psicosocial a las familias que lo requerían y solicitaban. Todo enmarcado en los procesos de documentación de sus casos y el hacer memoria de los hechos. Entendemos que eso era doloroso para ellos y la Corporación cumplió un papel fundamental en este aspecto”, explicó Beatriz Montoya, integrante de AMOR.  

Persisten los desafíos 

Pese a los avances, los desafíos siempre parecen ser más. “Lo que duele es que ya se ha avanzado en muchos casos, que hay información, que hay cuerpos recuperados, pero no hay personal suficiente para procesar eso. Entonces, la gente tiene que esperar mucho”, expresa a manera de reclamo Martha Valencia, lideresa de San Rafael. 

Las organizaciones y líderes del Oriente antioqueño insisten en que la capacidad institucional debe fortalecerse y ser más rápida: “No basta con exhumar: se necesita acelerar la identificación, garantizar información fluida a las familias y consolidar los canales para el encuentro entre las víctimas y quienes puedan aportar datos clave”, dice Nelson Duque, líder de San Luis. 

Por su parte, Gloria Araque, coordinadora regional de la UBPD en Antioquia, afirma: “Estamos haciendo todo lo que podemos para que cada una de las víctimas del Oriente y Antioquia puedan descansar y reencontrarse con sus seres queridos”.  

Entre tanto, las familias continúan la búsqueda por sus propios medios, muchas veces solas, sostenidas apenas por la memoria y por una dignidad que no cede, a pesar del dolor, de los tropiezos institucionales y de la larga espera que se impone en cada paso.