En el estero de San Antonio, en Buenaventura, la búsqueda de desaparecidos enfrenta mareas, manglares y riesgos de seguridad. Allí se combinan ciencia forense con saberes ancestrales de comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: UBPD
El estero de San Antonio, ubicado en la bahía de Buenaventura, por años ha sido señalado por las víctimas, las comunidades étnicas y las organizaciones sociales como un sitio de disposición de cadáveres de personas desaparecidas en esta región del Valle del Cauca. Entre el 2023 y el 2024, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) adelantó allí una intervención forense marcada por las mareas, los manglares de difícil acceso y una compleja situación de seguridad.
Un estero es un espacio costero en donde el mar y los ríos se encuentran; el flujo del agua cambia constantemente dependiendo de las mareas y de las lluvias. Esta mezcla crea una zona húmeda y pantanosa rica en vegetación y fauna. El estero de San Antonio se ubica al sur de Buenaventura, en la parte interna de su bahía, cerca del límite con el municipio caucano de López de Micay
María Victoria Rodríguez, coordinadora del equipo territorial para el Valle del Cauca de la UBPD, explica que el estero de San Antonio comprende tres tipos de escenarios, y que en este lugar se llevó a cabo la intervención forense: “El acuático está siempre cubierto de agua; el submareal, que queda expuesto brevemente cuando baja la marea cada cinco horas, y el intermareal, una superficie descubierta pero fangosa debido a la alta saturación de agua”.
El estero limita con los barrios Muro Yusti, Puente Nayero, La Playita, Alfonso López, Alberto Lleras Camargo, Palo Seco, Cocal, Kennedy, San Luis, San Francisco, Juan XXIII, Pampa Linda, Olímpico, El Cristal, Colón y Antonio Nariño.
Estas zonas, al igual que otras en Buenaventura, enfrentaron una compleja situación de seguridad y violencia entre 1999 y el 2013, cuando el Bloque Calima y las extintas FARC-EP se disputaban el control social y territorial, lo que dio lugar a masacres, asesinatos selectivos, violencia sexual, utilización de niños y niñas en actividades ilegales, desplazamientos forzados y la instalación de “casas de pique”, lugares en que las víctimas eran torturadas y asesinadas.
El estero ha sido identificado, desde entonces, por diversas organizaciones sociales como un posible sitio de disposición de cuerpos durante el conflicto armado. Conforme a testimonios de comunidades y denuncias de víctimas, grupos armados habrían utilizado este lugar para arrojar y ocultar los cuerpos de personas desaparecidas, aprovechando las condiciones geográficas del manglar y su difícil acceso.
Según el Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Medio de la UBPD, en Buenaventura existe un universo de 1328 víctimas, y en el estero de San Antonio hay reportes de 190 personas dadas por desaparecidas. Sin embargo, Rodríguez, a cargo de este plan en el Valle del Cauca, señala que existe un subregistro alto en esta región del país: “Hay un temor significativo a denunciar, así como una baja confianza en las instituciones del Estado, lo que ha impedido que muchas familias reporten la desaparición de sus seres queridos o entreguen información sobre sus casos”.
De las 190 personas que hacen parte del universo de provisional de víctimas en el estero de San Antonio, el 95 % son hombres afrocolombianos, con edades entre los 16 y los 40 años, que se desempeñaban como pescadores, comerciantes, estudiantes, mineros y constructores. El 5 % restante corresponde a mujeres afrocolombianas, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 45 años.
Con el objetivo de preservar posibles lugares de hallazgo de personas desaparecidas, en el 2020, dieciséis organizaciones de víctimas solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la protección del estero de San Antonio y la suspensión de las labores de dragado. Según las organizaciones, en esta zona podrían encontrarse restos óseos de personas desaparecidas. Entre las firmantes de esta petición estuvieron la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos y Madres por la Vida
En respuesta, el tribunal de paz realizó dos audiencias públicas en Cali, los días 16 y 17 de diciembre del 2021. En esta audiencia, la JEP ordenó: la creación de la medida cautelar sobre el estero con el propósito de garantizar los derechos de las víctimas y prohibir cualquier intervención en la zona; la elaboración de una metodología de intervención forense en la zona por parte de la UBPD y de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, y la intervención de los polígonos descritos por el tribunal con la participación de las comunidades étnicas y el equipo técnico de la UBPD.
Estas órdenes son similares a las emitidas por la JEP en el caso de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, un sitio conocido por la complejidad que implica la búsqueda de personas desaparecidas. El estero de San Antonio y La Escombrera comparten desafíos importantes: son terrenos extensos, con condiciones geográficas difíciles que complican las labores de búsqueda. Estas similitudes muestran los retos persistentes que enfrentan las instituciones en su intento por hallar a las víctimas de desaparición forzada.
La búsqueda en el estéreo de San Antonio
Para la elaboración del plan de intervención técnico-forense en el estero de San Antonio, la JEP y la UBPD realizaron entrevistas con las familias, con el fin de construir un universo provisional de víctimas. También se tuvieron en cuenta los posibles lugares de hallazgo identificados en investigaciones previas realizadas por organizaciones sociales, así como las versiones entregadas por exintegrantes de grupos paramilitares que señalaron posibles sitios de disposición de cuerpos. Además, se analizaron las circunstancias de las desapariciones y se construyó una metodología conjunta de intervención.
La coordinadora territorial de la UBPD en el Valle del Cauca indicó que la investigación sobre el estero de San Antonio duró cinco años e incluyó información de la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones sociales que recibieron denuncias de familias. “A partir del proceso de posicionamiento que comenzamos a construir en el municipio, logramos que más familias se acercaran y nos confiaran sus casos directamente, casos que no estaban reportados en ningún otro escenario”.
Con esta información, la UBPD construyó el plan de intervención forense que contempló dos fases: en la primera se hizo una prospección geofísica submareal para detectar anomalías en el fondo del agua, es decir, posibles indicios de estructuras óseas u objetos enterrados; en la segunda se llevó a cabo la verificación de las anomalías identificadas en la prospección inicial, mediante técnicas forenses específicas, y se procedió a la recuperación de posibles hallazgos relacionados con personas desaparecidas.
Ciencia forense y conocimiento ancestral
En julio del 2023 se llevó a cabo la prospección geofísica submareal, con el acompañamiento del Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) que realizó una intervención no intrusiva en el área, “en unos polígonos que ya habían sido demarcados previamente por la UBPD”, comenta Luz Adriana Pérez, microbióloga y coordinadora del área de investigación científica y formación de Equitas.
Pérez detalla que se utilizaron equipos de geofísica para hacer un estudio a distancia del fondo del estero y así identificar posibles anomalías. Esta labor fue realizada por un equipo interdisciplinario conformado por expertos en geofísica, arqueología subacuática, hidrodinámica y ciencias forenses del equipo de Equitas. “Esto implicó el uso de tecnologías como el sonar, que permitió explorar el lecho marino sin necesidad de realizar inmersiones ni tener personas en el agua, es decir, sin tocar ni alterar directamente el fondo del estero”.
El equipo de Equitas identificó más de cien anomalías, es decir, puntos de interés en el fondo marino que podrían estar relacionados con personas desaparecidas. Se trata de lugares específicos que, por sus características, podrían ocultar restos óseos u otra evidencia relevante. Estos puntos entrarían en un proceso de verificación durante la segunda fase, conocida como prospección intrusiva, en la que se interviene directamente el lecho del estero.
Rodríguez explica que, según los relatos de los familiares, se ha hablado de la disposición de cuerpos en timbos de aceite, recipientes metálicos similares a canecas o barriles. “En varios testimonios se menciona que la comunidad sabía que estos recipientes se usaban para ocultar cuerpos, y que en algunos casos se llenaban de cemento antes de ser arrojados al mar”, afirma.
La coordinadora territorial del Valle del Cauca de la UBPD señala que algunas de las anomalías identificadas por el equipo de expertos podrían corresponder a estructuras con una dimensión similar a ese tipo de canecas, y que fueran de madera o de forma circular. Estas estructuras eran elementos de interés forense para los expertos. “También eran relevantes los elementos largos que pudieran tener la forma de huesos, como los de los brazos y las piernas”, comenta Rodríguez.
Tras realizar la prospección geofísica, el equipo de Equitas formuló una serie de recomendaciones y métodos para desarrollar la verificación y recuperación de los elementos ubicados en el lecho marino, con el fin de evaluar su relevancia en el contexto forense. Esta propuesta también contempló una metodología para la redefinición de los polígonos de interés, considerando el análisis hidrodinámico preliminar, la información forense y los datos geofísicos recopilados en esta primera fase.
Pérez dice que se le planteó a la UBPD que era necesario complementar el análisis incluyendo las dinámicas del agua, “ya que entendíamos que el estero no es un cuerpo acuático estático, sino que presenta un movimiento que debe ser comprendido adecuadamente para poder realizar una intervención efectiva posteriormente”.
Según la UBPD, se tenía previsto el análisis de 11 polígonos, pero por razones de seguridad y de las dinámicas de violencia en Buenaventura solo se pudo realizar el rastreo en 7 de ellos. Este análisis arrogó más de cien anomalías. “Presentamos esta información a la JEP como una primera fase del proceso. A partir de allí, definimos la necesidad de una segunda fase, orientada a realizar inmersión de buzos para recuperar estos elementos”, recuerda Rodríguez.
La verificación conjunta de anomalías y la recuperación, que corresponde a la segunda fase, se realizó en diciembre del 2024. Rodríguez comenta que la UBPD hizo un nuevo barrido en el área “y se identificaron 22 anomalías que presentaban una forma más definida y mayor claridad, lo que las hacía de especial interés para nuestro objetivo”. Estas se encontraban en la zona acuática, submareal e intermareal del estero de San Antonio.
Pedro Albarracín, antropólogo, arqueólogo marino y buzo de la UBPD explica que para este nuevo barrido se utilizaron dos tipos de tecnologías: “La ecosonda nos permitió identificar el relieve del área, mientras que el sonar de barrido lateral fue empleado para detectar objetos que se diferenciaban del lecho marino. Específicamente, estábamos en la búsqueda de elementos de interés forense, como canecas, lonas y posibles estructuras óseas desarticuladas”.
También se conformó un equipo técnico compuesto por antropólogos subacuáticos, antropólogos en tierra e investigadores humanitarios de la UBPD. A este grupo se unieron pescadores, piangüeras —colectoras de piangua, un molusco que habita en los manglares del Pacífico— y sabedores ancestrales, con el fin de intercambiar conocimientos y realizar conjuntamente la verificación de las anomalías previamente señaladas.
En la zona intermareal, caracterizada por su suelo fangoso, se realizaron barridos manuales con la participación de las piangüeras. “Las piangüeras fueron clave por su conocimiento del terreno, la técnica y la forma de moverse en zonas fangosas. Ellas realizan este trabajo a diario para recolectar piangua, por lo que saben cómo reconocer el suelo y adaptarse a las condiciones del área”, dice Albarracín.
Los conocimientos de los pescadores y lancheros también fueron fundamentales, ya que comprendían bien las condiciones del terreno, así como el comportamiento de las mareas y las corrientes del agua. Su experiencia fue clave para orientar las labores en el estero y garantizar la seguridad del equipo.
Albarracín señala que los expertos lograron delimitar zonas específicas de interés para orientar la búsqueda e investigación forense. “Tirábamos un ancla o generábamos una señal sonora utilizando un lastre, y a partir de allí descendíamos siguiendo una cuerda directamente hasta el fondo. Una vez en el fondo, fijábamos otra cuerda y comenzábamos la búsqueda radial, tomando imágenes y utilizando una vara de punción. Esta vara, conocida también como vara de sondeo, se empleaba mientras el buzo nadaba, permitiéndole pinchar el suelo de forma continua para identificar posibles elementos extraños o, eventualmente, estructuras óseas de interés forense”, explica.
Retos de la búsqueda
Para Rodríguez, la búsqueda forense en el estero de San Antonio enfrentó importantes desafíos debido a las condiciones del terreno, la contaminación del entorno y los cambios constantes en las mareas. Las zonas acuáticas, submareales e intermareales requirieron técnicas especializadas, mientras que la turbidez del agua y los residuos dificultaron la visibilidad y el acceso. “La bahía de Buenaventura es una de las bahías más contaminadas que hay, sobre todo por la actividad del puerto y las casas palafíticas que disponen mucha basura en el mar”, expresa la coordinadora de la UBPD en el Valle del Cauca.
Además, el estero ha sido dragado en años anteriores por su uso como zona portuaria. Según Pedro Albarracín, lo que más complejiza el estudio del área son los dragados, ya que probablemente se ha perdido una cantidad significativa de material óseo. “Además, las corrientes transportan estos restos hacia el canal de acceso y el área de maniobras del puerto de Buenaventura, que también es objeto de dragados y cuenta con mayores profundidades. En definitiva, estas prácticas portuarias y los movimientos relacionados afectan considerablemente la posibilidad de éxito en este tipo de búsquedas forenses”, afirma el experto de la UBPD.
Rodríguez comenta que, aunque no se lograron hallazgos fehacientes en el estero de San Antonio, las mujeres piangüeras quisieron mostrar a los expertos forenses las diferencias entre el fango del estero y el de la isla Pájaros, otro sitio señalado por las víctimas como lugar de disposición de cuerpos. Durante la intervención en esta área, se identificó una zona cercana a un barrio de viviendas palafíticas donde se encontraron estructuras óseas que, según la hipótesis forense, eran recientes y no correspondían al periodo de la búsqueda principal. “A pesar de no corresponder a los casos investigados, se recuperaron debido al riesgo de pérdida por las condiciones del agua”, agrega.
Este cuerpo fue recuperado respetando los procesos psicoespirituales de las comunidades, ya que estaba en riesgo de desaparición y destrucción. La estructura ósea fue enviada a Medicina Legal para su identificación y para establecer la fecha de desaparición de esta persona. “La comunidad nos dice constantemente que la disposición de cuerpos continúa realizándose en la zona en la actualidad”, afirma Rodríguez.
Los resultados de la búsqueda de personas desaparecidas en lugares de difícil acceso y de condiciones espaciales que afectan la preservación de las estructuras óseas a largo plazo no pueden medirse solo por cifras de hallazgos e identificaciones, pues, como lo evidencia el trabajo de la UBPD, Equitas y las comunidades de Buenaventura, significa aprendizajes y una mayor conciencia de que los desaparecidos le faltan a toda la sociedad, de que la búsqueda requiere la participación de los actores sociales y de que este horror no puede repetirse.
Esta intervención forense contó con la participación de técnicos y la veeduría de expertos de Argentina y España, y representa un avance significativo del Plan Regional de Búsqueda del Pacífico Medio, que comprende los municipios de Buenaventura, Dagua, Timbiquí, López de Micay y Guapi. María Victoria Rodríguez señala que, en este proceso, se está a la espera de una audiencia pública de la JEP. “La UBPD no tiene contemplada otra fase; habrá que esperar el resultado de la audiencia”, puntualiza.
| La violencia en Buenaventura |
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| A finales de la década de los noventa, la población de Buenaventura empezó a sufrir los estragos de la violencia armada. Según el informe Buenaventura: un puerto sin comunidad, publicado en el 2015 por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre el 2000 y el 2004 la guerrilla de las FARC “emprende una escalada de sus acciones armadas y junto con la incursión de los paramilitares del Bloque Calima en el año 2000 se disparan casi todos los indicadores de violencia en el municipio”, se lee en el documento. El informe del CNMH detalla que el periodo comprendido entre el 2000 y el 2013 fue el más crítico en términos de violencia en esta región. Durante esos años se registraron múltiples hechos, entre ellos asesinatos, desplazamientos forzados, desmembramiento de cuerpos, torturas, violencia sexual contra mujeres y la instrumentalización de niños y niñas en actividades ilícitas. Las casas de los barrios más pobres fueron utilizadas como “casas de pique”, es decir, lugares en los que los actores armados torturaban y asesinaban a sus víctimas. Según lo han documentado organización, incontables cuerpos eran arrojados a esteros como el de San Antonio y el Aguacatal, así como en la isla Pájaro, conocida también como isla Calavera. A pesar de la desmovilización de los grupos armados como el Bloque Calima en el 2004 y las FARC en el 2016, la violencia armada ha continuado hasta el presente, pues hay otros grupos armados en disputa por el control social, territorial y las rutas del narcotráfico. En los primeros cuatro meses de 2025, Buenaventura ha vivido su peor crisis de seguridad en años recientes, con un aumento del 128 % en homicidios respecto al mismo periodo del año anterior. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 48 personas han sido asesinadas tras el fin de la tregua entre los grupos armados ‘Shottas’ y ‘Espartanos’. |