Hay preocupación entre las organizaciones por el silencio de la JEP frente a los avances en el último caso de la JEP, que implica la violencia sexual, reproductiva y de género. Transcurridos nueve meses de su apertura, van 280 víctimas acreditadas.
Texto y fotos por Manuela Echavarría Cuartas
En la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el caso 11, último en ser abierto, avanza en los procesos de acreditación de víctimas, pero sin que las organizaciones interesadas conozcan información clara sobre los hechos que han presentado para darle cuerpo a la investigación en torno a la “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano”, como se denomina esta carpeta en la justicia transicional, que recoge 35 178 registros en su universo provisional de hechos. Las organizaciones esperan celeridad y aclarar sus expectativas frente a la reparación.
Aunque no tiene mucha esperanza de lograr justicia, Judith Ospina Álvarez fue una de las 35 mujeres que el 25 de mayo solicitaron su acreditación como víctimas dentro del caso 11 de la JEP. La solicitud la hizo en un evento público en Bogotá, realizado por el Día de la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual. Para ella, este caso puede ser la forma de alcanzar justicia, pues su denuncia por violencia sexual nunca avanzó en la Fiscalía.
El caso 11 fue abierto en septiembre de 2023; se trata del último de los establecidos por la entidad transicional, que debe investigar exhaustivamente, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas dentro de la vigencia de su mandato, que no puede pasar del 2038.
Según datos de la JEP hasta el 25 de mayo, dentro del caso 11 han sido asesoradas más de 3000 personas y se han registrado 280 acreditaciones de víctimas. La apertura del caso fue impulsada por la insistencia y el trabajo de organizaciones de víctimas de alcance nacional como la Red de Víctimas y Profesionales y la Fundación Arrópame con tu Esperanza.
El 28 de marzo de 1999, día en que se convirtió en víctima del conflicto, a Judith Ospina Álvarez personas que se identificaban como paramilitares la golpearon y la violaron delante de su esposo, a quien luego mataron. Esa misma noche salió desplazada de su casa, en la vereda El Hormiguero de Yolombó, hacia Medellín.
Después de esto, ha sido víctima de amenazas, de dos atentados y de trabas judiciales. En el 2010 denunció los hechos del homicidio de su esposo y el desplazamiento forzado. Pasaron cinco años para que pudiera denunciar la violencia sexual de la que fue víctima; lo hizo en una jornada colectiva en el municipio de El Peñol. Antes no lo había hecho porque no se sentía segura con el contexto ni confiada en que la escucharan.
Judith Ospina ha recibido compensación económica por estos hechos de victimización, pero lleva cuatro años esperando la vivienda y la posibilidad de emprender un proyecto productivo, como lo ordena en su caso la Unidad de Restitución de Tierras.
En el 2016 empezó a asistir a encuentros y talleres sobre la JEP e inició su proceso de liderazgo en Barbosa, municipio del área metropolitana de Medellín, como coordinadora de la Red de Víctimas y Profesionales. En ese proceso y ya siendo lideresa social ha realizado actividades como talleres en colegios y de acompañamiento a otras víctimas, no solamente de violencia sexual, sino también de otros crímenes como homicidio y desplazamiento forzado. Actualmente coordina a 110 mujeres en la Red; también hace parte de la Mesa Municipal de Víctimas y ha incidido en distintos procesos en todo el Valle de Aburrá.
La conformación del caso
La Red de Víctimas y Profesionales es una organización nacional sin ánimo de lucro que realiza jornadas de recepción de denuncias: en cerca de 30 jornadas lleva 1547 casos en la justicia ordinaria que están en la impunidad, según lo explica su directora Ángela María Escobar. Ante la JEP, la Red ha presentado siete informes sobre violencia sexual y temas relacionados, como el reclutamiento forzado y las vulneraciones a mujeres indígenas y transgénero, que, si bien no constituyen solicitudes de acreditación directas, sí se toman en cuenta en el proceso de priorización.
Antes de la apertura del caso 11, se realizó la etapa de agrupación y concentración de información, iniciada por el Auto 103 de 2022 para determinar patrones distintos a los abordados en los otros casos de la jurisdicción, debido a la identificación de hechos de violencia sexual y basada en género en los que ya estaban en curso, lo que debe responder a una investigación particular.
Meses después de este auto, la lideresa Yolanda Perea, presidenta de la Fundación Arrópame con tu Esperanza, y la Procuraduría General de la Nación interpusieron una tutela a la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad por la falta de celeridad en el proceso de determinar esos patrones específicos. La sentencia de esta acción, proferida el 16 de junio de 2023, fue crucial para la apertura del caso.
Ya con el caso 11 formalizado, la Red de Víctimas y Profesionales presentó hace un año, en junio de 2024, 914 solicitudes de acreditación, y este 25 de mayo, 50 solicitudes más —15 de ellas fueron de hombres—, que se sumarán a otras 70 en las próximas semanas.
Ángela María Escobar manifiesta que, aunque han insistido en conocer qué ha pasado con estas solicitudes, no tienen información significativa sobre los avances del caso: “Lo que hemos visto es un atraso muy grande y silencio absoluto de cómo será la metodología… El tiempo está corriendo y esto no avanza, ¿será que vamos a volver a quedar en la impunidad?”.
En esta preocupación coincide Yolanda Perea, quien afirma que en la Fundación Arrópame con tu Esperanza no han recibido información sobre 230 hechos presentados antes de la apertura del caso. Esta organización ha entregado dos informes ante la JEP: uno de recomendaciones para la participación de las víctimas y otro con 15 propuestas de rutas restaurativas.
Al inicio del caso y con el fin de motivar a otras mujeres a enviar su solicitud de acreditación, Yolanda Perea presentó la suya como presidenta de la Fundación, que reúne a 40 organizaciones en 200 municipios de Colombia. Ella completó la información del formulario y luego le llegó un correo; el radicado es del 23 de enero de 2025. Cerca de tres meses después la llamaron de la JEP para contarle que la corporación Caribe Afirmativo podría representarla. En este momento está pendiente de cómo continuará el proceso.
Las dificultades para la acreditación
La JEP juzga a integrantes de las extintas FARC-EP, Fuerza Pública y paramilitares que actuaron en connivencia con el Estado. Así le pasó a Judith Ospina, quien demostró esta relación con varios hechos, entre los que encuentran: el conocimiento de la Fuerza Pública desde la denuncia previa y por la que no actuaron oportunamente, los dos atentados contra su vida, la desaparición de todas sus denuncias en el sistema de la Fiscalía en el 2015, así como la orden de quitarle la protección policial a los dos meses, por la cual tuvo que apelar con el apoyo de la Red y que se extendió por cuatro años, debido a la reiteración de las amenazas.
Al 25 de mayo de este año, la JEP reportó 112 acreditaciones en el primer subcaso, enfocado en violencia de género contra civiles cometida por las FARC-EP, y 168 en el segundo, que investiga a la Fuerza Pública por lo mismo. Sobre el tercero, encargado de la violencia de género y por prejuicio intrafilas de las FARC-EP y la Fuerza Pública, la entidad manifestó que la magistratura ha desarrollado espacios de escucha con las personas interesadas en acreditarse. Además, la JEP ha imputado a máximos responsables en los casos 01, 02, 05 y 07 por este tipo de delitos, teniendo en cuenta que una persona no puede acreditarse dos veces.
Los documentos que la lideresa social de Barbosa proporcionó para la acreditación fueron la denuncia realizada en 2015 ante la Fiscalía y sus datos personales. Sin embargo, la acreditación puede solicitarse sin una denuncia formal. Por eso, desde la Red de Víctimas y Profesionales tienen un formato de documentación de violencia sexual para evitar la revictimización en el relato de los hechos.
De las 914 solicitudes de acreditación presentadas en el 2024, Ángela Escobar, directora de la Red, dice que no han recibido información sobre estos casos, lo que significa también un problema para el trabajo de la organización.
En un caso similar, la Fundación Arrópame con tu Esperanza también ha manifestado inconvenientes para acceder a la información. Según Yolanda Perea, deberían mejorarse los mecanismos de comunicación: “Cuando se arrancó, nos reunían a todas las organizaciones y nos mantenían informadas, después ya no nos llamaron”. Además, dice que han manifestado la necesidad de contar con apoyo económico para avanzar en la información faltante de las acreditaciones, porque la primera visita para los informes fue financiada por la Fundación: “Nos han dicho que hay unos vacíos en las solicitudes de acreditación, pero tenemos que volver a los territorios para llenarla y no tenemos recursos para hacerlo, entonces la JEP nos dice que reunamos a las víctimas y ellos van, pero es la misma vaina porque no tenemos recursos para reunirlas”.
La esperanza en la reparación
Desde la Red de Víctimas y Profesionales han trabajado desde el concepto de reparaciones tempranas en distintos proyectos, que se pueden hacer sin la decisión de un juez. Según Ángela Escobar, la medida de reparación que espera la Red en el caso 11 es la concreción del Hospital para la Paz, que sería el primero en América Latina especializado en la atención a víctimas de violencia sexual. En abril de 2024 hubo un acuerdo de voluntades para su construcción en Villavicencio, pero debido a problemas legales del predio cambiaron el lote al municipio de Cumaral, donado por una familia del Meta. En noviembre de 2024 se realizó un acto simbólico de la primera piedra del hospital, pero el ministro de Salud apenas oficializó la escritura pública el 4 de junio de 2025.
Judith es una de las mujeres que espera su reparación con el Hospital de la Paz, porque necesita una cirugía neurológica por la epilepsia que le quedó como secuela de lo ocurrido el 28 de marzo de 1999. Hoy tiene interrumpido su tratamiento porque la EPS no le ha entregado los medicamentos, lo que desencadenó su convulsión más fuerte hace cerca de un mes. Ella interpuso una tutela y sigue esperando.
Por otro lado, desde la Fundación Arrópame con tu Esperanza confían en que alguna de las 15 propuestas restaurativas enviadas a la JEP sea tenida en cuenta, mientras tanto avanzan en un proyecto de cooperación internacional sobre la preparación de las víctimas para las audiencias con los comparecientes y que implementarán en agosto. Fuera de la justicia transicional, destacan la meta de realizar la colcha más grande del mundo que hable de todas las violencias, entre las que está la sexual en el marco del conflicto.
Las dos organizaciones se han visto afectadas por el recorte de la financiación de fondos de cooperación internacional como USAID, pero eso no frena su trabajo. Tanto Judith, Yolanda y Ángela continúan desde sus roles incidiendo en el avance del caso 11 que, a pesar de la lentitud y la poca información brindada por la JEP, representa una esperanza de justicia por su enfoque restaurativo para las víctimas de violencia sexual en el país.