En un acto público, el Estado colombiano asumió su responsabilidad y pidió perdón a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, por las acciones cometidas entre 1997 y 2007 por los grupos armados ilegales en complicidad de la Fuerza Pública.
Por Fabián Uribe Betancur
Fotos: Jeyson Alejandro Muñoz Cano
El acto de perdón y de reconocimiento de responsabilidad internacional fue encabezado por el presidente Gustavo Petro, que ofreció disculpas públicas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como parte del cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa firmado el 18 de diciembre de 2024. Este acto se enmarca en el Caso 12.325 llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por la comunidad entre 1997 y 2007, como masacres, ejecuciones y amenazas de grupos armados en complicidad de la fuerza pública.
El jueves 5 de junio se realizó el evento en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en Bogotá, y contó con la participación de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, líderes sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, miembros de la Fuerza Pública, delegaciones de países acompañantes y funcionarios del Gobierno nacional.
El presidente Petro expresó su pedido de perdón y señaló que se debe avanzar en las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos en esta región del Urabá antioqueño: “Pido perdón a nombre del Estado de Colombia, que asesinó a la comunidad de San José y no juzgó el crimen en el que funcionarios del Gobierno asesinaron a más de 300 miembros de la comunidad, durante tres décadas de ignominia. Sus municiones fueron compradas con dineros públicos”.
El campesino, líder social e integrante de la Comunidad de Paz Germán Graciano afirmó durante su intervención que han enfrentado diversos hechos violentos que han vulnerado los derechos humanos, los cuales se han prolongado por más de treinta años, mientras el Estado continúa ausente: “Nosotros lo que buscamos es que se cumpla la Constitución y se garantice protección, especialmente para las nuevas generaciones, para que no tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido”.
Historia de resistencia
El 23 de marzo de 1997, un grupo de campesinas y campesinos constituyeron en el corregimiento de San José, municipio de San José de Apartadó, la Comunidad de Paz y se comprometieron a no participar en la guerra, a no colaborar con ningún actor armado de ninguna tendencia, y a vivir conforme a un proyecto de vida común basado en quince principios de convivencia, entre los que se destacan el respeto, la pluralidad, la solidaridad, el diálogo transparente, la libertad, la resistencia y la justicia.
Desde su conformación, la Comunidad de Paz ha sido blanco de todo tipo de violencia por parte de los grupos armados, legales e ilegales, como la desaparición forzada, los desplazamientos, las torturas, los asesinatos, las violaciones sexuales, los montajes judiciales, el espionaje, los bombardeos y la quema de sus cultivos.
Según Graciano, las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas principalmente por la Fuerza Pública, los grupos paramilitares y la guerrilla. “Para nosotros, estos hechos fueron una retaliación por el trabajo y la resistencia que tenemos en el territorio”, afirmó.
Desde 1997, la Comunidad de Paz cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la falta de garantías y justicia por parte del Estado colombiano, la comunidad elevó su caso de victimización ante dicha Corte. En octubre de 2000, el tribunal dispuso medidas provisionales de protección, lo que dio inicio a un largo camino en la búsqueda de verdad y reparación. Ante la falta de respuesta por parte del Estado, en 2004 la Corte Constitucional ordenó el cumplimiento de esas medidas.
En su informe sobre los actos de violencia ocurridos en la región del Urabá antioqueño, la Corte Interamericana documentó al menos 66 violaciones perpetradas por agentes estatales, grupos paramilitares y guerrilleros contra los miembros de la Comunidad de Paz.
Acuerdo con el Estado
Tras más de dos décadas de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 18 de diciembre de 2024, el Estado y la Comunidad de Paz de San José de Apartadó llegaron a un acuerdo que pone fin al proceso y sienta precedentes en materia de reconocimiento y reparación a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En ese acuerdo el Estado se comprometió a reconocer las múltiples violaciones a los derechos humanos sufridas por los miembros de esta comunidad y a garantizar la reparación integral, preservar la memoria y avanzar en las investigaciones judiciales. Entre los puntos del Acuerdo de Solución Amistosa se destacan la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad —correspondiente a este perdón público—, la elaboración de monumentos en honor a las víctimas, la creación de espacios de memoria y la publicación de un libro.
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Para el líder social e integrante de la Comunidad de Paz Vladimir Arteaga, este acto representa un paso importante hacia el reconocimiento de la comunidad, pues permite avanzar en la protección de los derechos ciudadanos sin los señalamientos que anteriormente recibían por parte de gobiernos e instituciones. “En el territorio permanecen estructuras que continúan vigentes, por lo que se exige la presencia del Estado para garantizar la protección de la comunidad”, expresó.
Al cierre del evento, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a sus funcionarios para que continúen cumpliendo con los acuerdos pactados con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, a través de programas relacionados con la atención integral a las víctimas, la preservación de la memoria y el impulso de las investigaciones judiciales sobre las vulneraciones denunciadas.