En el departamento hay 78 sujetos de reparación colectiva reconocidos por el Estado; tres están en Medellín. Mientras las poblaciones que los componen señalan lentitud en los trámites, la Unidad para las Víctimas aduce que se ha avanzado pero aún hay muchos retos por enfrentar.
Por Javier Alexander Macías
Fotos: Unidad para las Víctimas
En El Aro aún esperan la carretera prometida. A este corregimiento del municipio de Ituango, en el que los paramilitares escalaron la violencia, y en octubre de 1997 asesinaron a 15 personas, quemaron viviendas y lo convirtieron en un pueblo fantasma, aún se llega a lomo de mula entre caminos de herradura y peñascos; la vía, producto de una promesa de reparación colectiva por el daño causado por la violencia y el olvido estatal, apenas lleva 50 metros construidos.
Hace cinco meses se anunció el inicio de la construcción y hasta la zona llevaron maquinaria amarilla para comenzar la remoción de terrenos. Entusiasmados con un sueño que esperaban se hiciera realidad, los pobladores de El Aro presenciaron los primeros pasos de la tan anhelada carretera. Marta Merleny Barrera, una líder comunitaria y campesina desplazada por la barbarie paramilitar en el corregimiento, expresó entonces, con el mismo entusiasmo de un niño que estrena un juguete: “Es muy lindo ver que, por fin, vamos a tener una vía que estábamos esperando por mucho tiempo, para que llegue el desarrollo”; y agregó que con esta vía se facilitaría la llegada del acueducto y el alcantarillado, además de que ella y sus vecinos podrían sacar las cosechas cultivadas en las veredas del corregimiento.
“Sin vía no era posible subir los materiales para reconstruir las viviendas que fueron quemadas en la masacre, y eran muy difíciles los proyectos productivos y otras obras para los campesinos”, dijo la mujer el 15 de marzo, cuando comenzaron las obras.
La carretera que lleva a El Aro es la mayor obra que se necesita para que la reparación colectiva pueda llegar hasta sus habitantes. De hecho, les permitiría acceder a beneficios que otros ya han recibido y que, según la Unidad de Reparación para las Víctimas, favoreció en el 2023 en Antioquia a más de 20 000 personas, víctimas del conflicto armado que hacen parte de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de Ituango, Granada, San Luis, San Carlos, San Francisco, Yarumal, Betulia, El Bagre y Dabeiba, algunos de los municipios más golpeados por el conflicto.
La reparación llegó a estos pueblos acompañada de insumos agrícolas, la entrega de animales de corral como aves y cerdos para proyectos productivos, y algunas dotaciones para escuelas, juntas de acción comunal, ce1ntros de salud, casas de la cultura y otros espacios necesarios para la convivencia ciudadana o para la reconstrucción del tejido social.
De hecho, el 14 de junio de este año, la directora en Antioquia de la Unidad para las Víctimas, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, acompañó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la titulación de 809 hectáreas a 35 familias en El Aro, y desde la Unidad entregaron dotaciones y equipos a cinco familias retornadas.
En aquella ocasión, Vallejo aseveró a medios de comunicación que la entidad ha avanzado con la comunidad en “la concertación de las acciones del plan de reparación colectiva”, y, además, “se ofertó un plan de retorno de desplazados por la violencia para que las personas puedan regresar a estas zonas con dignidad y acompañamiento institucional”.
Pero solo dos meses después de esas entregas y ante la visita del presidente Gustavo Petro a El Aro, los campesinos lo alertaron: le dijeron que la construcción de la vía, que había comenzado en marzo, estaba parada, que solo iban 50 metros construidos, y que necesitaban ayuda para, por lo menos, reparar la infraestructura educativa que está tan olvidada como el mismo pueblo enclavado en las montañas lejanas de Ituango.
El presidente Petro, tras la denuncia ciudadana, alertó a los mandatarios locales sobre la urgencia de estas obras, y agregó que la carretera debe hacerse no solo por cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino porque, afirmó, “la reconciliación consiste en eso, en un Estado que se ponga al servicio de la gente que fue víctima”.
Pero El Aro y otras comunidades de Antioquia, tan persistentes y resistentes, siguen esperando por las medidas de reparación colectiva que les devuelvan en una forma material la dignidad que les arrebató la violencia hace tantos años, aunque desde la Unidad para las Víctimas se habló de que el de la carretera es un proyecto priorizado.
En Antioquia la reparación va con altibajos
Como una forma de resarcir los daños causados a comunidades campesinas, barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y movimientos sociales que padecieron acciones violentas en el marco del conflicto armado, la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas, estableció que bajo un proceso de justicia transicional —como los vividos luego de la desmovilización de las AUC y de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— se deben establecer medidas de reparación administrativas individuales y colectivas para todos aquellos que fueron víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Según esta ley, es necesario concertar con las comunidades o grupos afectados estas medidas de reparación, para que incluyan garantías de no repetición e indemnizaciones en los componentes social, político y económico. Bajo esta premisa en Antioquia hay, hasta el momento, 78 sujetos de reparación colectiva (entre ellos la comunidad de El Aro, en Ituango) desde la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas. De estos sujetos, tres están en Medellín: el Instituto Popular de Capacitación, IPC; las Mujeres Caminando por la Verdad, de la Comuna 13; y la Mesa LGBTI, de la Comuna 8. Los dos primeros sujetos se encuentran en la etapa de diseño y formulación de las medidas de reparación, y el último ya se encuentra en la etapa de implementación, informaron desde la Unidad para las Víctimas.
Dentro de este plan, la Mesa LGBTI de la Comuna 8, estigmatizada, perseguida y de la que algunos de sus integrantes han sido violentados sexualmente y otros fueron desterrados por los grupos paramilitares que tuvieron su asentamiento en la parte occidental de Medellín, construyó su plan a través de un proyecto social, político y comunitario denominado Casa Diversa. El sitio fue dotado en tecnología y mobiliario.
Como parte de la reparación, la Mesa solicitó la ayuda para la participación en la marcha del Orgullo Gay en el año 2023, y desde la Unidad para las Víctimas los apoyaron con recursos económicos y con la logística. Felipe Higuita, miembro de la Mesa y quien fue desplazado en Medellín por su orientación sexual, explicó al respecto: “Con nuestro activismo queremos visibilizar ante todo el país las vidas pérdidas y también reivindicamos el respeto, la igualdad y que somos diversidad”.
Así como los anteriores colectivos y organizaciones sociales, otros sujetos de reparación colectiva han iniciado la ruta para su reparación, como es el caso de los campesinos de la vereda La Inmaculada, de Alejandría (Oriente de Antioquia), quienes priorizaron para su reparación colectiva un proyecto de producción de café, el mejoramiento de la escuela, la rehabilitación sicosocial de los habitantes y la recuperación del tejido social mediante la celebración del Día del Campesino.
En el corregimiento Santa Ana, de Granada, una de las acciones de reparación fue la implementación de proyectos productivos como las aves de corral.
Datos de la Unidad para las Víctimas indican que en Antioquia se han llevado a plenitud los planes de reparación en los municipios de Argelia, Cocorná, Urrao (corregimiento La Encarnación), Nariño (corregimiento Puerto Venus) y Turbo (corregimientos Pueblo Bello y San Pablo Tulapa, y vereda Paquemás), así como el barrio El Bosque en Chigorodó.
“En estos se implementaron las medidas de restitución, rehabilitación (atención sicosocial), satisfacción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, político y económico. Y con acciones como atención sicosocial, proyectos productivos, rehabilitación de infraestructura comunitaria (casetas comunales, parques, puentes, vías veredales, canchas deportivas), dotaciones a instituciones educativas, puestos de salud, grupos artísticos, casas de la cultura”, expresó a Hacemos Memoria la directora territorial, Claudia Patricia Vallejo. Entre esas medidas de reparación, también se ejecutaron obras de memoria histórica y la recuperación de tradiciones como fiestas campesinas, afrocolombianas o rituales indígenas.
Desde la Unidad para las Víctimas señalaron que no hay un tiempo estimado para desarrollar los planes de reparación colectiva. Un plan puede tardar entre tres y diez años, y depende de la capacidad de organización de las comunidades, de la viabilidad en la ejecución de lo propuesto por las comunidades víctimas y de la misma priorización de las propuestas que realizan desde la entidad. Como ejemplo, el proceso de reparación colectiva de Cocorná tardó siete años en todas sus etapas de ejecución, y el de Argelia cinco años.
Dentro del plan de reparación colectiva de la Unidad para las Víctimas, hay 15 sujetos en proceso de identificación, 18 en la etapa de alistamiento, 2 en la etapa del diagnóstico del daño, 5 en la caracterización del daño, 6 en el diseño y formulación de acciones de reparación, 24 en la implementación y 8 en planes ya concluidos.
Para estas reparaciones no hay un tope de presupuesto definido, porque, como precisaron desde la entidad, la asignación presupuestal depende de los planes y medidas propuestos como reparación en las mismas comunidades.
Para este 2024, el Congreso de la República aprobó un presupuesto de más de 4,4 billones de pesos para la atención de las víctimas del conflicto armado en Colombia. De estos, 3,4 billones de pesos estarán destinados a la reparación; 797 000 millones de pesos para otras medidas y demás fichas de inversión, y 134 000 millones de pesos para el funcionamiento institucional.
En ese marco y durante este 2024, en Antioquia se han entregado 15 000 indemnizaciones administrativas, lo que significa una inversión de casi 175 000 millones de pesos en Antioquia. Desde el 2012, la Unidad para las Víctimas ha entregado 1 633 314 indemnizaciones por valor de 11,5 billones de pesos a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Un camino largo y difícil
Sin embargo, en los resultados presentados por la Unidad, no todo ha sido un camino de rosas. Las mismas comunidades han denunciado demoras en las reuniones con los funcionarios, silencio desde la misma entidad y retraso en los pasos para la identificación de los planes para acceder a la reparación colectiva. Tal es el caso de la vereda La Esperanza, de El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño. El proceso de reparación en esta comunidad se ha frenado en varias ocasiones y se ha extendido en el tiempo por distintas razones: el cambio de profesionales de la Unidad para las Víctimas, el silencio desde la misma entidad, y cuando aparecieron los técnicos, les mencionaron que se debía reiniciar el proceso. Así se lo relató hace unas semanas a Hacemos Memoria la lideresa y víctima del conflicto, Flor Gallego Hernández.
“Después de meses de no haber tenido encuentros, en mayo nos contactó la Unidad para las Víctimas para que retomáramos las sesiones y los encuentros de la reparación colectiva en la vereda. Teníamos toda la disposición, pero luego nos dijeron que la idea en este encuentro era iniciar el diagnóstico del daño, porque no había actas de los encuentros pasados, cuando el año pasado, en noviembre, se suponía que ya habíamos dejado esa etapa finalizada”, expresó la lideresa.
Otra de las dificultades ha sido la reformulación de los planes planteados por las comunidades. En muchos de los puntos solicitados se hacen peticiones a la Unidad para Víctimas que no están dentro del espectro de la reparación, por lo que tienen que volver a crear un plan, lo que genera retrasos en la aprobación.
“Se han demorado los procesos, porque las comunidades tienen muchísimas expectativas que rebosan las capacidades de la entidad; entonces ellos dicen: ‘Hasta que no se haga esto no continuamos con la reparación’, y eso para nosotros es una talanquera: gestionamos, pero no garantizamos que la gestión se viabilice o se implemente, porque no depende de nosotros sino de otras entidades. Algunas comunidades han exigido que se hagan algunas medidas que no son competencia nuestra”, explicó Claudia Patricia Vallejo, consultada al respecto.
La directora regional de la Unidad puso como ejemplo la solicitud hecha por el Comité Cívico Ramón Emilio Arcila, un colectivo reconocido como víctima en mayo del 2018 por los ataques padecidos por sus dirigentes entre 1982 y 2017 en el marco del conflicto armado, que solicitó para el Oriente antioqueño la Universidad de la Paz, pero ese es un asunto que le compete al Ministerio de Educación.
Frente al tema señalado por la comunidad de la vereda La Esperanza, del Carmen de Viboral, Vallejo indicó que es una situación que se ha presentado no solo allí, sino en otras partes del departamento, pero que ya se definieron planes y acciones para que esta situación no vuelva a ocurrir, y se definieron los profesionales que tomarán atenta nota y registro de todo lo que se realice en los encuentros para no tener que empezar de cero. Aunque Vallejo recalcó que ese es un asunto que se les sale de las manos por los cambios de las administraciones desde que entró en funcionamiento la Ley 1448 de 2011.
Un segundo punto está relacionado con la falta de cohesión de la institucionalidad para la reparación a las víctimas. Aunque muchas entidades se han sumado y han cumplido con su papel para complementar a la entidad en su rol de ejecutora de las reparaciones colectivas, aún falta sumar voluntades que ayuden a que las comunidades sí tengan una reparación efectiva.
Al respecto, Vallejo reconoció que hay algunos casos rezagados por “algunas dificultades presupuestales y de logística”, lo que lleva a la Unidad a ponerse retos como el de continuar con los procesos de reparación colectiva. “Yo no diría que vamos bien, vamos bien en la medida en que hemos cumplido con los que ya tenemos priorizados, con los que ya hemos ido trabajando y finalizando, pero aún nos quedan faltando más y van a llegar más, entonces diría que vamos en el camino”.
Ese camino es el que esperan recorrer los habitantes de El Aro. Como parte de su reparación, ellos priorizaron el arreglo de la cancha y su techo, la pavimentación de las calles y la construcción del acueducto y el alcantarillado, trabajos que no se han podido realizar porque la entrada de los materiales a lomo de mula sale muy costosa. “Se necesita la vía para subir los materiales de construcción y reparar las viviendas, se necesita el médico y el enfermero para el puesto de salud”, expresó Marta Merleny Barrera, quien ve estos hechos como una pequeña cura para una herida abierta hace 26 años, cuando los paramilitares, en connivencia con las Fuerzas del Estado, arrasaron con El Aro.
