Desde la firma del Acuerdo de Paz, en Colombia han desaparecido 1730 personas según datos del Comité Internacional de la Cruz Roja. Una cifra que habla de la continuidad de este crimen, si se tienen en cuenta las 111 640 personas que en el contexto del conflicto armado fueron desaparecidas, como lo registra la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Por Margarita Isaza Velásquez
Foto: UBPD

Los números relacionados con la desaparición de personas son contundentes pero engañosos, porque no revelan la gravedad de su afectación. Por cada persona desaparecida en Colombia, desde 1958 hasta el presente, hay un grupo familiar y una comunidad a quienes les falta un miembro, ese alguien a quien deben buscar por todos los medios posibles para encontrarlo con vida, o saber al menos qué le pasó, qué pudo ocurrir para haber sido víctima de ese flagelo, cómo murió y poder enterrarlo con la dignidad de la verdad. Esa desaparición se convierte con el tiempo, cuando no hay respuestas ni solidaridad, en un duelo suspendido —como lo llaman psicólogos— que impide continuar la vida con normalidad.

Por eso, a las 111 640 personas desaparecidas durante el conflicto armado en el país, contabilizadas hasta 2016, hay que sumar como víctimas indirectas a sus seres queridos que con el acompañamiento de las instituciones humanitarias del presente como la UBPD y el CICR insisten en buscarlas hasta encontrarlas.

Pero la búsqueda de desaparecidos en el contexto del conflicto armado es un proceso difícil y costoso, para el que, no obstante, cada hallazgo lo significa todo.

El informe Hasta encontrarlos: El drama de la desaparición forzada en Colombia, publicado en 2016 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, decía que la dimensión y complejidad de la desaparición eran ya resultado de varias situaciones: “por un lado, de la persistencia de un crimen que se inflige intencionadamente con el ánimo de castigar y de sembrar el terror, de la existencia de prácticas empleadas por distintos actores armados con el propósito de invisibilizar sus crímenes y de garantizar su impunidad, o de distorsionar las cifras producto de sus acciones, y por otro lado, de la existencia de condiciones y prácticas de trato indigno a los restos humanos, especialmente en las morgues y cementerios del país, y de la ausencia de mecanismos idóneos que permitan emplear técnicas eficientes y oportunas para identificar los cadáveres y para facilitar que sean entregados a sus familias”.

Y luego de este panorama multicausal, el informe ponía en cuestión “la precaria acción del Estado que no ha sabido responder las demandas urgentes de las familias y sus obligaciones legales”.

Con la firma del Acuerdo de Paz, se puso de presente la necesidad de mejorar esa “precaria acción del Estado” con instituciones que articularan la búsqueda entre entidades, organizaciones y familiares; así fue establecida la UBPD —que comenzó sus labores en 2018— y así se formalizó en este 2024 el Sistema Nacional de Búsqueda. El mandato, pues, es cumplirles a los familiares y encontrar a sus seres queridos, desaparecidos en todas las décadas del conflicto armado colombiano.

Para hacerlo la UBPD tiene un enfoque humanitario y extrajudicial, lo que quiere decir que se enfoca en los desaparecidos y en sus familiares, y que no atribuye responsabilidades ni persigue el delito. Su intención es que cualquier persona, sin importar el vínculo que haya podido tener con el crimen o con un grupo armado legal o ilegal, pero tenga información sobre un desaparecido o sobre alguna fosa donde hayan sido enterradas personas, pueda brindar algún dato que acerque a los familiares de ese desaparecido al fin de aquel duelo suspendido.

En su trabajo la UBPD se articula con el Instituto Nacional de Medicina Legal, con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Fiscalía General de la Nación, con las alcaldías y gobernaciones, con los cementerios parroquiales y, en fin, con aquellas entidades que puedan facilitar información para dar con el paradero de las personas que le faltan a la sociedad.

Mientras tanto los familiares de los desaparecidos, especialmente aquellos que a lo largo de los años se han concentrado en organizaciones o han contado con el apoyo de estas, continúan vigilantes y dispuestos a la búsqueda, porque han sido ellos quienes han insistido en la creación de mecanismos de búsqueda y en la destinación de presupuestos para que cada gobierno haga algo por estas víctimas.

Pero no siempre todos los familiares han podido buscar a sus seres queridos, por ejemplo aquellos reclutados o vinculados a grupos armados; porque temían del señalamiento de sus vecinos, o porque habían perdido las esperanzas de volver a saber de sus allegados, o porque en donde viven o vivían el velo de silencio continuaba intacto. Por eso se dice que el universo de 111 640 personas desaparecidas hasta 2016 está en construcción y es creciente, porque apenas ahora muchas familias pueden afirmar públicamente que les falta alguien. Son ellas las que continúan acudiendo a la UBPD a presentar sus solicitudes de búsqueda.

Entonces, la tarea de buscar a los desaparecidos es también la de buscar a sus familiares, quienes pueden dar muestras biológicas (ADN) que permitan la identificación cuando se recuperen cuerpos de NN presuntamente asesinados durante el conflicto.

Así, la UBPD tiene la orden de encontrar los cuerpos. Para eso hacen intervenciones en cementerios del país y también en fosas a campo abierto o sitios de interés forense, donde puede haber víctimas de desaparición. También buscan en bases de datos y sistemas de información como el de Medicina Legal para tratar de asociar necropsias a posibles muestras de ADN, o a datos que provean los familiares: que dejaron de saber de su ser querido en cierta fecha, en cierta zona, y hay coincidencia por una marca o una prenda con el cuerpo que se halló en tal lugar.

Una fecha para pellizcarse

Las complejidades de la búsqueda, que implican llegar a territorios que hoy se encuentran en disputa de grupos armados, o el requerir tecnologías para salvar la mínima muestra biológica que pudo extraerse de una fosa húmeda o calcinada, requieren presupuestos y disposición del Estado. También la solidaridad y el respeto de vecinos y desconocidos que puedan apoyar o facilitar la acción de las entidades, tanto como reconocer el valor de los familiares que realizan la búsqueda.

Justamente para llamar a la acción del Estado e insistir en la comprensión social de la desaparición como un delito que afecta a todos, se realizan conmemoraciones como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, cada 30 de agosto, que en este 2024 en Antioquia llevó a la confluencia de las entidades que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, instituciones como el CICR y organizaciones sociales como la Corporación Región, la Mesa Departamental de Víctimas de Desaparición Forzada y la Corporación Jurídica Libertad, entre muchas más.

El lema bajo el que se unieron fue “La desaparición no es un hecho del pasado”, no solo para dar relevancia a que en Colombia continúan desapareciendo personas, tantas veces por causas vinculadas a la violencia en los territorios; sino también para insistir en que no se puede dejar de lado la búsqueda de quienes desaparecieron en el contexto del conflicto armado, esto es antes del 2016, cuando la guerra tocó barrios, veredas, comunidades étnicas, partidos y grupos políticos, instituciones educativas, defensores de derechos humanos, asociaciones productivas, en fin, todas las capas de la sociedad.

Durante la última semana de agosto y en la primera de septiembre, la conmemoración incluyó actividades como tomas de muestras de ADN a familiares de desaparecidos, proyecciones del documental Por cielo y tierra de la UBPD y de películas en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos, recolección de solicitudes de búsqueda, actos simbólicos y acciones pedagógicas en Medellín y en municipios como Remedios, Rionegro, Argelia y Nariño, entre otros.

La coordinadora de la UBPD en Antioquia, Gloria Araque, comentó algunos resultados de la entidad en este primer semestre de 2024. “Este año, hasta el 30 de junio, llevamos 7 entregas dignas, y tenemos proyectado hacer 16; lo que supera en mucho la ejecución de 2023 cuando solo se pudieron hacer 2. También a esa fecha, teníamos 215 nuevas solicitudes de búsqueda. Pero necesitamos que nos lleguen más, pues hay muchos cuerpos que se han recuperado y no tenemos solicitudes, o la información biológica del familiar, que es lo que nos permite identificar de quiénes son los cuerpos”, afirmó.

En este 2024, la UBPD Antioquia ha recuperado más de cien cuerpos en cementerios y sitios de interés forense. Esto se debe a un nuevo diseño institucional que permite mayor efectividad de los equipos en las actividades que impulsan el trabajo forense y la identificación, según Araque, pues han logrado hacer y proyectar intervenciones en el Bajo Cauca, donde antes no habían podido hacerlo; en el Occidente, donde habían avanzado en investigación, pero no habían llegado a intervenir, y próximamente realizarán la del cementerio de Santa Fe de Antioquia; en el Oriente, donde los cementerios de Cocorná y Rionegro cumplen su segunda fase; en el Norte, en los cementerios de Campamento y Briceño; y en varias regiones, en sitios de interés forense a cielo abierto, así como en el Valle de Aburrá, donde continúan los trabajos de investigación y recuperación en el Jardín Cementerio Universal, próximamente en el cementerio de Copacabana, y se realiza el seguimiento de las medidas cautelares en La Escombrera de la Comuna 13.

Con respecto a las personas que han desaparecido después de 2016, José Guillermo Londoño, jefe adjunto de la delegación del CICR en Medellín, expresó que en Antioquia durante 2023 registraron 87 casos (de los 1730 que ha habido en Colombia después del Acuerdo de Paz). “Nosotros como organización humanitaria documentamos estos casos y les pasamos a las instituciones el mensaje de que es importante dar respuesta a las familias. En Antioquia tenemos una focalización en las zonas más afectadas por los conflictos: Bajo Cauca, Norte y Nordeste”.

Para el CICR, que tiene un acuerdo de entendimiento con la UBPD para fortalecer las capacidades de respuesta a las familias buscadoras, el tema de la desaparición en el presente abarca los casos en que las personas pierden el contacto con sus familiares por diferentes circunstancias: “Si una persona es retenida, reclutada o vinculada a un grupo armado y su familia desconoce su paradero, esto para el CICR es una persona desaparecida. Reconocemos también que situaciones de violencia o relacionadas con las separaciones producidas, por ejemplo, por el desplazamiento o por la migración llevan también a la desaparición”, explicó Londoño durante la conmemoración del 30 de agosto.

En Colombia el conflicto armado tuvo esa fecha de corte que fue el 2016, pero según el CICR en el país hay 8 conflictos que involucran a grupos armados estatales y no estatales, los cuales recurren a prácticas de victimización que no se quedaron en el pasado. Y, coinciden la UBPD y el CICR, la prioridad es atender a las familias y las comunidades afectadas; desde la primera entidad, porque así le corresponde como parte de los compromisos del Acuerdo de Paz, y desde la segunda, porque ese es su enfoque y ha sido su experiencia por más de 30 años, pero sin reemplazar la acción del Estado.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la coordinadora de la UBPD en Antioquia expresó que si bien este año han continuado trabajando incansablemente por la búsqueda de desaparecidos y esperan entregar dignamente a sus familiares los cuerpos de 16 personas, la gran dificultad que han tenido es el recorte presupuestal en la entidad: “Fuimos de las entidades que mayor recorte tuvo presupuestalmente. Esto desconoce la responsabilidad que tiene el Estado de encontrar a las víctimas desaparecidas en el marco del conflicto, y desconoce lo que implica estar investigando casos como los que nuestros jóvenes profesionales investigan: hay actores que aún están activos en los territorios y ellos corren riesgos al estar transportándose en bus a territorios donde no hay garantías para su seguridad”, llamó la atención Araque.

El trabajo de la UBPD, el CICR, las decenas de organizaciones y los miles de familiares que buscan a sus desaparecidos continúa más allá de la fecha conmemorativa.

En Antioquia, el lunes 2 de septiembre en Bello, se realizará un acto simbólico y una conversación sobre la búsqueda, entre la UBPD, la Mesa de Desaparición Forzada y la Alcaldía de Bello; el martes 3, en Cañasgordas, se proyectará el documental Por cielo y tierra y se recibirán nuevas solicitudes de búsqueda; y en el municipio de Nariño, el sábado 7, la UBPD recibirá cerca de 50 casos documentados por la Corporación Región y se realizará toma de muestras biológicas a los familiares.