La Corriente de Renovación Socialista (CRS), disidencia del ELN, entregó sus armas en abril de 1994. Algunos de sus exintegrantes, que continúan en la vida pública, se dedican hoy a la investigación académica, la docencia, la actividad política y la defensa sindical. Aquí dos de ellos cuentan su experiencia a lo largo de décadas de construcción de paz.
Por Pompilio Peña Montoya
Alfredo Aguirre López llegó al municipio de Yalí, Nordeste de Antioquia, para dar clases en una escuela que no existía. Acababa de graduarse como docente en la Escuela Normal de Medellín, era 1974, y él estaba insuflado por el espíritu ideológico de la Teología de la Liberación. Entonces en Yalí le ofrecieron una alternativa: irse a una escuela con tres paredes en la vereda La Luz. Allí, entre gallinas, cerdos, patos, perros y gatos, se dedicó a enseñarles a leer y escribir a una docena de niños. Meses después lideró la remodelación de la escuela, o más bien su terminación, lo que hizo que se compenetrara con la comunidad. Así fue como afianzó su deseo de ser educador para el sector social más empobrecido de Colombia en aquel entonces: el campesino.
De niño, a finales de los años cincuenta, Alfredo Aguirre había sido desplazado junto con su madre del pueblo de Cañasgordas. Recuerda correr junto a ella esquivando tiroteos, cuando liberales y conservadores no podían cruzarse en los caminos. A su padre lo degollaron cuando él era todavía un bebé, y a esta muerte la siguieron la de un abuelo y la de un tío en similares circunstancias.
Cuando llegó a Yalí, al comienzo de su vida adulta, Alfredo era un hombre sin odios, que se había planteado como objetivo estrechar las diferencias sociales, como se lo enseñaron los sacerdotes de la Normal, de cuya institución se graduaron líderes que luego harían parte, como él, de la Corriente de Renovación Socialista, CRS.
Hoy Aguirre tiene 71 años y una larga historia en el sindicalismo docente. Ingresó a la CRS a mediados de la década de 1980, cuando era coordinador de disciplina del Liceo San Pablo, en el nororiente de Medellín, y había pasado por escuelas y colegios en los municipios de Anorí, Anzá y Santa Fe de Antioquia. Además, era un reconocido dirigente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), por su constante trabajo en el fortalecimiento del movimiento pedagógico en el departamento. En síntesis, por entonces era ya un activista sindical, social y político con voz para debatir los lineamientos estatales frente a la educación en el país.
“Recuerdo que a finales de los años ochenta varias organizaciones terminamos unidas al Ejército de Liberación Nacional, ELN, en lo que se llamó Unión Camilista ELN. En el interior de la organización se comenzó a dar el debate por las transformaciones del país, con la proximidad de la Constitución del 91 y los procesos de negociación que se daban entre guerrillas y el Estado”, recuerda Aguirre, y añade que tal debate se dividió en dos posiciones dentro del ELN.
Por un lado, estaban aquellos que no querían negociar con el Gobierno y afirmaban que era necesario seguir con la lucha armada; algunos de quienes respaldaban esta idea eran Manuel Pérez Martínez, Antonio García, Pablo Beltrán y Nicolás Rodríguez. Por otro lado, estaban aquellos que querían la desmovilización y comenzar una lucha desde la política: este grupo o facción fue la que se llamó Corriente de Renovación Socialista.
La CRS era, pues, una disidencia del ELN, que se conformó oficialmente en abril de 1992. Como era su propósito, comenzó un proceso de diálogo con el gobierno de César Gaviria a finales de 1993, que se extendió hasta mediados de 1994. En ese proceso se indicaron los términos de la desmovilización, como el sitio de concentración, el desarme y la reinserción a la vida civil. Los diálogos se materializaron en el corregimiento de Flor del Monte, en Sucre, el 9 de abril de 1994. Al menos 700 combatientes entregaron cerca de 500 armas, bajo el auspicio de la embajada de Países Bajos.
Pero culminar la reincorporación no fue nada fácil. Hubo asesinatos y persecuciones a los miembros desmovilizados de esa organización. Basta con recordar que antes de firmarse el acuerdo de paz de Flor del Monte, fueron asesinados por el Ejército los líderes Enrique Buendía y Ricardo González en el corregimiento Blanquicet de Turbo (Urabá antioqueño). Este hecho estuvo a punto de romper las negociaciones.
Otro antecedente que contribuía al clima de desconfianza y que dificultaba alcanzar la desmovilización de este grupo de miembros de la CRS, disidencia del ELN, había sido el asesinato del exguerrillero del M-19 (también de izquierda) y entonces candidato presidencial, Carlos Pizarro.
Nuevo Arco Iris en dificultades
En medio de la turbulenta historia del conflicto armado colombiano, la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista marcó un hito, quizás porque a pesar de las dificultades, fue un proceso que salió adelante. Fernando Hernández, uno de los fundadores de la CRS y veterano militante del ELN, brinda un testimonio de aquel hito, que revela las tensiones internas y las complejidades que enfrentaron él y sus compañeros durante la firma del acuerdo de paz.
Hernández, quien fuera responsable del trabajo internacional del ELN, lideró un sector que abogaba por la negociación y la participación política. Para finales de los ochenta y principios de los noventa, Colombia sufría un ascenso del paramilitarismo, el terror impuesto por los carteles del narcotráfico y la represión estatal a los militantes de izquierda que eran vistos bajo la lógica del “enemigo interno”.
Cuando se estableció la Constitución de 1991, ya se habían desmovilizado las guerrillas del M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). La Unión Patriótica, que se había conformado en 1985 como partido político de izquierda a partir de negociaciones entre el Gobierno y las FARC, sufría el extermino de sus miembros, quienes habían alcanzado escaños y representatividad en la política local y regional.
A pesar de todo ello, cuando la CRS dio el paso de las armas a la política, con indultos y amnistías, sus integrantes les apostaron a alcaldías, asambleas y concejos. Fernando Hernández llegó a la Cámara de Representantes, como parte del acuerdo nacional que se gestaba, y participó en la ponencia de la Ley 397 de 1997, con la que se establecieron medidas para la prevención del desplazamiento forzado.
“Los integrantes de la CRS, tras la firma, creamos la Corporación Nuevo Arco Iris desde donde comenzamos a investigar la relación entre el paramilitarismo, la violencia y el narcotráfico en el país. Revelamos, entre otras cosas, la parapolítica”, comenta Hernández, quien añade que estas pesquisas desataron, de nuevo, todo tipo de amenazas y asesinatos contra exmiembros de la CRS.
El hoy investigador social afirma que por ello tuvo que salir exiliado del país en dos oportunidades, tal como debieron hacerlo varios de sus compañeros, como León Valencia y Daniel Borja. “Yo creo que, durante estos últimos treinta años, al menos el diez por ciento de nuestros compañeros fueron asesinados y desaparecidos”, afirma el representante de Nuevo Arco Iris, “lo que habla mal del cumplimiento del Estado en proteger nuestra integridad”, agrega.
Por esta ola de violencia en contra de sus integrantes, en el año 2016 la Unidad para las Víctimas reconoció como sujeto de reparación colectiva a la Corporación Nuevo Arco Iris, que fue creada en 1996, en el marco de los compromisos asumidos en el acuerdo suscrito entre la Corriente de Renovación Socialista y el Estado colombiano dos años antes. Después de ese reconocimiento se hizo el diagnóstico de afectaciones, y en el 2019 fue aprobado su plan integral de reparación colectiva.
En la investigación Haciendo la paz aunque nos cueste la vida, impulsada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, se narra la historia de 13 firmantes de la CRS que fueron hostigados por miembros del Ejército Nacional. Los exguerrilleros habían comprado en 1997 un predio llamado La Galleta entre las veredas San Antonio y Palmitas en el municipio de Montebello (Antioquia). Allí hubo asesinatos y asedios, y el 23 de enero del 2000, dos de los firmantes fueron secuestrados; sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en El Carmen de Viboral, y el 26 de ese mes los cuerpos fueron robados de la morgue.
Cuatro años después de los hechos de La Galleta, en el 2004, el Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito de Antioquia encontró responsables a los cabos primeros Sandro Fernando Barrero y Humberto de Jesús Blandón, ambos miembros de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, y los condenó a cuarenta años de prisión.
Por otra parte, la Corporación Nuevo Arco Iris tuvo dificultades económicas que menguaron su trabajo social e investigativo. En los últimos 15 años sus oficinas han sido objeto de robos. El más reciente ocurrió en mayo del 2019, cuando de su sede en Bogotá fueron extraídos 11 computadores, 10 monitores y 2 discos duros que contenían investigaciones sobre parapolítica. Frente a ello, integrantes de la organización han denunciado que la Fiscalía no avanza en las investigaciones al respecto, y sigue sin aclararse quiénes estarían detrás de las amenazas de muerte que recibieron algunos de sus miembros en 2013 y 2014.
Docencia y sindicalismo
Como sindicalista y docente, incluso antes de la existencia de la CRS, Alfredo Aguirre comprendió que esos roles, que implicaban la defensa de los derechos humanos, eran tan fundamentales como perseguidos en la sociedad. En 1987 fueron asesinados Héctor Abad Gómez, Leonardo Betancur y Luis Fernando Vélez Vélez, quien fuera compañero de Aguirre en la Normal Superior de Medellín.
“Aprendí que ser sindicalista era una especie de crimen en este país, era algo muy satanizado y sobre todo ser del gremio de los educadores. Me tocó ver desfiles y acompañar a muchos compañeros asesinados, compañeros con los que trabajé codo a codo. Y esto paradójicamente me animaba a seguir con mi trabajo”, comenta el profesor, quien como integrante de la CRS tuvo como tarea “promover la llegada de más compañeros, teniendo presente la necesidad de organizarse para lograr cambios en el país”.
Una vez ocurrió la desmovilización de la CRS, Alfredo Aguirre dirigió el programa educativo con los desmovilizados y, narra: “Sacamos varias camadas de bachilleres, cerca de 260 personas; muchos de ellos hoy son profesionales, abogados, sociólogos, etc. Cada tanto me los encuentro. Este es uno de los resultados positivos del proceso: la parte educativa”.
Tal proyecto, que hacía parte del acuerdo logrado, se llamó Programa Educativo para la Paz y la Reconciliación; consistió en que las personas que habían estado en procesos de paz o en la desmovilización se vincularan a él para que, en 18 meses de escolarización, obtuvieran el título de bachilleres otorgado por la Unidad Pedagógica Nacional. Este programa terminó en 1997.
A partir de ese año, Aguirre continuó en Nuevo Arco Iris investigando y mediando en procesos de reconciliación en Medellín, promovidos por la administración municipal. En el barrio Moravia, zona nororiental, conformó un centro de mediación de conflictos con miembros de grupos delincuenciales.
Luego trabajó con otras organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Corporación Región, Conciudadanía y Viva la Ciudadanía. Hoy con 71 años Alfredo está pensionado y sigue activo defendiendo sus ideales, por lo que hace parte de la Corporación de Solidaridad con Cuba, una organización que defiende a un “pueblo valiente que ha resistido todos los bloqueos al que ha sido sometido por parte de los Estados Unidos y que no le permite intercambios comerciales con otros países”.
Frente al trabajo de paz que realiza el gobierno de Gustavo Petro, sostiene que “este es un gobierno que está haciendo transformaciones profundas en medio de todas las dificultades”, como el desequilibro informativo y la desinformación que llevan a cabo los grandes medios de comunicación, afirma.
Por su parte, Fernando Hernández respalda las iniciativas que desde el Gobierno nacional se vienen realizando, por impulsar un cambio donde todos los actores lleguen a un acuerdo y donde las regiones sean las mayores beneficiadas. Asegura también que más que las amenazas de muerte, son los señalamientos en contra de exmiembros de la CRS los que generan estigmatización. “Se ha hecho normal que nos llamen de modo despectivo, comunistas, subversivos, terroristas, amigos de Cuba; nos estigmatizan cuando lo que hemos hecho es investigar, y eso pasa con muchos compañeros y su actual lucha, porque hacen parte de alternativas políticas que no gustan a las fuerzas tradicionales”.
Hoy, una parte de los miembros de la Corriente de Renovación Socialista sigue vinculada a la Corporación Nuevo Arco Iris, desarrollando investigación. Otro sector continúa en el sindicalismo y muchos otros han tomado el camino de la academia y la política. Según información de la Corporación, en los primeros 10 años luego de la desmovilización fueron asesinadas 79 personas que hicieron parte de la CRS. Por otra parte, 20 años después de su desmovilización, el 9 de abril del 2014, líderes de la CRS regresaron al municipio de Ovejas, Sucre, al sector de Flor del Monte, para hacer un balance. Entre los reclamos que se discutieron en este encuentro, estuvo el olvido del Gobierno por llevar inversión y progreso a las zonas donde operó la organización.
Hoy, la desmovilización de la Corriente de Renovación Socialista, llevada a cabo hace 30 años, es vista como exitosa, aunque no se sepa del paradero de muchos de sus integrantes, quienes prefirieron cambiar cerrarse a la vida pública y desarrollar un proyecto de vida lejos de sus excompañeros. Los que aún continúan participando de las decisiones de la sociedad solo esperan que el Gobierno les garantice seguir investigando y desarrollando sus actividades políticas y sindicales bajo el marco de la ley.