La Jurisdicción Especial para la Paz citó a alias ‘Lucas’ a declarar en el Caso 08, que busca aclarar los crímenes cometidos por agentes del Estado o la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares, para que explique cómo y quiénes financiaron a Carlos Castaño y su grupo paramilitar.
Por Javier Alexander Macías
Foto: Fiscalía General de la Nación
Han pasado 26 años y algunos meses desde la tarde en la que Jacinto Alberto Soto Toro, conocido en el mundo paramilitar como ‘Lucas’, y las secretarias Rosa Nubia Rodríguez Giraldo y Luz Aleyda Narváez Caicedo quisieron desaparecer toda evidencia del financiamiento de los grupos paramilitares en Antioquia.
Ante el acoso del CTI de la Fiscalía, el 30 de abril de 1998 ‘Lucas’ y las dos mujeres destruyeron disquetes, rompieron papeles y hasta intentaron comerse algunos listados en los que se relacionaban de manera detallada nombres, direcciones y cantidades de dinero aportadas por empresarios, firmas consolidadas y hasta las personas que se “metían la mano en el bolsillo” para darles un empujón financiero a los artífices de la “causa paramilitar”.
La escena fue al mejor estilo de una película de acción. Hasta un simple parqueadero de motos llamado Padilla, llegó Gregorio Oviedo, investigador del CTI, luego de haber obtenido una información decisiva horas antes, a través de interceptaciones telefónicas a un mando medio paramilitar que, por haberse fracturado un pie, estaba dedicado a coordinar actividades delictivas desde su casa en Bello, Antioquia. En una de esas conversaciones interceptadas, el paramilitar contó que de Medellín hacia Sopetrán saldría un carro cargado con uniformes militares para entregárselos a alias ‘Memín’, jefe de una de las estructuras que delinquían en el Occidente antioqueño.
Con la dirección en mano desde donde saldrían los uniformes, los sabuesos del CTI prepararon el operativo creyendo que allí sería la fábrica clandestina de las dotaciones paramilitares, pero en un segundo piso del local hallaron fue el centro financiero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU. Mientras el investigador Sergio Humberto Parra y sus hombres detenían en cercanías a San Jerónimo una camioneta Chevrolet Trooper, de placas KFI 885, cargada con 150 uniformes de uso privativo del Ejército y tres millones de pesos, en Medellín la Fiscalía ponía a temblar la cúpula paramilitar, en especial a su máximo jefe, Carlos Castaño, quien después del operativo ofreció hasta 500 millones de pesos para quien diera información sobre “los sapos de esa vuelta”.
“Fueron decomisados decenas de disquetes, dos libros de contabilidad y documentos bancarios: un verdadero tesoro que revelaba la estructura íntegra de las ACCU, sus finanzas y quiénes las aportaban, cuadros de nómina discriminados por escuadras, los alias de sus integrantes, incluido el del respectivo jefe, la identificación del grupo, la semana a la que correspondía el pago y su valor, las retenciones de sueldo por préstamos o para fondos comunes, etc.”, relató al periódico Universo Centro en el 2013 el entonces director de la Fiscalía —Regional de Medellín— Iván Velásquez.
Después de años de silencio frente a este caso, y luego de que fiscales y funcionarios quisieron enterrarlo para que la verdad sobre los financiadores de los grupos paramilitares entre 1996 y 1998 quedara enterrada, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió llamar a alias ‘Lucas’ el pasado 7 de junio, para que, en el marco del Caso 08, devele bajo el principio de la reserva, quiénes, cómo y cuándo entregaron dinero a los grupos paramilitares.
El entramado económico de las ACCU
Alias ‘Lucas’ será escuchado bajo reserva. Así lo determinó la JEP para que puedan conocerse detalles del enorme rompecabezas económico que fortaleció a los grupos de autodefensas.
“Considerando entonces el conocimiento que puede ostentar el testigo en relación con la instrucción que adelanta esta Sala de Justicia en el subcaso Antioquia, se ha determinado la pertinencia de convocar al señor Jacinto Alberto Soto Toro a diligencia de testimonio reservado”, señaló la JEP, cuya diligencia será conducida por el magistrado Gustavo Salazar.
Es mucho lo que tiene por contar ‘Lucas’, no solo en el tema económico y de financiación, sino también con respecto a la forma en que los paramilitares infiltraron la Fiscalía con dos de sus hombres, para conocer los movimientos que se hacían desde el ente investigador hacia los jefes de las estructuras de las autodefensas, los asesinatos de 16 investigadores del CTI que participaron en los operativos del Parqueadero Padilla, su propia fuga de la cárcel Bellavista, el 30 de septiembre de 1998, de donde salió por la puerta principal con una falsa boleta de libertad, y hasta su participación en la masacre de los corregimientos La Granja y El Aro, de Ituango, en 1996 y 1997.
En el primer punto, Jacinto Alberto Soto Toro (‘Lucas’) deberá presentar su testimonio aclarando los tipos de financiadores que dieron fondos a los dirigidos por Carlos Castaño. Fuentes de la JEP manifestaron a Hacemos Memoria que entre las empresas financiadoras o cuyas cuentas bancarias aparecen en los registros contables, hay empresas de construcción, ferreterías, cadenas de supermercados, bancos, transportadoras, de confección de ropa interior femenina, de seguridad, entre otras.
La sentencia de la sala de conocimiento de Justicia y Paz, fechada el 24 de septiembre de 2015, señala que “en el proceso del Parqueadero Padilla (se) permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, entre las cuales aparecen Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y Cía., Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, Transportes Botero Soto y Servicentro ESSO Las Vegas, entre muchas otras, cuyos vínculos con la financiación de las Autodefensas está por esclarecerse plenamente todavía”.
Además, Soto Toro deberá aclarar los nexos económicos de las 481 personas y empresas que aparecen en la información incautada en la tarde del 30 de abril de 1998 en el Parqueadero Padilla y que él, junto a sus dos secretarias, quiso borrar de un plumazo. En su testimonio reservado, alias ‘Lucas’ también deberá señalar las 497 cuentas bancarias que en su momento fueron congeladas por la Fiscalía y explicar cómo a través de estas la cúpula de las AUC movía los dineros obtenidos de la financiación de terceros.
En la declaración juramentada y secreta, ‘Lucas’ deberá certificar una verdad que se ha escuchado en la ciudad a cuentagotas: cómo fueron la creación del Bloque Cacique Nutibara y la financiación de esta estructura que se gestó desde el Parqueadero Padilla. Según versiones entregadas por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, a Justicia y Paz, este Bloque se creó por petición de algunas “personalidades y empresarios de Medellín que le solicitaron a Carlos Castaño Gil la presencia de las autodefensas en esta ciudad”, con el objetivo principal de combatir a las milicias de las guerrillas enquistadas en la capital antioqueña. Ante el silencio de ‘Don Berna’, la JEP le insistirá a ‘Lucas’ para que se pronuncie al respecto.
En el segundo punto, el de los investigadores asesinados, Soto Toro deberá referirse a un capítulo doloroso para la Fiscalía de Colombia. Luego del allanamiento al Parqueadero Padilla, Carlos Castaño le declaró la guerra al CTI.
El máximo jefe paramilitar ofreció jugosas recompensas por el asesinato de los investigadores que participaron en la diligencia judicial, y aunque todos los casos fueron dolorosos, uno de los más mediáticos fue el del investigador Sergio Humberto Parra, muerto el 10 de junio de 1998 en el cruce de la carrera Bolívar con la calle Barranquilla, muy cerca de la Universidad de Antioquia. Eran las 9:30 de la noche cuando Parra esperaba el cambio del semáforo en rojo mientras se dirigía a su casa tras su jornada de trabajo. Ahí fue abordado por dos hombres que, apostados a lado y lado de la ventanilla de su vehículo, le propinaron 21 disparos de fusil. El motivo del crimen: Parra era uno de los coordinadores del allanamiento al Parqueadero Padilla.
Fueron en total 16 asesinados. Otros tuvieron que exiliarse, como Gregorio Oviedo, quien solo así pudo escapar del destino que tuvieron sus compañeros.
Pero el testimonio de alias ‘Lucas’ no terminará allí. Como jefe financiero de las ACCU, Soto Toro tiene una obligación con las víctimas de las masacres de este país. Y es que desde el Parqueadero Padilla salieron dinero, logística y hombres para que se cometieran varias de las peores masacres cometidas por las autodefensas en Colombia.
El documento del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, del Tribunal de Justicia y Paz, registra que “desde el Parqueadero Padilla, y a través de Jacinto Alberto Soto Toro, se financiaron, planearon y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998, entre ellas la masacre de El Aro en Ituango, Antioquia, el 22 de octubre de 1997, la de Pichilín en Morroa, Sucre, el 4 de diciembre de 1996, y la de La Granja, en Ituango, el 15 de julio de 1996”.
Agrega el documento que desde el parqueadero, Soto Toro coordinó “las relaciones y operaciones con las autoridades militares y les suministró hombres, armamento y recursos a los bloques y estructuras de las Autodefensas con los cuales se cometieron las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario”.
De hecho, alias ‘Lucas’ se enfrentará a juicio, inicialmente, por la masacre de La Granja y, según la Fiscalía, deberá responder como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
“En el curso de esta investigación, la Fiscalía estableció que alias Lucas, desde una oficina ubicada en el parqueadero Padilla, en Medellín (Antioquia), al parecer, planeó y direccionó dineros para que diferentes estructuras de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) ejecutaran homicidios y otras conductas delictivas calificadas como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1994 y 1998″, señaló Hugo Tovar, director de la Oficina contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.
Desde la cárcel La Picota, donde está recluido desde el 2021 tras su captura por la Fiscalía (foto), Jacinto Alberto Soto Toro espera la notificación para acudir a la JEP. Aunque su testimonio será secreto, las víctimas esperan conocer un poco de lo que dirá el jefe financiero paramilitar para acceder a su derecho a la verdad; y de alias ‘Lucas’, la JEP espera que cuente sobre la financiación para ponerle el sello al rompecabezas de una economía que solo sirvió para alimentar esa máquina del mal llamada paramilitarismo en Colombia.