El ministro de Defensa Iván Velásquez y el comandante del Ejército Nacional, Luis Emilio Cardozo, reconocieron la responsabilidad de la Fuerza Pública en los asesinatos de civiles cometidos entre 1998 y 2009 que fueron presentados por distintas unidades como resultados operacionales. Hacemos Memoria recoge en tres publicaciones lo que dijeron los familiares de las víctimas y el pronunciamiento del ministro.
Por Margarita Isaza Velásquez
La Comisión de la Verdad contabilizó 6402 ejecuciones extrajudiciales en Colombia, entre 2002 y 2008. En Antioquia, según la Jurisdicción Especial para la Paz, en el mismo periodo se registraron 1611 de estos casos, llamados también “falsos positivos” o, con mayor precisión, homicidios ilegítimamente presentados por la Fuerza Pública colombiana como bajas en combate, o resultados operacionales.
La vasta dimensión de este crimen parece limitar su comprensión en la sociedad, no quizás de su impacto en todo el país, de saber quiénes lo cometieron y con qué propósito general; pero sí lo que significa que cada una de esas personas haya sido asesinada, injustamente asociada a actividades delictivas, y que desde entonces falte en una familia, en una comunidad. Cuando estas personas fueron victimizadas, primero desaparecidas y luego asesinadas, sus familiares tuvieron que defenderlas del mismo Estado que las exponía falsamente en medios de comunicación y fichas legales como parte de alguna estructura criminal. Muchos clamaron por justicia en oficinas que los desatendieron y con frecuencia los maltrataron; suspendieron duelos por amenazas, por enfermedades, por pena moral, no solo de saber que su ser querido había padecido suplicios, sino también por lo inaudito de tener que limpiar su buen nombre.
El jueves 14 de agosto en el Museo Casa de la Memoria de Medellín, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional de Colombia les pidieron perdón a 35 familias de personas que fueron asesinadas en Antioquia y Córdoba por diferentes unidades de la Fuerza Pública, para presentarlas como una cifra de resultados positivos en su deber institucional de combatir la delincuencia y a la guerrilla. Varias veces, en el auditorio que reconoce la memoria de las víctimas resistentes de Antioquia, fueron nombradas cada una de estas 35 personas.
Primero hablaron los familiares, quienes estuvieron acompañados de organizaciones sociales y sus representantes judiciales. Al llamado de los nombres de sus seres queridos, madres, padres, hermanos, hijas, compañeras de vida, salieron al frente con un retablo y la fuerza en su voz para insistir en que ellos, todos hombres, no eran guerrilleros, no eran delincuentes, no estaban haciendo nada malo, no tenían por qué haberlos matado. Hubo llanto y algún quiebre en el ánimo, pero ningún familiar desfalleció: gritaron lo que tenían que gritar, nombraron a quienes tenían que nombrar, reclamaron por el trato que recibieron en instancias judiciales, pidieron justicia e investigaciones, atacaron a la JEP, llamaron a la búsqueda de los que aún no han sido encontrados, pronunciaron palabras de amor.
Después de los familiares, habló Iván Velásquez, ministro de Defensa: “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado colombiano”. En su discurso dijo sentirse avergonzado como funcionario y como ciudadano por esa terrible práctica. “La institución que hoy dirijo falló”, expresó.
Se refirió al obrar de individuos dentro del Ejército, pero también a los documentos oficiales, las órdenes superiores, que legitimaron y auparon esa forma de matar: “En varios expedientes, en algunos documentos que reposan en la Séptima División del Ejército, en el año 2007 se señalaba que las unidades operativas se evaluarían por las bajas del enemigo en cada jurisdicción, por la disminución de actos terroristas y por la reducción de bajas en las propias filas”. Documentos esos que se sumaban a la Directiva 029 de 2005 que reglamentaba pagos y beneficios a miembros de las Fuerzas Armadas por aumentar el número de bajas de la guerrilla. Líneas que se convirtieron en la tragedia de miles de familias en Colombia, porque comenzaron a abundar los “falsos positivos”.
Velásquez construyó una línea de tiempo con los 35 casos por los que se realizó este acto de reconocimiento de responsabilidad, ordenado al Estado por 26 sentencias. En cada uno de los nombres insistió, como ya lo habían dicho los familiares, en que ninguna de esas personas asesinadas pertenecía a algún grupo armado irregular. Nombró a: Gustavo Adolfo Cardona Alzate, Darwin Andrés Sánchez García, Carlos Mario Llano Sánchez, Salvador Valle Posada, Omar De Jesús Gutiérrez Arboleda, Edgar Isidro Salazar Ceballos, Jhon David Posada Giraldo, Juan David Echeverri Molina, Jesús Hernando Galvis Álzate, César Raúl Cano Zambrano, James Cardona Muñoz, Jhon Fredy Arias Mejía, José Miguel Londoño Ramírez, Erick Alberto Osorio Martínez, Ovidio Jiménez Guzmán, Andrés Fonnegra Rodríguez, José Duván Espinosa, Luis Andrés Zapata, Juan Martín Tabares Rueda, Gonzalo Correa Roldán, Walter Jony Henao Salazar, Jaime Daniel Oquendo Higuita, Juber Barrera Pino, Javier Alfonso Sepúlveda Barrera, Wilson Darío Murillo Gaviria, Jesús Antonio Flórez Vinasco, Alfonso de Jesús Bedoya Londoño, José Darío Hurtado Ocampo, Uriel Vásquez Meneses, Gabriel Andrés González Marulanda, Gustavo Alberto Tejada Marulanda, Gener Alberto Álvarez Guerra, Jhoan Esteban Rúa Torres, Carlos Alberto Sepúlveda Sepúlveda y Sergio Yelén Rojas Cárdenas.
Luego de su intervención, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Emilio Cardozo, manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas, leyó de nuevo los nombres, esta vez con la fecha y el lugar en que fueron asesinados, y al final ofreció excusas públicas y pidió perdón por la muerte prematura que causaron “hombres que se apartaron del honor militar, de las virtudes, de los valores y de los principios propios de la ética militar”.
Como una forma de conservar y dignificar públicamente la memoria de estas 35 personas asesinadas en Antioquia y en Córdoba, publicamos las expresiones de sus familiares en el acto de perdón, así como la declaración del ministro de Defensa con respecto al reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado.
En esta primera publicación, recogemos los nombres de diez de ellos.
Darwin Andrés Sánchez García, Gustavo Adolfo Cardona Alzate y Carlos Mario Llano Sánchez, asesinados en Cáceres (Antioquia), el 21 de junio de 1998
María Consuelo García, madre de Darwin Andrés Sánchez García y vocera de la familia de Carlos Mario Llano Sánchez:
Que sea el momento para resaltar la memoria de mi hijo y de sus dos amiguitos, que se fueron a pasear a Cartagena, llenos de ilusiones, de sueños de niños sanos, buenos, a quienes formamos con valores para que fueran personas de bien, para ellos mismos y para la sociedad. Tres niños que, al regresar de sus vacaciones, iban a estudiar: mi hijo iba a estudiar Sicología, Carlos Mario iba a estudiar Ingeniería de Sistemas, y Gustavo Adolfo ya estaba en cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad San Buenaventura.
Su vida se les apagó porque la gran élite de los militares de aquella época, con su alma de mercenarios, salieron en jauría a cazar, y ellos fueron sus primeras víctimas, probablemente. Los cogieron y se los llevaron, eso lo supimos después.
Nosotros como padres, al ver que nuestros hijos no llegaban, nos unimos y empezamos la búsqueda incansable a mediados de julio de 1998. Todavía no sabíamos qué era un falso positivo. ¿Qué pasó? ¡No volvieron! Y empezamos a hacer denuncias y no sabíamos nada. Pasaron 10 años. Como padres agotamos todos los recursos que humanamente uno puede hacer para encontrar a los hijos, y no teníamos respuestas.
Fuimos humillados por las mismas entidades del Estado, que tenían que recibir nuestras demandas y se chocaban cuando hablábamos de lo que pasaba. El fiscal del GAULA Julio César Jaramillo nos pegó la humillada más grande del mundo: nos estaba recibiendo la demanda cuando de pronto secuestraron a Piedad Córdoba y nos hizo a un lado porque ella era más importante. Así, en esas palabras lo dijo. Y nos quedamos desorientados.
Seguimos buscando. Agotamos todo económicamente, tiempo, todo. En esa búsqueda alguien informó; en poco tiempo, probablemente en tres meses, apareció un desertor del Ejército y contó de los muchachos, cosas tan personales que le creíamos. Ese muchacho, Antonio Ruiz Castillo, entró pero para violentarnos, para robar, y de hecho autorizado por el GAULA, que lo dejaron entrar a mi casa; nos robó y agredió a mi madre. Se escapó. Seis meses después lo encontramos en Caucasia y lo sometimos a la justicia. Estuvo tres años prisionero. En ese tiempo él cantó la verdad y pronunció al batallón Los Rifles y al capitán Rayo, hoy en día coronel.
Con todas estas pruebas estuvimos de fiscalía en fiscalía, y ninguna nos ayudaba. Nuestros procesos se envejecían, de fiscalía en fiscalía. Así, yo tenía mi corazón en la mano siempre, llena de miedo, de angustia, de horror, de la poca colaboración que recibimos en esa época. Si no hubiera sido por nosotros, jamás hubiéramos encontrado a nuestros hijos.
Un desmovilizado, Jorge Enrique Córdoba, alias “Sarmiento”, confesó. Y al fiscal de ese entonces, Eduardo —no recuerdo ahora su apellido—, lo citamos y nos dijo que nos iba a dar un encuentro con él y le mostramos las fotos, y reconoció a los muchachos. Y nos dijo: “No los busquen más, ellos fueron falsos positivos”. Ahí fue cuando yo me di cuenta de qué era un falso positivo. Dijo que al mío, Darwin Andrés, de 19 años, y a Gustavo Adolfo, de 23 años, que era el mayor, “a ellos búsquenlos en Zaragoza, que están en la fosa común de allá. Y a Carlos Mario lo mandaron para el cementerio de Tarazá, él fue asesinado una semana después. Nosotros se los vendimos al capitán Rayo del batallón Los Rifles”. Aun con esta información los fiscales no hacían nada. No hacían nada.
Eso fue hace 26 años. Y 18 años después, cuando todavía pasábamos de fiscalía en fiscalía, hubo un fiscal que se apiadó de nosotros, si así se puede decir. Claro está que yo también me le puse muy brava para que hubiera resultados; le dije: “¿Usted también va a botar el proceso? ¿Usted también va a botar el expediente?”. Y me dijo: “No, yo me voy a comprometer”. Y mi obsesión era encontrar al capitán Rayo. Teníamos toda la información para que esto se hubiera aclarado desde un comienzo y nadie nos colaboraba. La justicia era ciega totalmente. Probablemente todavía lo sea.
Cuando eso pasó, el fiscal Fabio Rebellón encontró a Daza, una prueba contundente contra el capitán Rayo, que ya es coronel. Este exsoldado comentó que él vio cuando los llevaron y les dispararon a los muchachos. Ya después fueron sometidos con nombres propios César Efrén Rayo Oviedo, Luis Alfredo Pantoja, Horacio de Jesús Chancí, los compinches de él. Los sometimos a la justicia ordinaria, pero en ese tiempo se estaba cocinando la JEP, que supuestamente iba a esclarecer estos terribles sucesos de falsos positivos. Y resulta que no. Aprobaron la JEP, ellos se acogieron, y el caso está impune.
Hoy en día, aunque este caso está desde noviembre de 2018, no sabemos absolutamente nada de ellos. Pedimos por favor, señor ministro, señor comandante del Ejército, ya que ustedes han escuchado en privado nuestras angustias y nuestras peticiones, que por fin se haga justicia. Porque yo estoy asqueada de las injusticias de la justicia.
Intervención del ministro de Defensa:
Gustavo Adolfo Cardona Alzate, Darwin Andrés García y Carlos Mario Llano Sánchez estaban de paseo en Cartagena, y en su regreso a Medellín fueron retenidos en el Bajo Cauca antioqueño, en el municipio de Cáceres, el 17 de junio de 1998, por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, y entregados a militares para ser reportados como paramilitares dados de baja en combate. La búsqueda incansable de sus familiares, en cada uno de los pueblos entre Medellín y Cartagena, permitió diez años después la ubicación de Gustavo y Darwin, tras la información presentada por un postulado de Justicia y Paz. A la fecha no ha sido posible la localización de Carlos Mario, a pesar de los esfuerzos de las instituciones del Estado y de las propias familias, a quienes extendemos nuestras consideraciones; a las familias que hoy nos acompañan, no solo de Carlos Mario, sino las de otras víctimas que continúan desaparecidas. Pondremos también desde el Ministerio todo nuestro concurso para que la UBPD llegue finalmente a encontrarlas.
Omar de Jesús Gutiérrez Arboleda, asesinado en el barrio Altos de Oriente, de Medellín, el 2 de agosto de 2004
Isabel Cristina Giraldo, hija:
Mi padre era un hombre amoroso, tierno, dedicado, amaba a su familia, amaba a mi madre, me amaba a mí y amaba a mi hermano. El día de la desaparición de mi padre, las últimas palabras que me dijo fueron: “Mañana vengo para que vamos a comprar tu vestido de 15 años y poder dentro de ocho días celebrar tu fiesta”. Eso fue a finales de julio. A mi padre lo retuvieron, y el 2 de agosto fue muerto a manos del Ejército Nacional. Lo encontramos cuatro años después. Lo que yo quiero, mi familia quiere y sé que desde allá él también quiere, es que su nombre quede limpio. Porque él no era la persona que decían que era. Como lo digo yo, lo dice toda su familia y lo dice todo el pueblo de Abejorral, él era un hombre maravilloso; no le cogía nada a nadie, era un hombre ejemplar. Era mi padre y era lo mejor del mundo.
Intervención del ministro de Defensa:
El 2 de agosto de 2004, Omar de Jesús Gutiérrez Arboleda se encontraba trabajando como ayudante de un bus que viajaba en la ruta Abejorral – Medellín. Fueron interceptados por integrantes del Bloque Héroes de Granada de las AUC, quienes se lo llevaron. Los familiares reportaron la desaparición de Omar ante la Fiscalía, que suspendió las investigaciones al no tener indicios de los responsables. Pero en el año 2007, luego de la desmovilización de este grupo armado ilegal, uno de los responsables del hecho señaló que había sido entregado a integrantes del Ejército Nacional. De ahí se pudo establecer que había sido reportado como baja en combate en el municipio de Bello por parte del Grupo Especial de Fuerzas Urbanas Antiterroristas N.° 5. La familia pudo encontrarlo en julio de 2008, cuatro años después de su muerte.
Edgar Isidro Salazar, asesinado en la vereda La Gaviota, de Granada (Antioquia), el 7 de agosto de 2004
Nury Salazar, hermana:
A él lo mataron los Bajes, lo asesinaron a cinco minutos de la casa, se lo llevaron. Lo enterraron como guerrillero. A los siete años fuimos a hacerle el reconocimiento en Cocorná, y lo enterraron en un cajón de madera. No lo pudimos reconocer. Yo, la verdad, corazón para perdonar esto, no… Es más como un reconocimiento a las víctimas por todo el daño que le hicieron a gente inocente, gente que perdió la vida sin tener nada que ver, gente trabajadora que lo único que hacía era sobrevivir. Solamente por unos desgraciados que lo único que querían era fama, que querían poder.
Intervención del ministro de Defensa:
Edgar Isidro Salazar Ceballos era un campesino oriundo de Granada en el Oriente antioqueño, donde se dedicaba a trabajar en la finca de la familia, hasta el 7 de agosto de 2004 cuando integrantes del Ejército ingresaron a la propiedad y de forma arbitraria les dispararon a Edgar Isidro y a dos trabajadores inermes. Los despojaron de sus objetos personales y trasladaron sus restos al municipio de Santuario, donde los reportaron como guerrilleros muertos en combate, sin identificar.
Jhon David Posada Giraldo y Juan David Echeverri Molina, asesinados en Sonsón, el 23 de diciembre de 2004
Lucía Posada, madre de Jhon David Posada Giraldo:
Vengo a limpiar la memoria de nuestro hijo, que me lo asesinaron como si fuera un guerrillero y él nunca fue un guerrillero. Él pagó servicio militar. Con él se llevaron a Juan David Echeverri Molina; en este momento él se encuentra todavía desaparecido. Eso fue en el 2004, y esta es la hora que el señor padre no lo ha podido encontrar; y ese señor se mantiene muy preocupado por él. A ver si de pronto, por medio de esto, le ayudan a buscar los restos de él. Ellos fueron enterrados en el municipio de Sonsón. No tengo más que decirles.
Intervención del ministro de Defensa:
John David Posada Giraldo y Juan David Echeverri Molina desaparecieron bajo diferentes circunstancias, el 19 de diciembre de 2004. Por los relatos de postulados del Bloque Héroes de Granada de las AUC se pudo conocer de la retención y entrega de estos jóvenes a integrantes del Ejército quienes los reportaron como pertenecientes a las FARC dados de baja en combate. La justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar se inhibieron de adelantar investigación penal, negándoles a sus familiares el derecho a la justicia; finalmente estas familias pudieron encontrar los restos de ellos en mayo de 2009, gracias a los aportes ante Justicia y Paz, en los que además se demostró que no eran parte de grupos armados ilegales, que tampoco habían muerto en combate.
Jesús Hernando Galvis Alzate, asesinado en la vereda El Ocho, de Cocorná (Antioquia), el 17 de noviembre de 2005
Diana Carolina Martínez, esposa:
A mi esposo lo mató el Ejército hace 18 años en Cocorná. Se lo llevaron con engaños. Yo en esa época tenía 20 años. Quedé con una niña de un año. A él se lo llevaron con engaños, lo desaparecieron. Después, preguntando en muchas partes qué había pasado con él, porque él trabajaba en una empresa aquí en Medellín y somos de acá de Medellín, y ni él ni yo conocíamos Cocorná, donde resultó muerto. Cuando fui con apoyo de la familia de él y de la mía al hospital, porque no sabíamos qué había pasado, dijeron que había un NN. Nos mostraron las fotos pero estaba casi irreconocible. Lo reconocí solamente por las manos.
Cuando fuimos al cementerio, ya lo habían enterrado como NN, le habían robado los documentos, lo desaparecieron. Le colocaron unas cuerdas como si fueran explosivos y un revólver oxidado. Cuando me dijeron que fuera a hacer las vueltas a la Alcaldía, empezaron a hacerme preguntas de que si él pertenecía a grupos ilegales. En ese momento yo estaba muy joven y no entendía qué estaba pasando.
Me traje el cuerpo para Medellín. Ya luego empecé a hacer las investigaciones, conseguí un abogado, fui a la ONU, a Derechos Humanos, eso fue en el 2006, y nadie me paraba bolas. Muchos abogados me decían “No, yo no trabajo contra el Estado”. Me conseguí un abogado y me dijo que solamente íbamos a hacer la demanda administrativa, porque era muy peligroso para mí estando tan joven y que no fuera a denunciar por Fiscalía. A mí me dio mucho miedo. Hasta el momento ese proceso sigue así. Eso quedó totalmente impune.
Ya que tengo esta oportunidad, yo quiero que no vuelva a pasar esto en Colombia, que nunca le vaya a pasar a una familia lo que yo tuve que vivir. Nunca recibí apoyo del Estado ni de nadie; solamente de Dios y de mi mamá. Quiero que haya justicia y que se sepa la verdad de todos esos casos que pasaron.
Intervención del ministro de Defensa:
Jesús Hernando Galvis Alzate era un padre de familia que se dedicaba a la venta de mercancías en Medellín. El 17 de noviembre de 2005 un amigo lo invitó a conocer Cocorná, donde fue asesinado por integrantes del Ejército. Lo presentaron como guerrillero muerto en combate en medio de la operación que llevó el nombre de “Ejemplar”, por parte del Batallón de Artillería N.° 4. La justicia demostró finalmente la falsedad: no era un guerrillero.
César Raúl Cano Zambrano, asesinado en la vereda La Salada, de Caldas (Antioquia), el 21 de noviembre de 2005
Blanca Cano, familiar de César Raúl Cano, solicitó no hablar.
Intervención del ministro de Defensa:
César Raúl Cano Zambrano tenía 17 años. Fue reportado como una baja en combate por miembros del GAULA Antioquia el 22 de noviembre de 2005, junto con otros dos jóvenes en el municipio de Caldas. Los ultimaron con disparos de arma de fuego de alto y bajo alcance, efectuados por la espalda, mientras se encontraban acostados boca abajo, es decir en estado de indefensión. Los tres jóvenes fueron engañados por civiles que los condujeron y entregaron a miembros del GAULA Antioquia del Ejército Nacional, quienes a su vez les implantaron armas de fuego que no eran aptas para un enfrentamiento, y que además fueron halladas con su munición completa.
James Cardona Muñoz, asesinado en Montebello (Antioquia), el 29 de noviembre de 2005
Yamile Álvarez Muñoz, hermana:
De mi hermano les puedo decir que era muy buen hermano, muy buen hijo, siempre era muy alegre, siempre decía que se iba a ganar la lotería para darnos a todas una casita, porque él fue criado en medio de todas mujeres. Fue el único hombre de la casa. Él luchó por mi padrastro, que con una sola manito en Roldanillo (Valle) hacía casas, y fue un buen padre para mi hermano. Mi hermano viajó hasta acá a Medellín para poder darle una casa a mi padrastro, para cumplir muchos sueños, porque fue un buen ser humano. Decirles a todos hoy que mucha fuerza, al Ejército, a todos, con un amor muy grande, con estas palabras: con amor todo es posible, con perdón, con la misericordia de Dios ante todo. Yo perdí a un hermano y me duele hasta ahora en el alma.
Intervención del ministro de Defensa:
James Cardona Muñoz nació en 1985 en Roldanillo y desde muy joven comenzó a trabajar. Llegó a Medellín en el 2003 a emprender su vida en esta ciudad. Pero el 29 de noviembre de 2005 integrantes del Ejército Nacional lo reportaron como muerto en una operación militar producto de un combate sostenido con un grupo delincuencial en Montebello. Nada de eso fue cierto.
