En la vereda La Esperanza, de El Carmen de Viboral, el proceso de reparación colectiva se ha pausado en diferentes ocasiones. El cambio de profesionales que llevan el proceso, el silencio de la Unidad para las Víctimas en las etapas iniciales y algunas diferencias entre las mismas víctimas de la vereda han hecho que este proceso ya se tome más de diez años. En este momento, aunque ha habido algunas reuniones, sigue en la incertidumbre.
Por Emmanuel Zapata Bedoya
Fotos: Claudia Yaneth Castaño Gallego
En mayo de este año, líderes y lideresas de la vereda La Esperanza, de El Carmen de Viboral, se negaron a retomar el proceso de reparación colectiva que llevaban a cabo de la mano de la Unidad para las Víctimas, pues consideraron que no ha avanzado lo suficiente y que el cambio constante de profesionales que han llevado el caso lo ha ralentizado.
El proceso de reparación colectiva en esa vereda se ha suspendido en diferentes momentos por diversos motivos, pero esta no es la primera vez que la comunidad dice no tener la intención de reunirse, pues le solicitan a la Unidad para las Victimas que aclare las razones para las demoras que ha tenido.
La lideresa y víctima del conflicto Flor Gallego Hernández explica: “Después de meses de no haber tenido encuentros, en mayo nos contactó la Unidad de Víctimas para que retomáramos las sesiones y los encuentros para la reparación colectiva en la vereda. Inicialmente teníamos toda la disposición, pero luego nos dicen los profesionales de la Unidad que la idea en este encuentro era iniciar el diagnóstico del daño, porque no había actas de los encuentros pasados, cuando el año pasado, en noviembre, se suponía que ya habíamos dejado esa etapa finalizada”.
Para quienes han participado de este proceso, esa respuesta de la entidad es una broma pesada, pues significa que han ido a reuniones a perder el tiempo.
Los procesos de reparación colectiva constan de cinco momentos: identificación, alistamiento, diagnóstico o caracterización del daño, formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) e implementación. Según la Unidad para las Víctimas, el objetivo es desarrollar dos etapas por año; sin embargo, el caso de la vereda La Esperanza ya lleva un poco más de once años y aún continúan sin cerrar el capítulo de la etapa de diagnóstico.
Esta vereda de El Carmen fue reconocida como sujeto de reparación colectiva en 2013. En 2015 se suspendió el proceso, sin que hoy las víctimas puedan entender por qué. Apenas lo retomaron después del 31 de agosto de 2017, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó por sentencia la responsabilidad y complicidad del Estado colombiano en una serie de delitos, como homicidios, desplazamientos y desapariciones, cometidos en contra de los campesinos de La Esperanza entre junio y diciembre de 1996.
Así, aunque en el segundo semestre de 2017 todo parecía encauzarse, hubo una nueva pausa, esta vez motivada por las mismas víctimas, quienes, según Luis Alfonso Castillo Rodríguez, abogado de la comunidad representada por la Corporación Jurídica Liberta, “fueron perdiendo toda la confianza en la Unidad. En cada una de las sesiones venían profesionales diferentes a tratar los mismos temas. El proceso no tenía cómo avanzar de esa manera. Las personas seguían hablando de lo mismo, cosa que derivó en una revictimización para algunas de ellas”.
Con Castillo Rodríguez concuerda la víctima y también lideresa Claudia Yaneth Castaño Gallego: “El proceso que la Unidad ha llevado con nosotros ha sido desordenado y poco sensible. Los profesionales, en muchos de los casos, llegaban sin preparación, sin saber con qué tipo de comunidad iban a interactuar. El cambio constante de estos hacía que se perdiera seguimiento, que no hubiera un avance. Además, las sesiones se sentían como de afán, como si ellos lo hicieran simplemente por cumplir, buscando solo llenar una planilla de asistencia”.
En 2018 se reunieron dos veces con la Unidad y reanudaron el proceso, luego quedó en punta, y apenas en noviembre de 2023 continuaron con él. Ese año, según algunas víctimas, se había finalizado con la etapa de diagnóstico del daño. Sin embargo, en mayo de 2024 cuando la comunidad fue llamada por la Unidad para seguir, aparecieron las mismas dificultades de años anteriores, y se sumó una nueva: iban a volver a empezar con la etapa de diagnóstico.
Tras lo dicho por la Unidad, las víctimas decidieron no reunirse ni continuar con el proceso de reparación colectiva, hasta que les fueran enviadas las actas de los encuentros de noviembre de 2023. Sin embargo, al solicitar dichos documentos, los profesionales de la Unidad para las Víctimas le compartieron a Gallego Hernández, vía WhatsApp, una serie de audios de más de tres horas cada uno. “Dígame yo cómo voy a descargar esos audios. Mi celular no tiene capacidad para guardar más de cinco audios de tres horas cada uno, mucho menos voy a tener el internet para descargarlos”, se quejó entonces la lideresa.
Hacemos Memoria escribió a la oficina de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas, con la intención de conocer la versión de la entidad, y aunque respondieron diciendo que solicitarían a los nuevos profesionales la información necesaria para desarrollar una entrevista, no volvieron a pronunciarse. Asimismo, se buscó al personero municipal, Omar Darío García Gómez, para conocer detalles del proceso y no hubo respuesta.
Los habitantes de La Esperanza reservan sus casas y espacios privados para llevar a cabo los encuentros, pues no cuentan con un salón o auditorio que le pertenezca a la junta de la vereda.
Pero la reparación colectiva no solo ha generado diferencias entre los habitantes de la vereda La Esperanza y la Unidad para las Víctimas, sino que entre las mismas víctimas ha habido desacuerdos y puntos de quiebre en cuanto a lo que solicitan para ser reparados. “La mayor discusión ha girado en torno a dos elementos: una vía que algunos desean que sea mejorada y una caseta o lugar de encuentro. Muchos quieren la vía porque es el camino que conecta a la vereda con el casco urbano de El Carmen, pero otros queremos un lugar de encuentro, donde reunirnos, donde podamos hacer memoria. Ambas opciones están en discusión porque, hasta donde sabemos, las vías no las cubre la reparación y, por otro lado, como nunca hemos tenido una caseta, es poco probable que la hagan, pues en el conflicto no fue un lugar que hubiera sufrido daños”, explicó Castaño Gallego.
En lo que sí están de acuerdo la mayoría de las víctimas es en iniciar proyectos y procesos de ayuda psicosocial, pues consideran que, aunque los hechos de violencia ocurrieron hace más de veinte años, muchas de las familias de las víctimas no han tenido la oportunidad de acceder a ese tipo de atención.
El daño que vivieron en 1996
En 1996 fueron desaparecidos 12 campesinos y uno más fue asesinado en la vereda. Estos hechos fueron perpetrados por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM) con ayuda del Ejército Nacional y su grupo Fuerza de Tarea Águila (FTA).
La FTA, creada en 1994, tenía la misión de elaborar un plan estratégico de seguridad para la zona comprendida entre los kilómetros 59 y 137 de la autopista Medellín-Bogotá, con el objetivo de reducir las actividades guerrilleras del ELN y las FARC. Sin embargo, este grupo del Ejército no cumplió con su asignación.
El 21 de junio de 1996, varios hombres armados llegaron al local comercial de Aníbal de Jesús Castaño Gallego, lo retuvieron y se lo llevaron. Esa misma noche sucedió la desaparición de Óscar Hemel Zuluaga, de 16 años. Aníbal y Óscar fueron señalados por el Ejército de venderles artículos del hogar y suministros a los guerrilleros que hacían presencia en la zona.
Al día siguiente, el 22 de junio, fueron desaparecidos los hermanos Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona Quintero, de 12 y 15 años. El 26 de junio, en medio de un operativo de la FTA, este grupo se llevó a Irene de Jesús Gallego Quintero, acusada por ellos de ser guerrillera.
El 7 de julio, hombres armados desaparecieron al promotor de salud de La Esperanza, Juan Carlos Gallego Hernández, y al campesino Jaime Alonso Mejía Quintero. Horas más tarde asesinaron a Javier Giraldo Giraldo, y su cuerpo fue encontrado en la vereda San Vicente, también de El Carmen de Viboral.
El 9 de julio, un grupo de entre cinco y nueve personas armadas y vestidas de civil desaparecieron a Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño y Octavio de Jesús Gallego Hernández. Casi seis meses después, la noche del 27 de diciembre de 1996, hombres armados y de civil irrumpieron en las casas de Andrés Antonio Gallego Castaño y Leonidas Cardona Giraldo, los montaron a una camioneta y no se volvió a saber nada de ellos.
Y como quien decide no rendirse, tras los hechos, las familias de los desaparecidos le hicieron frente a la guerra con diferentes encuentros aunque se sentían bajo amenaza. Ese mismo año, el fatal 1996, la Corporación Jurídica Libertad inició una serie de reuniones constantes en la vereda con el objetivo de apoyar a las víctimas y generar, nuevamente, lazos de confianza entre ellos.
La abogada Liliana María Uribe Tirado, que para entonces trabajaba con la Corporación y quien fue la primera en apropiarse del caso de La Esperanza, afirma: “Nosotros presionamos a la Fiscalía desde 1996, pero los casos no avanzaban. En 1999 se presentó la petición de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solo hasta el 2017 se dictó la sentencia, donde se condenó al Estado colombiano por la desaparición de esas personas”.
La sentencia emitida el 31 de agosto de 2017 representó un gran avance para La Esperanza, ya que no solo consideraba las doce desapariciones y el asesinato, sino también a las 120 familias afectadas por las acciones conjuntas del Ejército Nacional y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Según la Corte Interamericana, en total, 520 personas fueron perjudicadas por estos eventos.
Han pasado 28 años desde los crímenes contra los campesinos de la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral. Sus habitantes y representantes han trasegado por procesos judiciales y por lograr que su sufrimiento fuera entendido y reconocido en el país. Al día de hoy, las familias continúan buscando a sus desaparecidos, con la fe puesta en las actividades de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, sin que aún obtengan respuestas. Ante lo que puedan lograr con la Unidad para las Víctimas, en un proceso de reparación que a duras penas avanza, los habitantes de la vereda son escépticos, pero persistentes, pues, a pesar de todo, conservan su expectativa de cumplimiento de derechos y de garantías de no repetición.
