A veinte años de la sentencia que exhortaba al Estado a proteger a las víctimas de desplazamiento forzado, la situación continúa evidenciando una crisis social y humanitaria. Desde la firma de los Acuerdos de Paz se han registrado en Colombia más de 1050 casos de desplazamiento forzado masivo y 1 600 000 personas han resultado afectadas por esta modalidad de victimización. En el departamento, Bajo Cauca, Norte y Nordeste son las subregiones más afectadas; Medellín es la principal ciudad receptora.
Por Fabián Uribe Betancur
Fotos: Unidad para las Víctimas
Recientemente se cumplieron veinte años de la sentencia T-025 de 2004, emitida por la Corte Constitucional, en la que se declara el estado de cosas inconstitucional (ECI) para atender la crisis humanitaria por el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia. Sin embargo, persisten las falencias en la restitución y protección de los derechos de las víctimas.
Aunque desde años anteriores a la expedición de esta sentencia ya existía una normativa para prevenir el desplazamiento forzado y reglamentar la atención, protección, consolidación y estabilización de esta población a través de la Ley 387 de 1997, estas medidas no fueron suficientes. De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte, del 2004, en el país existe una situación masiva de violaciones a los derechos humanos de la población desplazada, consecuencia de las fallas estructurales del Estado a la hora de atender a esta población y prevenir nuevos desplazamientos.
Según el Registro Único de Víctimas, RUV, el conflicto armado ha dejado un total de 9 720 863 personas afectadas por algún hecho de victimización. De ellas, 8 665 884 personas son víctimas de desplazamiento forzado.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, desde la firma de los Acuerdos de Paz se han registrado en Colombia más de 1050 casos de desplazamiento forzado masivo y 1 600 000 personas han resultado afectadas por esta modalidad de victimización. En el departamento, Bajo Cauca, Norte y Nordeste son las subregiones más afectadas; Medellín es la principal ciudad receptora.
La sentencia T-025 ha tenido un impacto significativo a nivel institucional, ya que facilitó cambios fundamentales en la política pública sobre el desplazamiento forzado, que incluyen la promulgación de la Ley 1448 de 2011, que establece medidas para la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno.
Para Pablo Barrios, antropólogo y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, IPC, esta sentencia marcó un avance en la reglamentación y protección de los derechos de las víctimas. Sin embargo, aún existen deficiencias en la atención de esta población y es, por ello, crucial actualizar las respuestas frente a las nuevas dinámicas sociales y de violencia que se presentan en el país. “Es necesario revisar el marco jurídico para que se contemplen el Acuerdo de Paz, la justicia transicional, las demandas del movimiento de víctimas y un enfoque étnico”, expresa.
Conforme a la IV Encuesta nacional de verificación sobre el goce efectivo de derechos de la población desplazada, realizada por Codhes con el apoyo de Acnur, el 76,1% de los hogares con población desplazada en Colombia se encuentra en situación de pobreza monetaria, y el 40,3% de estos hogares está en situación de pobreza extrema. Respecto al desempleo y la informalidad, la IV Encuesta encontró que el 82,4% de las personas víctimas de desplazamiento forzado viven del rebusque. Además, la tasa de desempleo entre esta población es del 17,6%.
Para Barrios, es importante que las entidades del Estado apliquen enfoques diferenciales étnico y de género para lograr la atención y la restitución de derechos de la población desplazada en el país: “Es fundamental que se implementen programas que consideren las circunstancias específicas de las víctimas, como ser indígenas, tener a una mujer como cabeza de hogar, campesina o afrodescendiente”.
Con relación al derecho a la educación, el 51,1% de la población desplazada mayor de 27 años tiene bajos niveles educativos: 11,3% no tiene ningún nivel educativo y 39,8% tiene como máximo nivel algún grado de preescolar o básica primaria.
También se encontró que solo un 5,2% de los hogares desplazados desea retornar al lugar de origen, mientras el 74,9% espera permanecer donde vive actualmente, ante lo que es prioritario avanzar en la integración local urbana de la población desplazada.
El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC señala que el Gobierno debe avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz, los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), la restitución de tierras y los diálogos de paz con los grupos armados del presente para asegurar un retorno seguro para la población y prevenir nuevos hechos de desplazamiento. “Persiste una violencia exacerbada en los territorios, lo que impide que haya garantías para el regreso de las comunidades a sus lugares de origen”, indica Barrios.
Cabe señalar que, durante los primeros cinco meses de este año, según la Defensoría del Pueblo, se reportaron 41 casos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 13 588 personas, miembros de 5374 familias. Los departamentos más afectados fueron Nariño, Cauca, Antioquia y Valle del Cauca.
Además, la entidad subrayó al dar su informe la importancia de tomar medidas para evitar prácticas inconstitucionales o bloqueos institucionales en la ruta de atención. También destacó la necesidad de flexibilizar los requisitos que obstaculizan la obtención de censos de víctimas de confinamiento, para promover una articulación ágil con las autoridades de los pueblos étnicos.
¿Cuál es la situación actual en Antioquia?
Según el RUV, en Antioquia hay hoy cerca de 1 625 443 víctimas de desplazamiento forzado. En el 2023, de acuerdo con el informe Colombia: Briefing Departamental, Antioquia de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), “se registraron 194 311 personas afectadas por desplazamiento forzado. De estas, 16 177 fueron víctimas de desplazamiento individual y 3246 se vieron afectadas en al menos 19 eventos de desplazamiento masivo”, se lee en el documento.
El antropólogo Barrios comenta que este hecho victimizante sigue siendo un problema que vulnera los derechos humanos en el país. En Antioquia, se observa con mayor ocurrencia en las regiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste. “Las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes son las más afectadas, debido a las disputas entre los grupos armados por el control territorial de las zonas donde viven”, detalla.
En el último mes, según el Boletín de Movilidad Humana Forzada de la Defensoría del Pueblo, el municipio más afectado en el departamento es Remedios, en el Nordeste antioqueño, donde los enfrentamientos entre estructuras armadas han causado el desplazamiento de 12 familias (41 personas) en la vereda Plaza Nueva. Además, la entidad advierte sobre el riesgo de desplazamiento en zonas rurales de los municipios de Segovia y Ciudad Bolívar (Suroeste).
Desde el año 2020, la violencia armada en el Nordeste antioqueño ha evolucionado debido a la expansión de las AGC y las disputas por el control territorial con el ELN y las disidencias de las FARC. Esta situación ha afectado los derechos de las comunidades y ha resultado en desplazamientos forzados.
De acuerdo con el informe Reconfiguración del conflicto: Avanzada paramilitar y control territorial en Remedios y Segovia (Nordeste antioqueño) de la Corporación Jurídica Libertad, esta zona es estratégica porque facilita el tránsito de las estructuras armadas entre diferentes partes del país y el control de economías informales, legales e ilegales como el cultivo y procesamiento de coca, cobros por actividades comerciales y ganaderas, y la explotación minera.
Los habitantes de las zonas rurales de Segovia, Nordeste de Antioquia, sufren la presión de los grupos armados que se disputan el control territorial.
Carlos Morales, líder social y representante legal de la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, expresa que, debido a las confrontaciones entre grupos armados, las poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y mineras están siendo confinadas en sus territorios, y muchos se ven obligados a abandonar sus hogares por miedo.
Morales menciona que las víctimas de desplazamiento forzado están buscando refugio en los cascos urbanos de los municipios de El Bagre, Caucasia, Remedios, Segovia, Barrancabermeja, Yondó, Puerto Berrío y Medellín. “Otras poblaciones no tienen la posibilidad de desplazarse a estos territorios, por lo que se han registrado desplazamientos internos, y les toca refugiarse en fincas de vecinos o en veredas cercanas para alejarse del riesgo”, detalla.
También resalta que las personas desplazadas que llegan a los cascos urbanos se refugian en casas de familiares o conocidos, lo cual contribuye al subregistro de este hecho victimizante. Además, en ocasiones existe desconocimiento sobre sus derechos o falta de un acompañamiento adecuado por parte de las alcaldías o la Gobernación. “A los campesinos les da miedo acercarse a las alcaldías por miedo a que los vean los grupos armados solicitando ayudas, esa es una de nuestras realidades”, comenta el líder social de Cahucopana.
Barrios, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, indica que Medellín sigue siendo el principal municipio receptor de personas que han sufrido desplazamiento forzado en el departamento. “La mayor parte de las personas desplazadas proviene de las subregiones Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá, así como del Chocó. Aunque la ciudad no ofrece las mejores condiciones de atención para este grupo, cuenta con recursos superiores a los de otros municipios para su acogida”, puntualiza.
En lo que va de este año, 2542 víctimas de este flagelo han llegado a la capital antioqueña, según datos de la Personería de Medellín. La entidad dice que Quibdó, en Chocó, es el municipio expulsor que más casos registra, con 286 personas que han llegado a Medellín. En Antioquia donde más personas se desplazan son: Segovia (Nordeste), con 88 personas; Caucasia (Bajo Cauca), con 78; Ituango (Norte), con 73; y Turbo (Urabá), con 68.
La Personería especifica que entre los motivos más recurrentes para el desplazamiento se encuentran las amenazas, las extorsiones, los homicidios, los actos terroristas, los atentados o enfrentamientos entre grupos armados, el despojo y el abandono forzado de tierras, la desaparición forzada, y los delitos contra la libertad e integridad sexual, el secuestro y la vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados. Una presión que se vive sobre todo en zonas rurales, como lo denunciaba en 2004 la declaratoria del estado de cosas inconstitucional.
En cuanto al desplazamiento forzado intraurbano, en Medellín se han registrado un total de 425 víctimas este año; las comunas donde más ocurre esta problemática son San Javier, Robledo, Villa Hermosa, Manrique y Popular. El antropólogo adscrito al IPC comenta que este fenómeno requiere atención, ya que a menudo es invisibilizado por las autoridades. “Este es un asunto más bien silenciado y del que poco se habla, pero es un fenómeno real. En la actualidad, hay muy poca oferta institucional para atenderlo, lo que deja a las personas a merced de los actores armados”, resalta.
Según Anaidalyt Delgado, líder social y coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Medellín, la población desplazada que llega a la ciudad es atendida con un enfoque de inmediatez; esto es, otorgándoles dinero para el arriendo y albergues temporales, en vez de enfocar la atención en garantizar una integración a largo plazo en la ciudad.
A su vez, la líder señala que existe un rezago en la implementación de soluciones duraderas, es decir, estrategias que permitan superar la situación de vulnerabilidad de la población víctima de desplazamiento forzado y promover la reconstrucción de sus proyectos de vida digna con una perspectiva de sostenibilidad en la ciudad. “Para las personas que hemos sido reubicadas, la integración local ha sido compleja, porque no ha sido fácil acceder a los programas sociales, como los de vivienda, educación y salud”, expresa Delgado.
También detalla que en ocasiones las víctimas de desplazamiento forzado no cuentan con una correcta calificación en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), lo que dificulta su acceso a los programas de la Alcaldía y del Gobierno.
En cuanto a la atención inmediata, Delgado comenta que el número de desplazados que llega a la ciudad es alto y la capacidad para atenderlos es limitada. “Dependiendo del tamaño del grupo familiar, se les brinda aproximadamente 220 mil pesos para el arriendo, que es el máximo, junto con un kit de aseo y una bolsa de alimentos. Con esto, las personas no pueden sobrevivir en Medellín. Tienen dos opciones: regresar o quedarse, y la mayoría de ellas se encuentran en las laderas”.
La representante de la Mesa Municipal de Víctimas insta a la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional a garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado, ya sea facilitando su integración local o asegurando un retorno digno a sus lugares de origen. En ello coincide con la sentencia T-025 de 2004, que, a veinte años de haber sido proferida, no termina de cumplir el mandato de proteger y atender a las víctimas de desplazamiento forzado, ni de solucionar la crisis que este hecho genera en las personas y en la sociedad.