Está ubicada en El Poblado y está valorada en 12 000 millones de pesos. Durante todo este año, víctimas y académicos tendrán la tarea de resignificar el lugar que alguna vez fue uno de los cuarteles generales del mayor capo del narcotráfico en Colombia.
Por Pompilio Peña Montoya
Fotos: archivo SAE
Los objetos exhibidos en la denominada Casa Museo de Pablo Escobar atraían, hasta el 2018, a centenares de turistas extranjeros por medio de narcotours, recorridos turísticos enfocados en lugares y relatos que enaltecen a los narcotraficantes, su negocio ilegal y las muestras de una vida de lujos y fugas.
Roberto Escobar Gaviria, el Osito, hermano de quien fuese uno de los hombres más ricos del mundo, ofrecía al visitante, por 120 000 pesos (unos 35 dólares), penetrar en la intimidad exuberante del narcotráfico. Era un negocio próspero que aprovechaba el morbo que despierta la ilegalidad, y, por ilegal, también fue clausurado. El pasado 19 de abril el procedimiento de extinción de dominio lo realizó por fin la Sociedad de Activos Especiales (SAE), esperando resignificar esta mansión mediante la creación de la Casa Cultural de “La otra historia”.
En los narcotours, el extranjero podía deleitarse con fotografías, carros baleados, piezas de siniestros de helicópteros, la moto acuática de la película de James Bond de 1977 y hasta pedazos de la avioneta que estuvo en la Hacienda Nápoles, todo aquello enseñado por Roberto Escobar bajo el maquillaje de la hazaña y, algunas veces, de la impostura. Pero este deleite turístico, para quien conoce la historia que provocó el narcotráfico, es solo un placer que soslaya el dolor de miles de víctimas.
De allí la idea de crear en este lugar la Casa Cultural de “La otra historia”, donde se enaltecerá la memoria de las víctimas del narcotráfico en el departamento de Antioquia. En su época de mayor hegemonía, principios de los años 90, los asesinatos estaban desbordados. Para entonces existía una pelea a muerte entre los carteles de Medellín y de Cali, Los Pepes y la Fuerza Pública. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron asesinadas en Medellín en el año 1991, en pleno auge del narcotráfico de Pablo Escobar, 6810 personas, un promedio de 19 víctimas por día. Víctimas de atentados, balaceras, carros bomba, etc. Este panorama es el más ignorado por los turistas, deslumbrados por toda clase de falsos imaginarios.
Así lo estima Anaidalit Delgado, quien a finales de los años ochenta se convirtió en víctima tras ser robada y perseguida por el cartel de Escobar, luego de que miembros de esta organización la secuestraran durante un vuelo entre el municipio de El Bagre y Medellín.
Ella recuerda que tres hombres abordaron la avioneta de la aerolínea Aces en la pista de El Bagre. En ella viajaban siete comerciantes de oro. Anaidalit estaba en embarazo, viajaba en compañía de su pareja, también comerciante. A medio vuelo, con armas y granadas en mano, los desconocidos se identificaron como miembros del Cartel de Medellín y obligaron al piloto a aterrizar entre los municipios de Yarumal y Campamento. Una vez en tierra, los maleantes les ordenaron a los pasajeros tirarse al suelo mientras se llevaban una gran cantidad de oro. El asalto terminó por alterar tanto a Anaidalit que, si no fuese porque fueron rescatados luego, quizá, cuenta ella, no estuviera viva para contar su historia.
Hoy Anaidalit es la representante de la Mesa de Víctimas de Medellín y fue invitada por la SAE, junto a otros voceros de organizaciones, para contar “la otra historia”, la que hay detrás de aquellos objetos exhibidos en la Casa Museo de Pablo Escobar: la historia de quienes fueron víctimas de bombas, secuestros, amenazas, asesinatos, investigaciones frustradas, juicios inoficiosos, testigos fantasmas, exilios y angustias. La cara monstruosa del narcotráfico a la que muchos extranjeros, por no decir todos, dejan por fuera de sus vidas.
“Nuestro objetivo ahora es adecuar el que fuera el museo de Pablo Escobar para que las víctimas de la mafia y, en general, del conflicto armado, narren sus memorias. Nos preguntamos cómo contar esa otra historia, para hacer otras cosas diferentes con respecto a esto que tanto llama al turismo. Queremos contrarrestar y concientizar sobre la inundación de prácticas propias de la mafia que hay en la ciudad, entre ellas la explotación sexual de menores”, asegura Anaidalit.
La confiscación al Osito
La extinción de dominio de este inmueble que, según la Fiscalía fue obtenido con dineros ilegales, no fue un proceso fácil. En octubre del 2023 la entidad expidió la medida de embargo sobre la propiedad. El 28 de diciembre de ese año y luego, el 14 de febrero del 2024, se realizaron en vano procedimientos de desalojo. Alias el Osito, como es conocido Roberto Escobar Gaviria, se valió de solicitudes y tutelas para impedir que lo sacaran de una propiedad valorada en 12 000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares).
Según Luis Mauricio Urquijo, director de la territorial Occidente de la SAE, finalmente se tomó posesión de la mansión y de algunas pertenencias exhibidas bajo custodia judicial de forma temporal, como autos, objetos y pinturas del extinto narcotraficante.
Pablo Escobar habría ordenado a lo largo de su carrera criminal al menos 625 atentados, mientras acaparaba el mercado de Estados Unidos con cocaína. Esto obligó a las autoridades a ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares por su paradero, antes de que fuera dado de baja el 2 de diciembre de 1993 sobre el techo de una vivienda en el barrio Los Olivos de Medellín.
“El señor Roberto al parecer seguía realizando actividades en esta casa hasta que logramos materializar la diligencia. Y a partir de allí fue que inmediatamente convocamos a las organizaciones de víctimas. Esto con el fin de que nos acompañen en este proceso de cristalizar una iniciativa que permita que allí se ofrezca otra narrativa de los hechos”, comenta Urquijo.
Entre las entidades invitadas por la SAE para la búsqueda de la resignificación de este lugar, está la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (FASOL). Fabiola Álvarez Mesa hace parte de esta organización y, en compañía de Anaidalit Delgado y otros representantes, sembró en uno de los patios de la mansión un árbol como símbolo de la esperanza, como semilla de lo que esperan que antes de que termine este año se convierta en la Casa Cultural de “La otra historia”.
Testimonios judiciales
Fabiola Álvarez trabajó en un informe en el que se evidenció cómo ha sufrido el poder judicial a causa de los ataques del narcotráfico y otros grupos ilegales. FASOL tiene registrado que entre 1979 y el 2020, esta rama sufrió 1298 victimizaciones a funcionarios y empleados, así como 1432 afectaciones a su labor. La investigación llamada En busca de la verdad para transformar el dolor en amor, apoyada por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), afirma que para el año 2020 se registraron solo en Antioquia 210 víctimas del sector judicial en el marco del conflicto armado. Y estas son cifras parciales, pues se cree que cientos de otros crímenes contra esta rama nunca fueron denunciados.
Entre otros datos, se tiene que el sistema criminal de Pablo Escobar no solo promovió el asesinato, también contribuyó al aumento del consumo de drogas y de la explotación sexual. Además, el narcotráfico terminó por controlar o acaparar hasta cierto punto funciones del Estado, sobornando y amenazando a funcionarios. De hecho, Pablo Escobar llegó a obtener un escaño suplente en el Congreso de la República en 1982, cuando era considerado un notable empresario antioqueño con tendencias altruistas. En años posteriores, cuando el Estado le declaró la guerra, Escobar desató la más candente guerra en la que incluso ofreció beneficios económicos por cada funcionario y policía asesinado.
Parte de los soportes que conforman el informe de FASOL, así como material de la Mesa de Víctimas e insumos proporcionados por la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, tendrán un lugar en el espacio propuesto por la SAE. Se tiene previsto que allí se desarrollen exhibiciones, líneas de tiempo, talleres, encuentros, estudios y visitas guiadas a turistas; todo esto alrededor de la construcción de memoria, con un enfoque con el que se espera contrarrestar la imagen construida a través de narrativas narcoturísticas. “Lo que queremos es que este nuevo espacio sirva de complemento a la labor desarrollada ya por el Museo Casa de la Memoria de Medellín”, asegura Fabiola Álvarez.
Ella piensa aportar a la Casa Cultural de “La otra historia” la memoria de lo que sufrió por causa del narcotráfico. Su esposo, Álvaro Uribe Ángel, era un auxiliar de la Fiscalía en San Pedro de Urabá, cuando fue asesinado el 14 de agosto de 1998. Ese viernes Álvaro se despidió de Fabiola a las 3:30 de la tarde, pues viajaba a Montería con el fin de asistir a unas capacitaciones. Pasaron el sábado, el domingo y el lunes, y ya sumida en la angustia decidió viajar a la capital de Córdoba en busca de su marido.
“La noche del sábado, como un presagio, mientras dormía escuché un ruido extraño en la casa. Me levanté preocupada. Ese día la pasé con la sensación más extraña. El domingo, mi hijo se puso enfermo y me fui a llevarlo al hospital. Allá me prestaron un teléfono y comencé a llamar a todas partes, pero nadie daba razón de Álvaro. Tuve una sensación tan extraña por no encontrarlo, que me llegó una visión: ver una morgue, ver unos cajones fríos con unas manos atadas. Viajé a Montería y encontré a mi esposo como un NN”, recuerda Fabiola, quien años después se acercaría a FASOL con el fin de buscar ayuda jurídica, emocional y económica. Años después, se enteraría de que su esposo fue asesinado por paramilitares, quienes también hicieron parte del engranaje del narcotráfico.
Por su parte, Laura Castillo Montes, directora ejecutiva de la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, añade que FASOL cuenta con una amplia experiencia en procesos de reconstrucción de memoria histórica. Fuera del informe ya citado, FASOL ha realizado eventos y conmemoraciones y ha instalado obras de arte alusivas al “no olvido”. Una de estas obras fue instalada en La Alpujarra, el edificio de la administración local de Medellín: “Estas son herramientas para reflexionar sobre la memoria y los impactos de la creación de símbolos que susciten la reflexión colectiva bajo un componente de resiliencia”, afirma.
Finalmente, Luis Mauricio Urquijo dice que se está trabajando para establecer la administración del espacio conmemorativo, “y básicamente ya tenemos una voluntad inicial de converger, de concurrir tanto la academia como las organizaciones de víctimas y la Sociedad de Activos Especiales. La SAE tiene interés en apropiarse del espacio para que, a través de objetos de interés incautados, la entidad pueda tener interlocución con la ciudadanía en el marco de lo que les ocurre a los bienes de la mafia”, puntualiza.