Las víctimas le piden a la JEP que las incluya en la formulación de los proyectos que harán parte del Sistema Restaurativo. Una de las tres iniciativas que ya empezó es “Siembras de Vida”, en Bogotá, pero carece, según las víctimas, de conexión territorial con los hechos victimizantes, enfoque restaurativo y socialización sobre su funcionamiento.
Por Fabián Uribe Betancur
Foto: JEP
El Sistema Restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue instalado el 2 de abril en Bogotá. Con este se inicia la fase del proceso de sanción a los responsables que hayan aportado verdad y reconocido su responsabilidad por los graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La JEP dio a conocer que este sistema comprende siete líneas de proyectos que deberán realizar los comparecientes como parte de las sanciones y medidas que impondrá el Tribunal de Paz: acción integral contra las minas; medio ambiente, naturaleza y territorio; infraestructura rural y urbana; memorialización y reparación simbólica; daños diferenciales y macrovictimización; educación, alfabetización y capacitación; y búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Esta instancia incorpora lo que la justicia transicional ha denominado trabajo, obras y actividades con contenido reparador y restaurador, abreviadas como TOAR, que se complementan con la restricción de libertades y de derechos no superiores a los ocho años para los responsables, dependiendo de los aportes de verdad efectiva que hayan brindado en el transcurso del proceso.
Según la JEP, para que haya una sanción propia se debe garantizar la participación de las víctimas, el aporte de verdad detallado y exhaustivo y la aceptación de responsabilidad por parte de los comparecientes.
Este sistema arranca con tres proyectos que han sido propuestos por los comparecientes tanto de las extintas FARC-EP como de la fuerza pública. Estos son: “Horizontes seguros”, que se implementará en Antioquia, con el fin de educar sobre los riesgos de las minas antipersonal; “Armonizando el territorio y tejiendo caminos hacia la restauración colectiva del Pueblo Awá”, que se desarrollará en Nariño; y “Siembras de vida”, que se ejecutará en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz, y, según la JEP, es el que marca el inicio de esta nueva etapa.
El Jardín Botánico ha contribuido con las capacitaciones técnicas en las labores de propagación y producción en vivero, así como en la plantación y mantenimiento en campo. Foto: JEP.
Siembras de vida
El proyecto restaurativo “Siembras de vida” se desarrollará en la localidad de Usme, en Bogotá, durante un año; vincula a 46 comparecientes de la fuerza pública responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en procesos de restauración ecológica, en el corredor ambiental Chingaza-Sumapaz. Entre ellos, hay 12 responsables vinculados al Caso 03, relacionado con los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, de los subcasos de Norte de Santander, Costa Caribe, Antioquia y Casanare; y 34 partícipes no determinantes, a quienes la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les otorgará amnistías.
Según la JEP, en este proyecto se restaurarán 15 hectáreas degradadas en tres terrenos ubicados en inmediaciones de la represa Chisacá, en el sur de Bogotá. Los comparecientes trabajarán en horarios establecidos y monitoreados por la jurisdicción en la siembra de especies nativas del sector: garrocho, arrayán, salvio negro y sauco negro, que serán provistas por el Jardín Botánico, cuyos expertos acompañarán el proceso.
Así mismo, allí se desarrollarán iniciativas de pedagogía de paz y memoria. La capacitación a los comparecientes acerca de las metodologías y las prácticas de restauración ecológica estará a cargo de la Fundación Natura.
¿Qué dicen las víctimas?
Aunque la implementación del Sistema Restaurativo representa un hito significativo en la justicia transicional, las víctimas y las organizaciones que las representan han expresado varios reparos al respecto. Entre ellos se destacan la poca participación de las víctimas, la falta de socialización de las propuestas, así como la desconexión territorial con los hechos violentos y la falta de claridad en los objetivos de reparación.
De acuerdo con Leo Ricardo García, secretario técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, las TOAR se deben realizar en los lugares donde se cometieron los crímenes: “No fuimos invitados a ninguno de los espacios para la formulación de este proyecto. Para la implementación de las TOAR en cualquier parte del territorio nacional, se debe tener en cuenta la consulta previa a las víctimas, quienes no se sienten representadas en este proceso”.
Por su parte, Jacqueline Castillo, líder social y representante legal del colectivo Madres de Víctimas de Falsos Positivos, Mafapo, recuerda que en la audiencia pública de reconocimiento de militares procesados por ejecuciones extrajudiciales, realizada en Ocaña, Norte de Santander, en 2022, los comparecientes dieron a conocer varios proyectos restaurativos para que la JEP los analizara. “Nosotros no estuvimos de acuerdo con estas iniciativas, porque no nos sentíamos representadas. Hasta el momento no hemos recibido ningún llamado de la jurisdicción para saber cuáles son las sanciones que les van a imponer a los militares; no habido sanción. Nos parece un poco triste porque el tiempo de la entidad se está agotando”, reclamó.
Según el documento Lineamientos en materia de sanción propia y trabajos, obras y actividades con contenido reparador – restaurador de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la JEP tiene la responsabilidad de asegurar que las víctimas participen eficazmente, garantizando su seguridad, integridad y plena satisfacción de sus derechos. Esto implica considerar las particularidades de cada macrocaso.
Además, señala que para la aprobación de las TOAR y de los proyectos restaurativos es necesaria la participación de las personas afectadas. “Existirá un mecanismo de consulta a las víctimas sobre el proyecto de sanción que se pretenda incluir en la resolución de conclusiones que dictará la SRVR. En el caso de los pueblos indígenas, deberá consultarse previamente, en los términos de la jurisprudencia constitucional”.
Sin embargo, las víctimas y sus representantes denuncian que estos lineamientos impartidos por la misma entidad no se están cumpliendo. Daniela Rodríguez, abogada e integrante de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga, indica que la JEP no realizó una consulta previa durante el diseño del Sistema Restaurativo, ni en la formulación de sus siete ejes. “No se crearon espacios para que las víctimas pudieran expresar sus opiniones de la formulación. Este proceso se llevó a cabo principalmente dentro de la JEP. Según ellos, consideraron los informes de las organizaciones sociales y otras metodologías desarrolladas en los últimos años”, expresó la abogada.
En la presentación del nuevo sistema, el 2 de abril, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, comentó que la entidad no tiene la capacidad para atender a cada una de las víctimas de los casos que investiga a través de los proyectos restaurativos. Por eso, en los diseños se contempla una priorización para abarcar el mayor número de afectados. Vidal agregó que el diseño del sistema duró seis años y, como lo comentó Rodríguez, confirmó que se tuvieron en cuenta mil informes de diversas organizaciones de víctimas del país y las propuestas de los comparecientes.
El Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aportó tres terrenos donde se intervendrán hasta 15 hectáreas degradadas en las inmediaciones de la represa Chisacá. Foto: Alcaldía de Bogotá.
Las TOAR por un lado; los daños por otro
El documento de la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad detalla que un proyecto restaurativo debe tener una relación directa o indirecta con el daño para ser considerado con vocación restaurativa. Según Daniel Franco, abogado e integrante de Humanidad Vigente Corporación Jurídica, el TOAR anticipado “Siembras de vida” no tiene ninguna relación con las regiones afectadas, ni acción restaurativa con las víctimas acreditadas en el Caso 03. “Esta TOAR diluye la responsabilidad de los comparecientes, la posibilidad real de reparación porque existe una desconexión entre los territorios y los hechos de violencia y las víctimas”, dijo.
De acuerdo con Franco, este proyecto fue diseñado en su inicio por los comparecientes de las extintas FARC-EP, que tenían presencia en la región del río Sumapaz, y que, originalmente, sí guardaba una relación con el territorio, por los daños ambientales ocasionados allí y por las víctimas afectadas. Entre las afectaciones al territorio se incluyen la destrucción del bosque nativo, el desplazamiento de la fauna, la contaminación de fuentes hídricas destinadas al consumo humano y la mala disposición de residuos. Además, entre los hechos más recurrentes perpetrados por este antiguo grupo en la zona se encuentran los asesinatos selectivos, los secuestros y los desplazamientos forzados. Según la Unidad para las Víctimas, entre 2000 y 2023 se registraron allí 490 personas desaparecidas.
“Tras la crisis que hubo con el exsecretariado y la JEP —en febrero de este año—, ellos abandonan este TOAR, y lo adoptan los comparecientes de la fuerza pública; desde ahí se pierde el contenido reparador”, dijo Franco.
Las organizaciones sociales denuncian que hay dudas acerca del funcionamiento del proyecto “Siembras de vida”, ya que lo integran los máximos responsables del Caso 03 (con accionar en regiones distintas al Sumapaz), para quienes no se ha determinado el cumplimiento de los estándares de verdad, ni se han satisfecho para las víctimas y sus representantes. Hasta la fecha no se ha expedido ninguna sanción o medida por parte del Tribunal de Paz en el Caso 03.
Entre los comparecientes partícipes del proyecto restaurativo se encuentran Julio Alberto Novoa Ruiz y Juan Carlos Barrera Jurado, ambos del subcaso Antioquia. Novoa fue considerado por la JEP como máximo responsable en el periodo 2002-2003.
Por su parte, Barrera no ha sido imputado y mantiene su relato de ausencia de responsabilidad sobre los hechos que cometieron tropas a su cargo cuando era comandantede la Brigada XIV y que llevaron a su destitución del Ejército Nacional en octubre de 2008.
Henry William Torres Escalante y Gustavo Enrique Soto Bracamonte también están en el proyecto restaurativo. Ambos son considerados máximos responsables y están a la espera de las determinaciones de la resolución de conclusiones en el subcaso Casanare. La situación de Torres es grave ya que, dentro de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, no satisfizo el estándar de verdad y de responsabilidad planteado por la SRVR y esperado por las víctimas.
La líder social Jacqueline Castillo agregó que las víctimas no se sienten representadas con que los comparecientes considerados máximos responsables siembren árboles en un territorio diferente de donde ocurrieron los hechos violentos por los que están siendo investigados. “Tenemos un sentimiento de frustración con la JEP, porque nos sentimos en la impunidad, sentimos que no hubo avances en la investigación. Este proyecto nunca fue concertado con las víctimas”, afirmó.
Los aportes a la verdad
Castillo también dijo que los antiguos mandos de las fuerzas militares que están compareciendo en la JEP no están diciendo la verdad sobre los asesinatos y las desapariciones de sus familiares; por el contrario, están aceptando cargos por omisión, y la jurisdicción está avalando esto, ya que desde la justicia ordinaria se conocían los detalles de cómo actuaban.
Daniela Rodríguez, de la asociación Minga, dijo que la ejecución del proyecto restaurativo “Siembras de vida” carece de un enfoque territorial y restaurativo, lo que puede afectar a las víctimas en diversos aspectos: “Este no permite una construcción de memoria por parte de las comunidades afectadas; ya que no va a haber una reparación directa, la verdad puede verse afectada, porque algunos comparecientes no han aceptado su responsabilidad o no hay determinación de conclusiones”.
Las víctimas y sus representantes esperan que en adelante la Jurisdicción Especial para la Paz escuche sus llamados para que evalúe los presentes y futuros proyectos restaurativos, y se atiendan de forma prioritaria las necesidades y exigencias de las víctimas, garantizando la justicia, la verdad y las garantías de no repetición.